 LAS ollas comunes vuelven a proliferar debido a la cesantía.. |
14 de julio de 2000
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El modelo genera desocupados |
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Trabajadores |
La economista Graciela Galarce se ha especializado en temas del empleo y el trabajo, focalizando también sus análisis en la situación de la mujer trabajadora. Académica, es investigadora en el Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad (CETES) y magister en Ciencias Sociales. Es coautora de una investigación según la cual a marzo de este año la desocupación real del país es superior a 1.500.000 personas, equivalente a una tasa de 22,5%. Precisa que debe hablarse de "desocupación", para incluir a los que buscan trabajo y no solamente de cesantía. Sostiene que el modelo genera cada vez menos empleo: funciona con un desempleo estructural elevado. La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral complica las cosas porque aumenta la competencia por empleos escasos y presiona por menores salarios ya que a la mujer se la discrimina con una retribución más baja.
LAS ollas comunes vuelven a proliferar debido a la cesantía..
"Lo fundamental es la capacidad que tiene la economía para generar empleos. La economía chilena tiende a no generarlos por razones estructurales. Tenemos las cifras: entre 1988 y 1993, el Producto crece de manera muy acelerada, con cifras espectaculares de alrededor del 7% anual. En ese período el empleo aumenta de manera proporcional, lo que se explica porque se estaba saliendo de la crisis del 82 y había mucha capacidad ociosa en equipamiento, infraestructura y mano de obra. La reactivación de esos años permitió ocupar aquella capacidad ociosa. Pero después las cosas cambiaron. En la economía globalizada, la competitividad de la economía chilena se basa en sus costos. La variable de ajuste del crecimiento ha sido mayor productividad obtenida a través de la aplicación de tecnología y la utilización a fondo de la mano de obra. Se usa y abusa de una legislación laboral ultrapermisiva que permite despidos discrecionales por parte de las empresas, contrataciones y subcontrataciones temporales, jornadas extraordinarias y permite gran discrecionalidad. Impera la flexibilidad laboral, las contrataciones y subcontrataciones temporales, los despidos discrecionales, la no organización sindical, el trabajo a domicilio, jornadas extraordinarias pagadas sin incremento legal, etc. Todos estos son mecanismos para bajar el costo del factor trabajo. Se disminuye el número de trabajadores y se fomenta el multiempleo y la polifuncionalidad. Entre los años 1988-1998 se crearon 842 mil empleos, pero entre los años 93 al 97 solamente se crearon 271 mil. La relación entre las respectivas tasas fue de 3,6 versus 1,3. Hay un "enlentecimiento" constante en la generación de empleos. Es un problema que se explica por la combinación de tecnología y flexibilidad laboral".
¿En ese sentido todo indica que el gobierno no podrá cumplir su meta de crear 200 mil nuevos empleos este año?
"Así es, desgraciadamente. Es muy importante, sin embargo, desde cuándo se contará el plazo o mejor dicho cuál será el punto de comparación. Recordemos que la promesa del presidente Ricardo Lagos se formuló en plena campaña presidencial en diciembre de 1999.
La ocupación total era de 5 millones 404 mil trabajadores, debiendo llegar, por lo tanto en diciembre de este año a más de 5 millones 600 mil personas ocupadas. También se llega a una cifra superior a ésa si se considera, como debería ser, el mes de diciembre de 1998, anterior a la caída del empleo y a la recesión que lo originó. Usar otros patrones de comparación no sería correcto. Metodológicamente sería una trampa. Y ya se advierte ese propósito en algunos funcionarios del gobierno, incluso en ministros que quisieran comparar con los meses de mayo y junio de 1999 que fueron los más críticos, en que el empleo fue más bajo. Hacerlo así sería una forma de autoengaño o una manera de confundir a la opinión pública".
¿Cómo se explica la paradoja de que los indicadores macroeconómicos muestren que la economía comienza a reactivarse y en cambio el empleo no despega y la cesantía se mantiene o aumenta?
"Lo que sucede es que se está exigiendo una mayor productividad a los trabajadores. Los empresarios se adaptaron a producir con menos trabajadores y adaptaron para ello sus procesos productivos. Eso explica por qué crece la economía y, sin embargo, no crece la ocupación. Es claro además que en la medida que aplican mayor tecnología de punta, las empresas pueden seguir creciendo".
