Pueblo mapuche
proclama su autonomía

En las proximidades de los llanos de Putúe, cercanos a Villarrica, lugar donde en 1883 -tras la ocupación militar de su país- fue sellada la derrota del pueblo mapuche, se realizó durante los días 6 y 7 de mayo últimos un parlamento de las principales "identidades territoriales". Estas emitieron la "Declaración de Villarrica" (ver pág. 5) que expone los derechos políticos que hoy reclaman, fundadas en el derecho internacional y apuntando hacia un horizonte final de autonomía. Las identidades territoriales o butalmapus, son conjuntos de comunidades que establecen alianzas al modo tradicional. Primero en rehues (conjuntos de lof), luego en ayllarehues (agrupaciones de rehues) y finalmente en butalmapus (alianzas de ayllarehues) o identidades territoriales.

Existe una tendencia de reconstrucción de estos modos tradicionales de organización del pueblo mapuche. Por eso las identidades de hoy asumen los nombres de las antiguas en sus mismos territorios: Wenteches (o arribanos, llano central y precordillera andina, entre Malleco y Temuco); Nagche (abajinos, estribaciones y valles de la Cordillera de Nahuelbuta: Traiguén, Lumaco, Los Sauces y Purén, por el norte, y Chol-Chol, Repocura y Galvarino, por el sur); Lafquenches (o costinos, litoral de Arauco, Malleco y Cautín); Pehuenches (Alto Bío-Bío), y Puelches (del lado argentino de la Cordillera); además, se identifican boroanos (entre los ríos Cautín y Toltén) y otras menores. En el sur están los Huilliches (gente del sur).
Según fuentes consultadas, los firmantes de la "Declaración de Villarrica" representan a la mitad de las comunidades mapuche existentes. Es decir, no son cupulares, sino enraizados en la base rural territorial: en la comunidad o lof que es el espacio donde se funda la identidad y el ser mapuche (gente de la tierra). En lo medular de su declaración, exigen al Estado el respeto a sus derechos fundamentales e "inalienables": ser reconocidos como pueblo; derecho a las tierras y territorio, al control político y cultural sobre el mismo, y derecho a la libre determinación.
Aunque no se puede interpretar como una declaración de independencia -porque apelan a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que no fomentan la independencia ni consideran la libre determinación-, la "Declaración de Villarrica" implica un objetivo estratégico de autonomía territorial, económica, jurídico-política y de cosmovisión, dentro de los límites del derecho internacional vigente. Pero deja abierta la puerta a una futura independencia como reivindicación final.
Para comprender sus implicancias, se debe conocer el citado Convenio, suscrito por Chile, pero pendiente de ratificación por el Senado desde 1991.

EL CONVENIO 169

En virtud de este Convenio (ratificado por Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, Islas Fiji y Argentina), los pueblos indígenas "tienen derecho al control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven".
La expresión "dentro del marco de los Estados en que viven", presupone que no se trata de crear otro Estado -en este caso un Estado Mapuche-, sino una autonomía regional o parcial, al modo de las españolas, o de los indígenas canadienses, inclusive de los estados federados estadounidenses. Un subsistema indígena sujeto a las normas generales de los sistemas nacional e internacional: "Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos" y "deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio" (artículo 8). De otros artículos, se deduce la obligación de un acatamiento a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero, a la inversa, el deber de estos poderes de consultar a los pueblos indígenas y de respetar y permitir el funcionamiento de sus autoridades e instituciones.
Circunscritos a ese marco, los indígenas tienen derecho a autogobernarse mediante sus autoridades e instituciones; a administrarse justicia según su derecho consuetudinario; a organizar su economía, su educación; a regirse según su cosmovisión y costumbres, y ejercer propiedad y posesión sobre su territorio, incluidos suelo, subsuelo y recursos naturales. Por su parte, el Estado nacional tiene la obligación de "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" (artículo 6), y "dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente" (artículo 7).
A esto aspiran las identidades territoriales, lo que en un contexto jurídico moderno no constituye una amenaza, sino una oportunidad de convivencia en justicia y con respeto a la diversidad. El supuesto peligro de "división de la nación" y "terrorismo" autonomista que anida en el discurso de la derecha, tiene un origen distinto y un propósito de defensa de su hegemonía de clase.

