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Compañía minera ahoga a un pueblo
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A Nicolás Véliz Marín le tocó la suerte -o el infortunio- de nacer en Chepiquilla, localidad ubicada a dos kilómetros de Andacollo, entre los cerros desnudos de la IV Región por donde han pasado innumerables generaciones de pirquineros. Hoy la mayoría está cesante. Nicolás es un hermoso niño de tres años, hijo de minero, de cabello castaño y melena lacia, con ojos rasgados y mirada pícara. Corretea, baila, juega, se ríe por cualquier cosa en el interior de su modesta casa o en el patio que parece no tener límites porque |
| COMPAÑIA Minera Carmen de Andacollo. El 63% pertenece a la transnacional canadiense Aur Ressources Inc. que está envenenando al poblado de Chepiquilla. |
lo que sobra en Chepiquilla son los espacios amplios, el silencio que se desliza
imperturbable por sus calles de tierra y la tranquilidad de sus habitantes.
Pero cuando el Nico se sienta a la mesa con su familia para almorzar, no quiere
comer. Ni por casualidad acepta abrir la boca. Vuelve a sus juegos, pero al
rato se acerca a su madre en busca de ayuda. Entonces vomita. "¡Otra
vez!", exclama Carolina Véliz, angustiada. Es común que los
niños de Chepiquilla tengan naúseas, mareos, vómitos, ronchas
en la piel y problemas bronquiales. Igual que otros pequeños, Nicolás
tenía un año cuando en el hospital de Andacollo le diagnosticaron
"peribronquitis e hiperinsuflación pulmonar bilateral leve".
Carolina, secretaria de la Junta de Vecinos Nº 12, explica que como otros
32 habitantes de Chepiquilla, de todas las edades, Nico está en "situación
de riesgo", según una categoría establecida por el Servicio
de Salud de la provincia del Elqui que nadie se ha molestado en explicarles
qué significa. Lo que tienen claro es que llevan cinco años tratando
que alguna autoridad haga valer su derecho -establecido en la Constitución-
a vivir en un ambiente libre de contaminación.
A poco más de cien metros de sus casas se levantan los cerros de mineral
chancado (pilas de lixiviación) de la Compañía Minera Carmen
de Andacollo, que son rociados con una solución que contiene ácido
sulfúrico para obtener cobre refinado. El viento se encarga de arrastrar
partículas y sulfatos que invaden incluso el interior de las viviendas.
Desde que se instaló la empresa con capitales mayoritariamente canadienses,
en 1995, con más o menos intensidad -según la dirección
del viento, la hora del día y el ritmo de las faenas- "las emanaciones
de ácido sulfúrico caen en forma de lluvia ácida, afectando
techumbres, huertos, agua de norias y principalmente la salud de las personas,
ya que el aire que se respira contiene estas sustancias que están produciendo
enfermedades, como asma, sinusitis, conjuntivitis y el temor que a largo plazo
se presenten algunos tipos de cáncer", denunciaba en 1998 la Junta
de Vecinos Nº12 de Chepiquilla. En lo esencial, nada ha cambiado. Hasta
hoy se desconocen los efectos acumulativos que puede tener en la salud la exposición,
año tras año, a este tipo de contaminación.
En 1997 hubo una primera emergencia. En dos ocasiones, a causa de intensas lluvias,
se produjeron filtraciones de ácido sulfúrico hacia la quebrada
en la que se ubica el pueblo y se contaminaron los pozos de donde la gente obtiene
el agua para beber y regar sus huertos. Un análisis del Departamento
de Sanidad del Hospital de Andacollo concluyó que el agua no estaba apta
para el consumo humano. El Servicio de Salud de Coquimbo le aplicó multas
a la empresa, pero nada de esto se comunicó a la comunidad. Las autoridades
municipales, provinciales y regionales adoptaron una actitud de indiferencia
que se ha mantenido hasta la actualidad.
