11 de agosto de 2000

Un fallo histórico
Editorial

Finalmente ha sido desaforado el ciudadano Augusto José Ramón Pinochet Ugarte de su cargo de senador vitalicio. Luego de semanas de expectación, la Corte Suprema, por 14 votos contra 6, hizo público un fallo que ya no era secreto. La contundente resolución analizó y demolió cada uno de los argumentos de la defensa del ex dictador y confirmó el desafuero ya aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Existen sospechas fundadas de que Pinochet -que alardeaba de que en Chile no se movía una hoja si él no la estaba moviendo- fue autor, cómplice o encubridor del secuestro y desaparición de 19 prisioneros desde las cárceles de Calama, Copiapó y Cauquenes, víctimas de la Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark, delegado especial del comandante en jefe del ejército y jefe entonces de la Junta Militar que se había instalado un mes antes en el país.
Desde el momento en que sea notificado, el ex dictador quedará igualado jurídicamente a cualquier ciudadano para los efectos de afrontar el proceso criminal que lleva el ministro Juan Guzmán Tapia.
Ahora, falta que se haga justicia.
Con razón el fallo es considerado histórico. Por primera vez en Chile un ?ex jefe de Estado? ha sido desaforado. Ha caído la última coraza que cubría a Pinochet. Lo protegió primero la fuerza, por ser dictador y comandante en jefe del ejército. Eso duró diecisiete años. Después fue protegido -por acuerdo entre la Concertación y los militares- de toda posible acusación constitucional y siguió siendo comandante en jefe. Finalmente, obtuvo el fuero de senador vitalicio, refugio que se autofabricó para utilizarlo cuando dejara el mando militar en marzo de 1998.
Durante veintisiete años Pinochet ha disfrutado de absoluta impunidad. Esto sólo se vio interrumpido por su detención de dieciseis meses en Londres a partir de octubre de 1998 a requerimiento de la justicia española.
Ahora el ex dictador queda a disposición de la justicia chilena. Sus responsabilidades son tan evidentes que sólo obtuvo los votos a su favor de seis ministros de la Corte Suprema, encabezados por su presidente Hernán Alvarez García. Todos ellos fueron nombrados en sus cargos por Pinochet, tienen parientes militares u otras vinculaciones con la pasada dictadura.
¿Qué maniobras hubo entre el momento del acuerdo para el fallo y el instante en que se dio a publicidad? Inicialmente, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, había anunciado que el fallo sería conocido de inmediato si había una votación ?contundente?. La diferencia de ocho votos -14 contra 6- fue suficientemente amplia y sin embargo se mantuvo el silencio y con ello la expectación que favorecía al militarismo y a sectores de ultraderecha. Es muy probable que haya habido esfuerzos infructuosos por cambiar la votación de algunos magistrados.
Alrededor de ciento cincuenta querellas esperan turno contra Pinochet. Deberán ser investigadas y, respecto de ellas, deberá decidirse si vale para todas el actual desafuero o bien si en cada caso deberá realizarse el ?antejuicio?. En ellas se ventilarán masacres, asesinatos, torturas, falsos enfrentamientos, y otros horrores hasta ahora eludidos por los tribunales. Penden también como amenazas directas sobre el ex dictador, el proceso que se sigue en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats González y su esposa, la causa por el asesinato de Orlando Letelier en Washington que sigue abierta para la justicia norteamericana, el atentado en Roma contra Bernardo Leighton, investigado por la justicia italiana, y otros procesos ante tribunales europeos.
Pocos imaginaron antes de 1998 que Pinochet pudiera ser juzgado. Sin embargo, lo pensaron siempre con firme esperanza y convicción los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos y otras víctimas del régimen militar, y los abogados de derechos humanos. Gracias a su lucha tenaz y valiente se ha obtenido esta victoria judicial. También gracias a la solidaridad de abogados como los españoles Joan Garcés y Manuel Murillo, y a la actuación de la justicia española, ejemplificada en el juez Baltasar Garzón, y a la Cámara de los Lores británica. Hasta 1998 Pinochet se pavoneaba en el Senado y en actos públicos y parecía en camino de convertirse, consensos mediante, en una especie de patriarca de la transición, un abuelo que departía amablemente con senadores, diputados y ministros de la Concertación, representantes del empresariado y la derecha, etc., mientras poco a poco borraba con actitudes y gestos bonachones las huellas sangrientas de su trayectoria criminal y de su insaciable apetito de fortuna.