HEGEMONIA AMENAZADA

Los mapuche son esencialmente un pueblo y no una clase social. No obstante, el uso de categorías sociológicas ayuda a entender una virtual alianza mapuche con el proletariado y campesinado pobre no-mapuche, así como la reacción de las cúpulas en el poder. En los 119 años transcurridos desde su derrota militar y dominación política y económica, los mapuche de las zonas rurales fueron transmutados en minifundistas de subsistencia en condiciones de extrema pobreza y asalariados agrícolas, mientras los que emigraron o emigran a las ciudades, han nutrido la clase de los obreros. En el campo o la ciudad, se los sumó a la masa de explotados.
En efecto, según el censo de 1992, la población mayor de 14 años que se declaró mapuche fue, en cifras redondas, de 928 mil personas. De ellos, 260 mil (28%) en zonas rurales y 670 mil (72%) en las ciudades. De los urbanos, unos 300 mil viven en la Región Metropolitana, en comunas pobres como La Pintana, Colina, Pudahuel y Cerro Navia. En Argentina serían unos 300 mil más.
Por lo tanto, el mapuche del siglo XXI no es el del siglo XIX cuyos butalmapus controlaban territorios en los que la influencia huinca era menor y su identidad estaba tal vez muy cercana a la pureza. Hoy, está invadida y penetrada por lo chileno, se los metió en el molde capitalista en el rol de explotados y se los hizo funcionales a la sociedad dominadora.
Su identidad es de pueblo, pero también de clase. Su demanda de tierra, coincide con la del campesino pobre no mapuche. La apropiación que de su plusvalía hace el industrial, comerciante, banquero y el gran propietario agrícola, es la misma del obrero no mapuche. Que Chile no haya ratificado el Convenio 169 de la OIT no es independiente de este sistema sustentado en la dominación de la clase dueña del capital y controladora de los poderes del Estado. Que el mapuche sea reconocido como pueblo atenta contra los intereses de la clase dominante, para la cual su autonomía, aunque sea parcial, la afecta directamente, como es el caso de los poderosos grupos Angelini y Matte, que tienen en la mira a las tierras mapuches para sus negocios forestales (ver Punto Final N° 517, "El revés de la trama"). Por eso sus representantes en el Senado se oponen a la ratificación del Convenio 169. Y conceptos como "nación" y "soberanía" son sólo una justificación para su hegemonía. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, al discutir el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, subraya el carácter "indivisible" de la nación chilena y se niega a usar la palabra "pueblo" cambiándola por "población", truco semántico con el que se elude las obligaciones de Chile respecto del derecho internacional. Los integrantes de esta comisión son Andrés Chadwick (UDI), Marcos Aburto (senador designado, ex ministro de la Corte Suprema), Enrique Silva Cimma (senador designado, Partido Radical), Rafael Moreno (DC), y Alberto Espina (Renovación Nacional).
También atenta contra los intereses capitalistas el artículo 14 de la Convención, al disponer que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan... en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia". Es decir, se oponen a que se valore la tradición como fuente del derecho de propiedad sobre la tierra, mientras sólo se tiene en cuenta la superficie resguardada por los títulos de merced, los que consagraron el despojo tras la ocupación militar. Esto explica que en la "Declaración de Villarrica" se manifieste que "el modelo económico neoliberal es atentatorio contra la existencia del Pueblo Mapuche". Y que afirmen que su cosmovisión, conocimiento y prácticas sean una alternativa al neoliberalismo, lo que es de considerar por los oprimidos en esta era de aparente carencia de proyectos diferentes al hegemónico. En el siglo XIX, el gran lonco Mañín Huenu (Pasto el Cielo), de la identidad Wenteche, lideró a gran parte de los otros butalmapus y apoyó las revoluciones federalistas de 1851 y 1859 contra el gobierno central, en una estrategia de alianza con otros sectores sociales cuyos intereses coincidían con los del pueblo mapuche.
Así también, en las actuales identidades territoriales parece haber conciencia de su doble condición, esencialmente de pueblo, pero también de clase explotada, lo que caracteriza a la identidad mapuche del siglo XXI y determinaría su política de alianzas

JUAN JORGE FAUNDES

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Los derechos fundamentales que tenemos como pueblo