¿Podría haber mejores posibilidades en las pequeñas y medianas empresas, llamadas PYMES, que son las que en definitiva ocupan mayor cantidad de mano de obra?
"Eso no se ve con claridad. Hemos conversado con empresarios pequeños y nos han dicho: en este momento tenemos dos trabas, créditos y arreglar situaciones de morosidad con los bancos. Pero lo principal, nos dijeron, es que no tenemos demanda, no vendemos. Esto es un hecho, sin duda. Pero ¿cuál es la razón, si la economía se reactiva? No es fácil dar una respuesta. En todo caso pesa la inseguridad laboral; mucha gente está desocupada, tiene miedo, no sabe qué pasará con el futuro laboral. Es un hecho que el consumo se ha convertido en un cuello de botella. Si no hay demanda se acumulan los stocks, si esto se produce hay despidos y con esto hay menos poder de compra. Eso se nota en la información de las grandes tiendas y en un plano concreto en las liquidaciones en que los precios se acercan a los del producto de segunda mano. Se hacen, como se ve, esfuerzos para poder realizar las mercancías".
¿Cuáles son a su juicio las medidas que debería adoptar el gobierno para combatir la cesantía?
"Parece no tener mucha claridad al respecto. Las declaraciones del senador Alejandro Foxley y después las del senador Carlos Ominami indican que hay algún grado de polémica. Pienso que ellos tratan de alertar al gobierno sobre la gravedad y complejidad del problema. Pero también es un hecho que el gobierno tiene poco espacio para actuar. Desde el momento en que está casi todo privatizado, no puede generar empleo directamente o sólo puede hacerlo con programas precarios, de emergencia, de estricta supervivencia. Dispone además de pocos recursos: los impuestos directos o indirectos disminuyeron mientras aumentó el gasto público. Terminamos con déficit fiscal. Es claro que si hubiera otra política del cobre -como hemos visto en el CETES- podría a través de sus ingresos producirse un factor reactivador de primera importancia. El gobierno casi no recibe tributos por el cobre, por los precios y adicionalmente por la situación de la minería transnacional en el contexto de la economía chilena. Ha habido un deterioro espectacular de los ingresos del Estado. Posibles políticas keynesianas están descartadas por el gobierno decidido a mantenerse en el marco del modelo".
¿Advertía usted que también había que tener en cuenta el factor demográfico?
"Ese es un punto que estamos examinando, no lo hemos visto en otros análisis. La población mayor de 14 años o mayor de 15, según se utilice el criterio del INE o de la Universidad de Chile, que se incorpora al mercado de trabajo es un contingente que busca trabajo. Entre un año y otro entran unas 170 mil personas a la población económicamente activa. Los que tienen más de la edad límite y que buscan trabajo de acuerdo a las encuestas, constituyen el 55% de la población mayor de 15 años. Eso significa que entre diciembre de 1998 y diciembre de este año, habrá 190 mil jóvenes adicionales que buscan trabajo. Deben sumarse a la población desocupada. De manera que si hablamos de crear 200 mil nuevos empleos apenas estaremos satisfaciendo la demanda de trabajo derivada del crecimiento de la población".
¿En qué se diferencia la metodología empleada por ustedes?
"Se ve diferente a los análisis que entregan el INE y la Universidad de Chile. Este último era más transparente. Ahora los informes vienen en los boletines del Banco Central, que encarga el trabajo. Pero más allá de la apariencia, la verdad es otra. Nuestra metodología es la misma utilizada desde hace mucho tiempo. En CIEPLAN, Alejandro Foxley, por ejemplo trabajó con ella. Es plenamente adecuada, trabaja con los datos del INE y la Universidad de Chile y entrega una visión más ajustada y real, teniendo en cuenta, además, que entre el INE y la Universidad de Chile hay diferencias no fáciles de comprender. En síntesis, la metodología es correcta. También el criterio de extrapolación y el ajuste que se va produciendo a lo largo de los años considerados".
¿Qué llama la atención en el panorama global de la fuerza de trabajo?
