El cobre después de Allende: De la nacionalización
al saqueo extranjero
Multimillonaria demanda contra transnacionales
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Una demanda equivalente a más
de un cuarenta por ciento del PIB de Chile, por un monto de 32 mil
millones de dólares, se tramita en el Séptimo Juzgado
Civil de Mayor Cuantía de Santiago. Las demandadas son las
multinacionales mineras que operan en Chile y la empresa Pelambres,
propiedad del grupo Luksic que también tiene aportes transnacionales.
Cuatro abogados y economistas y un estudiante decidieron iniciar
la demanda para que reparen el daño causado al país
por negligencia, imprudencia o dolo al aumentar sin límites
la producción de cobre, provocando la mayor caída
de precios que se ha registrado en un siglo.
Los abogados Armando Uribe y Pedro Foncea, los economistas Julián
Alcayaga y Orlando Caputo y el estudiante Miguel Castro, decidieron
tomar en sus manos la acción popular -que puede ejercer cualquier
persona- para reclamar la reparación de los perjuicios materiales
y morales producidos a partir de 1989. |
ALLENDE
habla a los mineros en Rancagua sobre la histórica nacionalización
del cobre, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional el 15
de julio de 1971.
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Lo hicieron ante la pasividad de las autoridades de gobierno que, siguiendo
la huella de sus antecesores, ha tolerado la acción depredadora
de los consorcios mineros que operan en el país.
Para formular la demanda, patrocinada por el abogado Pedro Foncea Navarro,
se acogen al Artículo 2333 del Código Civil, redactado por
el propio Andrés Bello que establece: “Por regla general
se concede acción popular en todos los casos de daño contingente
que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas;
pero si el daño amenazara solamente a personas determinadas, sólo
alguna de éstas podrá intentar la acción”.
En extensa presentación de casi 60 páginas, los demandantes
declaran accionar por “todas las personas que habitan en este país”
y que han sido directa o indirectamente dañadas por la acción
de las multinacionales.
La argumentación sistematiza trabajos realizados por investigadores
como el economista Orlando Caputo, el senador Jorge Lavandero y otros
especialistas. Los enmarca en un cuadro jurídico que permite fundamentar
la negligencia o imprudencia de manera irrebatible. Es imposible que las
empresas del cobre, que tienen larga experiencia en negocios y actúan
con sofisticados equipos técnicos, no hubieran podido prever que
el aumento exagerado de la producción no influiría sobre
los precios, haciéndolos bajar. La mera aplicación de la
ley de la oferta y la demanda, que no puede ser ignorada, condenaba el
precio del cobre a la baja.
Con cifras y citas técnicas, los demandantes recuerdan que las
transnacionales “pusieron en el mercado una cantidad de cobre de
mina muy superior al crecimiento que históricamente había
tenido la demanda, lo que se tradujo en una caída del precio del
cobre a menos de la mitad del precio promedio de 1989”.
Mientras Codelco aumentaba racionalmente la producción, las multinacionales
lo hicieron sin reparos. Antes de 1990 el aumento de la producción
en Chile era inferior al aumento de la producción de otras empresas
mineras en el mundo. “Eso cambia radicalmente a partir de 1990 cuando
las empresas mineras demandadas con su imprudente inversión sobreproductiva
sobrepasaron en 4,5 veces el crecimiento de la producción que efectuaron
todas las restantes empresas mineras del mundo, durante los años
ochenta”.
ACLARANDO LAS COSAS
La demanda aclara las razones por las cuales conviene a las transnacionales
aumentar la producción, aunque sea en desmedro de los intereses
de Chile.
Utilizan distintos mecanismos para disminuir las utilidades que en la
práctica les permite tener pérdidas o ganancias reducidas
y pagar pocos impuestos, con mayor razón si los precios son bajos.
Las utilidades las hacen en el exterior, concluyen.