En febrero de 1998, el SAG tomó muestras de hojas y frutos de los huertos,
evidentemente deteriorados. Ocho meses después se entregaron resultados
parciales: "se detectó gran existencia de sulfatos; no se puede
caracterizar ni cuantificar el resto de las sales por problemas de operación
del laboratorio de toxicología ambiental", señalaba el único
informe recibido hasta ahora en la junta vecinal. En 1999, la Conama inició
un monitoreo de un año de la calidad del aire, pero nunca se difundieron
los resultados. El 2001 la junta vecinal pidió conocer las conclusiones
de análisis de suelos efectuados por el SAG, que se anuncian recién
para marzo de este año. También en marzo el Servicio de Salud
tendría que entregar un diagnóstico después de un año
de monitoreo y de controles anuales a las personas en situación de riesgo.
Pero nadie confía en que digan la verdad.
Todo esto impulsó a los pobladores a hacer uso de una instancia creada
por el Acuerdo Ambiental con Canadá -parte del tratado de libre comercio
con ese país- en un nuevo intento por lograr que el Estado chileno cumpla
sus propias leyes. Sin embargo, este camino sólo ha servido para dejar
al descubierto la inoperancia de ese mecanismo, idéntico al que se aplicó
en el Nafta y al que sin dudas se incorporará al tratado de libre comercio
que el gobierno de la Concertación está empeñado en firmar
con Estados Unidos. La experiencia de los pobladores de Chepiquilla demuestra
que en el mundo globalizado no hay espacio para los más elementales derechos
del ser humano.
El pueblo es pequeño, pero cuenta con una amplia y confortable sede
social que da una idea del esfuerzo y organización de sus habitantes.
Reciben a PF un grupo de directivos de la Junta de Vecinos Nº 12: Mirtza
Aguilera, presidenta; Marcia Araya, vicepresidenta; Carolina Marín, secretaria;
Cecilia Marín, tesorera, y Jorge Malebrán, primer director. Durante
cinco años, distintas directivas han pedido incansablemente el traslado
de las pilas de lixiviación que en la actualidad tienen 6 metros de altura
y que, según el proyecto, se elevarán a 72 metros del suelo al
finalizar los trabajos. Ahora los pobladores se conforman con que la empresa
cubra con tierra las pilas más cercanas al pueblo y continúe apilando
el mineral en otro lugar. "No estamos en contra del trabajo de la minera,
lo que no queremos es la contaminación", aclaran los dirigentes.
Los ejecutivos de la empresa no responden sus cartas en las que piden una solución.
Las conversaciones que han sostenido esporádicamente con el gerente anterior
y el actual, Piorino Venturini, han sido infructuosas.No han faltado las maniobras
de la minera Carmen para dividir al pueblo. Ha ofrecido trabajo en la empresa
a las personas más activas, o a algún familiar, como una forma
de neutralizarlas. En la actualidad hay quince lugareños que laboran
allí, la mayoría como contratistas.
La gente está preocupada, porque en el último tiempo han muerto
sorpresivamente tres personas de infarto al corazón. Curiosamente, la
mayor parte de los 200 habitantes de esta localidad sufre de presión
alta, taquicardia y problemas respiratorios. Desde que la mina comenzó
a funcionar, un penetrante mal olor invade las casas cada noche, hasta la madrugada,
porque el uso de ácido sulfúrico se intensifica en la mina en
la jornada nocturna. Despiertan con picor en los ojos, dolor de cabeza, náuseas.
Y durante el día deben soportar las detonaciones que sacuden el pueblo.
Al menos, aprendieron a no sobresaltarse cada vez que se estremece la tierra.
Basta estar unas horas en el pueblo, conversar con dirigentes y vecinos, visitar
sus casas y huertos, sentir las detonaciones que hacen tintinear los vidrios
de las ventanas para entender su impotencia.
