1 de diciembre de 2000

De la seguridad nacional a la inseguridad ciudadana
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Fue como una burla, una bofetada doblemente maliciosa. La sede de Fundación Paz Ciudadana, autoerigida como "cerebro" de las políticas de mano dura aplicadas en Chile para enfrentar la delincuencia, fue asaltada hace un mes. Lo paradojal es que en jerga policial la especie sustraída fue información computacional que contenía estadísticas delictuales, algunos proyectos -como el de Consejos Comunales de Seguridad- y otras iniciativas propuestas al gobierno. Las sospechas recayeron de inmediato en "alguna organización de narcotráfico o de crimen organizado" que culminaba así un trabajo de espionaje. Cualquiera sea la autoría y finalidad del robo, grafica lo inútil que ha resultado la estrategia de frenar las acciones delictuales con un endurecimiento represivo que siempre está demandando más policías, más vigilancia, más detenciones y mayores castigos, en una escalada que parece no tener límite. En general, los delitos no han disminuido, como tampoco registraron en los últimos diez años un aumento significativo que justifique haber elevado el problema al primer plano de las preocupaciones de la gente.

Ese es el verdadero éxito de Paz Ciudadana: haber exacerbado la sensación de inseguridad que hace desconfiar a uno del otro y temer su cercanía, sobre todo si es pobre, mal vestido y "mal hablado". Así, convertida mañosamente en una de las preocupaciones más sentidas por la población, la seguridad ciudadana es bandera obligada de los partidos y alianzas políticas que se disputan el poder, mientras la inseguridad hace crecer los gastos públicos y privados. Vivir con el miedo de ser asaltado y despojado de sus muchos o pocos bienes se acepta como algo inherente de la época actual. Sin embargo, muchos de estos mitos comienzan a ser torpedeados. En el libro de investigación periodística "La guerra y la paz ciudadana", de Marcela Ramos A. y Juan Andrés Guzmán de Luigi (LOM Ediciones), se demuestra con números que durante la última década "en los momentos de mayor alza delictual las personas tuvieron más posibilidades de perder su empleo que sufrir un robo con violencia; de ser víctimas del abuso policial que de ser asesinadas; de que una empresa los engañara (vendiéndoles un producto defectuoso o aplicándoles intereses abusivos) que de ser víctimas de un hurto". Los autores denuncian la manipulación de estadísticas delictuales y de las conciencias desde Paz Ciudadana para sobredimensionar la realidad. Una muestra: "Entre 1980 y hoy las denuncias por homicidio en la Primera Región han subido un 300 por ciento. Pero si se observa la cantidad real de casos se ve que en 1980 hubo una denuncia y en el 98 hubo tres. Es decir, nos han tomado el pelo en un alto porcentaje", señalan Ramos y Guzmán.


JUAN Bustos, diputado socialista y miembro de Ciudadanía y Justicia.
Por su parte, un grupo de docentes de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano está haciendo valiosos aportes producto de un trabajo de taller realizado el año pasado. Algunos de sus estudios se publicaron en el quinto número de la "Revista de la Academia", que edita esa casa de estudios, bajo el título de "Control social y seguridad ciudadana en la transición chilena a la democracia". Y en abril de este año se creó la Corporación para la Promoción de los Derechos Ciudadanos y la Seguridad Humana "Ciudadanía y Justicia", que está en la última etapa de obtención de la personalidad jurídica. En esa nueva institución participan Juan Bustos, abogado, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile y diputado socialista, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso; José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y los sociólogos Orlando Rementería y Benito Caballero, entre otros profesionales. "El objetivo es actuar en los planos cultural, ideológico y social con un enfoque diferente y una mirada menos penalizante. No negamos que haya problemas ni delitos, pero la mirada y los énfasis son un poco distintos. Se trata de promover la reflexión y sacar el tema del simplismo con que se ha visto hasta ahora. Por sobre lo policial y el control, pensamos que habría que poner más énfasis en otros aspectos que tienen que ver con la seguridad social, con las formas de convivencia y recuperación del espacio público", dice la socióloga Loreto Hoecker, presidenta ejecutiva de Ciudadanía y Justicia, y ex jefa de la Unidad de Investigación Criminológica de Gendarmería de Chile.


