16 de marzo de 2001

 
Se está incubando el conflicto
La inequidad se pasea por las universidades


AUGUSTO Samaniego, presidente de los académicos de la Usach.

Amplios conflictos se desarrollan en la educación superior. Generados por tensiones y problemas originados durante la dictadura, no han sido abordados adecuadamente por los gobiernos de la Concertación. Ahora amenazan con estallidos generalizados. Dos campos aparecen como los más sensibles: la discusión sobre el fondo solidario que propone el gobierno para reemplazar el sistema de créditos universitarios estatales por un financiamiento privado extensivo a todos los alumnos de educación superior, que es rechazado por la mayoría de las federaciones universitarias del Consejo de Rectores. Por otro lado, un fuerte movimiento de académicos de las universidades estatales cuestiona la falta de equidad del sistema financiado con fondos públicos.
Un reciente libro sobre "Las universidades públicas (¿Equidad en la educación superior chilena?)", coordinado por el profesor Augusto Samaniego, entrega valiosos antecedentes y critica a las universidades privadas que funcionan en el sistema público, especialmente a la Universidad Católica de Chile, comparativamente privilegiada. El gobierno carece de una política clara en materia de educación superior, según lo reconocen las propias autoridades. Al mismo tiempo, acentúa señales confusas. La última fue la asistencia del presidente de la República a la inauguración del año académico de la Universidad Católica en que anunció una "ayuda preferente a las universidades complejas", sin aclarar el contenido de esa calificación.
Tema central en el debate universitario académico es el papel de las universidades estatales. En torno a ese punto se discuten financiamiento, equidad y calidad de la educación.
El subsistema público, compuesto por las 25 universidades del Consejo de Rectores, recibe tres tipos de aportes: fiscal directo, fiscal indirecto -que llega a toda la educación superior, en función de los 27 mil 500 más altos puntajes de la PAA- y en tercer lugar los fondos concursables. Los tres fondos operan de hecho como factores de elitización educacional. En el subsistema hay nueve universidades privadas: Pontificia Universidad Católica, UC del Norte, UC de Valparaíso, UC de la Santísima Concepción, UC del Maule y UC de Temuco, además de la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral.
Dieciseis universidades son estatales: Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), Tecnológica Metropolitana (Utem), Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat (Iquique), Universidad de Antofagasta, Universidad de Atacama, Universidad de La Serana, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad de Talca, Universidad del Bío-Bío, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad de Punta Arenas.
PF conversó con el profesor Augusto Samaniego, presidente de los académicos de la Universidad de Santiago, activo participante en la Federación de Académicos de Universidades Estatales.
¿Cómo funciona en la realidad el financiamiento universitario?
"En primer lugar el Aporte Fiscal Directo (AFD), que se entrega a todas las universidades del Consejo de Rectores, fue determinado por criterios históricos. Pasados veinte años es bastante arbitrario. Y no son previsibles cambios. En la reciente inauguración del año académico de la Usach, el rector profesor Ubaldo Zúñiga sostuvo que era muy improbable que hubiera más aportes del Estado, ya que se postula la reducción del gasto social. El AFD es de 170 millones de dólares al año, lo que representa un promedio cercano a los 890 dólares por alumno de las universidades del Consejo de Rectores. En el hecho, sin embargo, para la Usach significan 620 dólares, la mitad de lo que recibe la Pontificia Universidad Católica. El aporte a otras universidades del subsistema es menor -y muy menor en el caso de las universidades de provincia-. En la última reunión de académicos en La Serena se denunció que el aporte es tan mínimo que algunos planteles de provincia reciben 77 veces menos que la Católica de Santiago.
Luego está el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), por el que compiten las casi 250 instituciones de educación superior por captar alumnos que se sitúen entre los 25 mil más altos puntajes de la PAA. El AFI por alumno es de montos muy variables, de acuerdo al puntaje, que pueden ir desde los 100 ó 150 dólares hasta los 3 mil. Los puntajes más altos, digamos sobre los 750-770 puntos, se llevan una cantidad muy grande de dinero. Son los alumnos que reciben 2 mil 500 ó 3 mil dólares.
El monto total del AFI es de 40 millones de dólares pero obviamente, por lo dicho, las universidades lo reciben de modo distinto. Reciben más las que captan más altos puntajes. La Usach, por ejemplo, es la tercera universidad en la captación de los más altos puntajes, pero el AFI respecto de ellos significan unos 125 dólares por alumno.

