La Corte de Apelaciones deberá pronunciarse si acoge la petición de desafuero a fin de que Pinochet sea interrogado como imputado en el proceso. La justicia argentina lo sindica como jefe máximo de la Dina; asociación ilícita terrorista que también actuó en Argentina. Y como tal, responsable criminal del asesinato de Prats. Las posibilidades del desafuero y una posterior extradición de Pinochet se han visto drásticamente reducidas después del sobreseimiento definitivo del ex dictador por demencia en la Sala Penal de la Corte Suprema. A diferencia del caso Letelier que fue, finalmente, abordado por la justicia chilena, frente al asesinato de Prats, el poder judicial ha mantenido disciplinada pasividad. No ha hecho investigación alguna, previsiblemente por presiones militares. El proceso Prats ha sido llevado por tribunales argentinos, a pesar de tratarse de víctimas chilenas y de agentes y autores en su mayoría chilenos. La investigación comenzó inmediatamente después del asesinato, pero avanzó lentamente debido a la dictadura argentina y a los vínculos entre los servicios de inteligencia del Cono Sur. Se recogieron, sin embargo, importantes antecedentes. Muchos más quedaron en Estados Unidos, cuando fue detenido y entregado a ese país el agente Michael Townley, norteamericano que actuaba para la Dina, uno de los autores del asesinato de Orlando Letelier en Washington en septiembre de 1976. La forma de eliminar al ex canciller fue análoga a la empleada contra Prats: mediante una bomba instalada en el automóvil que se hizo detonar a control remoto. Townley aportó muchos detalles de la operación criminal de la Dina en Argentina. Más o menos en la misma época, en medio del peligro de un conflicto armado entre Chile y Argentina, la policía de Buenos Aires apresó a Enrique Arancibia Clavel, agente chileno de la Dina. Importante documentación represiva -y también vinculatoria con el caso Prats- apareció entre sus papeles, pero la investigación del caso Prats no avanzó mayormente. A mediados de los noventa, la justicia argentina retomó al caso, ordenando la detención de Arancibia. La jueza de instrucción María Servini de Cubría interrogó testigos, acumuló documentos, revisó antecedentes y tuvo acceso a los archivos norteamericanos. Incluso pudo interrogar a Michael Townley, testigo sometido a régimen de protección que no puede ser inculpado en este proceso. Finalmente se establecieron responsabilidades penales. Hubo un juicio oral en que se condenó a Enrique Arancibia Clavel a prisión perpetua. Al mismo tiempo se establecieron responsabilidades para implicados chilenos que no estuvieron en el juicio, porque han eludido a la justicia argentina. El juez pidió la extradición del general Manuel Contreras y del brigadier Pedro Espinoza, jefes de la Dina, del general Raúl Iturriaga Neumann, jefe del Departamento Exterior de la Dina, de su hermano Jorge Iturriaga, agente de la organización criminal, y del coronel José Zara Holger. Entretanto, la jueza María Servini de Cubría no logró interrogar a Pinochet ni a Mariana Callejas. Respecto del primero, procede primero el desafuero porque lo protege el estatus de ex presidente de la República. La extradición fue rechazada en primera instancia por el ministro de la Corte Suprema, Jorge Rodríguez. El recurso de apelación se encuentra pendiente ante el máximo tribunal. El informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, resultó sorprendente. Sostuvo que si bien se habían cumplido los requisitos para acordar la extradición, era más conveniente que fuera la justicia chilena la que investigara el caso Prats porque -sostuvo- los tribunales nacionales están en mejores condiciones de investigar hasta su total esclarecimiento los hechos que configuran el complot fraguado en Chile por la Dina para llevar a cabo el atentado terrorista dirigido a dar muerte al ex general Prats, que por la gravedad del medio empleado para su ejecución también de otros funcionarios públicos de la época. En el juicio oral contra Arancibia Clavel no hubo grandes novedades. Casi todo ya era conocido. Hay que destacar, sin embargo, testimonios. Uno de los testigos, un chileno que colaboró con la Dina en Buenos Aires, Marcial Rojas Zegers, declaró que un mes antes del atentado lo llamó su amigo Jorge Iturriaga y le pidió que alojara en su casa a algunos chilenos, entre ellos a su hermano Raúl (entonces jefe del Departamento Exterior de la Dina). Estuvieron en esa casa tres o cuatro días. Raúl Iturriaga le pidió que nunca dijera que lo había visto en Buenos Aires. Rojas Zegers recordó que en 1981 se encontró en Santiago con Jorge Iturriaga, fueron a un restaurante