La vivienda de adobe de Nibaldo López Rivera, de 55 años, es la
más cercana a las intalaciones mineras, está sólo a 50
metros. Los ojos de don Nibaldo se ven acuosos e irritados. Tiene conjutivitis
crónica, sufre dolores de cabeza y al corazón. En las mañanas
despierta con ahogos y tos. Nos muestra las piezas de su modesta casa. Un polvo
blanco (supuestamente sulfato de cobre), que cubre todos los techos de Chepiquilla
y que termina oxidando los metales, ha penetrado también en el interior
y se acumula en cualquier rendija, endureciéndose como una costra. Una
radiografía de tórax que le hicieron al dueño de casa en
febrero del 2000 reveló "hallazgos compatibles con enfisema pulmonar".
Don Nibaldo vive solo, está cesante y todo lo que posee es ese terreno
familiar donde han transcurrido 40 años de su existencia. Su huerto,
importante fuente de sustento, ya no da frutos. Pero él no quiere ni
podría irse a otra parte, como ocurre con cada uno de los habitantes
de la localidad. Allí está la historia familiar, muchos ni siquiera
conocen Santiago ni las grandes ciudades y, a pesar de la contaminación,
aprecian la tranquilidad. "Aquí no hay robos ni drogas, las señoras
lavan la ropa y la dejan tendida en la noche, y no pasa nada", dice Jorge
Malebrán.
En el huerto de Mirtza Aguilera, los damascos, ciruelos, perales y parras muestran
frutos atrofiados, partidos y manchados. Los duraznos se han secado en casi
todas las casas. "Antes tenía abundancia de damascos. Después
hubo como tres años en que no dieron frutos. Ahora hay, pero no se pueden
comer, a uno le dan dolores de estómago", comenta con pesar la presidenta
de la junta de vecinos.
Muchos ex mineros y sus familias sobreviven con una jubilación de 70
mil pesos, con lo que saben no podrían subsistir en otro lugar. Es el
caso de Germán Jofré Castillo, de 66 años, y su esposa
Raquel Núñez, de 59, ambos con enfermedades crónicas. El
padece silicosis y los problemas para respirar lo obligan a utilizar bombas
inhalatorias. Según la receta médica, debería usarlas cuatro
veces al día. Sin embargo, para ahorrar, don Germán reduce su
uso a la mitad. Sus medicamentos cuestan 39 mil pesos al mes, más de
la mitad de su jubilación. "Tengo una bolsa llena de envases de
inhaladores, no sé por qué los guardo, a lo mejor se les voy a
ir a tirar a la minera -dice-. Una autoridad de La Serena me dijo que pidiera
una indemnización, pero yo no tengo palabras para hacerlo y solo no lo
voy a lograr".
Roberto Vicentello, minero jubilado de 72 años y forjador de la junta
vecinal, sufre de silicosis, hipertensión y dolencias al corazón.
Su esposa, Inés Guerrero, tiene alergia respiratoria, molestias a la
garganta y al estómago, además de romadizo crónico. Don
Roberto cuenta que hace un tiempo lo visitaron tres representantes de la empresa:
"Me ofrecieron cambiarme el techo de la casa, ponerme agua y reemplazar
la tierra de un trecho del huerto, que ahora no produce nada, a cambio de que
me quedara callado. Les pregunté: '¿A mí y a cuántos
más? ¿Les van a arreglar a todos la situación?'. 'No, por
mientras a usted no más', me dijeron. 'Si nos arreglan a todos, de acuerdo,
pero yo no me voy a vender. He vivido siempre así, y voy a seguir así'".
Este experimentado dirigente reflexiona: "Los chilenos pobres luchamos
por tener patria, por mejorar nuestro pedazo de tierra, pero llegan otros y
lo destruyen sin que las autoridades les pongan atajo". Carolina Marín
refuerza la idea: "Más que darnos una respuesta concreta y defender
a la gente pobre, lo que importa a las autoridades son los intereses económicos".
