Presos políticos no aceptan ser moneda de cambio

La huelga de hambre de 17 presos políticos, militantes del Mapu Lautaro, Kolectivo Kamina Libre e independientes, encendió la discusión respecto de la prisión política en Chile. El debate arrastró a la Iglesia Católica, a la UDI y al gobierno, supuestamente para buscar salida a un tema obvio de injusticia.

En ese contexto, llamó la atención que la UDI apareciera con la propuesta más "humanitaria" y de salida rápida al problema, pidiendo que se aceleren los procesos y se dicten sentencias. El senador Hernán Larraín dijo a PF que junto con su colega Carlos Bombal (RN) vienen trabajando hace dos años en esto. Aseguró que su postura "es un gesto de paz y unidad en el plano personal y humanitario". Se apresuró a precisar que "no queremos vincular esto con los juicios a los militares".

MONSEÑOR Alfonso Baeza Donoso, vicario de la Pastoral Social.

Por su parte, monseñor Alfonso Baeza Donoso, vicario de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, promovió soluciones a partir de una reconceptualización de los objetivos de los prisioneros, dejando en claro que no comparte sus opciones. "Para una verdadera justicia es necesario entender que estos jóvenes tenían una motivación política y no terrorista", afirmó el sacerdote en Televisión Nacional.

El tema de los presos políticos tiene muchas aristas y es difícil comprender si no se agregan otros elementos. Por ejemplo el orden global que se empeña en inventar terroristas. En el plano interno, hay numerosas cartas en juego: la publicitada reforma del sistema judicial; la mediación de la Iglesia Católica -que logró la salida de Marcela Rodríguez a Italia-; la búsqueda de protagonismo por parte de diputados como Sergio Aguiló (PS), Pedro Araya (DC) y Esteban Valenzuela (PPD), que aparecen interesados en zanjar el problema. Hay que agregar el giro estratégico "liberal" de la UDI y -lo que se han encargado de remarcar los ex generales Alejandro Medina Lois y Luis Danús Cobián de la Corporación 11 de Septiembre-, la existencia de "600 procesos a militares, más 114 con dedicación preferente, y 80 contra ex agentes". Para el ejército el cierre definitivo de esos juicios es una prioridad. Para el gobierno, es llevar a la práctica un sistema de justicia que incluya una recalificación del terrorismo. No es casual que la reforma procesal penal haya debutado en la zona mapuche; y que, acogiendo la petición de la Sociedad Nacional de Agricultura, se haya aplicado la Ley Antiterrorista. Actualmente más de 14 mapuches están siendo procesados por esa ley.

JUSTICIA "COMO ES DEBIDO"

El 70% de los 46 presos políticos está en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y el resto aislado en hospitales penitenciarios, en la cárceles Colina I y en los penales de Rancagua, Talca, El Manzano (Concepción), La Serena y Antofagasta. Todos viven situaciones judiciales incompatibles con los derechos humanos. La mayoría tiene procesos simultáneos en tribunales civiles y militares, hay casos sin sentencia desde hace diez años y condenas a presidio perpetuo por duplicado (ver recuadro). A los presos políticos se les limita el contacto con sus familiares, los vigilan permanentemente con cámaras de televisión y micrófonos, se descuida su salud física y sicológica, y se oculta la práctica de la tortura que sufrieron para declaraciones extrajudiciales.

El listado de la Organización de Derechos del Pueblo (Odep) registra que el promedio de edad en la CAS es de 33,7 años. Un tercio tiene entre 24 y 30 años. Cuatro prisioneros vienen del período pinochetista y cuentan con el reconocimiento internacional como presos políticos. Los demás, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Mapu-Lautaro, actuaron en los años 90.

Vicky Torres de la Odep, señala que las cárceles para los presos políticos castigan "el cuerpo y la idea". Y que la ley culpable de este tipo de penales es la 18.314, creada a poco de asumir Aylwin. Esa norma cumplió el objetivo de separar a los presos políticos de la dictadura de los de la Concertación. Los presos post Aylwin fueron lisa y llanamente llamados "terroristas". Vicky Torres agrega que "con el tiempo, se ha tenido que asumir que no son delincuentes terroristas, sino que han sufrido procesos políticos. Un caso claro es el de Alvaro Rodríguez, de La Serena, quien tiene un proceso que lleva doce años, y sigue preso".

