Guerra civil de 1891 - Golpe militar de 1973

La Armada chilena en dos encrucijadas

Es frecuente la tentación de marcar analogías entre la guerra civil de 1891 y el golpe militar de 1973, lo que se explica en parte porque tanto una como el otro significaron cortes temporales drásticos y comienzo de etapas históricas que negaron los desarrollos precedentes.

En ambas ocasiones hubo injerencia extranjera: británica contra Balmaceda y norteamericana para desestabilizar a Salvador Allende. En las dos apareció en disputa el control de una riqueza esencial para Chile, el salitre y el cobre respectivamente. Se trató de alzamientos contra gobiernos constitucionales y en los dos acontecimientos, la Armada fue elemento dinamizador. Hay también diferencias evidentes. En el 91, hubo una guerra civil con grandes enfrentamientos entre fuerzas regulares a lo largo de ocho meses que significaron más de 10 mil muertos. El golpe militar de 1973 fue una operación altamente coordinada que impidió toda resistencia significativa.

PRESIDENTE José Manuel Balmaceda.

El año 1891, la Armada se levantó contra el gobierno mientras el ejército se mantenía leal a éste. En 1973, todas las ramas de las FF.AA. y Carabineros actuaron a una sola voz y sin quiebres internos. La llamada contrarrevolución del 91 no dio origen a una dictadura sino a un régimen parlamentario degradado en el marco de la Constitución de 1833. Conocemos bien, en cambio, el tipo de régimen que surgió del golpe del 73 que instaló en el poder a Pinochet durante 17 años.

Las analogías no implican identidad de procesos históricos. La historia no se repite, no se copia ni se imita a sí misma. Allende no fue igual a Balmaceda, aunque los dos líderes aparecen hermanados en sus empeños progresistas y liberadores y en la consecuencia con que sacrificaron sus vidas. Chile era en 1973 muy distinto a como era a fines del siglo XIX. Entonces la política la hacían las élites y el pueblo era básicamente espectador. En 1973 había en marcha un proceso revolucionario en el cual el gobierno del presidente Salvador Allende impulsaba, con el apoyo organizado del pueblo, un proyecto de avance al socialismo, enfrentando al imperialismo y a la burguesía interna. En 1891, Inglaterra dominaba los mares y consolidaba el imperio victoriano. En 1973, Estados unidos lideraba el mundo capitalista en pugna con la Unión Soviética y el denominado campo socialista y desplegaba en América Latina regímenes de Seguridad Nacional para acabar con los movimientos revolucionarios y progresistas, utilizando a los militares como ejecutores y gobernantes dictatoriales. Nos interesa marcar analogías y diferencias en el comportamiento de la Armada en 1891 y 1973, en acontecimientos que significaron rupturas que desarticularon "el continuo del proceso histórico, haciéndole perder el hilo de su transcurso".

UNIDAD Y DIVISIONES

Cuando se esquematiza la guerra civil del 91, diciendo que la Marina estuvo con el Congreso y que el ejército fue leal a Balmaceda, se dice algo no enteramente exacto. El ejército, como tal, se mantuvo junto al presidente pero no pocos oficiales se sumaron a las fuerzas del Congreso, entre ellos Estanislao del Canto. También lo hizo el coronel Emilio Körner, jefe de la misión alemana contratada por Balmaceda para reformar el ejército. Körner traicionó a Balmaceda y se pasó a las filas insurrectas, siendo elemento clave en la organización de las tropas del Congreso en Iquique.

En la Armada se dio una situación insólita. Los almirantes -Williams Rebolledo, Uribe, Latorre, Vial- se negaron a participar en el levantamiento. Los conspiradores lograron ganar la voluntad del jefe de la escuadra, capitán de navío Jorge Montt, que exigió una orden específica del Congreso. Contaron con la adhesión de casi todos los comandantes de naves, con la excepción notable de Policarpo Toro, al mando del crucero "Esmeralda". Hubo otros destacados oficiales que se mantuvieron leales, como los capitanes Moraga, Fuentes y Garín, comandantes de los cazatorpederos "Condell", "Lynch" y del vapor artillado "Imperial", respectivamente, y otros pocos oficiales a cargo de unidades menores.

