|
Sostienen familiares de detenidos desaparecidos
 |
Por primera vez en Chile y América Latina, una mujer ejerce el cargo de ministra de Defensa. Más aún, una mujer socialista, médico pediatra, especializada en Defensa e hija del general Alberto Bachelet, quien murió en la Cárcel Pública a consecuencia de las torturas que recibió de sus compañeros de armas en la Academia de Guerra de la Fach. Michelle Bachelet sufrió también en carne propia la detención y la tortura, junto a su madre Angela Jeria, y, como muchos otros, vivió en el exilio.Pero una cosa es apreciar los méritos de la nueva ministra y aplaudir su designación, y otra muy distinta es convertirla en símbolo de la reconciliación entre los que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y quienes actuaron como sus verdugos. |
| VIVIANA Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. |
Sin embargo, para el ministro del Interior, José Miguel Insulza, su
nombramiento fue un "gesto de reconciliación". Muy parecida
fue la declaración que hizo desde Roma el alcalde de Santiago, Joaquín
Lavín, mientras asistía a un congreso del Opus Dei.
El afán por exhibir un Chile "reconciliado" hizo olvidar que
además de los desafíos que deberá enfrentar la ministra
Bachelet sobre la decisión de comprar los aviones de combate F-16 para
la Fach y las fragatas del plan Tridente para la Armada, eventuales modificaciones
a la Ley del Cobre y la homologación de gastos militares con los países
vecinos, está el reto de enfrentar la des-información entregada
por las Fuerzas Armadas respecto de los detenidos desaparecidos.
El 5 de enero se cumplió un año del informe emanado de la mesa
de diálogo (agosto 1999-mayo 2000), convocada por el anterior ministro
de Defensa, Mario Fernádez. El informe contiene los datos aportados por
las FF.AA. sobre el paradero de 138 -originalmente serían 200- de las
1.197 personas detenidas y hechas desaparecer durante la dictadura militar.
La Corte Suprema designó nueve jueces con dedicación exclusiva
y 51 con atención preferencial para investigar lo ocurrido con algunas
de esas personas sobre la base de la información entregada. Pero en un
año de búsqueda, el balance de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (AFDD) es negativo. Los cuerpos no estaban donde
se dijo que estarían. "No se encontró ningún detenido
desaparecido a partir de la información entregada por las Fuerzas Armadas.
Los únicos restos que pudimos sepultar fueron los de Juan Rivera Matus,
quien figuraba como lanzado al mar frente a San Antonio", dice Viviana
Díaz, presidenta de la AFDD. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado en
el Fuerte Arteaga. "Quedó demostrado que Juan Rivera Matus murió
por las torturas. Era padre de siete hijos, cinco de los cuales tuvieron que
irse del país y vivían en Francia. Al enterarse del informe, hicieron
un enorme esfuerzo económico para venir a Chile a celebrar un funeral
simbólico en San Antonio. Cuando volvieron a Francia y comenzaban a asumir
el duelo, aparecieron los restos de su padre en un recinto militar. Varios de
los hijos están hoy con depresión profunda, por lo terrible que
ha sido todo esto", agrega con pena la dirigenta.
Se ha dicho que el nombramiento de la ministra Michelle Bachelet es una muestra
de reconciliación entre el mundo civil y militar.
"Es muy significativa su designación por la importancia del Ministerio
de Defensa, y porque es la primera mujer en ese cargo, donde tendrá que
trabajar con un 80% de hombres. Además, es una mujer muy inteligente,
tiene las condiciones para desenvolverse bien, es socialista e hija del general
Alberto Bachelet. Pero mientras no se sepa la verdad de lo sucedido con cada
uno de los detenidos desaparecidos y se haga justicia, será muy difícil
hablar de que Chile se ha reconciliado. A propósito de esta designación
hemos escuchado opiniones como las del comandante en jefe de la Fuerza Aérea,
general Patricio Ríos, quien insistió en que el dolor de la ministra
por haber perdido a su padre es producto de 'un error'; y que es mejor no recordarlo
más para no hacerla sufrir. Pero no fue un error: en Chile se aplicó
un método de exterminio a todos quienes pensaban distinto, sin derecho
a defensa ni a juicio justo. Decir que fue un error es pretender soslayar una
responsabilidad que todos sabemos que tienen".
En ese sentido, ¿la postura de la Agrupación es invariable?
"No porque este año se cumplirán 29 años del golpe
militar vamos a olvidar los crímenes que se cometieron. Los responsables
tienen nombre y apellido, todos sabemos dónde están, incluso algunos
siguen en servicio activo, como Kranz Bauer, contra quien se dictó orden
de detención junto a otros nueve ex miembros de la CNI en el caso de
los últimos cinco detenidos desparecidos bajo la dictadura, en septiembre
de 1987. Hay que depurar las Fuerzas Armadas. Los violadores de los derechos
humanos no pueden seguir en servicio activo. Ese es un tremendo desafío
que también va a tener que enfrentar la ministra Bachelet".