ALUMNOS DE 1ª Y DE 3ª

Aparentemente el sistema es razonable, porque se premia a los mejores alumnos...
"Aparentemente, atendida la realidad de la educación chilena. Significa que los alumnos de sectores de más altos ingresos, con acceso a los mejores colegios, a los preuniversitarios más caros y hasta a profesores particulares, son los que obtienen los mejores puntajes y, adicionalmente, son premiados con las sumas más altas. El rector Zúñiga decía en su discurso que el AFI para toda la educación superior significa en promedio unos 60 dólares por alumno y la Usach recibe 125 dólares. Pero hay una realidad terrible. El gasto total por alumno es de unos 3 mil dólares y como la AFD y el AFI suman unos 745 dólares, han debido subirse considerablemente los aranceles que en promedio representan unos mil 600 dólares. La diferencia la obtenemos de la venta de servicios y endeudamiento.
Hay un tercer rubro de financiamiento fiscal que ha crecido. Es el sistema de los fondos concursables, directamente referidos a la investigación científica y tecnológica y, secundariamente, a temas humanísticos y de ciencias sociales y marginalmente a mejoramientos de infraestructura.
Este es también un sistema altamente discriminatorio que hace competir, para dar un ejemplo gráfico, a un niño desnutrido con un pie amarrado con otro bien alimentado con pleno uso de sus piernas. Obviamente, la Universidad Católica y la Universidad de Chile ganan la mayor parte de los fondos concursables. Un ejemplo próximo: la Usach, a través de su antecesora la UTE, fue pionera en la formación de profesores técnicos -el Instituto Pedagógico Técnico, marcó una etapa- hasta el golpe militar. Después el Pedagógico Técnico fue desmantelado, como toda la Universidad. Optamos a fondos concursables para mejorar la formación de profesores y fuimos rechazados. En mi opinión no porque el proyecto fuera malo sino porque la Biblioteca de la Facultad de Humanidades tiene un número pequeñísimo, ridículo, de libros y ejemplares de textos y trabajos sobre Ciencias de la Educación y un número muy insuficiente de doctores en Ciencias de la Educación. Y no podría ser de otra manera, porque la Facultad fue desmantelada. ¿Cómo podemos competir en igualdad de condiciones? No ocurre en todos los casos, pero ocurre. Me pregunto si la Universidad de Atacama ganará los concursos que se llamen para el desarrollo de la minería en Chile. Lo más probable es que no. Y ¿le interesa al país que la Universidad de Atacama alcance el máximo de potencialidad en investigaciones sobre la minería? Creo que sí. Fondos concursables, muy bien. Pero primero preocupémonos de la equidad y decidamos luego con criterio de país, de objetivos de desarrollo nacional. O digamos francamente que sólo dos o tres universidades en Chile tienen a su cargo el desarrollo científico".
¿Cómo funcionan los fondos de becas?
"Existen fondos estatales de becas como la Juan Gómez Millas o las destinadas a estimular el interés por las pedagogías, pero son un aporte muy modesto. Pienso que son menos del dinero que gasta una universidad como ésta -800 millones de pesos al año- para pagar becas de alimentación a sus alumnos. Hay muchos que no pueden costearse diariamente la colación. Incluso en esta universidad existe 'el cuchareo' como institución. A las horas de almuerzo, en patios y escaleras pequeños grupos de alumnos comparten una misma vianda u olla de comida. Pienso que antes de hablar de grandes conceptos hay que abordar estas realidades tristes y deprimentes".

