COLOMBIA
La última apuesta armada
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Todo lo que está ocurriendo en Colombia: las elecciones que el próximo 26 de mayo llevarán a la presidencia muy probablemente al ultraderechista Alvaro Uribe Vélez, sindicado de vínculos con el narcotráfico y los paramilitares; las fracasadas negociaciones de paz entre el gobierno del conservador Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc); el estadounidense Plan Colombia destinado a fortalecer la contrainsurgencia so pretexto de combatir el narcotráfico; las conversaciones del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); |
el asesinato del arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte
Cancino, baleado por sicarios pagados por el cartel del norte del Valle
y algunos políticos corruptos; el secuestro por las Farc de doce
diputados de la Asamblea Legislativa del departamento del Valle del Cauca;
los tres mil asesinatos políticos anuales; las masacres colectivas;
los muertos en combate; los secuestrados; los desplazamientos forzados
de la población rural; las ejecuciones extrajudiciales de gamines
(niños de la calle), vagabundos, cartoneros, y en general "desechables",
la reacción de la clase media cansada de tanta violencia que quiere
la paz a cualquier precio, la tremenda brecha entre los ricos y pobres,
y un largo etcétera, todo ello no es ajeno al particular tipo de
formación social que el modo de producción capitalista ha
incubado en ese país. Ni tampoco al proceso histórico pos-guerra
fría, ni a la invasión israelí de los territorios
palestinos, ni al conflicto mapuche, ni a la imposición en las
últimas décadas del neoliberalismo en el mundo, ni al capitalismo
global que hoy busca entronizarse en el planeta satanizando como "terrorista"
a toda disidencia. Tampoco ajeno al frustrado golpe de Estado contra Hugo
Chávez en Venezuela.
El fenómeno colombiano es una de las diversas expresiones nacionales
que en el comienzo del siglo XXI adquiere la contradicción fundamental
entre los dueños de los medios de producción a nivel planetario
(llámese "burguesía mundial", "imperialismo"
o como se quiera), y la gigantesca masa de explotados, que contribuye
con su fuerza de trabajo y su capacidad de consumo, a que cada dos segundos
las doscientas personas más ricas del planeta aumenten sus ingresos
a razón de mil dólares cada dos segundos mientras en los
mismos dos segundos un niño muere de hambre o de enfermedades que
se pudieron evitar.
El 20 por ciento más rico del planeta participa del 86 por ciento
del PIB mundial. El 60 por ciento mediano (la clase media planetaria),
del 13 por ciento del PIB mundial. Y el 20 por ciento más pobre,
participa del uno por ciento. Los países de la Ocde con el 19 por
ciento de la población mundial, tienen el 71 por ciento del comercio
mundial. Las 200 personas más ricas del mundo, duplicaron sus activos
entre 1994 y 1998. Los activos de los tres principales multimillonarios
son superiores al producto nacional bruto (PNB) de los países más
pobres y sus 600 millones de habitantes. La desigualdad y la concentración
de la riqueza en el mundo ha estado aumentando en forma permanente y creciente
desde el siglo XIX.
El sistema ideológico, jurídico-político y económico
mundial es una "máquina" de extracción de plusvalía
para los más ricos, de sometimiento y esclavitud cultural de los
sectores medios, y de explotación y asesinato brutal de los asalariados
más pobres. Y no se sustenta esta conclusión en cifras sacadas
de algún "obsoleto" tratado marxista, sino de estudios
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Lo que ocurre en Colombia o Venezuela, en Chile o cualquier otro país,
principalmente en los subdesarrollados debe obligatoriamente ser observado
y analizado en esa perspectiva, en ese contexto, porque en caso contrario
no entenderemos nada o sacaremos conclusiones equivocadas. Como que Colombia
es violenta por razones genéticas, tropicales o de otra naturaleza
ajena a la economía mundial.
LA LUCHA DE CLASES COLOMBIANA
En Colombia hay una clase dominante compleja y con violentas y feroces
contradicciones internas, generadas por la competencia entre los propietarios
de los medios de producción y del comercio, los dueños de
la tierra, y una llamada burguesía emergente (desde mediados de
la década de los años 70) que son los carteles del narcotráfico.
A ello se suman los capitalistas extranjeros, primero empresarios luego
trusts y ahora transnacionales, que se dejaron caer en el país
en busca de productos como el banano, caucho, café, esmeraldas
y petróleo. Ultimamente, la industria de las armas, y las redes
y mafias mundiales de la cocaína y en menor proporción de
otras drogas como la heroína y el opio.