"Es claro que los inactivos (mayores de 14 años si consideramos el criterio de la Universidad de Chile, o mayores de 15, según el INE) han crecido y siguen en ascenso. Creemos que se debe a que ellos han estado buscando trabajo durante mucho tiempo y finalmente se han cansado de hacerlo y se declaran inactivos. Queda en pie la pregunta: ¿cómo vive la gente? Por un lado, cada vez más a expensas de los pocos o el único que trabaja en el grupo familiar, y en segundo lugar, existe la posibilidad de situaciones de corrupción y pérdida de sentido valórico motivadas por la necesidad extrema (microtráfico, prostitución y mendicidad, etc.) que proveen de ingresos que no se reconocen. Es una situación muy contradictoria. ¿Cómo entender que aumentan los inactivos en una situación de crisis en que cada vez es más difícil la vida de las familias? También es claro que hay mucha gente que agobiada por la cesantía o la falta de trabajo -jóvenes especialmente- caen en depresión, en cuadros de abatimiento, o también de rechazo y violencia que -sin duda- preocupan al gobierno".
¿Qué los motivó a iniciar en CETES esta línea de trabajo?
"Nos preocupó el tema hace algunos años cuando estudiamos informes de MIDEPLAN que planteaban -en 1996-97- que el crecimiento del Producto en Chile era notable y acelerado, al punto que previsiblemente surgiría un cuello de botella hacia el año 2000 en que la demanda de mano de obra sería mayor que la oferta de mano de obra. Ese cuello de botella iba a ser el factor trabajo. MIDEPLAN se planteaba que era necesario incorporar masivamente a la mujer al mercado de trabajo, aumentando drásticamente la oferta de mano de obra. Partimos de ese análisis y detectamos las etapas que mencioné al principio: que hasta el año 93 el crecimiento iba aparejado de más demanda de trabajo, pero que esa situación se estancaba después. Hasta concluir que la tendencia es que la economía genere cada vez menos empleos. Un fenómeno ya advertido en otros países, pero que en Chile es más fuerte porque el modelo está consolidado. La economía chilena funciona con un desempleo estructural y una creciente polarización: los cuatro primeros quintiles -el 80% de la población- recibe el 43% del ingreso y el quinto quintil -el 20% más adinerado- recibe nada menos que el 57%"
HERNAN SOTO
Seguro
que no es tal Estos conceptos
resumen el análisis de un grupo de economistas y
abogados especializados en Derecho del Trabajo que
discutieron el proyecto del gobierno en materia de
cesantía. El debate propiciado por el Centro de
Investigación Laboral y de Asesoría Sindical
(CILAS) dio origen al informe titulado "¿Qué es
esa cosa llamada seguro de cesantía?" que se
encuentra en circulación. El examen fue
exhaustivo. Abordó tanto aspectos conceptuales como
prácticos. Señala la
diferencia entre un sistema de asistencia al desempleo y el
seguro. El primero -propio de los estados de bienestar-
establece pagos monetarios sobre la base de la
comprobación de las necesidades económicas del
beneficiario, con un monto fijo y financiamiento estatal en
el cual no hay aportes del beneficiario. El seguro precisa,
buscar atenuar los costos del desempleo mediante el pago de
un monto en dinero que sustituye en parte las remuneraciones
perdidas a raíz del despido y la interrupción
del empleo. El financiamiento recae normalmente sobre
empleados, trabajadores y eventualmente el Estado. En esa
línea discurre el proyecto actualmente en el
Congreso: propone un sistema de seguro basado en el ahorro
forzoso y en cuentas individuales, "complementado" por el
llamado Fondo Solidario -financiado con aportes del
empleador: 0,8% de la remuneración mensual imponible
más el apoyo suplementario del Fisco-. El papel del
Estado tiene solamente carácter supletorio. Aclara
que se trata de un subsidio de cesantía, y no de
desempleo porque no se aplica a los que buscan trabajo por
primera vez, los jóvenes. En seguida, el estudio
demuestra que el seguro de cesantía no es un
instrumento de seguridad social, ya que al estar basado en
el ahorro forzoso en cuentas individuales se aparta de los
principios que caracterizan la seguridad social. No tiene
universalidad (se aplicará aproximadamente
sólo a un 25% del total de la fuerza de trabajo); no
es solidario (quedan fuera los trabajadores "informales" y
los de escasos ingresos que cambian de empleo con
frecuencia. Para acogerse al Fondo Solidario se exigen doce