ELITISMO EN LA UC

El gobierno sostiene que la educación debe crecer en calidad y equidad. ¿Qué hay de eso en la realidad?
"Los hechos hablan. Esa ecuación: calidad-equidad no funciona como lo promete el gobierno. Una universidad como la Usach, con 150 años de tradición, y con alta complejidad recibe un 78% de su alumnado proveniente de la enseñanza media municipalizada y subvencionada. Solamente un 20% y algo más proviene de la enseñanza media pagada. Y al decir esto estamos indicando también los estratos socioeconómicos de donde vienen los alumnos de esta universidad.
En la Universidad Católica la situación es al revés. Menos de un 20% de su alumnado proviene de establecimientos municipalizados y subvencionados. Esto significa también que los estudiantes talentosos que llegan a la Usach no se concentran en las franjas de los más altos puntajes, como lo indica la realidad de la PAA".
El tema de la falta de equidad está claro. ¿Pero el debate se refiere también a las universidades estatales como sinónimo de públicas, precisamente las más afectadas por la inequidad?
"Hay que hacer alguna consideración histórica. El concepto de educación pública corresponde a una realidad y a una evolución histórica. Primero nació la Universidad de Chile, en 1843, antes que la mayoría de los liceos. ¿Por qué? Porque la ideología liberal progresista de la época entendía que el país necesitaba profesionales formados en condiciones muy distintas a las universidades coloniales. Bastante tiempo después se fundó la Universidad Católica y el Estado aceptó aportar a su funcionamiento. Pero nunca estuvo en disputa el concepto de educación pública como el ejercicio o la aplicación de esta responsabilidad preferente e irrenunciable del Estado.
La Universidad de Chile marcha a parejas con la constitución de toda la educación pública en Chile. Se dice, y es cierto, que las condiciones han cambiado y por eso es procedente la pregunta ¿necesita hoy el Estado tener universidad? Creo que sí, el Estado tiene un papel muy importante que jugar todavía.
En ese plano interesa también precisar el concepto de 'lo público'. Lo público se deriva del concepto de laicidad, del concepto de un Estado secularizado, moderno. Ese es un concepto fundante de cualquier modernidad.
El Estado al garantizar igualdad de oportunidades, igualdad de derechos democráticos, debe garantizar una educación que no responda a intereses particulares por legítimos y nobles que sean. El Estado se eleva por encima de las diferencias religiosas o ideológicas de cualquier tipo que puedan identificar a partes de la sociedad. Así como el matrimonio civil es una institución que deriva directamente de este concepto de Estado laico, de manera que quien quiera contraer matrimonio lo puede hacer en igualdad de condiciones, independientemente de su religión.
Esto está muy vinculado con el pluralismo, consustancial a la educación superior. Hay una contradicción entre el compromiso ético filosófico de cualquier tipo de institución que asume una ideología o una creencia religiosa: marxista, católica, protestante, masónica o lo que sea, con la marcha concreta de la docencia, la investigación y el conjunto del quehacer universitario. El Estado debe garantizar y otorgar su representación a instituciones que respondan a esa característica secular del Estado, que lo pone por encima de las diferencias ideológicas o religiosas.
No en cualquier universidad se puede investigar o enseñar cualquier tema. Pero si en alguna parte se puede realizar un debate respetuoso, plural y que no censure a priori proyectos de investigación, ese lugar lo otorga el Estado a través de sus universidades. Y no hablo solamente de investigaciones o criterios que tengan que ver, por ejemplo, con la vida, con el embrión, el aborto o no aborto, sino también de temas filosóficos, jurídicos, históricos, etc.
En suma, la adscripción a una determinada filosofía impide, objetivamente, que toda universidad pueda ser considerada pública. Tal calidad no la da el hecho de prestar un servicio en forma más o menos masiva. Muchas instituciones o servicios podrían ser considerados públicos: hasta un supermercado.
Ahora el Ministerio de Educación sostiene que la discusión no se plantea en cuanto al concepto de universidad pública y al papel que cumplen las universidades estatales, porque toda universidad lo realizaría. Eso no es así. La discusión debería ser un debate nacional. Y cabe la pregunta ¿puede una universidad mostrarse ante el país como cumpliendo una función pública y estar, al mismo tiempo, discriminando de manera flagrante y horrorosa a los estudiantes al recibir solamente a un 20% de clase media pobre?
En el Consejo de Rectores hay antecedentes sobre el origen territorial de los alumnos que ratifican lo dicho. Los estudiantes de Ñuñoa, que estudian en la Pontifica Universidad Católica son tan pocos que no merecen un puntito en el mapa. Qué decir de los que viven en La Pintana, Pudahuel, Cerro Navia y otras comunas pobres".
¿Se está repitiendo en la educación superior el esquema que existe en la enseñanza media?
"Claro. Las políticas de Estado que fluyen de esta realidad parecieran encaminarse a repetir lo que se ha hecho con la enseñanza básica y especialmente con la enseñanza media. Actualmente hay enseñanza media y básica de primera, segunda, tercera y hasta quinta o sexta categoría de acuerdo a la pobreza de las comunas. No sé qué habrá querido decir el presidente de la República en la Universidad Católica cuando sólo se ha referido a la investigación, considerando que la Católica tiene 12 mil estudiantes de pregrado -18 mil la Chile y una cifra similar esta universidad-. ¿Preocuparse sólo de la investigación científica y no en igual medida de los miles de jóvenes que aspiran a ser profesionales? Todo empuja hacia la elitización".