Viviana Díaz se refiere a la investigación realizada por el titular
del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago Mario Carroza, quien investigó
la detención y desaparición en 1987 de seis militantes comunistas
vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quienes
no fueron incluidos en el informe de las FF.AA. El juez sólo pudo establecer
el delito de secuestro de dos de ellos: José Peña Maltés
y Alejandro Pinochet Arenas. El grupo estuvo detenido en el Cuartel Borgoño
de la CNI y, según el proceso, fueron llevados a San Antonio y lanzados
al mar. Algunos estaban muertos, otros moribundos. El juez Carroza ordenó
la aprehensión del ex director de la CNI, general (r) Hugo Salas Wenzel;
ex mayor Alvaro Corbalán Castilla (actualmente en prisión); ex
capitán Luis Alberto Sanhueza; los suboficiales Víctor Ruiz Godoy,
Luis Santibáñez Aguilera, César Acuña Luengo, René
Valdovinos Morales, dos civiles, y un militar en servicio activo, el teniente
coronel Kranz Bauer Donoso, también vinculado con la Caravana de la Muerte.
Como señaló el abogado querellante Nelson Caucoto, es el mismo
grupo que participó en la Operación Albania y en el asesinato
de José Carrasco, Ignacio Vidaurrázaga, Abraham Muskatblit y Hernán
Rivera en septiembre de 1986. Por esa razón, el magistrado Mario Carroza
se declaró incompetente y remitió los antecedentes al ministro
que investiga la Operación Albania, Hugo Dolmestch.
Además de Kranz Bauer, en los últimos años se han dictado
órdenes de detención contra otros militares en servicio activo:
comandante de ejército Erick Silva (Operación Albania), capitán
de la Fach Hernán Miqueles y general de ejército Hernán
Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar (asesinato de Tucapel
Jiménez).
Viviana, ¿cómo evalúa la AFDD el resultado de la mesa de
diálogo?
"Las Fuerzas Armadas dijeron que iban a entregar información de
lo ocurrido con 200 víctimas, pero 138 son detenidos desaparecidos, 42
son ejecutados políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados a los
familiares y 20 aparecen como 'NN'. De los 138 detenidos desaparecidos, 113
figuran como lanzados al mar, ríos y lagos de Chile. Aunque lo pedimos,
no se designó ningún ministro en visita para investigar. En junio
del 2001, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud del ministro
de Justicia para que se designaran jueces con atención exclusiva y preferente
para las otras causas en las que supuestamente había antecedentes para
encontrar los cuerpos. Previamente, debido a la conmoción que provocó
el informe, la Corte Suprema había designado dos ministros en visita
para investigar los casos de Cuesta Barriga y Colina, donde los militares entregaron
las coordenadas que permitirían hallar los restos".
¿Ustedes nunca estuvieron de acuerdo con la mesa de diálogo?
"No, porque considerábamos que el único camino para investigar
y llegar a la verdad era a través de los tribunales, a pesar de la terrible
experiencia que tuvimos con el poder judicial cuando pudieron salvar la vida
de nuestros familiares, y no lo hicieron. Aún así, pensamos que
los tribunales son los encargados de investigar, determinar responsabilidades,
sancionar y castigar a quienes cometieron crímenes contra la humanidad,
delitos que no prescriben ni pueden ser amnistiados. Si ya hubo una condena
mundial contra Pinochet y en Chile se comprometieron a investigar, hay que hacerlo.
Todos los casos, y no sólo unos pocos".
En Cuesta Barriga se encontraron dos detenidos desaparecidos.
"Según informó la Marina, en Cuesta Barriga había
enterradas seis personas con nombre y apellido. El ministro en visita, Héctor
Carreño, se instaló en la mina con la infraestructura más
moderna, y sólo encontró algunos dientes y pequeños restos
óseos. Se identificó a Horacio Cepeda y a Fernando Ortiz, pero
por el hecho que los familiares recibieron dos dientes de uno y un huesito de
la mano de otro no significa que les entregaran sus cuerpos. Es difícil
expresar lo que eso significa. La esposa de uno de los seis nombres dados por
la Marina, Fernando Navarro Allendes, residía en Suecia. Edith Díaz
hizo un gran sacrificio y vino con la esperanza de encontrar a su esposo. Le
preguntamos cuánto tiempo se iba a quedar en Chile y nos respondió
'hasta que sepulte a Fernando'. Pero nosotros terminamos sepultándola
a ella, porque murió el 1 de agosto después de caer en una depresión
que le produjo una rara enfermedad que terminó con las defensas de su
sistema inmunológico. Se fue destruyendo por dentro. Hemos perdido a
muchas compañeras, pero esta muerte nos golpeó muchísimo,
fue impactante".