También los artilleros de costa defensores de Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas fueron fieles a Balmaceda. Con los cazatorpederos y el "Imperial" se conformó un escuadrón de ataque que hizo tres incursiones contra la flota del Congreso. En la primera, los cazatorpederos hundieron el "Blanco Encalada" en la bahía de Caldera, buque insignia de los antibalmacedistas, y en la segunda hicieron una incursión nocturna en la bahía de Iquique frustrada por la protección que prestaban buques neutrales a los transportes y buques de apoyo de la flota del Congreso.

Muy diferente fue lo ocurrido en septiembre de 1973. Mientras el 91, los almirantes respetaron el juramento de lealtad, el 73 casi todos apoyaron el golpe y también el conjunto de la oficialidad, los suboficiales y clases, los marineros y la infantería de marina. Toda la Armada -en el mar y en las instalaciones de tierra- actuó contra el gobierno de Allende. Los almirantes no golpistas: Montero, Arellano y Poblete fueron neutralizados.

¿Por qué no hubo quiebres en la Armada? La pregunta (y también la respuesta) es válida para todas las FF.AA. y Carabineros y tiene que ver con elementos profundos de la mentalidad y organización de los militares chilenos. Posiblemente fue determinante el control de los servicios de inteligencia y seguridad al interior de los cuarteles y unidades, la mantención y estímulo del acendrado anticomunismo castrense y el papel cumplido por la propaganda de ultraderecha. La doctrina de la Seguridad Nacional difundida por el Pentágono a través de sus escuelas especializadas, jugó un rol ideológico medular, colocando a las Fuerzas Armadas en el papel de última reserva del sistema de dominación burgués-imperialista, llamándolas a tomar el control político y a gobernar directamente para extirpar "el cáncer marxista".

En la Armada hubo un factor adicional. Semanas antes del golpe un movimiento de suboficiales, clases y tripulantes con núcleos en las principales unidades de la escuadra, denunció la conspiración de almirantes y oficiales. Aprovechando la pasividad del gobierno, se aplicó una durísima represión interna. Decenas de detenidos fueron brutalmente torturados por su lealtad al gobierno, y considerados, según lo dijo el almirante Merino, como elementos "infectados con ideas ajenas a las normas institucionales y a la convivencia pacífica y moral propia de los seres humanos".

ROMPIENDO LA DISCIPLINA

Por orden del Congreso, el capitán de navío Jorge Montt se rebeló contra su jefe directo y contra el presidente constitucional, José Manuel Balmaceda.

El almirante José Toribio Merino se apoderó del mando que detentaba su superior, el comandante en jefe, almirante Raúl Montero Cornejo. No lo hizo por orden de nadie, ejerció simplemente voluntad de ruptura y decisión política. Se jacta de ello en sus memorias, "Bitácora de un almirante". "Me había nombrado yo mismo como comandante en jefe, era el oficial más antiguo que seguía en el escalafón, después del almirante Montero, quien en reuniones anteriores del Consejo Naval había tenido dificultades, pero que en ese momento no podía seguir de comandante en jefe ya que no estaba de acuerdo con las actividades que estaba desarrollando la institución y la Defensa Nacional en general. Por lo tanto, asumí como comandante en jefe, sin avisarle que lo había destituido".

Las actividades institucionales y de la Defensa Nacional a que hace referencia Merino eran -claro está- las actuaciones conspirativas y golpistas en marcha.

LEGITIMAR EL CRIMEN

Como dijimos, Jorge Montt impuso el 91 una condición que ha sido calificada como "del más alto significado político y militar". Para actuar exigió que los jefes del Congreso que encabezaban la oposición a Balmaceda, se embarcaran en un buque de la escuadra, ejercieran desde allí funciones políticas y emitieran una orden de alzamiento que la escuadra acataría. Los jefes navales no querían aparecer sublevados contra el presidente de la República ni contra los mandos superiores.

El acta de deposición del presidente Balmaceda, fechada en Santiago el 1 de enero de 1891, declaró al mandatario "absolutamente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su cargo" y señaló que designaba al capitán de navío Jorge Montt "para que coadyuve a la acción del Congreso a fin de restablecer el imperio de la Constitución".

PRESIDENTE Salvador Allende (en la foto con José Tohá, ministro del Interior y luego de Defensa Nacional).