ELIMINAR LA PAA

¿Qué pasa con el fondo solidario?
"El tema debe ser analizado y discutido por los estudiantes. Es complejo, se trata de un universo de 400 mil jóvenes, o sea, cerca de 250 ó 300 mil familias. La franja que puede pagar sin endeudarse es mínima. Hasta hoy el Estado toma esa responsabilidad respecto de las 25 universidades llamadas públicas. Ahora se extendería a todos. Pretende hacerlo con la empresa privada. El Estado haría de intermediario con las AFP, bancos y otras instituciones financieras. Los académicos agrupados en la Asociación se han pronunciado en contra por varias razones: porque constituye una renuncia a la responsabilidad del Estado y concretamente lo haría mediante la mercantilización del crédito. Eso quiere decir que el interés del crédito solidario actual que es del 2% subirá drásticamente. Se habla incluso de un 5% o incluso más, diferencia que pagaría el Estado. El Estado terminará entregando plata a las instituciones privadas en vez de dársela directamente a los estudiantes que la necesitan. Con el Fondo Solidario la situación de las universidades estatales se haría más difícil, porque deben atenerse a la PAA mientras las universidades privadas no tienen por qué hacerlo".
Entendiendo que se trata de un problema muy complejo, que no tiene tal vez una sola solución ¿Cuáles son a su juicio las medidas inmediatas que podrían adoptarse?
"De las proposiciones que hacen los académicos de las universidades públicas estatales destaco una y quiero agregar otra.
De las primeras, la eliminación del AFI, que es fuente de perpetuación y multiplicación de injusticias. El fondo del AFI -que no es despreciable- debería redistribuirse entre las universidades estatales, vale decir aquéllas que realmente están en condiciones de aportar al desarrollo democrático del derecho a la educación.
Enseguida, creo que ha llegado la hora de decir NO a la Prueba de Aptitud Académica, que aún con los posibles mejoramientos y maquillajes es una instancia que no sirve para mediar aptitud académica y se transforma en una discriminación brutal en contra de las universidades estatales.
Entiendo que esta proposición puede provocar escándalo, se preguntará ¿cómo se va a seleccionar o se pretende que todos ingresen a la universidad? Nada de eso. En el libro sobre la inequidad respecto de las universidades públicas viene un notable trabajo realizado por un académico de la Usach, el profesor Francisco Javier Gil, que ha hecho un seguimiento de casi diez años con los alumnos que ingresan a la universidad. Demuestra que el mejor sistema de selección consiste en la utilización del promedio de notas de la enseñanza media, mediado en su propio contexto. No se puede comparar el promedio de notas del alumno de Collipulli con el promedio del Saint George. Desde 1992, la Usach bonifica con un 5% los mejores promedios respecto de sus pares, o dicho de otra manera, se bonifica en el 5% el puntaje ponderado de selección de los postulantes de la promoción del año cuyo promedio de notas de la enseñanza media se encuentre en el 15% superior de su establecimiento. Lo que fue hipótesis, hoy está comprobado.
El estudiante mejor de su curso en la enseñanza media, independientemente de que aprenda poco o mucho en comparación a los alumnos de colegios caros, adquiere hábitos de estudio y una actitud frente al conocimiento que le da muy alta probabilidad de que siga siendo un alumno exitoso en la universidad. Es significativamente más alto el porcentaje de fracasos de buenos o excelentes puntajes de la PAA en el medio universitario. Los mejores puntajes bonificados y apreciados en su propio contexto es, repito, una alternativa simple y probada que impide la selección arbitraria y pone cortapisas a la discriminación y elitización"

