Parada militar en el caso Tucapel Jiménez
Oficiales consideraban un "honor" asesinar
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Mucho de tropicalismo tuvo la sucesión de declaraciones de ex uniformados en la etapa plenaria del proceso por el asesinato del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez Alfaro. Testificaron más de 80 personas, entre procesados y testigos, la mayoría militares en retiro que, si bien no agregaron elementos como para dar un vuelco en la investigación, sí dieron un vergonzoso espectáculo haciendo rebotar acusaciones desde la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) hacia la ex CNI, y viceversa. Finalizada esa fase del proceso y luego de cumplir algunas diligencias, el ministro en visita Sergio Muñoz Gajardo podría dictar sentencia en primera instancia a fines de este mes, tras veinte años de cometido el crimen. El caso estuvo estancado durante quince años, en manos del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien luego de apuntar hacia miembros de la CNI, los sobreseyó temporalmente en varias oportunidades. |
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La investigación tomó un nuevo ritmo y otro giro con el juez Muñoz, quien recibió el caso en 1999. En cinco meses tuvo la mayor parte de la información definida en sus partes sustanciales. Quedó claro que la CNI jugó un rol secundario, en la recopilación de información previa, y que la "operación" fue fraguada y ejecutada por la Dine. En una resolución del 24 de agosto del año pasado, el ministro en visita acusó de oficio a 16 procesados, entre los cuales se encuentran dos ex directores de la Dine: los generales en retiro Arturo Alvarez Sgolia (autor intelectual) y Hernán Ramírez Rurange, como encubridor (ver recuadro). También fue procesado por primera vez un general activo, Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar (Cimi), quien fue llamado a retiro anticipado y concurrió a La Moneda invitado por Ricardo Lagos antes de presentarse frente el ministro en visita. El cuarto general procesado, acusado de encubridor, es el ex auditor general del ejército, Fernando Torres Silva, quien durante mucho tiempo se desempeñó como asesor de Pinochet. Entre los cargos que se le hacen están ocultar y tergiversar información sobre el asesinato, y dirigir la operación para sacar clandestinamente a Argentina a Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato, en coordinación con el general retirado Hernán Ramírez Rurange.
EL "HONOR" MILITAR
En el curso de las audiencias públicas de la etapa probatoria que se desarrolló en abril, se describió en toda su crudeza la forma en que fue asesinado el dirigente de la Anef, como también se hicieron evidentes las zancadillas que varios procesados se hicieron entre sí para eludir culpas. El ex mayor de ejército Carlos Herrera Jiménez -el primer militar que confesó sus crímenes y delató a sus jefes-, ratificó que disparó cinco veces a la cabeza del indefenso Tucapel Jiménez, previamente inmovilizado, cumpliendo una orden de sus superiores de la Dine -brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo, teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima-. Agregó que el director de la Dine de ese tiempo, general Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, lo felicitó luego de cumplir su misión y que sus jefes le insinuaron que la orden provenía de Pinochet. Por "honor militar", según dijo Herrera, se abstuvo de dar los nombres de dos subalternos suyos que también intervinieron en el crimen. De esa manera quiso reforzar el cuestionamiento que los subordinados encarcelados y demandados por la justicia hacen a los altos mandos por abandonarlos a su suerte y desligarse de sus responsabilidades. No obstante, tan "honorable" actitud hacia sus subalternos no tuvo la menor consecuencia, pues en el proceso está consignado que los otros dos autores materiales del crimen son los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire. Incluso, durante su relato, al mismo Herrera "se le salió" el apellido Letelier. Y volvió a aludir al "honor" cuando señaló "me sentí honrado de que se me asignara esa misión especial".
Posteriormente, el general en retiro Hernán Ramírez Rurange, acusado de encubridor por disponer la huida del país de Carlos Herrera Jiménez en septiembre de 1991, cuando era director de la Dine, negó su responsabilidad. Tuvo la desfachatez de afirmar que sólo el año pasado se enteró, mediante la prensa, que Herrera había matado a Tucapel Jiménez.