Por su parte, el abogado Alberto Espinoza, que ha asumido la defensa de numerosos presos políticos, dice que "han sido juzgados y condenados por la justicia militar, no obstante su condición de ciudadanos civiles. Es común la falta de garantías procesales, respeto a las normas del debido proceso y derecho a defensa. El juez militar puede denegar la libertad provisional y la única instancia de recurso es la Corte Marcial, mayoritariamente integrada por ministros castrenses". A juicio de Espinoza, "los tribunales militares carecen de independencia, imparcialidad, y principios rectores de un justo y racional procedimiento. Todos los presos políticos han sido sometidos a torturas, tratos inhumanos y degradantes". Además, sostiene que "el sistema inquisitivo confunde la calidad de juez y parte. Así sucedió con los ministros Arnoldo Dreysse y Alfredo Pfeiffer, quienes desconocieron el derecho a defensa".

Mauricio Villarroel, estudiante de leyes y hermano de un prisionero político del Kolectivo Kamina Libre, señala que es importante tener presente las razones por las que cayeron detenidos. "Están allí por participar en grupos que promovían la revolución social. Por eso ninguno obtuvo beneficios carcelarios, como salida diaria o libertad bajo fianza. El mismo Estado viola sus normas", acota.

El abogado Espinoza insiste en esa idea: "Son personas que han incurrido en conductas inspiradas en una motivación política. Reivindican la calidad de presos políticos en un contexto marcado por los primeros años del gobierno del presidente Aylwin, que se proyecta hasta hoy. No hay democracia plena, existen senadores designados y una institucionalidad heredada de la dictadura militar".

El abogado de derechos humanos dice que, si se quisiera, podría haber soluciones específicas a favor de los presos políticos en distintos ámbitos. "Existe la posibilidad del indulto presidencial en los delitos 'no terroristas', de modo de obtener rebajas de condenas. Por ejemplo, si un preso fue condenado a veinte años por delitos 'terroristas' y a otros veinte por delitos 'no terroristas', se puede indultar esta última condena. Así, el tiempo que ha permanecido encarcelado se puede imputar al cumplimiento de la condena por delitos 'terroristas'. Y se podría agregar el beneficio de libertad condicional si ha cumplido más de la mitad de la condena. Otra alternativa es modificar la Ley Antiterrorista, ya que el ex ministro Francisco Cumplido manifiesta que ha sido mal aplicada. Se podría dictar una ley interpretativa, que ajuste rebajas por delitos terroristas, o contabilizar un año de cárcel por cinco de condena".

Hay otras soluciones como una ley de amnistía o indulto general, lo que requiere voluntad política. Pero el abogado Espinoza precisa que una salida como esa "debe estar pensada para los presos políticos, y bajo ningún punto de vista en el contexto de un 'blanqueo' de los violadores de derechos humanos. Los presos políticos ¡no son moneda de cambio y no se equiparan con delitos de lesa humanidad!". Es decir, no están dispuestos a aceptar un indulto o amnistía que beneficie por igual a presos políticos y a militares que participaron en crímenes de la dictadura.

BOCHORNOS INTERNACIONALES

La mantención de la CAS y de presos políticos que sufren segregación, castigo permanente y micro unidades penitenciarias autónomas, ha traído complicaciones internacionales a los gobiernos de la Concertación. Desde su construcción, en 1994, la Cárcel de Alta Seguridad ha significado pérdida de credibilidad internacional respecto a cómo se aplica justicia en Chile. El primer traspié fue la fuga en helicóptero de los "frentistas" de 1996. En esa ocasión, varias autoridades salieron de sus puestos. Es el caso de Belisario Velasco, subsecretario del Interior en 1996 y actual embajador en Portugal; Marcelo Schilling, encargado de la Oficina de Seguridad Pública y hoy embajador en Francia; y Claudio Martínez, ex director de Gendarmería que ahora trabaja en inteligencia para La Moneda.
ALBERTO Espinoza, abogado de presos políticos.

Otro bochorno internacional, se produjo luego que el prófugo Patricio Ortiz Montenegro fue detectado en Suiza. El gobierno pidió su extradición pero Suiza la negó argumentando que en Chile no estaba garantizada su vida. Además, los suizos enrostraron al gobierno chileno lo insólito que existiera una justicia militar en una democracia. Un segundo caso es el de Claudio Molina Donoso. Un tribunal argentino negó la extradición a Chile por estimar que su conducta era constitutiva de delito político. Un tercer caso que la UDI está interesada en ligar con el asesinato de Jaime Guzmán es el de los rodriguistas implicados en el secuestro del empresario Olivetto en Sao Paulo. La Corte Suprema prefirió sortear un conflicto pidiendo la extradición de Mauricio Hernández Norambuena no por la Ley Antiterrorista, sino por evasión de la cárcel y quebrantamiento de condena. Es decir, delitos políticos.