En otros planos, el pueblo muestra avances. Un programa de Chile Barrio, Conama
y el Observatorio de Conflictos Ambientales (Olca) permitió que 25 hogares
dispongan de hornos solares -construidos por las mujeres-, donde cocinan a diario
y ahorran gas. Además, está en pleno desarrollo un plan de Chile
Barrio para construcción de viviendas progresivas y mejoramiento de las
actuales. Sin embargo, quedan marginados de ese beneficio quienes no cuentan
con títulos de dominio. A pesar que hace unos meses se entregaron 36
títulos de dominio, quedaron pendientes otros 16 -a pesar de estar listos
para la firma-, lo que perjudicó a varios dirigentes. "El Seremi
de Vivienda nos dijo que no quería quedar con el peso en su conciencia
de dar títulos de dominio en un lugar donde la gente se está enfermando
a causa de la contaminación. Dijo que por qué no nos íbamos.
¿Y por qué nos vamos a ir? Nosotros estábamos aquí
desde antes, y la empresa llegó a contaminar. Para nosotros, es una trampa,
una forma de presionarnos. Por eso mucha gente tiene temor de defender sus derechos",
acusa Marcia Araya ![]()
PATRICIA BRAVO
En Chepiquilla, IV Región
Empresa canadiense es la culpableLa propiedad de Minera Carmen de Andacollo está
en manos de la transnacional Aur Ressources Inc., con base en Ontario,
Canadá, que posee 63% de las acciones. El 27% restante pertenece
a la Compañía Minera del Pacífico S.A. La empresa
comenzó a funcionar en Chepiquilla en 1995 con una inversión
directa de 83 millones de dólares. Extrae aproximadamente 30 mil
toneladas diarias de mineral, a tajo abierto, y procesa hasta 10 mil toneladas
de cobre al día. OFERTA ENGAÑOSALa comunidad de Chepiquilla, con asesoría
del Olca, decidió probar otra vía. "El Tratado de Libre
Comercio con Canadá crea el Acuerdo de Cooperación Ambiental,
que consta de un sistema de peticiones ciudadanas. Decidimos emprender
este camino, ya que Mina Carmen es una transnacional con sede en Canadá.
Y esto nos ha permitido comprobar que ese instrumento que se incorpora
en los tratados de libre comercio no se traduce en ninguna medida adicional
de protección ambiental", señala Lucio Cuenca. Estos
mecanismos, por lo demás, se presentan como muy accesibles a la
ciudadanía, pero no lo son. Presentar el problema ante el Acuerdo
de Cooperación Ambiental con Canadá significó un
trabajo de tres meses de recopilación de información, discusión
de los fundamentos de la petición, redacción y traducción
al inglés para cumplir con los requisitos. Finalmente, la petición
se presentó en marzo del 2001. Eran 17 páginas, más
un anexo con documentos que llenaban tres archivadores. Luego de tres
meses se les comunicó que la petición ciudadana había
sido admitida. En segunda instancia, pasó a un comité conjunto
revisor de peticiones, encargado de examinar los fundamentos de la denuncia
y, si le parecen convincentes, pide una respuesta al denunciado. "Es
lo que sucedió con el caso de Chepiquilla -explica Cuenca-. En
diciembre del año pasado el comité emplazó al Estado
de Chile para que conteste la denuncia, y éste lo hizo, pero en
términos muy genéricos. No desconoce los vicios legales
denunciados en el otorgamiento del permiso ambiental a la Mina Carmen,
sino que más bien alega que los denunciantes no hicieron uso en
Chile de todos los mecanismos disponibles para normalizar la situación
-como presentar un recurso de protección o iniciar un juicio, ambos
engorrosos y de alto costo-. Por lo tanto, el Estado chileno argumenta
que no corresponde llevar al caso a este sistema bilateral". De acuerdo
al procedimiento, los denunciantes no pueden replicar.
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