El alza que viene:
medicamentos

La polémica se puso al rojo ante el pronóstico de alzas de hasta un 75%, en los medicamentos, de aprobarse el proyecto de ley de patentes farmacéuticas. El detonante fue la publicación del documento "Impacto de nuevas normas sobre propiedad industrial en el mercado farmacéutico nacional" emitido por el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.Un aumento en el precio de los fármacos, por reducido que sea, tendría efectos desastrosos para la economía familiar de los chilenos.Sin embargo, el aumento de precios de los medicamentos constituye apenas la punta de un iceberg que se empieza a delinear inquietante. Varias consecuencias significativas se advierten en una primera aproximación: además del alza de los medicamentos,

tendría que aumentar el gasto del Estado, en su calidad de cliente de la industria farmacéutica, o talvez disminuir sus adquisiciones de productos destinados a la atención de salud.
También se vería afectada la industria farmacéutica nacional, que probablemente tendría que reducir su tamaño, lo que generaría un nuevo foco de cesantía.
Antes de 1991 las patentes de medicamentos no eran reconocidas en Chile, aun cuando los fármacos estuvieran patentados en el extranjero. La ley vigente hasta entonces databa de 1931, en que la salud era responsabilidad del Estado.
En 1991 al entrar en vigencia la ley 19.039 se estableció la protección por medio de dichas patentes a las nuevas drogas. Chile ingresaba progresivamente, orgulloso y exitista, a la globalización, al libre mercado, al negocio transnacional indiferente con la salud de los pueblos.
Ahora el gobierno tiene en su agenda una nueva ley de patentes farmacéuticas que da carta blanca a las transnacionales de los medicamentos para invadir el mercado nacional y controlar el precio de los fármacos. Esta ley obedece al compromiso del gobierno con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y ante la inminencia de suscribir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Jaime Palma Oyedo, ingeniero comercial, asesor de Asilfa (Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos) adelanta un pronóstico de lo que se avecina si se aprueba el proyecto: "el objetivo fundamental de esta ley es adaptar las normativas de Propiedad Industrial y Patentes de Invención a las normas TRIP que tienen que ver con materias de propiedad intelectual en la OMC".
Subraya que los laboratorios nacionales no están en contra de este compromiso gubernamental, están por respetar las patentes. "Lo que pasa -aclara Palma- es que el proyecto enviado por el Ejecutivo excede lo que nos comprometimos en TRIP. Estas normas son muy convenientes para la industria transnacional y fundamentalmente para la norteamericana". De hecho ya se está viendo que los nuevos medicamentos patentados cuestan de 20 dólares hacia arriba, en circunstancias que el precio promedio de un medicamento en Chile es de 3,5 dólares.
"Una patente de invención, explica, es un monopolio y una vez que se concede, su característica es de exclusión de terceros que puedan elaborar ese producto, esta es la esencia de la patente". La patente, por definición es un privilegio exclusivo que se otorga al que se supone inventor del producto. En ese sentido es ingenuo pensar que quien tiene una patente de invención no va a poner un mayor precio a su producto.

DEMASIADAS PATENTES

Desde que se promulgó la ley 19.039, en el país se han solicitado más de cuatro mil patentes al Ministerio de Economía, mientras en el mundo, entre 1991 y 2001 no han aparecido más de 60 drogas nuevas. "Uno se pregunta qué es lo que existe tras esas cuatro mil solicitudes de patentes, si sólo hay 60 drogas nuevas en estos diez años", comenta Jaime Palma.
Señala que diseñar una nueva droga es difícil e implica muchos años de investigación. Hasta llegar a un medicamento, transcurren por lo menos ocho a diez años en promedio. A ese largo proceso atribuye que en Chile, por lo menos los diez primeros años de vigencia de la ley, el efecto de las patentes no ha sido tan fuerte. Recién ahora se empezará a notar.
"Porque se están concediendo las verdaderas nuevas patentes, independientemente de que hayan otras que constituyen formas encubiertas de proteger productos antiguos", afirma. De aceptarse estas seudopatentes se estaría favoreciendo además, una concentración en el mercado de los medicamentos que irían quedando definitivamente en las manos de las transnacionales.