SALUD PARA MATAR LENTO

Los presos políticos en Chile no sólo se ven sometidos al sistema de salud pública en crisis, sino que además denuncian abandono y retardo en las atenciones. Los reclusos sufren severos problemas de salud. El más común es descalcificación ósea producto de huelgas de hambre.Se unen enfermedades como colon irritable, úlceras, alopecia, cefaleas, gastritis, seborreas, artrosis, hemorroides, lipómanos, sinusitis, hongos, caries y pérdida de dientes, gripes, miopía, sinovitis, pievalvus, escoliosis, astigmatismo, bronquitis, falta de potasio, arritmia cardíaca, parálisis de extremidades, esguinces de tobillos, lesiones de ligamentos, problemas lumbares, heridas de bala mal tratadas, problemas renales, discopatía lumbar, pérdida auditiva, sombras en el pulmón, colesterol alto, quistes testiculares y cáncer. La mayoría de los presos vive en humedad y frío, sin ventilación, con poca luz y sin sol. Eso favorece la aparición de enfermedades broncopulmonares y, en ocasiones, tuberculosis.
MAURICIO Villarroel, vocero del Colectivo Kamina Libre de presos políticos.

La atención médica en la CAS se reduce a una enfermería y sala de hospitalización. También se recurre al hospital penitenciario que atiende toda la población carcelaria metropolitana. En el primer nivel de atención hay un paramédico y profesionales itinerantes: un kinesiólogo, un dentista y un médico general, que deberían atender una vez a la semana, pero no siempre es así. En esas condiciones, la atención es deficiente y se ponen trabas para trasladar al hospital a quienes requieren tratamiento especializado.

El encierro en celdas reducidas provoca la alteración del sistema nervioso central y la aparición de problemas sicológicos. El informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, luego de la visita del relator Nigel S. Rodley en enero de 1996, señala: "En relación con la mencionada Sección de Alta Seguridad, el relator especial observó en una rápida visita a las instalaciones que su estado material era correcto, pero que su infraestructura global y diseño del establecimiento desprotegen notablemente la salud mental de los presos". Hay pruebas de salvajismos, como un encierro ocurrido durante 45 días entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. En "La prisión política en democracia. Un problema urgente de resolver" (Santiago, abril del 2002) se denuncia: "En la madrugada del 6 de febrero de 1999 el coronel Edmundo Letelier llevó a cabo un operativo en el que sacó a los presos de sus celdas, los maniató, asfixió con gases y los sumergió dentro de una piscina infantil". La pérdida de certificados médicos tras golpizas o hidrataciones contra la voluntad de los reclusos, son otros abusos carcelarios. Los presos duermen en catres de fierro con delgados colchones de espuma plástica, que les provocan dolores lumbares, problemas al nervio ciático, lordosis e insomnio. Según normas carcelarias, esas colchonetas deberían ser cambiadas cada seis meses. Por supuesto, no se hace.

Por otra parte, la alimentación de los prisioneros es abundante... en grasas saturadas y colesterol, y baja en vitaminas. En definitiva, la prisión política parece un laboratorio de experimentación sicológica, donde se juega con las vidas de los presos y sus familias. Al cierre de esta edición, la huelga de hambre había terminado con algunos frutos. Rodrigo Morales y Esteban Bustos fueron trasladados a la CAS, desde otros penales, donde pudieron reunirse con sus compañeros. Además, tras doce años en prisión, Sergio Vásquez Barrientos pudo acogerse al beneficio carcelario de salida dominical. También hubo avances en procesos en la justicia militar. Luego de diez años de estancamiento, tres procesos que involucran a Marcelo Villarroel fueron resueltos en una semana. Habrá que ver si esto se transforma en tendencia o sólo es parte de una maniobra

LUIS KLENER HERNANDEZ

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Injusticia infinita

Al momento de ser detenido, Alvaro González Olivares era estudiante de castellano de la Universidad de Chile, de 22 años, sin antecedentes judiciales. Fue arrestado junto a Oriana Alcayaga Zepeda el 21 de octubre de 1993, después de participar en un frustrado asalto a la sucursal del Banco O'Higgins de Apoquindo. El comando fue interceptado por carabineros, que rodearon y ametrallaron el bus de recorrido Intercomunal 24-C. Allí murieron tres miembros del grupo lautarista y tres pasajeros. Alvaro y Oriana fueron llevados a la Dipolcar y torturados cinco días para lograr una declaración extrajudicial. Los procesaron en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago por asociación ilícita terrorista, en un proceso que duró tres meses y durante el cual la ministra Marta Ossa Reygada nunca los llamó a declarar. Después, la Corte de Apelaciones los sentenció a quince años y un día, en circunstancias que la mayoría de los procesados por la Ley 18.314 son condenados a un máximo de diez años. También fueron procesados por el mismo hecho en la 6ª Fiscalía Militar en abierta violación del principio jurídico que establece que no se debe procesar más de una vez por un mismo hecho. El defensor exigió la aplicación de ese principio, que fue rechazado por la Corte Marcial. El proceso permaneció abierto en la 2ª Fiscalía Militar durante ocho años. Según fallo de primera instancia del 28 de enero de 2002, se dictó para Alvaro González la pena de presidio perpetuo por maltrato de obra a carabinero con resultado de muerte, más veinte años por robo con homicidio. Oriana Alcayaga, madre de cinco hijos y cuyo padre fue asesinado por la Caravana de la Muerte, fue condenada a presidio perpetuo por robo con homicidio. A dos carabineros implicados en "la matanza de Apoquindo" se les condenó a 541 días de prisión cuyas penas fueron remitidas a firmar en el Patronato de Reos.