y en la conversación éste le dijo: "Eres un héroe porque esos amigos de mi hermano que una vez alojaste en tu casa están involucrados en lo de Prats. Somos héroes porque impedimos que se armara un gobierno de oposición en el exilio". Michael Townley, por su parte, declaró en Estados Unidos que había cumplido órdenes directas de Manuel Contreras y Pedro Espinoza y ratificó que la Dina no hacía nada sin conocimiento de Pinochet. Confesó que él se encargó de colocar el explosivo bajo el auto del matrimonio Prats y que su entonces esposa, Mariana Callejas, activó el control remoto que hizo estallar la bomba. EXILIO Y ASESINATO El general Carlos Prats, ya en retiro como ex comandante en jefe del ejército, debió salir al exilio pocos días después del golpe militar. Pinochet le impuso una obligación previa: que desmintiera que estaba dirigiendo fuerzas militares opositoras al golpe. Como a Prats le constaba que eso era falso, no tuvo mayor problema en hacer la declaración. Pero para Pinochet era importante en términos de autoridad. Prats recibió en Argentina hospitalidad y ayuda del ejército de ese país. Con su esposa ordenaron una vida modesta dedicada al trabajo y a la preparación de las memorias del general. Vivían en un departamento pequeño en Malabia 3359. Prats trabajaba mañana y tarde en una industria de neumáticos y su esposa tenía una tienda de regalos, en sociedad con una amiga argentina. Prats dejó atrás una carrera militar brillante marcada por la iniciativa, el compromiso patriótico y la firme adhesión a la democracia. Fue un leal colaborador del presidente Allende, a pesar de que no tenía un compromiso ideológico con el marxismo ni las ideas de Izquierda. El 23 de agosto de 1973 renunció a la comandancia en jefe y recomendó como su sucesor al general Augusto Pinochet, que fue designado por Allende. Prats, en el exilio, no desarrolló actividades conspirativas ni actuó contra Pinochet y la Junta. Sus opiniones críticas eran conocidas y las estampó en sus memorias destinadas a ser publicadas más adelante. Desde el primer momento, estuvo sometido a vigilancia. La Dina montó una red, en la que destacó Enrique Arancibia Clavel, que vivía en Buenos Aires desde 1971. Militares chilenos iban regularmente a la capital argentina en operaciones encubiertas para estrechar el cerco. Finalmente, Prats fue asesinado. La bomba estalló cuando estacionaba su auto frente a su casa, que extrañamente estaba sin protección policial y en la oscuridad porque también -sospechosamente- el alumbrado de la calle estaba apagado. PRISIONEROS EN ARGENTINA Prats había recibido avisos de que su vida corría peligro. Incluso un incógnito militar le advirtió por teléfono que había un plan para asesinarlo. Al parecer no hizo mucho caso de las amenazas porque seguía confiando en la lealtad de los oficiales chilenos. Contaba también con la protección del ejército argentino y la simpatía de Perón. Prats sabía que las memorias que estaba escribiendo inquietaban a los militares y especialmente a Pinochet, y que el peligro aumentaba a medida que las iba concluyendo. La muerte de Perón en julio de 1974 debilitó la seguridad que lo protegía. Entonces empezó a considerar seriamente su salida de Argentina. Recibió invitaciones de diversos países y pensó en un viaje a Brasil. Finalmente se decidió por España, donde dictaría cursos en la Universidad Complutense. Subsistía un problema que se hizo insoluble. No disponía de pasaporte chileno y no estaba dispuesto a convertirse en refugiado. El antiguo pasaporte diplomático con que había entrado a Argentina necesitaba ser visado por la embajada chilena que también debía proporcionárselo a su esposa. Pidió pasaportes ordinarios al cónsul general, Alvaro Droguett, quien consultó a Santiago. Los pasaportes fueron negados. Pasaba el tiempo y no se resolvía el problema. Droguett envió diversas peticiones. Al pie de una de ellas, el 26 de septiembre -cuatro días antes del asesinato- hay una nota y una firma que señala como "inconveniente otorgar pasaporte a las personas indicadas en la carta". La escritura y la firma corresponden a Claudio Collados, subsecretario de Relaciones Exteriores, oficial naval, vinculado a organismos de inteligencia. El general Prats y su esposa se habían convertido en rehenes de la dictadura, confinados en Argentina. Una gestión del ex embajador en ese país, Ramón Huidobro, ante el embajador designado por la Junta en Buenos Aires, René Rojas Galdames, terminó también en fracaso. Rojas Galdames -recuerda Huidobro- le dio a entender "claramente" que existía "una prohibición explícita de que Prats se fuera de Argentina". RAZONES PARA UN