Con tolerancia oficial las multinacionales que operan en Chile venden
parte de su producción a filiales o empresas relacionadas con la
casa matriz. Las ventas las hacen entre ellas, a precios que varían
entre 20 y 30% más bajos que las cotizaciones del mercado de Londres.
Las utilidades se esfuman para las empresas chilenas pero se obtienen
en las filiales o relacionadas, por lo general establecidas en “paraísos
tributarios” donde no pagan impuestos.
Los elevados intereses derivan de préstamos obtenidos de la casa
matriz o de bancos relacionados con ella. El caso de Disputada es paradigmático.
En promedio ha pagado a Exxon 70 millones de dólares en intereses
al año, equivalentes al 30% de sus costos de explotación
o al 20% de sus ingresos por ventas. El Abra pagó en 1998 68,1
millones de dólares en intereses lo que fue determinante para que
el balance arrojara pérdidas.
Señala la demanda otros dos casos espectaculares: “Minera
Escondida Ltda. en su balance público por el año 2000, a
once años de haber iniciado su explotación admite gastos
financieros por 112 millones de dólares, equivalente al 15,7% de
sus costos de explotación o de 8,6% de sus ventas. Con un capital
de 98 millones de dólares, esta empresa tiene una deuda de alrededor
1 mil 400 millones de dólares y paga además 64,4 millones
de dólares a la Escondida por arriendo de la mina (que es propiedad
chilena, PF) y 70 millones de dólares por administración,
comisiones y ventas y fletes y seguros a otras empresas relacionadas.
Doña Inés de Collahuasi en el balance publicado por el año
2000, declara pago de intereses financieros por 124,8 millones de dólares,
lo que equivale al 24% de sus costos de explotación o 15,1% de
sus ingresos por venta. Su capital social es de 185 millones de dólares,
pero con un endeudamiento con empresas relacionadas de 1 mil 235,5 millones.
Las pérdidas tributarias de estas empresas acumuladas hasta el
año 2000 ascienden a 339,3 millones de dólares”.
Y prosigue: “Es así como mediante la autorización
de invertir con créditos de sus propias filiales financieras, las
transnacionales evitan pagar impuestos sobre las utilidades en Chile,
cuyo adicional es de 35% y retiran de Chile varios cientos de millones
de dólares anuales que están afectos a un tributo de solamente
4%”.
El tercer instrumento de evasión son los mercados a futuro. Los
usan para “hacer pérdidas”, comprando opciones comprometidas
a precios superiores en un 20 o más por ciento. Dan como ejemplo
a Mantos Blancos, propiedad de Anglo American, que declaró pérdidas
en mercados a futuro por 19 millones de dólares en 1994 y por 49
millones en 1995.
Los demandantes llegan a una conclusión en apariencia sorprendente.
El objetivo primordial de las inversiones que realizan en Chile los conglomerados
que poseen el capital de las empresas mineras extranjeras, no es obtener
utilidades en nuestro país, sino controlar y asegurar el abastecimiento
de sus fundiciones, refinerías y diferentes tipos de fábricas
elaboradoras y comercializadoras de cobre.
Incluso la demanda visualiza una política que no se detiene ante
el posible agotamiento de los yacimientos chilenos. El aumento de consumo
en los países emergentes -especialmente en China, India y también
América Latina- hará que el cobre alcance “niveles
de consumo y precios extraordinarios”. Sin embargo, alertan, “con
la producción actual, para ese entonces ya no quedará cobre
chileno, pero quedará el cobre en los Estados Unidos, Canadá,
Australia, etc., de donde son originarias las empresas mineras demandadas”.
RESPONSABILIDAD
DEL GOBIERNO
El reclamo de los demandantes contra las multinacionales los lleva también
a criticar severamente la pasividad o complicidad de los sucesivos gobiernos
de la Concertación.
Sostienen: “Codelco rebajó su producción, pero tanta
fue la producción de las empresas extranjeras que llevaron a la
caída del precio del cobre bajo su entera responsabilidad, caída
que fue acentuándose hasta hoy, con mayor relieve a medida que
fueron copando la explotación del metal, la que llega actualmente
a superar el 65% de la producción nacional”.
