16 de junio de 2000

Pilatos y la Mesa de Diálogo
Editorial

Más que alegría en el fondo hubo alivio en el gobierno y las FF.AA., luego del maratónico esfuerzo de diez horas de la mesa de diálogo. Se necesitaba un acuerdo urgente al precio que fuera. Y el presidente de la República no dudó en jugarse a fondo. El acuerdo puede ser un elemento compensatorio en las discretas negociaciones en torno a la suerte de Pinochet que parece encaminarse irreversiblemente al desafuero en la Corte Suprema. Sólo un milagro -o una gran maniobra publicitaria, como ésta- podría evitar que el ex dictador militar sea procesado por crímenes contra la humanidad, aunque los exámenes médicos y un largo proceso lo dejen a salvo de la cárcel o cualquier sanción. Un fracaso de la mesa de diálogo habría complicado las cosas. Especialmente habría dificultado el precario equilibrio del comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, tironeado por los sectores duros del pinochetismo, los generales en retiro y algunos miembros del alto mando.
El acuerdo logrado en la mesa de diálogo es, claramente, un retroceso respecto del Informe Rettig. Un parto de los montes que parece una sospechosa operación de propaganda lanzada en un momento oportuno para aprovechar el anhelo de verdad y justicia que domina en la ciudadanía. El acuerdo fue solemnizado por todos los poderes del Estado, las iglesias y por el ex candidato presidencial de la derecha, Joaquín Lavín. No habría resultado sorprendente si hubiera asistido también algún familiar del ex dictador, ya que el acuerdo no le provocará molestia ni irritación alguna. Al contrario, lo favorece al mostrar un perfil benévolo de las FF.AA. y del rol histórico de la dictadura.
En muchos aspectos el documento es un modelo de tartufismo. Y en cierto modo puede estimarse la tardía réplica del pinochetismo y las FF.AA. al Informe Rettig de 1991. Si en éste se establecieron responsabilidades institucionales de las FF.AA. en los crímenes y atrocidades sufridas durante 17 años por el pueblo chileno, la mesa de diálogo ha hecho que esas sombras tenebrosas se diluyan hasta casi desaparecer. Hasta el golpe de Estado queda reducido a un “hecho” de menor significación. Las instituciones armadas se lavan las manos olímpicamente, como unos Pilatos cualquiera. La responsabilidad de los golpistas y de los agentes de la dictadura en la tragedia, comenzando por el propio Pinochet, se convierte en una responsabilidad de todos los chilenos. Esto confunde más las cosas en un país cuya memoria está sometida a diario a una manipulación perversa de los sectores dominantes a través de su formidable batería de medios de comunicación.
En el texto -preparado para conseguir el acuerdo de los militares- se omiten consideraciones tan serias como la responsabilidad extranjera en el golpe de Estado de 1973 y la conspiración político-castrense que previamente lo articuló. Se olvida que no se trata sólo de responsabilidades políticas las que derivan del terrorismo de Estado de la dictadura. En Chile se produjeron situaciones aberrantes: la crueldad, el crimen y la perversión moral alcanzaron extremos imperdonables. Ni el derecho de guerra ni el furor de la lucha política justifican la sevicia de la tortura, las masacres de prisioneros, las muertes de niños, los degollamientos, las violaciones, la quema de detenidos, el robo y saqueo de bienes personales, el exilio masivo, la destrucción minuciosa de seres humanos, etc. La resistencia al terrorismo de Estado se hace aparecer por la mesa de diálogo como un crimen y no como el derecho y deber que asiste a todo pueblo para sacudirse del despotismo. En esta óptica maliciosa, los asesinos y torturadores terminan asimilados a la misma categoría que sus víctimas.