CRIMEN Es evidente que el asesinato de Prats fue autorizado expresamente por Pinochet. De él dependía la Dina, encabezada por Manuel Contreras, entonces un simple coronel. El objetivo era demasiado importante como para que un oficial subalterno decidiera por sí solo la ejecución del ex comandante en jefe que recibía protección del ejército argentino y era considerado un huésped por el presidente Perón. En cuanto a los motivos para el asesinato, seguramente, se cruzaron varias líneas. A mediados de 1974 se mantenía en plena ebullición la paranoia anticomunista y la persecución de "antipatriotas" que se había insuflado en las Fuerzas Armadas y Pinochet no vacilaba en adoptar medidas feroces. Debía competir en dureza con el comandante en jefe de la Fach, general Gustavo Leigh, que había montado su propio organismo de represión, el Comando conjunto para cazar y eliminar izquierdistas en competencia con la Dina, y por ende con Pinochet. En esa competencia terrorista Pinochet llevaba ventaja. El ejército había cometido masacres y jefes militares ordenado fusilamientos que constituyeron un baño de sangre que estrechaba lealtades. La Caravana de la Muerte había mostrado una voluntad férrea de represión, que, al mismo tiempo, generalizaba el pánico. La muerte del ex ministro del Interior y ex ministro de Defensa, José Tohá, había liberado a Pinochet de un testigo incómodo de sus relaciones amistosas -y hasta serviles- con altos personeros del régimen derrocado y con el presidente Salvador Allende. No había vacilado en tratar de manera agraviante a Moy, la viuda de Tohá, cuando ésta logró que la recibiera luego del asesinato de su marido. Pinochet y Leigh no eran los únicos que querían sangre. Existe una minuta enviada por Jaime Guzmán a la Junta Militar a fines de 1973, en la que, recomendaba línea dura: "El éxito de la Junta -escribió- está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a ese propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura. Sólo exige que se ejerza con justicia y sin arbitrariedad (sic)... Transformar la dictadura en 'dictablanda' sería un error de consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo espera en las sombras". El liderazgo de Pinochet era cuestionado. Aún no se borraba entre los oficiales la imagen de que había sido hombre de confianza de Carlos Prats. La eliminación de su antecesor pasaba a ser, por lo mismo, una señal más que convincente. Había generales que no callaban sus críticas. Uno era Sergio Arellano, jefe de la Caravana de la Muerte, que incluso buscó vinculaciones con otros oficiales. Se dice que Pinochet, cuando decidió asistir a los funerales de Franco, lo incluyó en la comitiva para impedir que Arellano intentara un golpe de Estado en su ausencia. Los generales Oscar Bonilla y Augusto Lutz criticaban el poder de la naciente Dina y la subordinación exclusiva de Contreras a Pinochet. La situación económica del país no mejoraba significativamente. Crecía el rechazo mundial a la Junta y Estados Unidos hacía gestos de desagrado ante la barbarie de los militares y el empaque fascistoide de la Junta. La relación entre Pinochet y la Dina jugaba como elemento de poder que beneficiaba su posición y la de Manuel Contreras. El politólogo Carlos Huneeus, en el libro "El régimen de Pinochet", escribe: "Probablemente nunca se comprobará el grado de involucramiento directo de Pinochet en las órdenes impartidas para asesinar a personalidades políticas en Chile y el exterior, pero sí está clara su responsabilidad en la creación de un ambiente de durísima represión por parte de los efectivos de la Dina, no sólo en Chile sino también en el exterior, atentando contra la vida de destacadas personalidades políticas. Estos deseos de Pinochet fueron llevados a la práctica con gran eficacia por Contreras, creándose así una dinámica de terrorismo de Estado como consecuencia de la radicalización del autoritarismo y fortalecimiento del poder de Pinochet". Había que buscar excusas para la eliminación del peligro. Una de ellas fueron las memorias que -según era sabido- Prats estaba escribiendo. La Dina seguía atentamente esa hebra e informaba que el testimonio de Prats sería un golpe serio para la Junta. La otra excusa era mucho más seria. Prats -se dijo- se preparaba para encabezar un gobierno en el exilio, con apoyo de la Unidad Popular y la DC. Hay testimonios de que Pinochet dijo en más de una ocasión que Prats se había convertido en un hombre "muy peligroso". Prats era también un testigo insoportable. Sabía demasiado de las genuflexiones de Pinochet ante Allende, conocía su mediocridad y limitaciones y también sus ambiciones y