Son muchas las situaciones que demuestran el mismo encarnizamiento de la justicia. Rodrigo Morales tiene un proceso desde la dictadura militar por el secuestro del coronel Carreño en 1987. Se evadió de la cárcel en el 94 y fue recapturado hace dos años. La justicia dice que debe estar preso hasta el 2009. Por otro lado, la mitad de las condenas de Abraham Larrea y Jorge Espínola corresponde a procesos abiertos en dictadura.

Bernardo Acevedo Lagos, detenido el 9 de enero de 1992, acusado de robo con violencia y asociación ilícita terrorista, está condenado a presidio perpetuo más sesenta años, y aún tiene un proceso pendiente. Ramón Escobar Díaz, apresado el 16 de julio de 1992, acusado de ataque a un cuartel policial y robo con intimidación, fue condenado a 85 años de cárcel. Le quedan dos procesos pendientes. Patricio Gallardo Trujillo fue aprehendido el 6 de julio de 1991, acusado como autor de homicidio calificado y asociación ilícita. Lo condenaron a dos presidios perpetuos, más 15 años de prisión, y todavía le esperan otros dos procesos.

A Danilo Macaya y Jorge Mateluna Rojas los arrestaron el 9 de noviembre de 1992 y fueron condenados a cadena perpetua más cinco años. Claudio Melgarejo fue detenido en febrero de 1993, condenado a cadena perpetua más... ¡126 años y seis días! Y sigue con un proceso pendiente. Guillermo Ossandón, del Mapu-Lautaro, fue detenido el 15 de junio de 1994, condenado a cadena perpetua y tiene dos procesos pendientes. Hardy Peña Trujillo, arrestado el 29 noviembre de 1992, fue condenado a cadena perpetua más 36 años y dos días. Jaime Pinto Agloni fue apresado el 10 de julio de 1991 y condenado a cadena perpetua y 15 años. Tiene un proceso pendiente. Julio Prado Bravo fue detenido el 10 de julio de 1991, condenado a perpetua más otros diez años de cárcel, y tiene un proceso pendiente. A Carlos Silva Duncan lo detuvieron el 6 de marzo de 1992, fue sentenciado a cadena perpetua más treinta años y también tiene un proceso pendiente. Pablo Vargas López fue apresado el 12 de abril de 1991, tiene una condena a presidio perpetuo más 540 días. Jaime Celis Adasme fue detenido el 9 de julio de 1991 y condenado a cadena perpetua. Tiene otros tres procesos pendientes. A Adolfo Sánchez Piderit lo arrestaron el 22 de marzo de 1991, acusado de asesinar a un médico de la CNI en Rancagua, y fue condenado a cadena perpetua, más cinco años y un día. Según Mauricio Villarroel, vocero del Kolectivo Kamina Libre, su hermano Marcelo cayó a los 18 años "cuando hacía un preuniversitario, y tiene una hija de 7 años nacida en prisión"

L.K.H.

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Presos políticos mapuche

Presos políticos recluidos en la cárcel de Temuko: Aníbal Salazar Huichacura (Coordinadora Arauko-Malleko). Presos políticos en la cárcel de Traiguén: Aniceto Norin Catrimán (Lonko de Comunidad Didaico), Pascual Pichun (Lonko de Comunidad Temulemu), Rafael Pichun Collonao (Comunidad Temulemu), Pascual Pichun Collonao (Comunidad Temulemu). Presos Políticos en la cárcel de Angol: Gastón Aylla (Comunidad Aylla Varela).

Presos políticos en la cárcel de Nueva Imperial: Julio Huentekura Llancaleo (Meli Witran Mapu), Jorge Huaiquil Antinao (Lonko de Comunidad Chihuaicura), Francisco Likan (Comunidad Chihuaicura), Juan Andrés Nekul Marín (Comunidad Chihuaicura), Vicencio Ballotoro Cayul (Comunidad Chihuaicura), Juan de Dios Puel (Comunidad Chihuaicura), Julio Huenchunao (Comunidad Chihuaicura), Aurelio Huenchunao (Comunidad Chihuaicura)

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