PROYECTO EXCEDIDO

Cuatro son los puntos en que los laboratorios nacionales consideran que el proyecto excede los compromisos con la OMC. El primero se refiere a la eliminación de la oposición de patentes. En efecto, el proyecto del Ejecutivo elimina la posibilidad de oponerse a la concesión de patentes. Sólo la mantiene para privilegios menores, como son el modelo de utilidad y el diseño industrial.
"No tiene ningún sentido eliminar la oposición de patentes. Hasta ahora, por lo menos podemos hacer presente que determinada patente no puede concederse argumentando nuestros motivos".
Un segundo punto se refiere a la eliminación del dolo en las infracciones de patentes. "Para que exista una infracción, para que el dueño de una patente acuse a otro que se la está copiando, tiene que probar que existe mala intención", explica Palma. Esta disposición es lógica ya que puede ocurrir que alguien importe un medicamento sin intención de infracción. Al eliminarse, las empresas extranjeras podrán iniciar querellas sin siquiera advertir al laboratorio en cuestión.
El tercer punto tiene que ver con la incorporación de un capítulo de acciones judiciales que facilitan a los dueños de las patentes iniciar juicios e incautar rápidamente los productos que eventualmente se estarían copiando.
Según Palma, "son 27 artículos que se incorporarán, de acciones verdaderamente leoninas a favor de los titulares de patentes".
El cuarto punto que la industria nacional cuestiona, se refiere a la inversión de la carga de la prueba, que está en TRIP. "El proyecto del Ejecutivo la está incorporando a nivel techo -advierte el asesor de Asilfa-. Aun cuando el acuerdo TRIP da la posibilidad de incorporarla en forma restringida, para los países en desarrollo como Chile".
En el caso de la inversión de la carga de la prueba se cambia el principio jurídico general existente. Cuando se presenta una querella contra alguien, es preciso probar que es culpable. En cambio, con las normas TRIP, el acusado, un laboratorio nacional, por ejemplo, tiene que probar su inocencia.
Un juicio en estas condiciones podría durar unos cinco años, mientras tanto el laboratorio nacional no tendría posibilidad de oponerse a la patente, ni siquiera tendrían que advertirle que eventualmente estaría copiando el producto. Le iniciarían un juicio, lo incautarían, sacando inmediatamente el fármaco del mercado y, además, el laboratorio deberá probar su inocencia.
Estos cuatro puntos "pensamos que son muy perniciosos para la industria nacional. Estas normas jurídicas le dan una fuerza omnímoda a los titulares de patentes y permitirán rápidamente excluir del mercado productos que incluso hoy están compitiendo. Ese es el tema de fondo", explica el asesor de Asilfa.

CONTRICION DE ULTIMA HORA

Un nuevo factor entró a acrecentar la inquietud de las transnacionales farmacéuticas. El presidente Ricardo Lagos, siguiendo el ejemplo de Sudáfrica y Brasil, previno a los laboratorios internacionales que producen drogas contra el sida, que de no disminuir significativamente sus precios, el gobierno podría promover la producción de medicamentos genéricos.
La reacción de la Cámara de la Industria Farmacéutica, que representa a los laboratorios internacionales, fue categórica. Aunque reconoce el derecho del país a buscar soluciones para asegurar el acceso a los costosos tratamientos contra el sida, exigió respeto a la propiedad industrial y a los acuerdos internacionales.
Dejaron de manifiesto, además, que ya han efectuado un descuento de 70 por ciento en la triterapia. Sin embargo, dado el precio exageradamente elevado que alcanzan esas drogas, éstos siguen siendo inalcanzables para amplios sectores afectados por el terrible virus del sida.

FALTAN ACTORES EN EL PROYECTO

Patrocinado por el ejecutivo y con origen en el Ministerio de Economía, porque se considera un tema económico, al proyecto de ley de patentes farmacéuticas le hace falta la visión de representantes de la salud. Hasta ahora sólo lo ha analizado la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud ha pedido discutirlo.
Sin embargo, es indispensable también la participación especializada del Ministerio de Salud, un actor que no puede estar ausente. Jaime Palma destaca la necesidad de que tanto el Ministerio de Salud, como la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, estudien los términos de este proyecto de ley.
"Creo, además, que es importante agregar el componente social. De hecho en la reunión de Qatar de la OMC, efectuada en noviembre, se logró que Estados Unidos, ante el tema del ántrax, flexibilizara su posición y dijera que hay que considerar los impactos que las patentes pueden tener en la población. También el Papa envió un mensaje a la ONU que señaló lo mismo".
¿El proyecto restringirá el uso de los medicamentos genéricos?
"En alguna medida. Los medicamentos genéricos son los que se venden con el nombre de la droga. Un producto genérico puede ser vendido cuando no hay patente de invención. Si la hay, ese producto no lo pueden comercializar otros, sólo el dueño de la patente.
El caso del Sildenafil es emblemático: se trata del Viagra. Su patente fue rechazada en Europa, incluso aquí en Chile sería un producto viejo, no podría tener patente. Sin embargo hay una sobre su segundo uso que es la disfunción eréctil".
¿Cuál sería el futuro de los laboratorios chilenos con el proyecto de ley?
"En el país existen aproximadamente 40 laboratorios nacionales y cerca de 30 extranjeros. Hay laboratorios chilenos que podrían verse muy afectados. Lo que va a ocurrir probablemente es que habrá una reingeniería, en la cual a muchos laboratorios nacionales les va a convenir asociarse con los internacionales. Preferirían representar a estos laboratorios con productos patentados. En definitiva puede ser mejor negocio porque venderán productos más caros.
Ningún laboratorio internacional tiene plantas en el país. En 1991, cuando también presionaron para que se reconocieran las patentes de medicamentos, señalaron que aumentaba la inversión, pero a los tres o cuatro años desaparecieron todas sus plantas.
Tampoco los profesionales químico-farmacéuticos van a tener opción de trabajo, porque la industria va a terminar importando, no produciendo en el país"

