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En este sentido es necesario decir que los primeros pasos del gobierno de Lagos no parecen encaminarse en la dirección que espera la mayoría del pueblo. No es grato hacer el papel de aguafiestas. No somos de los que se alegran con los fracasos y errores de la Concertación. Por el contrario, creemos que afectan al proceso democratizador y favorecen un eventual retorno de la derecha. Por eso sostuvimos que Lagos y Lavín no eran lo mismo y en la segunda etapa de la campaña electoral llamamos a cerrar el paso a los cómplices de la dictadura. Tenemos conciencia que las esperanzas en el gobierno de Lagos son grandes. Esto se reflejó en los actos de masas en Concepción y Santiago del 11 y 12 de marzo. Sobre todo en el multitudinario acto en el Parque Forestal donde se puso de manifiesto el importante ingrediente popular, democrático y de Izquierda que existe en la adhesión al presidente Lagos y que poco tiene que ver con la naturaleza del proyecto político de la Concertación. En definitiva, aunque no se quiera reconocer, fue la Izquierda la que hizo posible su estrecha victoria del 16 de enero. Muchas personas lloraron ante las cámaras de TV el día en que asumió Lagos. Se había realizado el largo sueño de tener un presidente de Izquierda, comprometido con el pueblo, dispuesto a aliviar sus padecimientos. Miles de personas han cruzado en estos días La Moneda, alucinadas de fervor democrático, mojándose en la pileta -como en un acto bautismal-, fotografiándose junto a los vetustos cañones y a la guardia de palacio. Para quienes han vivido más de un cuarto de siglo aherrojados por un sistema autoritario, la reapertura al público del palacio ha constituido una prueba indiscutible del carácter más democrático y progresista del nuevo gobierno. Ese sentimiento popular merece profundo respeto, tal como sucede con ese grito desgarrador de "¡juicio a Pinochet!" que la multitud corea en todos los actos públicos del nuevo mandatario. En lo político este espíritu ha creado un clima muy favorable para retomar el camino de la democratización del país. Es el momento para hacer un nuevo esfuerzo que apure esta interminable transición. Muchos comparan la situación actual con el estado de ánimo que se vivió a raíz del plebiscito de 1988 que dijo No a la dictadura. La Izquierda -en su más amplio sentido y alcance- debería tomarlo en cuenta para actuar con agilidad e imaginación. Debería apoyarse en ese estado de ánimo del pueblo para convertirlo en fuerza de rearticulación que impida una nueva y más severa desilusión.
Sin embargo, las primeras decisiones del gobierno de Lagos no parecen orientadas a capitalizar en ese sentido su formidable apoyo. Por el contrario, va tomando una senda continuista que malgastará con rapidez el respaldo popular. En beneficio de Lagos y de su liderazgo político, conviene expresar la duda de si la Concertación será capaz de ponerse a la altura de las circunstancias. La conflictiva repartición de cargos en el nuevo gobierno, los problemas que aquejan a algunos de sus partidos, los apetitos y recelos que provocan los próximos comicios municipales y parlamentarios, el acoso de las clientelas electorales y el enriquecimiento de muchos funcionarios y parlamentarios, han distanciado del pueblo a esta coalición. La Concertación parece haber olvidado el susto sufrido en diciembre cuando se vio sorprendida por el notable avance de la derecha. Ha vuelto, como si nada, a sus prácticas de rutina, iniciando otra larga siesta de seis años. Esto amenaza privar de un soporte efectivo al presidente Lagos si efectivamente él está apuntando a metas más trascendentes. El rol de la Concertación debería ser organizar y movilizar al pueblo, estableciendo una alianza popular más amplia, para librar al gobierno del cepo de la Constitución del 80 y alejar la amenaza de una victoria derechista que ya trabaja su próxima oportunidad.
A menos de una semana de asumir el gobierno, sin embargo, se produjo una decisión por demás elocuente. El ministro de Economía, Minería y Energía, José de Gregorio, dio un portazo en las narices a los amplios sectores sociales y políticos de la VIII Región que se oponen a la privatización de Essbío, la rentable empresa del agua potable y alcantarillado de Concepción (ver PF 466). En la primera quincena de abril se hará el llamado a licitación y la adjudicación será en julio. Es probable que Essbío también caiga en manos del consorcio franco-español conformado por Aguas Barcelona y Suez Lyonnaisse, que ya controla Emos en Santiago y el agua potable en Buenos Aires.
