30 de julio de 2001

 

Ni el frío ni las amenazas ni la violencia policial pudieron amilanar al pueblo mapuche que en una combativa manifestación en Temuko dijo basta a la represión, a la discriminación y a la arrogancia de las instituciones del Estado. Prepotencia que se ha manifestado de diversas maneras a través de la historia, pero que ha adquirido ribetes más preocupantes en el último tiempo. La jornada de protesta convocada por nueve organizaciones mapuche tenía como objetivo repudiar la violencia policial en Tirúa, cuando varios comuneros fueron baleados por efectivos de Investigaciones; en la comunidad de Chequenco en Ercilla donde otros comuneros fueron acusados de robo de madera por empresas forestales y detenidos con inusitada violencia. Y, finalmente, denunciar y repudiar el violento allanamiento a la sede del Consejo de Todas las Tierras en Temuko. En esa ocasión, la policía cumplía órdenes del Ministerio Público, de reciente creación en la Ley de Procesamiento Penal que se implementa en la IX Región. La nueva institucionalidad judicial ha sido criticada por organizaciones mapuche, pues está siendo usada contra ellos. Es más, los funcionarios del Ministerio Público, Francisco Rojas y Alberto Chifelle, acompañaron todo el procedimiento policial y, de acuerdo al abogado Rodrigo Lillo, "los fiscales más bien parecían policías de un régimen autoritario". Otro abogado, Roberto Celedón, considera que "el allanamiento e incautación fue un operativo propio de aparatos de seguridad en regímenes autoritarios, era de por sí de una desproporción y violencia que deja al descubierto una subjetividad discriminatoria y odiosa, que desprestigia al Ministerio Público". Es más, "ni siquiera exhibieron orden de allanamiento", asegura Manuel Santander, werkén del Consejo de Todas las Tierras. Pero, más allá de formalidades, lo concreto es que la acción policial se inscribe en un espiral de violencia policial que es justificada tanto por el gobierno como por el poder judicial. Como fue avalada la provocación y represión de Carabineros ante la marcha pacífica convocada por las organizaciones mapuche. Es claro, señala Luis Tranamil, dirigente de las comunidades Cantera, Metrenko y Makewe, que si no hubiese existido la "violencia desmedida de Carabineros, la marcha habría sido pacífica. La respuesta nuestra fue producto de la provocación, fue autodefensa porque golpeaban a todos, niños y mujeres también". Por cierto que tanto el gobierno como los medios de comunicación tergiversan los hechos. No existe sensibilidad ni menos interés, de las autoridades locales por entender la esencia del conflicto mapuche. Tal grado de insensibilidad es compartido por los principales medios de comunicación que destacaron el carácter "violento" de la manifestación y que una docena de funcionarios policiales resultaron lesionados. Huelga decir que nada se dice de centenares de heridos entre los mapuche. Ellos no parecen importar. Tampoco se menciona que la sede del Consejo de Todas las Tierras fue asaltada por Carabineros con gases lacrimógenos, destrozando sus bienes. Nada se dice porque es necesario ocultar el odio hacia un pueblo que solo quiere vivir dignamente y que, por esta razón, se moviliza para defender sus derechos.
Los mapuche se movilizaron con organización y dignidad, copando diversos puntos de Temuko, dispersando sus fuerzas lo cual obligó a su vez a la dispersión de la policía. La incapacidad de ésta de enfrentar adecuadamente las tácticas mapuche seguramente contribuyó a nutrir su odio, por lo tanto poco o nada puede sorprender la violenta represión desencadenada contra los manifestantes. A pesar de lo que sostiene el gobierno, "no hay un nuevo trato para los pueblos indígenas, ni nuevo trato ni democracia en Carabineros, sólo prepotencia", expresa Domingo Rain, de la comunidad Malalhue, comuna de Teodoro Schmidt. "Aquí hubo trato vejatorio con todos, hermanos y hermanas. Nos pegaron como perros. A mí me golpearon entre tres, se paraban sobre mí, me insultaban y golpeaban. Hay un tremendo racismo y Carabineros libra su propia guerra contra los mapuche". Sin embargo, el coronel Luis Torres, prefecto de Cautín, señaló que sus hombres "actuaron con mucho profesionalismo". "Golpeaban a mujeres, las pateaban, pasaban por encima, como en los tiempos de Pinochet", sostiene Alfonso Reiman, presidente de la Asociación Ñankucheu de Lumako. Incluso se golpeó brutalmente a mujeres embarazadas, no se respetó a nadie, como atestigua Francisco Quemel, concejal de la comunidad de Metrenquén, comuna de Teodoro Schmidt. "Si bien es cierto que yo no quiero privilegios, debo decir que no existió ninguna consideración por ser concejal, fui detenido a las dos de la tarde, fui el último en salir a las dos de la mañana. Sólo manifestábamos por las condiciones de vida del pueblo mapuche y recibí golpes. En las micros nos siguieron golpeando. Nos trataron como animales, a patadas e insultos, con una actitud racista y un trato despectivo. Las mujeres fueron tratadas de la misma manera".