Ustedes denunciaron que los militares que participaron en la mesa de diálogo
sabían que los restos de los detenidos desaparecidos habían sido
removidos.
"Cuesta Barriga es la mejor demostración de que efectivamente los
removieron y los hicieron desaparecer por segunda vez. A partir del informe,
la Corte Suprema instruyó al juez Juan Guzmán para que viajara
a Iquique e investigara el pique Mina Mapocho donde se dijo que estaban los
detenidos desaparecidos Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza.
Pero con todo lo que excavó el ministro Guzmán, no apareció
ninguno. Por eso calificamos el informe como una farsa institucionalizada en
la que no sólo han participado quienes violaron los derechos humanos
durante 17 años, sino también las iglesias, representantes de
la sociedad civil elegidos por el ministro Mario Fernández, y abogados
de derechos humanos que lamentablemente legitimaron con su presencia esa instancia
que nunca debió existir. El tiempo nos ha dado la razón".
¿Qué debería hacer el Ministerio de Defensa, como autor
de esa iniciativa?
"Aparte de las tareas propias de su Ministerio, la ministra Bachelet tiene
el enorme desafío de lograr que quienes tienen información la
pongan a disposición de los tribunales y terminen con las mentiras. Lo
peor que puede pasarnos como país es que triunfe la impunidad. Y desgraciadamente,
eso se está dando a todo nivel, comenzando por la impunidad política
y moral. Nosotros hemos aportado toda la información reunida en estos
años. Pero nada ayuda la otra parte. Lo más cómodo es decir
que hubo un error y seguir adelante. Por eso no vamos a cejar nunca en el legítimo
derecho a la búsqueda que tenemos los familiares de detenidos desaparecidos,
porque para nosotros no hay casos emblemáticos, ni de primera, segunda
o tercera categoría".
La Corte Suprema acogió una impugnación del sobreseimiento de
Pinochet presentada por el abogado Alfonso Insunza.
"Claro, porque lo sobreseyeron aplicando una legislación contenida
en la reforma del Código de Procedimiento Penal que no está vigente
en la Región Metropolitana. Por lo tanto, es inconstitucional, no se
puede aplicar. Si existe la voluntad de enmendar lo que no se hizo en el pasado
para juzgar a Pinochet en Chile, hoy están dadas las posibilidades".
Para el gobierno, el informe fue un reconocimiento histórico de parte
de las Fuerzas Armadas de que realmente cometieron esos crímenes. ¿Hay
algo de cierto?
"No, porque el informe no fue firmado por ningún comandante en jefe
y no tiene el sello de ninguna institución de las Fuerzas Armadas. Es
una carta firmada y entregada al presidente de la República por el obispo
castrense Pablo Lizana. En ese sentido, no son las Fuerzas Armadas las que se
hacen responsables. La mentira quedó más que demostrada".
Hasta ahora las instituciones y los militares implicados han sido absolutamente
reacios a admitir sus responsabilidades. ¿Qué podría hacer
la ministra Bachelet al respecto?
"Hay que partir por la cabeza, por quienes impartieron las órdenes
de detener, torturar o matar, y no por quienes las cumplieron. Nadie cree que
no exista información o que los archivos se eliminaron. Ellos tienen
servicios de inteligencia, y así como conocían la vida de cada
uno de nosotros cuando buscaban a nuestros familiares, la siguen conociendo
hoy. Lo que pasa es que no quieren llegar a la cárcel ni que sus familias
sepan que hicieron cosas tan terribles como torturar mujeres embarazadas o niños
de corta edad".
¿Qué sintió cuando vio a los altos mandos de las FF.AA.
saludando a la ministra?
"¡Imagínese! Por parte del ejército llegó en
reemplazo del general Izurieta el jefe del estado mayor del ejército,
general Roberto Arancibia Clavel, hermano de quien cumple condena en Argentina
por el asesinato del ex comandante del ejército, general Carlos Prats.
Desde luego, uno valora que una mujer llegue a un ministerio importante y que
las Fuerzas Armadas se cuadren ante ella. Pero son las responsables de habernos
reprimido durante 17 años. Y cuesta mucho recuperar la confianza, porque
una no olvida que el general Pinochet le juró lealtad al presidente Salvador
Allende hasta el último día previo al golpe de Estado" 
PATRICIA BRAVO
INVESTIGACIONES A CIEGAS
¿CAMINO A LA VERDAD? |