Por otra parte, el 1 de abril se reiniciarán los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Ralco, que es resistida por el pueblo pehuenche. La Contraloría General tomó razón de los decretos del Ministerio de Economía que otorgan a Endesa-España la concesión definitiva para construir la central que inundará casi 3.500 hás. de territorio pehuenche en el Alto Bío-Bío. Hasta ahora los pehuenches, sus abogados y grupos ecologistas que les apoyan, han conseguido demorar las pretensiones de Endesa. Incluso en España se ha levantado un importante movimiento que amenaza llevar a los tribunales al consorcio eléctrico acusándolo de etnocidio. En suma, el "caso Ralco" está en vías de convertirse en la prueba de fuego de las intenciones del presidente Lagos respecto a los derechos indígenas y a la política medio ambiental. Los pehuenches tienen esperanzas en el gobierno porque el actual presidente manifestó en varias ocasiones que haría respetar sus derechos. Asimismo, la designación de Adriana Hoffmann como directora de la CONAMA, generó expectativas de que se revisen los permisos ambientales otorgados a Endesa. Se han denunciado numerosas irregularidades y hasta ahora el Estado aparece cohonestando la violación de la Ley Indígena. El abogado Roberto Celedón, defensor de la organización Mapu Domuche Newen, que dirigen tres mujeres pehuenches, Nicolasa y Berta Quintremán y Mercedes Huentenao, es de opinión que el Estado se juega en Ralco una definición histórica frente a la población indígena. Esto significará asumir los costos de una u otra posición, y esa definición corresponderá asumirla al actual presidente de la República.
Por otra parte, no ha sido novedosa ni estimulante la iniciativa presidencial de crear una "mesa de diálogo" para tratar los problemas de la población indígena. A esta mesa, que repite una fórmula muy desgastada, no asisten representantes de las comunidades en conflicto y se mantiene al frente de la CONADI a un funcionario repudiado por los mapuche.
En cuanto al tema de los derechos humanos se insiste en la "mesa de diálogo" de Pérez Yoma. El ex ministro de Defensa fue a las termas de Cauquenes para explicar a la UDI que lo que se busca consensuar -sin los afectados- es una ley que garantice la impunidad de quienes entreguen información sobre los detenidos desaparecidos. Pinochetistas como Alvaro Bardón han planteado, además, que se debe comprar esa información. Pérez Yoma reveló a la UDI que aparecerán muy pocos restos de detenidos desaparecidos y opinó que las agrupaciones de familiares seguirán en actitud crítica porque "el tema les asegura subsistencia".
En cuanto a los problemas que afectan a los trabajadores -cuyo trasfondo lo constituyen medio millón de desempleados-, se ha optado por crear algo parecido: un Consejo de Diálogo Social que incluye a la CUT. El objetivo es discutir las reformas laborales y un seguro de desempleo. También esbozar un pacto social, empeño que viene fracasando desde el gobierno de Aylwin porque el empresariado se resiste a compartir su descomunal tasa de ganancias con los trabajadores. Las reformas se están discutiendo desde hace cinco años con sostenida oposición de la derecha aunque en realidad sólo buscan consagrar una "flexibilización" laboral congruente con el modelo económico neoliberal. Ha faltado en este ámbito una actitud más clara del nuevo gobierno respecto a las violaciones que más del 80% de las empresas, según la Dirección del Trabajo, cometen con los derechos laborales. Tampoco aparece clara todavía ninguna medida orientada a crear los 200 mil nuevos empleos prometidos para este año. La inquietud social no parece dispuesta, sin embargo, a otorgarle un plazo de gracia al nuevo presidente. Pescadores artesanales -que luchan contra las grandes empresas- se declararon en huelga de hambre en Puerto Montt y cortaron caminos en el extremo sur; mapuches ocuparon un fundo maderero y un camino en Contulmo protestando contra la Forestal Mininco; pirquineros con explosivos se encerraron en un pique en Tocopilla reclamando contra la Empresa Nacional de Minería; etc.
En lo político, la Concertación parece haber terminado por adaptarse a la Constitución dictatorial del 80, descubriéndole ventajas. El ex presidente Frei se convirtió en senador vitalicio, al igual que Pinochet. Cuando aparezca esta edición de PF se estará aprobando en el Congreso Pleno una reforma constitucional que crea la dignidad de "ex presidente de la República". Favorece al ex presidente Aylwin, al que dota de fuero y dieta y a la vez entrega a Pinochet un super fuero si renuncia a la senaturía vitalicia. Es parte del "retiro digno" del ex dictador que la UDI ha exigido al gobierno. El costo de este negocio político con la derecha puede resultar muy alto. Se sabrá en seis meses más, en las elecciones municipales.
PF