cotizaciones mensuales antes del despido); no será
uniforme (porque las prestaciones dependerán de lo
aportado por el trabajador). El Estado no juega un papel
subsidiario ya que en vez de garantizar de manera plena el
derecho de todo trabajador a un seguro de cesantía se
limita sólo a la fiscalización de la
administración privada del seguro). Finalmente, el sistema
vulnera el principio de suficiencia, vale decir que la
prestación sea adecuada en cantidad y calidad para
resolver el estado de necesidad que produce el
desempleo. Consigna dos ejemplos:
"...un trabajador con un ingreso equivalente a un salario
mínimo que fuera despedido por las causales previstas
en el artículo 160 o el artículo 171 del
Código del Trabajo (y por lo tanto, sin acceso al
Fondo Solidario de Cesantía), tendría derecho
solamente a una prestación mensual de $4.488 en el
caso de haber cotizado doce meses y de $22.440 en el caso de
haber cotizado 60 meses ó cinco años. Los
montos de prestación mensual para un trabajador que
percibe dos salarios mínimos -donde se ubica el
porcentaje mayoritario de los trabajadores- en iguales
lapsos de tiempo, serían de $8.976 y $44.882
respectivamente. Y agrega: "¿Pueden ser considerados
$299 diarios o $1.496 diarios como un monto suficiente para
enfrentar el estado de necesidad de la
cesantía?" Se relaciona
también con el principio de suficiencia la
endémica morosidad patronal en materia de
cotizaciones. A marzo del 2000 la deuda de los patrones con
el sistema de pensiones ascendía a 236 millones de
dólares. En decir casi la mitad del aporte que
debería hacer el empresariado al Seguro de
Cesantía en el primer año. Además,
había más de 140 mil juicios contra
empleadores por el no pago de cotizaciones en 180
días. El estudio apunta
hacia la mayor "flexibilidad laboral" que pretende conseguir
el proyecto. Señala: "Como el universo real de los
seguros de cesantía se concentra en aquellos miembros
'formales' de la fuerza de trabajo (que tienden a trabajar
regularmente y en jornada completa, bajo la forma de trabajo
dependiente) es precisamente hacia este segmento donde
apunta el objetivo de lograr una mayor flexibilidad laboral.
En esa perspectiva -continúa- la primera tarea a
realizar es la eliminación de los dos mecanismos de
protección de la contingencia del desempleo que
existen actualmente, el subsidio de cesantía y,
sobretodo, las indemnizaciones por años de servicios.
Estas últimas "son una importante barrera al despido
y como tal constituyen una traba a la flexibilidad en el
funcionamiento de las empresas". El proyecto propone una
serie de "incentivos" que conducirían a la
eliminación paulatina de las indemnizaciones por
años de servicio". Hay además un
conjunto de mecanismos que facilitan el despido y la
contratación de trabajadores. En el corto plazo el
proyecto "incentivará a los empresarios a despedir a
los trabajadores 'antiguos' (sujetos al esquema
indemnizatorio) con el fin de reemplazarlos por trabajadores
'nuevos' (sin acceso al esquema)". Destaca lo siguiente:
"...con el seguro surgen incentivos tanto para el empleador
como para el trabajador para la realización de
despidos esporádicos con la expectativa de
recontratación de los trabajadores despedidos. En la
propuesta gubernamental no sólo se reconoce esa
posibilidad sino que además ella podría
ocurrir con un salario mucho menor. En efecto, el proyecto
establece que los beneficiarios del seguro están
impedidos de rechazar una oferta de trabajo por una
remuneración 'igual o superior al 50% de la
última devengada en el empleo anterior', de lo
contrario 'no habrá derecho a la prestación
prevista o cesará la concedida.' (art.27)"
"El
análisis de la propuesta gubernamental del Seguro de
Cesantía nos lleva a concluir que no estamos en
presencia de un seguro propiamente tal sino de un sistema de
ahorro forzoso limitado. Es preocupante constatar,
además, que este sistema se contrapone radicalmente a
los principios básicos de la seguridad social. No
sólo eso: la prioridad que le concede el proyecto al
objetivo de una mayor flexibilidad laboral conduce a la
anulación de los efectos positivos sobre el
'bienestar' de los trabajadores que dicen tener
teóricamente los sistemas de seguro".
GRACIELA Galarce, co-autora del estudio sobre
desocupación de la Escuela de
Ingeniería Comercial de la Universidad Arcis
(ver PF 472).