CAMBIO DE ENEMIGO


Para varios investigadores, el enfoque que sitúa en primer plano el problema de la delincuencia es fiel heredero de la doctrina de la Seguridad Nacional que durante la dictadura militar convirtió a aquellos que luchaban con todos los medios posibles contra el modelo de dominación en un "enemigo interno" que debía ser perseguido y reprimido. "A partir de la asunción de gobiernos democráticos en el continente, y debido a los cambios en el escenario internacional, la doctrina de seguridad nacional pierde trascendencia, el tema del terrorismo es sustituido por la delincuencia y, para hacer referencia al orden y seguridad públicos, se empieza a utilizar con gran frecuencia el concepto de ?seguridad ciudadana?", señala Isaac Caro en "La inseguridad urbana: expresiones y causas" ("El desarrollo social, tarea de todos", compilado por Carlos Contreras. Comisión Sudamericana de Paz, Seguridad y Democracia, Santiago, 1994). Ese concepto de seguridad es reinventado en democracia, a juicio de Juan Bustos, presidente honorario de la Corporación Ciudadanía y Justicia. "En los orígenes del Estado moderno, seguridad era paz. Ahora es violencia, fortaleza, armas, elementos bélicos", reflexiona.

En la misma línea de pensamiento, el sociólogo Alejandro Stuardo, quien falleció en abril de este año, planteó en "La ingratitud de la calle, o la construcción social de la cárcel" (Revista de la Academia Nº 5) que la imagen de la delincuencia, como problema común a todos, presta mayor utilidad para justificar la construcción de un Estado policial "que la del ?marxismo-leninismo? (también comunismo, terrorismo, etc.) con que se justificó durante largo tiempo la práctica del terrorismo de Estado, en el contexto de un Estado militar". Y agrega: "La instalación en el país de un discurso de la (in)seguridad ciudadana, centrado en la figura -abstracta- del delincuente facilita la continuidad de un orden social basado en miedos y temores más que en acuerdos colectivos". Una de sus conclusiones es que resulta más fácil manejar ciudadanos atemorizados y encarcelados. Y que la demanda de dureza en la intervención del Estado hizo que "no sólo la alegría no vino" con la Concertación, "sino que en su lugar se (re)instaló el temor". Loreto Hoecker adhiere a la hipótesis de continuidad de la doctrina de la Seguridad Nacional "en el sentido del temor hacia nuestros propios conciudadanos, que es la vieja historia del miedo a las ?clases peligrosas?". Esto, porque la delincuencia "enemiga" no está personificada en los fraudes, estafas ni delitos económicos sofisticados, que involucran montos de mayor envergadura, sino en quienes viven en campamentos y poblaciones populares, que deliberadamente se mantienen en la marginalidad y el aislamiento.

Para Martín Hopenhayn, filósofo e investigador de la División de Desarrollo Social de la Cepal, los fantasmas de la violencia y de la droga -que reemplazan el fantasma del comunismo o de la revolución- intentan sustituir el conflicto social como tema colectivo. "No es casual que en tiempos post-ideológicos, donde el conflicto entre clases sociales se lava y lima para pavimentar el camino de la nueva oleada modernizadora, el tema de la justicia social se hace cada vez más inaudible y en su lugar crece, con nítida sonoridad, el de la justicia penal -dice-. Por cierto, la percepción de la ciudadanía respecto de los vacíos de la justicia son plenamente fundamentados: hoy día disponemos de información para verificar la corrupción pública, la impunidad en el narcotráfico y en el robo institucionalizado, y los abusos de la policía. Pero también vale la pena preguntarse en qué medida la crítica y condena a la falta de justicia penal acalla ese otro reclamo histórico, nunca resuelto, respecto de las grandes injusticias sociales que recorren las aventuras de la modernidad latinoamericana". Para los sociólogos Loreto Hoecker y Alejandro Tsukame, los enemigos internos durante la transición han sido, primero, la dupla delincuente-terrorista y, luego, la del delincuente-drogadicto que ahora cede paso a la criminalización de niños y jóvenes ("Notas sobre la inserción y el control social en la transición democrática", Revista de la Academia, Nº 5).