Más específica fue la orden emitida bajo la firma de Waldo Silva, vecepresidente del Senado, y Ramón Barros Luco, presidente de la Cámara de Diputados, ya embarcados en el "Blanco": "…los infrascritos disponen que se organice una División Naval para hacer comprender al presidente de la República que la Armada obedece la Constitución y que, por lo tanto, es indispensable que se dicte sin demora la ley anual que autoriza su existir". Concluían: "Se deberá reconocer como jefe de esta División al capitán de navío don Jorge Montt y los infrascritos quedan embarcados para atender al desarrollo que pueda tener este movimiento en defensa de la Constitución de la República".

Dentro del juego de conductas convenidas, Jorge Montt aceptó la designación y declaró que la División Naval quedaba a sus órdenes "para cumplir las disposiciones que adopten los señores delegados del Congreso Nacional".

La seudo legitimación del golpe militar de 1973 tiene semejanzas con lo ocurrido en 1981, que es posible que se haya tenido en cuenta, pero hay diferencias sustanciales.

La principal es que el 73 se buscaba un gobierno militar como dique contra el avance revolucionario y para ello había que dar carta blanca a las Fuerzas Armadas y Carabineros. En 1891, en cambio, se había perseguido el apoyo de la Armada y los militares para establecer un régimen parlamentario proclive a los intereses oligárquicos y a las presiones británicas.

Teniendo el objetivo central claro, en 1973 hubo un acuerdo de la Corte Suprema que condenó supuestas violaciones a la legalidad cometidas por el Ejecutivo o con la tolerancia de éste. Más importante fue el acuerdo de la mayoría de la Cámara de Diputados, adoptado el 22 de agosto, declarando que el Ejecutivo se ponía al margen de la Constitución y llamando a los comandantes en jefe a aplicar medidas inmediatas para remediar la situación.

La declaración acusó al gobierno de Salvador Allende de aplicar "un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos ilegítimos". Además, interpeló, sin decirlo directamente, a los comandantes en jefe de la FF.AA. y Carabineros, que habían sido llamados en cuanto tales por el presidente a formar parte de su gabinete en una medida desesperada para evitar un enfrentamiento. La mayoría derechista-DC en la Cámara de Diputados señaló a los ministros de Hacienda (almirante Raúl Montero Cornejo), de Defensa (general Carlos Prats González), de Obras Públicas y Transportes (general del Aire, César Ruiz Danyau) y de Tierras y Colonización (general José M. Sepúlveda Galindo, director de Carabineros) que "en virtud de sus juramentos y de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio" les corresponde "poner inmediato término a todas las situaciones de hecho que infringen la Constitución y las leyes" y "asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de la convivencia democrática entre los chilenos". Fue la autorización implícita para el golpe de Estado y la cita el Bando Nº 5, fundacional de la dictadura. Poco antes, el autodesignado comandante en jefe de la Armada, almirante Merino, lo había hecho en Valparaíso, a las 8 de la mañana del 11 de septiembre, en una proclama que informó a la población. Decía que el alzamiento no era un golpe de Estado sino que perseguía "el restablecimiento de un estado de derecho, de acuerdo a las aspiraciones de todos los chilenos, cuyo quiebre ha sido denunciado por la Excelentísima Corte Suprema, como asimismo por la Cámara de Diputados, que es el organismo fiscalizador y que lo ha hecho presente en extenso documento".

INJERENCIA EXTRANJERA

Es un tema escabroso para las Fuerzas Armadas, entregadas -según declaran- a la causa del patriotismo y la independencia del país. No nos referimos a las maniobras indirectas, el apoyo de los salitreros ingleses a los opositores a Balmaceda o el bloqueo internacional a su gobierno; tampoco, a las maniobras desestabilizadores del gobierno norteamericano de Richard Nixon y Henry Kissinger, ampliamente documentadas en los informes Church, Hinchey y otras fuentes. Hablamos de intervención directa, de ayuda o colaboración militar.

En 1891, Inglaterra tenía presencia en aguas chilenas mediante un Escuadrón Naval compuesto por cuatro navíos de guerra al mando de un almirante. Al estallar la guerra civil, el escuadrón acompañó como "observador" a la escuadra congresista en su viaje al norte y en la toma de Iquique. Después se mantuvo en patrullaje y ayudó a las fuerzas antibalmacedistas.