Es claro que no todos los participantes en la mesa de diálogo buscaban los mismos fines. Los abogados de derechos humanos acaso quisieron con una ingenuidad digna de mejor causa avanzar en un camino de auténtica reconciliación. Pero ese propósito fracasó, como es evidente. La iniciativa surgió hace casi diez meses en el gobierno del presidente Eduardo Frei por acción del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, bien conocido por su identificación con el militarismo. El gobierno del presidente Ricardo Lagos visualizó el posible acuerdo como instrumento clave para solucionar de alguna manera la situación de Augusto Pinochet y culminar la transición con un “gran acuerdo” que permita reformas consensuadas con la derecha. Para las FF.AA. fue una instancia de relegitimación institucional indispensable. Les permite afrontar el futuro obviando una relación que ya les resulta asfixiante con la suerte de Pinochet. El ex dictador representa un pasado que las FF.AA. quisieran borrar sin reconocer los crímenes y horrores de ese período.
Los resultados de esta formidable maniobra política y publicitaria resultan netamente favorables a los militares. En ningún caso sirven a los intereses de la verdad histórica y de la justicia. En el documento no hay ninguna frase explícita de arrepentimiento de las FF.AA., ni siquiera una tímida convicción de haber cometido errores. Queda entregado al “honor militar” la posibilidad de saber la suerte de los 1.197 detenidos desaparecidos para lo cual se otorga la inmunidad del “secreto profesional” que gozan el abogado, el médico o el confesor, a los criminales uniformados que quedarán impunes. Ni siquiera los periodistas gozan aún en Chile del fuero del secreto profesional que por ley especial se entregará a asesinos y torturadores. Lo que no ha ocurrido en cerca de 30 años -que algunos responsables arrepentidos entreguen información- se espera que suceda en los seis meses siguientes a la promulgación de esta ley especial de impunidad. Aunque es poco probable, no hay que descartar que pudieran aparecer restos de detenidos desaparecidos. ¿Y después qué? El secreto que rodeará el descubrimiento evitará toda posible investigación, con lo cual el avance judicial en busca de verdad y justicia no será mayor que el logrado hasta el momento.
La verdad y la justicia se jibarizan al nivel de un ejercicio médico-legal, que podrá producir alivio en los deudos de las víctimas, pero también una inextinguible frustración en ellos y en la sociedad por la ausencia de responsables individualizados en la muerte de sus familiares.
Elemento primordial en el trabajo de la mesa de diálogo -mucho más que buscar la justicia y la verdad- ha sido el objetivo relegitimador de las FF.AA. y Carabineros. Los militares aspiran a reconquistar por esta vía el perdido apoyo ciudadano. Pero hasta ahora la situación ha sido a la inversa. El respaldo a las FF.AA. es bajo; las declaraciones de los mandos se reciben con escepticismo; una abrumadora mayoría cree que el militarismo impone su voluntad a los poderes del Estado y a la ciudadanía toda. Los militares son vistos como elementos privilegiados que disfrutan de una cobertura de salud y un sistema previsional excepcionales, así como de remuneraciones desproporcionadas comparadas con otros profesionales con funciones que tienen una mayor utilidad social. No pasan inadvertidos en el país el volumen del gasto militar ni las enormes sumas que se destinan a armamentos. Una amplia mayoría de chilenos considera también que las FF.AA. violaron los derechos humanos y que los culpables deben ser castigados. La opinión pública sin embargo, se verá frustrada una vez más con el acuerdo de la mesa de diálogo que apunta en un sentido inverso al sentimiento público.
El acuerdo ayudará a la derecha y al gobierno, cobijados por ahora bajo un manto artificial de entendimiento y armonía. Les permitirá llegar a transacciones para fortalecer un modelo que da inequívocas señales de agotamiento en lo económico y que está dejando al descubierto la llaga del desempleo masivo.
Lo más probable es que en unos meses más el acuerdo de la mesa de diálogo quede reducido a un papel mojado que no tuvo ni de lejos las características “históricas” que ha intentado darle la maquinaria publicitaria que hoy lo apoya. Y entonces resurgirá lo permanente: la búsqueda de la justicia. El gobierno del presidente Lagos deberá, entonces, asumir la responsabilidad política y moral de haber obstaculizado el avance efectivo de la justicia en aras de un acuerdo con las FF.AA. y la derecha que carece de todo sustento ético
PF

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