Declaración Mapuche de Villarrica

La Asociación Comunal Mapuche Poyenhue, en conjunto con la Asociación Mapuche Ñancucheo de Lumaco y el Ayllarrewe de Xuf-Xuf, han convocado un Gran Parlamento Mapuche en la cuidad de Villarrica, en la cual han participado distintas organizaciones territoriales del territorio lafquenche, huilliche, puelmapu (Argentina), huenteche y nagche, y después de una discusión entre todos los dirigentes asistentes han resuelto elaborar y suscribir una declaración política en la que se recojan los principios que son transversales a todas las organizaciones participantes y al movimiento mapuche en general, por cuanto recogen parte de la discusión interna de las organizaciones que se sustentan dentro de sus objetivos generales, el tema de la reclamación y exigencia de reconocimiento de derechos políticos que tenemos como Pueblo Mapuche.
En este sentido, hemos considerado histórico este Parlamento, por cuanto en los llanos de Putue, cercanos a esta ciudad, en el año 1883, se selló temporalmente la dominación y sometimiento de nuestro Pueblo. En ese Parlamento, se corta el hilo conductor de nuestra historia y hoy, simbólicamente recuperamos la palabra y el sentido de las alianzas territoriales que nos permitieron ser reconocidos como nación independiente por la Corona española y, en sus inicios, por el naciente Estado chileno.
Hoy, rememorando y recuperando la memoria histórica que tenemos y ratificando que nuestro Pueblo existe desde tiempos inmemoriales como ha existido la Cordillera de los Andes, y demostrado la maduración política que tenemos como organizaciones territoriales, hemos sentado las bases para asumir una declaración política.
Por lo tanto, los siguientes principios declarados y los siguientes derechos reivindicados deben ser reconocidos, respetados y aplicados por el Estado chileno, afirmando que es un Estado discriminador, opresor y racista. Por lo tanto manifestamos nuestra solidaridad con los procesos de otros pueblos que luchan por el ejercicio de la libre determinación.
Nos autoafirmamos pertenecientes al Pueblo Mapuche con los derechos que se desprenden de esta definición, la cual es resultado del mismo derecho a la autodefinición que tenemos.
Afirmamos que los pueblos indígenas y, en particular nuestro Pueblo Mapuche, son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad se refiere y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a tener sus propias particularidades y a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.
Como Pueblo Mapuche nos hemos visto privados de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual ha permitido que el Estado chileno haya fomentado y promovido la colonización y enajenación de nuestras tierras, territorios y recursos naturales, impidiéndonos ejercer nuestro legítimo derecho a un desarrollo propio de acuerdo a nuestras propias necesidades e intereses particulares.
Reconociendo además la urgente necesidad que tenemos de promover nuestros derechos y las características intrínsecas que tenemos, especialmente en lo relativo a los derechos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales, que se derivan de nuestras propias estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y de nuestra concepción de la vida.
Valoramos el interés que las organizaciones territoriales han demostrado en asistir a este Parlamento mapuche, como asimismo valoramos la validación que estas mismas hacen de sus propuestas de desarrollo y discurso político; y,
Convencidos que el modelo económico neoliberal es atentatorio contra la existencia del Pueblo Mapuche, afirmamos que nuestra cosmovisión, conocimiento y práctica mapuche constituyen un concepto de desarrollo que garantiza la relación hombre-naturaleza en equilibrio.
Reafirmamos que la única forma de lograr un desarrollo con identidad es logrando el reconocimiento a nuestros derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto declaramos solemnemente ante el Estado chileno, la comunidad local, regional, nacional e internacional lo siguiente:
Los derechos colectivos que tenemos como Pueblo Mapuche, dado el carácter que tanto en la autoafirmación como en la autodefinición sostenemos, deben ser reconocidos y respetados por el Estado chileno, conforme al derecho internacional, especialmente nuestro derecho a la libre determinación. Por los tanto, nuestros derechos no pueden ser extinguidos ni suprimidos, por cuanto tienen el carácter de inalienables.
Estos derechos fundamentales básicos que reivindicamos son lo siguientes:
a) Derecho a ser reconocidos como Pueblo;
b) Derecho a las tierras y territorio, el control político y cultural sobre el mismo, considerando expresamente el control y auto gestión de sus recursos naturales, para garantizar la existencia, a través del tiempo, de nuestro Pueblo; y,