HERNAN SOTO


Rechazo al negocio del crédito


Aumenta el rechazo a la propuesta de financiamiento estudiantil entregada por el Ministerio de Educación. La mayoría de las federaciones estudiantiles del Consejo de Rectores ha manifestado su oposición. En reunión realizada por el Confech en Valparaíso, 10 de las 17 federaciones asistentes se pronunciaron en contra de la propuesta del gobierno: entre ellas la Fech, la Feusach, las federaciones de estudiantes de la U. de Valparaíso, de la U. de Playa Ancha y de la U. de La Frontera. Las federaciones que no se pronunciaron no habían terminado aún la discusión interna. Desde entonces varias lo han hecho, sumándose al rechazo.
Junto con constatar el fracaso del actual sistema de crédito universitario y manifestar su disposición a una discusión a fondo, las federaciones de estudiantes agrupadas en el Confech señalaron: que la nueva propuesta de financiamiento apunta a desligar aún más al Estado de su responsabilidad como garante de la educación superior; que la propuesta valida y acrecienta el criterio de lucro frente a la educación superior y pone al Estado como garante frente a las AFP para asegurarles "un negocio rentable" y, finalmente, que no hay parámetros claros de acreditación institucional para acceder al nuevo sistema y que ni los plazos ni la falta de antecedentes permiten una adecuada discusión con el Mineduc.
El 25 de abril, la Fech envió una carta abierta el presidente de la República reiterando que "la Fech al igual que otras 18 federaciones rechaza la propuesta del Mineduc" y pregunta:
"¿Cómo vamos a aceptar una propuesta que transforma el derecho a la educación en un negocio para los inversionistas del mercado de capitales, donde lo primero es asegurar a los inversionistas un negocio que al menos sea similar en ganancias a otras alternativas de inversión en Chile o en el extranjero?"
La Fech pide a Ricardo Lagos que se juegue por un sistema de ayuda estudiantil que impida que miles de jóvenes abandonen los estudios por falta de recursos y que fortalezca la educación pública de calidad "donde el Estado deberá jugar un rol insustituible".
Termina la carta al presidente de la República diciendo: "nuestra federación considera indispensable que usted tome cartas en el asunto especificando claramente si la propuesta entregada por el Mineduc cuenta con el respaldo de su gobierno, ya que de ser así estaríamos en una situación similar a la provocada por el proyecto de ley marco para las universidades estatales que nunca contó con la aprobación de los estudiantes y que por años fue objeto de disputa entre las comunidades universitarias y el ejecutivo"

FOTO: IVAN Mlynarz, presidente de la Fech.


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