Las disputas han pasado de la política a la guerra y viceversa,
desde el siglo XIX, siendo especialmente violentas en los últimos
50 años, cuando desde 1949 se inicia la guerra de guerrillas entre
el Partido Conservador y el Partido Liberal (que dejó 300 mil muertos),
guerra civil que se apacigua en los años 60. En esa guerra entre
los distintos sectores de la clase dominante, el pueblo, principalmente
los campesinos, fueron soldados y carne de cañón de uno
u otro bando.
Pero en los 60, con el triunfo de la revolución cubana, la revolución
china, las guerras de liberación del colonialismo en Asia y Africa,
y, en general, el auge de la Izquierda en el mundo, en el contexto de
la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
se genera en América Latina, y en Colombia, la conciencia de que
ante la imposibilidad de alcanzar el poder por la vía democrática
(tesis que poco más tarde se confirma en Chile con el golpe apoyado
por Estados Unidos y el derrocamiento de Allende), sería posible
conquistar el poder por la vía armada, subordinando a ella las
demás formas de lucha. Así, anidados en los restos de las
guerrillas liberales, los comunistas colombianos fundan las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), que
al amparo de la geografía montañosa y selvática,
logran un sostenido desarrollo hasta poner hoy en jaque al gobierno y
al ejército.
Al mismo tiempo, inspiradas en el foquismo guevarista y en la Teología
de la Liberación, aunque en las últimas décadas asumen
la estrategia de la guerra popular prolongada, surge la Unión Camilista
Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN). A ellas se suman
el Movimiento 19 de Abril (M-19) de ideología nacionalista bolivariana,
el Ejército Popular de Liberación (EPL), maoísta,
el indigenista Quintín Lame y el trotskista Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT).
A fines de los ochenta y principios de los 90, en procesos de desmovilización
negociados con los gobiernos liberales de Virgilio Barco (1986-1990) y
César Gaviria (1990-1994), entregan las armas y se extinguen el
M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Permanecen las Farc-EP
y la UC-ELN. En la actualidad, ambas organizaciones se empinan en total
por sobre los 25 mil hombres en armas, controlan extensas zonas rurales,
y tienen presencia en el 90 por ciento del millar de municipios del país.
Desde los 80 a la fecha, la imposibilidad del Estado y sus fuerzas militares
de derrotar a ambas organizaciones guerrilleras, abrió paso a que
con apoyo del Pentágono, del ejército, de los propietarios
de los medios de producción, del comercio y de la tierra, y un
aporte fundamental de los narcotraficantes, se creara un ejército
ultraderechista paralelo: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares
que totalizan unos diez mil hombres, y que se han extendido también
por extensas zonas del territorio, principalmente del norte y centro,
utilizando el terror contra la población civil rural, el asesinato
colectivo de poblaciones campesinas y el asesinato selectivo de sindicalistas,
estudiantes, profesionales, políticos, y de toda persona que por
sus ideas y acciones consideren "periferia de la guerrilla".
Es la misma guerra sucia que se aplicó en Argel, Vietnam, Centroamérica,
Brasil y por dictaduras militares del Cono Sur.
Según organismos de derechos humanos y de Naciones Unidas, en la
última década la guerra sucia ha causado en Colombia más
de 30 mil muertos, atribuyéndose la autoría del 75 por ciento
de los asesinatos al paramilitarismo y el 25 por ciento a la guerrilla
(la que elimina a hacendados, ganaderos o políticos que considera
financistas u organizadores del paramilitarismo).
Entre fines de los 80 y comienzos de los 90 fue exterminada la Unión
Patriótica (UP), con el asesinato de alrededor de cuatro mil de
sus dirigentes y militantes. La UP se había formado como un frente
amplio de Izquierda con militantes del Partido Comunista y guerrilleros
desmovilizados de las Farc, producto de un proceso de paz realizado en
el gobierno del conservador Belisario Betancur (1982-1986). La CUT y la
CGTD -máximas organizaciones sindicales- han denunciado el genocidio
contra los sindicalistas colombianos. El año pasado fueron asesinados
172 de sus dirigentes y activistas y en lo corrido del 2002 ya van 36
víctimas, además de los amenazados y refugiados fuera del
país.
Una particularidad de las Farc-EP y de la UC-ELN es que lograron, en la
década siguiente a la caída de la URSS y de los socialismos
históricos de la Europa del Este, sin su apoyo financiero, desarrollarse
y poner en jaque al Estado con una situación de virtual empate
militar. Esto ha sido posible por la política de "impuesto
de guerra" que aplican a las grandes transnacionales, principalmente
petroleras, y a los hacendados, ganaderos, productores de café,
y propietarios de industrias y comercio. Quienes se niegan a pagar este
impuesto son retenidos (secuestrados en el lenguaje oficial) y en algunos
casos ejecutados. En los últimos años, la guerra se ha desplazado
desde el campo a las autopistas y principales carreteras, donde se instalan
retenes guerrilleros a identificar a personas con rentas que se consideran
meritorias para el cobro de impuestos. Los paramilitares usan el mismo
método, una forma de financiamiento de las organizaciones armadas
que se ha usado históricamente en Colombia, al menos desde la guerra
entre conservadores y liberales.