c) Derecho a la libre determinación. Contemplando el derecho de nuestro Pueblo y sus respectivas organizaciones a definir sus proyectos de desarrollo mapuche. Donde impulsamos los proyectos de reconstrucción y construcción territorial de las identidades territoriales.
Por lo mismo y a partir de los derechos mencionados exigimos:
a) Respeto y protección de nuestros lugares culturales y ceremoniales sagrados.
b) Reconocimiento del principio de consentimiento fundamentado como facultad mapuche de otorgar o negar el ingreso a nuestros territorios de cualquier proyecto o solicitud de nuestros recursos naturales o genéticos.
c) Protección de nuestros derechos de propiedad intelectual y cultural.
d) Reconocimiento de nuestro sistema jurídico y de los órganos mapuche de aplicación de justicia.
e) Derecho a la participación política, definida a partir de las propias organizaciones, sobre la base del reconocimiento a nuestro estatus de Pueblo.
Frente a la afección de nuestros derechos por parte del Estado, tenemos también el derecho a participar directa y plenamente en los procesos de compensación emprendidos por las instituciones regionales, nacionales, e internacionales, como una prerrogativa propia de un gobierno democrático. Ese derecho tiene que tomar en cuenta el acceso directo a recursos financieros determinados para ese fin y el derecho a participar en los beneficios de los mismos.
Considerando que se han cometido crímenes en contra de nuestro Pueblo Mapuche, el Estado chileno deberá reparar tales crímenes reconociendo el derecho a indemnización y reparación histórica.
Denunciamos el divorcio claro que existe entre el sistema jurídico chileno y la norma internacional vigente. Por lo tanto exigimos también al Estado chileno que abandone su concepto anacrónico de soberanía (hoy limitado por el sistema de protección internacional de los derechos humanos).
Reconociendo que existe un avance relativo en los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y respetando los procesos que se han desarrollado en torno a los proyectos de declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU y la OEA, exigimos al gobierno chileno una postura clara de apoyo a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Debiendo garantizar el cumplimiento y aplicación del contenido de dicha declaración en el ordenamiento jurídico de Chile.
Particularmente, en cuanto "los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente...", "derecho a un marco legal efectivo de protección de sus derechos sobre recursos naturales en sus tierras, inclusive sobre la capacidad para usar, administrar, y conservar dichos recursos"...; y en general se debe reconocer en su plenitud el derecho de los pueblos indígenas, como pueblos, a la libre determinación sin ningún tipo de discriminación.
En el marco de las actuales dinámicas internacionales del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, exigimos al gobierno promover la ratificación integral del Convenio 169 de la OIT.
Recordando que el Estado de Chile ha ratificado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valoramos, asimismo, la sentencia de esta Corte que falló a favor de la comunidad Mayagna Awas Tingni contra el Estado de Nicaragua. La sentencia destaca que, más allá de existir o no un marco jurídico de reconocimiento en el derecho interno, anterior a la legislación del Estado, impera el marco de protección internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El fallo dispuso que "...los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras"; "El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata";
Las organizaciones aquí presentes valoramos esta oportunidad histórica que fortalece los lazos entre nuestras organizaciones territoriales, autoridades tradicionales mapuche, con el fin de lograr avances sustantivos en la lucha por nuestros derechos.
Además hacemos un llamado a las distintas organizaciones mapuche a participar y profundizar los fundamentos de esta declaración política.
Esta declaración recoge los principios fundamentales y generales discutidos en el Gran Parlamento Mapuche de Villarrica, realizado los días 6 y 7 de mayo del presente año

SERGIO MELINAO, Identidad Wenteche, Ayjarewe de Xuf Xuf
MARCIAL COLIN LINCOLAO, Identidad Wenteche, ACM Poyenhue de Villarrica
GALVARINO RAIMAN, Identidad Nagche, Asociación Ñancucheo Lumaco
AUGUSTO NAHUELPAN CALFICURA, Identidad Williche, Nidol Lonko Ngulam, Pi kum Hualli Mapu
JORGE NAHUEL, Identidad Puelche, Coordinadora Mapuche Neuquén, Argentina
BRAULIO ANCAN, Identidad Lafkenche, Consejo Werkenes Lago Budi

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