Se diluía en esa atmósfera la imagen zafia y brutal del militarote que en junio de 1974 declaró desafiante: ?La DINA depende directamente de la Junta en su mando superior (es decir de él mismo. PF) ...por eso les digo que la DINA es un brazo ejecutivo para llevar adelante nuestros cursos de acción para la seguridad nacional?.
Más allá de demostraciones de apoyo y de expresiones minoritarias de adhesión delirante, los principales aliados de Pinochet, los que lo levantaron a la cúspide y lo respaldaron, lo han abandonado. Convertido en imagen molesta de un pasado terrible y vergonzante, sabe que su vida política ha terminado. Su imagen histórica se ha derrumbado irremisiblemente. Cuando fue detenido en Londres, el diario norteamericano ?Herald Tribune? (27.11.98) dijo: ?...el general se quedó solo. Hasta el golpe de Estado en 1973 fue un fiel servidor del gobierno de Estados Unidos cuyo dinero y recursos militares eran indispensables para traicionar a su propia nación. El presidente norteamericano de entonces, Richard Nixon, ya no está. No obstante, su jefe de estado mayor, Alexander Haig, su secretario de Estado, Henry Kissinger, su oficial de más alto rango, el almirante Thomas Moorer, y su director de la CIA, Richard Helms, siguen activos?. Poco hicieron entonces esos personajes por compartir responsabilidades con Pinochet. No lo harán ahora tampoco. Menos los grandes empresarios chilenos y los dirigentes políticos que lo apoyaron y que hoy siguen profitando en democracia como ayer hicieron en dictadura. Las FF.AA. y Carabineros cumplen con lo formal en una adhesión disciplinada, pero toman distancia. Pinochet es el pasado, el crimen que mancha a las instituciones armadas y policiales y las deslegitima ante la opinión pública nacional e internacional. Le siguen siendo leales sólo pequeños grupos ultraderechistas y los ex oficiales directamente comprometidos en crímenes. Ellos conforman una cofradía siniestra, siempre peligrosa, pero están aislados y sin otro futuro que escapar a la justicia.
A diferencia de sus víctimas, Pinochet gozara de las condiciones del debido proceso que le asegura la legislación chilena. Sus condiciones mentales y físicas deberán ser evaluadas, según lo dispone el Código de Procedimiento Penal, en diligencias y actuaciones que no serán breves. Con todo, ya aparece condenado histórica y moralmente. Como ha declarado el Codepu: ?El fallo es el hito más importante en el proceso por la justicia iniciado el 16 de octubre de 1998 con la detención del dictador en Londres. Con estos hechos, las violaciones de los derechos humanos son reconocidas como delitos de naturaleza internacional y establecen que los autores de esos crímenes internacionales no tienen inmunidad alguna?. Agrega, ?la resolución de la Corte Suprema restablece en el país el imperio de la ley y constituye el más nítido y transparente homenaje a la memoria de los caídos y sus familiares?.
El desafuero de Pinochet abre para el futuro amplias posibilidades de verdad y justicia, única base posible de entendimiento y reencuentro nacional. Es muy posible que Pinochet no sea condenado, pero quedará inhabilitado moral y jurídicamente con un estigma de culpabilidad no sancionada exclusivamente por razones de clemencia social. Entretanto deben seguir adelante los procesos contra los responsables de otros crímenes y atrocidades, asumiendo que el decreto ley de amnistía de 1978 no procede cuando se trata de crímenes contra la humanidad.
El notable fallo de la Corte Suprema puede marcar un camino de reconfortante significación ética y democrática. Corresponde a las fuerzas sociales, a los partidos políticos y al conjunto de los ciudadanos la mantención y fortalecimiento de la exigencia colectiva de justicia, aislando a los sectores pinochetistas y restableciendo en múltiples formas la verdad histórica y el respeto por la dignidad, la valentía y la lucha del pueblo chileno contra la dictadura, que el mundo ha mirado con simpatía y solidaridad permanentes.

PF

 

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