PAZ ENGAÑOSA


La construcción social del nuevo enemigo interno siguió un proceso sinuoso, que se inició en forma similar a otras experiencias de transición a la democracia. Aún antes que Patricio Aylwin reemplazara a Pinochet en el sillón presidencial, la derecha se esforzó por asociar mayores espacios de libertad con libertinaje, desorden y caos. Según Loreto Hoecker, "la perspectiva que se instala con mucha fuerza en la década del 90 proviene, en parte, de ciertos estudios que desarrolló Libertad y Desarrollo (UDI) y otros actores sociales importantes, no sólo políticos, también dirigentes gremiales". "El Mercurio" recoge esos análisis y propuestas jugando un papel decisivo en la puesta en escena de los nuevos conceptos. No es casual que Agustín Edwards Eastman, dueño de ese medio, haya sido el promotor de la Fundación Paz Ciudadana, que se creó en abril de 1992 como reacción al secuestro de su hijo Cristián Edwards ocurrido el año anterior. Ya el asesinato de Jaime Guzmán había conseguido que la derecha y el centro del poder económico se sintieran directamente amenazados y sin la protección de los militares desplazados del gobierno. Entonces, en su calidad de civiles y privados, empresarios y políticos decidieron tomar en sus manos la defensa de su seguridad fundiendo terrorismo y delincuencia en una majamama tan difusa como atemorizante. Y comprometiendo de paso a la sociedad en su conjunto, incluido el gobierno concertacionista. Su lema "Porque la paz de todos depende de cada uno" refleja lo que los investigadores denominan la "privatización del conflicto social". En buenas cuentas, se rechaza cualquier asociación de la delincuencia con realidades sociales que den cuenta del problema para trasladarlo exclusivamente al plano individual, vinculándolo con conductas patológicas o simplemente diferentes, las que son estigmatizadas como "antisociales". A la vez, la incapacidad del Estado (policía, leyes, justicia, sistema penitenciario y voluntad política del gobierno) para "combatir al enemigo" obliga al concurso de los individuos.

Ese traslado de la responsabilidad a cada uno de los miembros de la sociedad ha enriquecido a empresas especializadas en artículos y tecnología de alta seguridad. Tanto así que es uno de los pocos sectores del comercio que han aumentado sus ventas en este año. Durante 1999 la inversión privada en seguridad, incluyendo guardias y vigilantes armados, fue de alrededor de 200 mil millones de pesos ("La guerra y la paz ciudadana", LOM).

En la plana mayor de Paz Ciudadana figuran representantes de los más grandes grupos económicos del país, como Angelini, Luksic, Matte, así como políticos de distintas trincheras. Basta mencionar al empresario Carlos Cáceres (ex ministro de Pinochet y fundador del Instituto Libertad y Desarrollo), Edmundo Pérez Yoma (DC, ministro de Defensa en el gobierno de Frei) y Sergio Bitar (senador PPD). También están ahí José Joaquín Brünner, Enrique Correa, Eugenio Tironi y Enrique Krauss. La gerencia que durante varios años ocupó Pía Guzmán (diputada RN) está ahora en manos del empresario Carlos Valdivieso. Financiada por la empresa privada, es una institución que mueve enormes recursos. Alcanzan, incluso, para ofrecer cursos de análisis de información para instruir a las policías.

La base de datos de la fundación es una de las más grandes de Chile, porque se alimenta con la información que le envían periódicamente Carabineros, Investigaciones y los tribunales de justicia. Todos sus análisis se sustentan en un sistema cuantitativo de medición de la delincuencia, a base de estadísticas y encuestas que apuntan a la subjetividad de los consultados, que es muy limitado. "Se dejan de lado políticas preventivas y la complejidad de factores que inciden en este problema para reducirlo a lo puramente represivo", dice Juan Bustos. Seguridad ciudadana es un concepto que tiene que ver con las circunstancias que permiten el desarrollo de los derechos de las personas, con espacios, deportes, vivienda, salud. Pero se le ha despojado de todo eso. Paz Ciudadana aplica el concepto de mapeo de la delincuencia, el encarcelamiento de la ciudad, y desaparece lo público. La calle, la plaza y el parque, que son los lugares donde se produce la convivencia social, se transforman en sitios ?peligrosos?. Así, perdemos lo que era nuestro y nos retraímos y replegamos al interior de la casa. Es una forma de dar a entender que es mejor no tener libertad".


ROL DE ?EL MERCURIO?