Lo más impactante, sin embargo, fue la tirada de pelota que Alvarez Sgolia le hizo a la CNI, achacando toda la responsabilidad del asesinato al fallecido general (r) Humberto Gordon, director de esa organización represiva en la época del crimen. Pero el ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, salió en su defensa al declarar que el autor confeso, Herrera, pertenecía a la Dine y no a la CNI, por lo cual estaba bajo las órdenes de Alvarez Sgolia. Tanto Herrera como Corbalán, a quien los separa una enconada rivalidad, están condenados a presidio perpetuo como autores materiales del asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, acción encargada a la CNI para encubrir el homicidio de Tucapel Jiménez.
Otro gran amigo de Gordon, el ex auditor general del ejército y asesor de Pinochet, Fernando Torres Silva -a quien también incriminó Herrera- centró sus dardos sobre este último, llamándolo "el Townley chileno". Es decir, un traidor que colabora con la justicia a cambio de un beneficio personal. Pero a su vez, el general Torres Silva responsabilizó indirectamente al general Hernán Ramírez Rurange de ordenar la salida de Herrera Jiménez a Argentina y Uruguay para eludir la justicia, que ya lo había condenado a diez años de prisión por la muerte del transportista Mario Fernández en La Serena. Huyó del país acompañado por el mayor (r) Arturo Silva Valdés, quien también se encargó de sacar de Chile al químico de la Dina, Eugenio Berríos, de quien se sospecha, entre otros crímenes, de intervenir en la muerte de Eduardo Frei Montalva, ocurrida un mes antes del asesinato de Tucapel Jiménez. Durante un tiempo, Carlos Herrera y Berríos compartieron la misma vivienda en Uruguay.
Además, el ex fiscal Torres confirmó que el ejército hace -o hacía- descuentos de los salarios de sus miembros para financiar las defensas de los militares procesados por violaciones de los derechos humanos. "No me consta que eso ocurra en estos momentos, pero sí había algo de eso hasta que yo estuve en la auditoría en abril de 1999", respondió Torres Silva al ministro Sergio Muñoz, cuando lo interrogó sobre ese punto. El próximo cierre de este proceso será sólo un capítulo en la larga cadena de esfuerzos por restablecer la verdad. Como autor intelectual del homicidio del ex presidente de la Anef, el general retirado y ex director de la Dine, Arturo Alvarez Sgolia, podría ser condenado a presidio perpetuo. En tanto, el ex general Hernán Ramírez Hald, acusado de complicidad, está expuesto a una pena de 15 a 20 años de cárcel. Los generales Hernán Ramírez Rurange y Fernando Torres Silva, como encubridores, enfrentarían condenas no menores a 10 años y un día.
En el marco de las "excepciones de previo y especial pronunciamiento" contempladas en el Código de Procedimiento Penal, los abogados que representan a los 16 procesados solicitaron al ministro en visita que se declare incompetente para tramitar la investigación, que prescriba el delito tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que se cometió y que traspase los antecedentes a la justicia militar para que los tribunales castrenses se hagan cargo del caso. Esto podría retrasar el proceso de condenas de primera instancia que debe dictar el juez Sergio Muñoz.
TRABAS Y PRESIONES
No sólo hay inquietud por la investigación judicial de la muerte de Tucapel Jiménez. Abogados de militares requeridos por la justicia, ex uniformados y representantes de la Corporación 11 de Septiembre han reparado con alarma en el desfile de los suyos por los tribunales. Según sus cuentas, hay 650 juicios por causas relacionadas con derechos humanos en los tribunales ordinarios. Es decir, por delitos de secuestro, torturas, desaparición de detenidos y asesinatos cometidos durante la dictadura. Otras 115 causas están siendo investigadas por jueces exclusivos y 51 con atención preferencial. Hasta ahora, contabilizan 106 oficiales procesados, 59 de ellos pertenecientes al ejército, 24 a la Fuerza Aérea, 3 a la Armada, 19 a Carabineros y uno a Gendarmería. A diferencia de sus víctimas, los militares procesados no sólo han gozado de todas las garantías y beneficios que dispone la ley, sino también de una serie de prerrogativas especiales. Una muestra de esto es que menos de la mitad está detenido, y no en cárceles, sino en unidades castrenses.
