REPUDIO A LA MAFIA
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No llegará -seguramente- a mayores el procesamiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado que afecta a los dirigentes del Consejo Superior del Transporte de Santiago. Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Marcel Antoine y Armando Huerta, máximos líderes autobuseros, volverán a dirigir la lucha de su gremio contra el gobierno. Todo indica, sin embargo, que la pista se les ha puesto pesada y permanecen en la cárcel después que la Corte de Apelaciones les negó la libertad bajo fianza. El gobierno del presidente Ricardo Lagos ganó por K.O. el primer “gallito” librado con los empresarios del transporte de Santiago. Ellos dirigieron un paro que afectó a la capital los días 12 y 13 de agosto. |
El paro fue casi total. Más del 85 por ciento de los buses no
circularon en protesta contra la licitación de áreas y recorridos,
solidarizando, además, con los propietarios de Metrobuses, afectados
por la primera licitación. Las máquinas que circulan en
Santiago son casi ocho mil. Cerca de un 15 por ciento, pertenecientes
a otras agrupaciones gremiales, siguieron circulando pero fueron atacadas
por los huelguistas que amenazaron quemarlas.
Los principales accesos a Santiago y calles claves para la circulación
vial fueron bloqueados. Resultado: millones de personas tuvieron serias
dificultades. Decenas de miles de automovilistas, camioneros y conductores
de otros vehículos vieron entorpecido su desplazamiento. Con el
correr de las horas, el paro fue perdiendo fuerza. El bloqueo de calles
jugó en contra de los empresarios autobuseros.
El gobierno ganó en toda la línea, sin verse obligado a
echar mano a todas sus reservas. Los empresarios microbuseros se aislaron,
sintieron la presión de una opinión pública hastiada
de los chantajes y actitudes matonescas de sus dirigentes. El año
pasado ellos manejaron el tema del carnet escolar de manera casi delictiva.
Más de tres mil millones de pesos se evaporaron y cientos de miles
de estudiantes se vieron defraudados. Los empresarios sufrieron divisiones
internas. Los que no se plegaron al paro declararon que estaban dispuestos
a participar en las licitaciones y que era posible prestar un servicio
más eficiente, menos contaminante y más ajustado a las necesidades
y al respeto que merecen los usuarios, sin elevar las tarifas. Los choferes
denunciaron que los patrones habían manejado el paro, que los habían
obligado a participar en un bloqueo de calles cuidadosamente planificado.
Uno de los dirigentes empresariales, Demetrio Marinakis, confesó
haber ordenado el bloqueo que el Consejo del Transporte pretendía
hacer aparecer como una acción “espontánea”
de los choferes.
El tema de fondo, sin embargo, es la reestructuración del sistema
de transporte colectivo. Nadie -públicamente al menos- se atreve
a rechazar un plan que signifique un nuevo sistema de movilización.
La mayoría de los santiaguinos que ocupan microbuses critican un
sistema caótico, con más de trescientos recorridos, cerca
de ocho mil máquinas y gran atomización de la propiedad,
que consideran malo, caro, contaminante y peligroso. Día a día
los santiaguinos pierden al menos un par de horas en movilizarse.
Los empresarios que dirigen Navarrete y Marinakis sostienen que las licitaciones
abren la puerta a empresas transnacionales en desmedro de los empresarios
chilenos. Constituyen, según sostienen, soluciones tecnocráticas
que terminarán en fracaso, haciendo pagar pasajes más caros
a los usuarios.
El planteamiento parece atendible. Tienen razón los empresarios
que critican la globalización y también los enfoques meramente
tecnocráticos. Sin embargo, es un hecho que los dirigentes autobuseros
carecen de credibilidad, y constituyen el grupo gremial que goza de menos
prestigio y consideración. Que Navarrete y Marinakis protesten
contra la globalización y las transnacionales no convence a nadie.
Aparecen guiados por intereses turbios manipulando desde las sombras a
los empresarios pequeños: más del 80 por ciento del parque
de transporte público está controlado por dueños
de entre uno y cinco vehículos.
Objetivamente, un sistema de transporte público que tenga como
eje estructurante el Metro y que utilice transporte público de
superficie con microbuses o vehículos más pequeños,
que movilicen público hacia los terminales o vías troncales
servidas por grandes buses articulados que circulen conforme a horarios
y paraderos establecidos, es una necesidad social. Es un proyecto que
vale la pena intentar sumando esfuerzos del gobierno, de los usuarios,
de los empresarios y choferes de la movilización colectiva.
En Chile existen capacidades para cerrar el paso a las transnacionales
del transporte. La mejor garantía de que ello ocurra es que el
servicio que se ofrezca sea similar al que puedan ofrecer las empresas
extranjeras y que, además, sea más barato.
Eso será posible si se trabaja organizadamente hacia los choferes
y los empresarios pequeños y medianos, organizándolos y
motivando su integración en cooperativas u otras formas de asociación
que les permita acceder a créditos y a niveles superiores de eficiencia
y calidad del servicio. Debe ponerse fin a la superexplotación
de choferes sometidos a estresantes jornadas y a la competencia por capturar
pasajeros.
Será una forma de satisfacer el interés general y, al mismo
tiempo, atender a los justos y razonables intereses de los trabajadores
del sector, liberados de la manipulación de camarillas y grupos
corruptos de poder, cuyas prácticas mafiosas han logrado exceder
todos los límites de tolerancia de los ciudadanos
PF
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