tendencias autoritarias. Finalmente, el exiliado general seguía siendo respetado entre los militares. Incluso muchos de los que lo cuestionaban, reconocían en el ex comandante en jefe profesionalismo, condiciones de mando, valor e inteligencia. INQUIETUDES MILITARES El eventual desafuero de Pinochet complica al ejército por partida doble. Se refiere, por una parte, al caso Prats, espina que hiere la médula institucional. Y, en segundo lugar, porque el Alto Mando quiere que el tema Pinochet -y los procesos que involucran a uniformados- terminen de una vez por todas para concentrarse, según declaran, en asuntos exclusivamente profesionales. El sobreseimiento definitivo por demencia con que la Sala Penal de la Corte Suprema benefició al ex dictador no paralizó todos los procesos que lo afectan. En Chile, los fallos sólo tienen validez en los juicios en que se dictan. Consciente de esto, el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, envió un mensaje oblicuo: "Lo que preocupa al ejército es que se respete y considere su dignidad (la de Pinochet, PF) como ex presidente y ex comandante en Jefe". Expresando esa preocupación, Cheyre abrió -inadvertidamente- otro flanco. No hay explicación razonable que compatibilice la inquietud por la dignidad de Pinochet con la pasividad o indiferencia del ejército frente a la muerte del general Carlos Prats González, un ex comandante en jefe que fue también vicepresidente de la República, que no ha sido investigado por la institución a pesar de las circunstancias que rodearon el atroz asesinato y la demostrada participación que tuvieron en el crimen oficiales y personal del ejército. Preocupa también a Cheyre los otros procesos por derechos humanos. En especial la sentencia en el proceso por el asesinato de Tucapel Jiménez, que compromete a cuatro generales en retiro y a otros altos oficiales. También avanza el proceso por la Operación Albania, realizada por la CNI y el Dine, en que fueron asesinados doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Refiriéndose al proceso de Tucapel Jiménez, Cheyre enfatizó que la justicia debe considerar la paz social. Significativamente dijo: "La justicia, además de fallar en un juicio, tiene como objetivo la paz social y la educación de las sociedad en temas como éstos y eso se logra concluyendo y no manteniendo las cosas pendientes". Tras esa conclusión, se incrementarán las presiones castrenses
por una ley de amnistía que asegure impunidad para los militares, en especial
para altos oficiales FEDERICO LOPEZ Si te gustó esta página... Recomiéndala |
Honor del ejército"En un viejo apunte de los años 50 releí hace poco, una vez más con penosa añoranza, uno de sus preceptos inquebrantables: 'Desde el instante en que el combatiente hace abandono de las armas y levanta los brazos, deja de ser enemigo y queda bajo la protección de sus aprehensores. Nadie tiene derecho a exigirle más información que las referencias identificatorias a que lo obliga el derecho internacional y quien lo apremie o maltrate, además de incurrir en cobardía moral, comete ultraje al honor de su ejército y de su patria'". Con esta idea central iniciaba el curso sobre administración y tratamiento de prisioneros el profesor de Logística de la Academia de Guerra, comandante Carlos Prats González. (Del artículo-homenaje: "Prats, militar ejemplar" del abogado y académico José Galiano, publicado en La Nación, 1 de octubre de 1998)
Santiago, 7 de septiembre de 1973 Sr. General de Ejército Don Carlos Prats González Presente Mi querido general y amigo: Al sucederle en el mando de la Institución que usted comandara con tanta dignidad, es mi propósito manifestarle, junto con mi invariable afecto hacia su persona, mis sentimientos de sincera amistad, nacida no sólo a lo largo de nuestra profesión sino que -muy especialmente- cimentada en las delicadas circunstancias que nos ha correspondido enfrentar. Al escribirle estas líneas lo hago con el firme convencimiento de que me dirijo no sólo al amigo sino que, ante todo, al Sr. General que en todos los cargos que le correspondió desempeñar, lo hizo guiado sólo por un superior sentido de responsabilidad, tanto para el ejército como para con el país. Es por lo tanto para mí profundamente grato hacerle llegar junto con mi saludo y mejores deseos para el futuro, en compañía de su distinguida esposa y familia, la seguridad de que quien lo ha sucedido en el mando del ejército queda incondicionalmente a sus gratas órdenes tanto en lo profesional como en lo privado y personal. Afectuosamente AUGUSTO PINOCHET UGARTE General de Ejército Comandante en Jefe Si te gustó esta página... Recomiéndala |