Loreto Hoecker investigó el rol de "El Mercurio" mediante un análisis de contenido de los editoriales de 1992 -año en que se crea Paz Ciudadana- referidos a la delincuencia, terrorismo, violencia e inseguridad. Sumaban 52, y el 84% de ellos tenía relación con el terrorismo, el que se vinculaba directamente con delincuencia. En general, se describía el desarrollo de un sentimiento de inseguridad en la población producida por "la continuación y desarrollo del terrorismo durante la transición; el acrecentamiento constante de la delincuencia común que provocaba alarma pública, y la violencia terrorista y delictiva en aumento". El diario de Agustín Edwards proponía priorizar la seguridad del Estado por sobre los derechos individuales, para lo cual había que recurrir al control represivo. La autora sintetiza al final de ese estudio: "La búsqueda de soluciones (...) se asocia al desarrollo de la seguridad privada favoreciendo nuevas formas de vida acordes a esa lógica (abandono de los espacios públicos, desarrollo de los condominios, guardias, aparatos de seguridad, alarmas, etc.), al mismo tiempo que favorece demandas constantes para la extensión del control social. También parece haber logrado incidir en los actores estatales, tanto en el poder legislativo y judicial, como en las propias políticas públicas del gobierno". Como se ve, "El Mercurio" dio la pauta.

En la actualidad, Paz Ciudadana mantiene contacto diario con autoridades de gobierno y lleva la batuta en el diseño de políticas. Incluso se atribuye el logro de la reforma judicial penal, en circunstancias que fue uno entre otros actores que participaron en su gestación.

El más reciente convenio en común con el gobierno, anunciado en un acto encabezado por Ricardo Lagos y Agustín Edwards a fines de agosto, fue la formación de Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana. Este plan, llamado "Comuna Segura", entrará en funcionamiento el próximo año en zonas de la Región Metropolitana donde supuestamente hay mayores problemas de delincuencia. Se pretende concertar a nivel comunal a las policías, organizaciones comunitarias y representantes de los sectores de educación, salud y comercio "en la tarea de prevenir el crimen" -como dijo el subsecretario de Interior, Jorge Burgos- bajo la tutela de los nuevos alcaldes, que en el área metropolitana son mayoría de la UDI.

En tanto, Carabineros creó la Oficina de Relaciones Comunitarias y Análisis Criminal con la idea de acercarse a la gente y captar denuncias del vecindario en los distintos cuadrantes en los que ha dividido a las comunas de la Región Metropolitana. Todo apunta a afinar los instrumentos de control social, más allá de las cámaras de vigilancia que registran los movimientos de la gente en calles y centros comerciales.

Que Paz Ciudadana sea una de las entidades cuyos proyectos y opiniones tienen mayor difusión en Chile no sólo se debe a "El Mercurio". La fundación se ha sobrepuesto a la competencia entre los dos monopolios de derecha que controlan la mayor parte de los medios del país, y cuenta con tribuna libre en televisión, prensa y radio.

No obstante, "para que la sensación de inseguridad penetre con tanta fuerza en la gente no basta con que un grupo de personas tenga una ideología coherente ni la propiedad de medios de comunicación, por muy importantes que sean", dice la presidenta ejecutiva de Ciudadanía y Justicia. Según los investigadores, la inseguridad no habría prendido en la población si no tuviera raíces en las formas de vida desarrolladas bajo el actual sistema, donde la inserción social es muy frágil debido a la precariedad del trabajo y a la falta de seguridad social, como lo han mostrado los estudios del PNUD. La base de la inseguridad está en la imposibilidad de que las personas puedan ejercer sus derechos

PATRICIA BRAVO

Modelo norteamericano

La política antidelincuencia aplicada en Estados Unidos, y muy especialmente la "tolerancia cero" que se puso en práctica en Nueva York, ha sido fuente de inspiración para la estrategia conservadora impulsada en Chile. Entre otras cosas, en ese país ha significado que la población carcelaria supere los dos millones de personas. Eso equivale a un cuarto de los presos de todo el mundo en un país que tiene sólo el 5% de la población mundial. La mitad de los presos estatales y federales son afroamericanos, a pesar que estos representan apenas el 13% de la población. Estas cifras, entregadas por el Justice Policy Institute de Washington, hace preguntarse a Jason Ziedenberg y Vincent Schiraldi -pertenecientes a ese organismo y autores de "La década del castigo: estimaciones carcelarias en el milenio", diciembre de 1999- sobre quién alimentará a los presos. Resulta que hay más gente tras las rejas que agricultores. Y mientras estos últimos reciben 23 mil millones de dólares en pagos federales directos, el costo del encarcelamiento asciende aproximadamente a 40 mil millones. Chile no lo hace mal. En abril de este año la población penal era de 64.778 reclusos, de los cuales el 64,8% eran jóvenes de 16 a 29 años. Las cárceles están sobrepasadas en su capacidad en un promedio de 40%, por lo que el próximo año se construirán cinco nuevos recintos carcelarios

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