Fueron 126 los detenidos, seis de ellos pasados a los tribunales con la habitual acusación de "daño a la propiedad". "Pero aquí el único daño es el que se ha hecho al pueblo mapuche -manifiesta Domingo Rain-. La intendenta nos trata de delincuentes y nunca ha tenido la valentía de reconocer el daño que se nos ha causado desde hace mucho tiempo. No obstante, al gobierno regional no le interesa dialogar. Mantiene una actitud de patrón de fundo en relación a los mapuche y sus demandas. Ante la posibilidad de nuevas manifestaciones la intendenta Berta Belmar asevera que ‘nosotros como autoridad no lo vamos a permitir’ . Pero ella no es dueña de las comunidades ni del pueblo mapuche y -continúa Tranamil- ya le rayamos la cancha al gobierno, porque no vamos a seguir aguantando que los fiscales puedan hacer y deshacer con el pueblo mapuche. Los fiscales están coludidos con empresas transnacionales en proyectos al interior de territorio mapuche y tenemos claro que lo que hicieron con el Consejo lo pueden hacer en cualquier comunidad, con cualquier organización". "Solo queremos vivir dignamente como pueblo, expresa Javier Quidel, del Ayllarehue de Truf-Truf, y por eso no vamos a aceptar que el gobierno siga respondiendo con una estrategia de represión. La gente de Truf-Truf fue golpeada, hubo menores de edad golpeados. La violencia fue de Carabineros, los muchos heridos mapuche demuestran esto". Pablo Mariman, docente del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, fue detenido en el centro de Temuko y confirma los testimonios que se refieren a la violencia policial. "Nos subieron a la micro de Carabineros y nos insultaban gritando ‘indios culeaos, indios de mierda’, mientras nos daban palos en las costillas, en la espalda. Al llegar a la 2» Comisaría ya había como cien peñis con las manos en la nuca contra la pared, como en dictadura. Había gran hacinamiento y nadie nos dio ningún tipo de explicación ni comida. No se acercó ninguna autoridad política, de la iglesia o el alcalde. Estábamos botados, excepto por la gente nuestra que afuera nos acompañaba y nos mandaba algo de comer. En algún momento entró gente de civil, presumiblemente fiscales, que se metieron a identificar gente que seguramente tenían grabados en video".
LA IMPORTANCIA
DE LA UNIDAD
Los mapuche protestaron porque la represión contra ese pueblo, como señala la convocatoria a la jornada de protesta, "obedece a una política reiterada de represión en que se han coludido las empresas nacionales, transnacionales y el gobierno chileno, que bajo resguardo de los tribunales y la policía, protegen sus intereses".
Es legítimo que el pueblo mapuche defienda sus intereses, su dignidad y luche por su supervivencia. En este sentido es crucial la superación de diferencias entre las distintas organizaciones, que se configure la unidad real al interior del movimiento mapuche. Dentro de este contexto, existe unanimidad entre dirigentes para afirmar que la movilización en Temuko constituye el inicio de un proceso de acercamiento, "un primer paso hacia un proceso de unidad, que recién comienza", sostiene Domingo Rain y que comparte el dirigente de Lumako Alfonso Reiman, consciente que "tenemos diferencias, pero situaciones como éstas debemos enfrentarlas en conjunto. Los mapuche tenemos claro que la unidad se va a dar al fragor de la lucha. No habrá unidad en reuniones o seminarios". Y, por supuesto, fue en la calle donde se dio la unidad y es que -de acuerdo a Pablo Mariman- "simbólicamente esta movilización significó el inicio de un proceso en el cual somos todos iguales, todos hermanos, sufriendo la misma discriminación". La acción en si fue muy bien planificada y ejecutada y se ha realizado una evaluación positiva. Pero existe claridad en las organizaciones convocantes que no se está luchando solo por cuestiones coyunturales. La lucha es por derechos políticos, derechos territoriales, por autonomía, porque al pueblo mapuche lo dejen vivir en paz y tenga posibilidad de forjar su futuro. Es por esto que Aukan Huilcaman, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, ha evaluado la movilización como una nueva etapa en la lucha por los derechos territoriales y políticos. Es decir, se trata de darle proyección al movimiento, dejar establecido que, a diferencia de lo que sostienen los tribunales y el gobierno, este no es un problema policial o delictual, sino político. El gobierno tiene que entender, manifiesta Francisco Quemel, que "el problema no es de una u otra comunidad, sino de todo el pueblo mapuche". Así debe asumirlo el Estado y mientras ello no ocurra los mapuche no aceptarán que se negocie a sus espaldas y se creen mesas de diálogo que en la práctica son meros monólogos con mapuche que carecen de toda representatividad. La posición de las organizaciones mapuche es categórica: si el gobierno quiere dialogar debe ser en términos de igualdad y, sobretodo, debe existir voluntad política para definir soluciones concretas en conjunto con el movimiento mapuche. Debe haber participación real en todos los ámbitos; libertad de los presos políticos mapuche, nulidad de los procesos a peñis acusados de participar en recuperaciones de tierras, cese inmediato de los megaproyectos en territorio mapuche y, por cierto, aceptar que los derechos políticos del pueblo mapuche son una realidad imposible de soslayar. Si el Estado se niega a aceptar que la extrema pobreza del pueblo mapuche se debe a la extrema riqueza de una minoría, deberá enfrentarse a la rebeldía de un pueblo que jamás ha sido doblegado y que, como lo demuestra la reciente movilización en Temuko, no le teme a la represión

MAURICIO BUENDIA