Mientras el presidente Lagos y el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, reiteran cada vez que se les pregunta que "hay que dejar actuar a la justicia", los abogados defensores de los uniformados se empeñan en entrabarla. Con ligereza, han denunciado "graves irregularidades y serias injusticias", y hasta han llegado a negar la competencia de los jueces especiales, todos designados por la Corte Suprema. Las irregularidades e injusticias se refieren a maltratos de palabra y supuestas humillaciones que habrían sufrido sus clientes de parte de los jueces. Como ejemplo, los abogados señalaron que algunos militares debieron esperar cuatro y hasta siete horas en un calabozo para que se les tomara declaración en el Primer Juzgado del Crimen de San Bernardo, a cargo de la jueza titular Cecilia Flores, magistrada con dedicación exclusiva a investigar atropellos y desapariciones de detenidos en Cerro Chena.
La magistrada Flores denunció una serie de obstáculos para llevar adelante su investigación, que incluyó un allanamiento en busca de tumbas clandestinas junto al Regimiento de Infantería de San Bernardo. A comienzos de abril se declaró incompetente para avanzar en la causa por el secuestro del miembro de las Juventudes Comunistas, David Urrutia, ocurrido en 1975, a causa de las presiones ejercidas por los abogados de los militares implicados en su desaparecimiento. Entre otras cosas, dispusieron que sus defendidos testimoniaran por escrito. Más recientemente, el periodista Jorge Escalante dio a conocer en "La Nación" la inquietud de la comandancia en jefe del ejército porque la misma magistrada citaría a declarar en calidad de inculpado al general Juan Carlos Salgado, comandante de la II División del ejército y juez militar que representó a la institución en la mesa de diálogo. Un ex conscripto que presentó una querella por torturas ante la jueza Cecilia Flores afirmó que el general Salgado fue jefe de una compañía en el campo de prisioneros de Cerro Chena, recinto que dependía de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Según un oficio reservado de 1984 obtenido por Escalante, que lleva la firma del entonces ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, el general Juan Carlos Salgado era oficial de esa institución al momento del golpe militar, igual que el general Julio Cerda Carrasco, actual comandante de la VI División y cuarta antigüedad del ejército; el general (r) Luis Cortés Villa, secretario ejecutivo de la Fundación Pinochet, y el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez, procesado como autor intelectual por el crimen de Tucapel Jiménez. El general Salgado es uno de los militares de alta graduación más cercanos al general Juan Emilio Cheyre y ocupa la sexta antigüedad en la institución. Durante la mesa de diálogo, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira llegó a estrecharle la mano como señal de que se había ganado su confianza. Paradójicamente, al padre de la profesional, detenido desaparecido, se le perdió el rastro en la Escuela de Infantería de San Bernardo.
MAS ALLA DE LA JUSTICIA
La labor acuciosa y responsable que muchos jueces están desarrollando en materia de derechos humanos demuestra que las investigaciones podrían llegar muy alto. Ni el actual comandante en jefe del ejército, ni el anterior, están completamente a salvo. En el marco de las pesquisas efectuadas por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia para aclarar el asesinato de dos niños a manos de una patrulla militar en Coquimbo, el 24 de diciembre de 1973, salió a luz que en esa época el general Juan Emilio Cheyre era ayudante del comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol, unidad a la que pertenecía la patrulla. Entretanto, en Quillota, la Comisión Chilena de Derechos Humanos pidió a la justicia que, entre otros militares, cite a declarar al general (r) Ricardo Izurieta, como posible testigo del asesinato de nueve dirigentes comunistas y socialistas el 18 de enero de 1974. El ex comandante en jefe del ejército era capitán de la Escuela de Caballería Blindada de esa ciudad. El caso está siendo investigado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, a partir de una denuncia presentada ante el ministro Juan Guzmán Tapia.
El general Cheyre ha dicho que los militares demandados frecuentemente por la justicia se sienten "víctimas de un proceso traumático". Como denunció PF (Nº 519), es el propio comandante en jefe del ejército quien lidera discretas gestiones tendientes a cerrar de una vez por todas el capítulo por la vía de una "solución integral". Esta apunta a lograr una amnistía o indulto general una vez dictadas las condenas -para lo cual habría que acelerar el término de los procesos-, que involucre tanto a los ex uniformados como a los presos políticos, intentando equiparar lo que no tiene comparación. Al término del consejo de generales, donde se discute y planifica la actividad anual del ejército, el general Cheyre dijo a la prensa que, en relación con los derechos humanos, la institución ya ha hecho los gestos de reconciliación requeridos. Agregó que son temas pendientes que quisiera ver resueltos y cuyo tratamiento corresponde directamente a la comandancia en jefe. Y la justicia, ¿qué?
PATRICIA BRAVO
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