SONIA CANO

Colonialismo farmacéutico

Para Jaime Palma los acuerdos comerciales deberían tener como objetivo beneficiar a la población. Desgraciadamente, señala, "el peso de las decisiones y el debate están frecuentemente influenciados por lo que gane o pierda políticamente el Ejecutivo, en la medida que una gestión de este tipo es percibida como 'éxito' o 'fracaso' de determinada administración".
Por otra parte el debate no suele centrarse en las industrias que serán directamente perjudicadas y con ellas los usuarios y consumidores, sino en la ganancia o pérdida que podrían experimentar sectores interesados en determinados acuerdos. Por eso considera importante que los negociadores tengan cuidado con los textos de los tratados, de lo contrario el país podría verse abocado a cumplir exigencias que conduzcan a mercados controlados por multinacionales, minimizando el mercado para los empresarios locales junto con la disminución de empleos.
En este ámbito se presenta el tema de la propiedad industrial y las patentes de invención de medicamentos, estrechamente relacionado con el alto precio que alcanzan algunos fármacos, hecho que en ocasiones ha llegado a generar situaciones dramáticas para pacientes que carecen de recursos.
No es descartable que lleguen a presentarse situaciones como las ocurridas en Sudáfrica y Brasil. Dada la gravedad del problema, los gobiernos se vieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto.
En Sudáfrica, explica Palma, "el costo del tratamiento de un enfermo de sida alcanzaba a 10 mil dólares anuales, ya que los medicamentos estaban protegidos por patentes de invención". Era imposible tratar a los más de 25 millones de infectados por el VIH. Ante tal situación el gobierno desconoció los derechos de patentes otorgados anteriormente. De esta manera, el costo de cada tratamiento bajó a 300 dólares.
Las autoridades brasileñas, también han desconocido el privilegio de patentes a laboratorios extranjeros que no rebajaron los precios de los medicamentos para enfermedades catastróficas. De este modo se abrió la posibilidad de alternativas más baratas para millones de pacientes.
Este es el resultado, según el ingeniero Palma, de "elevar el reconocimiento de las invenciones a alturas de dogma y no entender que los privilegios de patentes los conceden los países para premiar a quienes invierten e investigan, ...pero en ningún caso para brindar una herramienta o 'arma' para restringir o eliminar competencia que obstaculice terapias de acceso masivo".
Esta situación se enmarca en el ámbito de acuerdos que Chile pretende suscribir en el TLC con Estados Unidos y el Alca, que establecen disposiciones dirigidas a resguardar las patentes de las farmacéuticas internacionales, que se traducirán en aumentos de precios de los medicamentos patentados. "Ya se observa -afirma Palma- que los nuevos medicamentos patentados que se encuentran en el mercado chileno tienen precios por sobre los 50 dólares, en circunstancias que el precio promedio de los medicamentos se sitúa alrededor de los 3,5 dólares".
A medida que aparezcan nuevos medicamentos patentados esta situación se acentuará, mientras el acceso a medicamentos de bajo costo se verá restringido. "Usemos la tendencia a globalizar para acrecentar la riqueza y el bienestar en nuestro país, no para legitimar un nuevo tipo de colonialismo impuesto por países desarrollados y grandes consorcios internacionales" concluye Palma

Negocio redondo

Los chilenos gastaron 555 millones de dólares en medicamentos durante el 2000. Con esa suma adquirieron aproximadamente 165 millones de unidades de fármacos.
Actualmente el valor promedio de un medicamento asciende a 3,5 dólares por unidad, el más barato en América Latina. Se explica por el bajo precio de los medicamentos de los laboratorios nacionales que se aproxima a 2,4 dólares por unidad. En cambio el precio promedio de fármacos de origen europeo es de 6,1 dólar por unidad y los de origen norteamericano de US$ 8,7 por unidad.
Si aumenta la cantidad de medicamentos norteamericanos y europeos en el mercado nacional, también aumentará el precio promedio de los productos, acercándose al de los laboratorios extranjeros.
Se estima que en los próximos años se producirá un reemplazo aproximado al 10 por ciento de estos productos. La situación puede tornarse crítica, si se tiene en cuenta que todas las drogas nuevas comercializadas por los laboratorios norteamericanos, con protección de patentes, lanzadas los últimos años, superan los 30 dólares por unidad, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Marca (Droga)	Empresa	País	Precio (en $)	Precio (en US$)
SINGULAIR (Montelukast)	Merck	USA	38.400	59
CEOXX (Rofecoxib)	Merck	USA	21.600	33
CELEBRA (Celecoxib)	Pfizer.Searle	USA	21.150	33
ZYPREXA (Olanzapina)	Lilly	USA	103.970	160
EVISTA (Raloxifeno)	Lilly	USA	24.300	37
XENICAL	Roche	Suiza	27.300	42