En este contexto, se ha generado en el país una especie de cultura
de la violencia y muchas rencillas al interior de la clase dominante,
o entre narcotraficantes, y hasta entre gente común y corriente,
se resuelven por la contratación de sicarios y la eliminación
física del adversario. De allí que la cifra anual de muertos
en Colombia, por violencia común, supere los veinte mil.
En el trasfondo económico, se puede observar cómo la explotación
económica se ha acrecentado, lo que se manifiesta entre otras cosas
con la reducción de las remuneraciones. Según la Federación
Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase) "hace quince años
el salario de los empleados estatales representaba el 27 por ciento del
presupuesto y hoy está en el 13,5 por ciento aproximadamente. Entre
tanto, el gasto militar y pago de servicio de la deuda, casi se triplica".
Entre julio del 2002 y noviembre del 2003 serán incorporados al
ejército diez mil soldados profesionales más y se aumentará
de 18 a 22 meses el tiempo del servicio militar. Todas estas medidas,
incluyendo un eventual llamado a las reservas, aumentarán aún
más el gasto militar que alcanza al 21.26% del presupuesto y al
7,83% del PIB. Mientras, según el Departamento Nacional de Planeación
24 millones de colombianos están por debajo de la línea
de pobreza: el 59.8% de la población. Otros estudios suben la cifra
a 34 millones, lo que equivale al 85% de los algo más de 40 millones
de habitantes de Colombia.
¿QUE ESTA EN JUEGO
EN COLOMBIA?
Por razones geográficas y culturales; por factores geoestratégicos
(desde la perspectiva estadounidense), y por lo dicho respecto del contexto
mundial y de su historia particular, Colombia es uno de los pocos puntos
del planeta en que está en juego de un modo peculiar el derrocamiento
por la violencia del orden social existente, para abrir la esperanza de
la construcción de un nuevo tipo de socialismo, "a la colombiana"
dicen ellos. Si la guerrilla y las fuerzas populares lograran imponerse
por la vía armada -lo que a pesar de la capacidad demostrada no
parece posible en el corto plazo-, sería rápido blanco de
Bush y sus "fuerzas del Bien" que ya han preparado el terreno,
no sólo con el Plan Colombia, sino con la calificación de
"terroristas" que les propinó el Departamento de Estado
al fracasar las negociaciones de paz el pasado 20 de febrero. Conscientes
de ello, las Farc-EP están dispuestas a negociar con quien asuma
la presidencia el próximo 7 de agosto (ya lo han declarado y reiterado)
y la UC-ELN lo está haciendo con el saliente presidente Pastrana.
De entre los candidatos presidenciales (Noemí Sanín y Horacio
Serpa, liberales, el general retirado Harold Bedoya, conservador, Ingrid
Betancourt, independiente, Luis Eduardo Garzón, del izquierdista
Frente Social y Político, y Alvaro Uribe Vélez, liberal
ultraderechista), este último lleva las de ganar según las
encuestas. Uribe se empina por sobre el 46 por ciento, casi a treinta
puntos de Serpa, quien le sigue. Lo significativo es que a pesar de su
carácter militarista, Uribe también está dispuesto
a negociar con las Farc: "Yo no descarto la negociación. Pero
la guerrilla tiene que aceptar un cese al fuego y debe comprometerse a
no realizar más actos terroristas" (a "Newsweek").
Garzón, entretanto, llamado popularmente "Lucho", postula
trabajar por una reforma política y social de contenido democrático,
y una salida negociada a la guerra, pero en las encuestas ronda el uno
por ciento, levemente por debajo de la secuestrada Ingrid Betancourt.
El Frente de "Lucho" es integrado por el Partido Comunista,
intelectuales de Izquierda de reconocido prestigio internacional como
el sociólogo Orlando Fals Borda, sindicalistas y, en general, por
las fuerzas progresistas.
¿Qué está en juego? En Colombia se juega una de las
últimas posibilidades reales de iniciar un proceso de cambio popular
que no dependa de la buena voluntad del empresariado, sus medios de comunicación
y sus fuerzas armadas, como quedó en evidencia con el abortado
golpe contra Hugo Chávez
JUAN JORGE FAUNDES
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