El periodista Maurice Hervey, corresponsal del "Times" de Londres, conversó en marzo del 91 con el almirante Hotham, jefe del escuadrón. Más tarde Harvey escribió: "No vaciló (el almirante) en confesar que sus simpatías y las de casi todos los oficiales estaban a favor de los revolucionarios". Un informe de la Legación de Inglaterra en Chile, del 2 de septiembre de 1891, confirma lo anterior: "No hay duda que nuestros marinos de guerra y la comunidad británica de Valparaíso y de toda la costa, proporcionaron amplia ayuda material a la oposición y vulneraron en muchas ocasiones la neutralidad". Como presidente interino Jorge Montt, ofreció un banquete a los oficiales ingleses del buque de guerra "Champion" en retribución a la ayuda prestada. En el discurso protocolar dijo que no tenía palabras para expresar su gratitud a los oficiales británicos por "la firme simpatía y servicio hacia la flota chilena desde los comienzos de la revolución".

Más compleja y sofisticada fue la intervención norteamericana en el golpe en Chile, coordinada a través de las misiones militar y naval que operaban en el país. Según declaraciones del general Carlos Prats al "Times" de Londres, meses después del golpe: "Fue allá en Valparaíso donde los oficiales comprometidos en la conspiración se reunieron en secreto con un oficial de marines estadounidenses, el mismo que después mantuvo contactos con el almirante José Toribio Merino, jefe de la Armada en Valparaíso".

El 11 de septiembre navegaban en aguas chilenas barcos de guerra norteamericanos. Integraban la fuerza de tarea de la Operación Unitas con tres destructores y un submarino, más barcos y aviones de apoyo, que prestaron ayuda electrónica y logística a barcos chilenos. Participación importante en la coordinación entre marinos norteamericanos y chilenos le correspondió al coronel Patrick Ryan, jefe de la Misión Naval en Valparaíso.

Hay informaciones sobre participación norteamericana directa en operaciones de apoyo y también en allanamientos, asaltos e interrogatorios y tortura a prisioneros políticos. Existen testimonios que vinculan el asesinato del periodista estadounidense Charles Horman por los militares en los días siguientes al golpe con el conocimiento que tuvo en Valparaíso de agentes norteamericanos que habían participado en las operaciones. Uno de ellos, el ingeniero naval Arthur Crater, había estado en alta mar el día del golpe y comentó a Horman y Terry Simon, amiga suya, también norteamericana, que había venido a Chile "a cumplir un trabajo que ya está hecho".

ABRIENDO ETAPAS

La derrota de Balmaceda y su proyecto de desarrollo nacional abrió paso a un época confusa cuyos signos fueron la decadencia, el despilfarro y la represión. Entre 1891 y 1924, el poder en Chile "fue compartido por la burguesía tradicional y por una nueva burguesía comercial ligada al imperialismo inglés, apoyadas en un régimen parlamentario semi anárquico", escribió el general Carlos Prats, caracterizando el período al que ningún historiador atribuye méritos significativos o de progreso sustancial. Masacres terribles marcaron a fuego y sangre la "república parlamentaria".

El apoyo popular a los antibalmacedistas se disipó al poco tiempo. El pueblo comprendió que había sido engañado. Descubrió que tras la máscara del patriotismo y la libertad estaba el poder de los dueños del dinero, de los terratenientes, de los empresarios extranjeros y los jefes militares que condenaban al pueblo a extrema explotación y horrendas condiciones de vida.

Una poeta popular, Rosa Araneda acérrima enemiga de Balmaceda, escribió tiempo después del triunfo congresista: "Tratan estos invasores / al pueblo con gran rigor / cual de ellos es más opresor / digo escribiendo y pensando / hoy como se están portando / Balmaceda era mejor". Y más tarde en un poema titulado "Conmemoración de la guerra civil en Chile": "Los otros acaudalados / I de nobles corazones / compraron con sus millones / buques, armas y soldados //…La escuadra la conquistaron / i todos los marinos, / con millones los banqueros / A los jefes los compraron".

El golpe militar de 1973 terminó con una forma de gobierno y sociedad construida a lo largo de decenios, con la impronta de una creciente democratización y conciencia cultural y política conseguida a través de una incesante movilización y lucha de los sectores populares y medios. Se impuso un régimen dictatorial sanguinario que colocó a Chile en la órbita del neoliberalismo y la globalización capitalista, del consumismo y la competencia que erradica la solidaridad. Se mantiene hasta hoy gracias a formas democráticas restringidas y al peso del militarismo que actúa en la penumbra. Es lo que estamos viviendo

HERNAN SOTO

 

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