“Tan grave es la pérdida sufrida -prosiguen- que los mismos
hechos originaron no sólo la caída del precio a nivel mundial,
sino que además permitió a las empresas culpables llevarse
el metal al exterior sin siquiera tributar por las ‘pérdidas’
que ese mismo precio les había irrogado. No fue necesario fiscalizar
los precios de transferencia que pagaban las casas matrices de las empresas
transnacionales y las remesas de capital y pago de intereses altísimos.
Eso es actuar dolosamente en todas las latitudes menos en Chile”.
Y en otra parte:
“Hemos sido víctimas de una burla por parte de las empresas
transnacionales del cobre que han venido a llevarse nuestras riquezas
básicas, en la práctica, gratuitamente. Autoridades incautas
o ingenuas, en el mejor de los casos, nos han expuesto a todos al ridículo.
Somos el único país del mundo que con su sola producción
de cobre tiene la capacidad de establecer el precio de esa riqueza a nivel
mundial y que es capaz de permitir que el precio llegara al mínimo
nivel en un siglo. Creemos que eso lo convierte en el hazmerreir de todos
aquellos que conocen la mecánica del mercado. La verdad es que
ese daño moral, esa vergüenza, deberían pagárnosla
los gobernantes chilenos a todos los ciudadanos”.
No dudan en responsabilizar directamente tanto a las empresas como a los
gobiernos: “...todo cuanto ha perjudicado el precio del metal rojo
hasta los niveles actuales y futuros, ha sido deliberadamente propiciado
por dos protagonistas: por una parte, los autores directos de la tragedia,
las empresas transnacionales del cobre y, por la otra, quienes han eludido
su obligación de procurar proteger nuestras riquezas básicas:
los sucesivos gobiernos chilenos”.
Y concluyen: “La clase política no ha sabido salvaguardar
los intereses de todos los chilenos. Tampoco quienes debieron hacer las
estimaciones que correspondía efectuar a fin de poner coto al mal
que se estaba produciendo”.
MONTO DE LA DEMANDA
Las sumas reclamadas por indemnizaciones son enormes. Parecen siderales,
aunque se limitan a la pérdida de ingresos presupuestarios por
el menor precio del cobre producido por Codelco. Magnitud que indica la
enormidad del daño sufrido por el país como resultado de
la aplicación de la política neoliberal en la minería.
Para calcular el daño económico directo, argumentan así:
una primera aproximación es proyectar los aportes al Fisco efectuados
por Codelco en 1989 (antes de la caída de los precios, PF) que
alcanzaban a 2 mil 243 millones de dólares. Multiplicando esos
aportes por doce años transcurridos hasta el 2001, daría
26 mil 916 millones de dólares de aportes proyectados a los que
hay que descontar los 10 mil 950 millones de dólares que Codelco
aportó efectivamente al Fisco en el período.
El resultado es sobrecogedor: 15 mil 966 millones de dólares. Esa
es la suma reclamada como indemnización por el daño económico
directo que habría que incrementar con intereses y reajustes legales.
No se trata solamente de la baja del aporte de Codelco al presupuesto
fiscal, es justo también agregar los daños morales.
Siendo muy difíciles de estimar, porque habría que expresar
en dinero la frustración, la inseguridad, la angustia y el dolor
de las personas que no vieron atendidas sus necesidades básicas
porque el Estado carecía de recursos para hacerlo, los demandantes
prefieren calcular a grosso modo una suma equivalente al daño económico
directo, o sea, 16 mil millones de dólares. La indemnización
total que se reclama asciende en cifras redondas a 32 mil millones de
dólares, casi un 40% del PIB de Chile.
Los demandantes no se conforman con el reclamo indemnizatorio en un juicio
que puede ser interminable pero que da la oportunidad única de
discutir a fondo un tema rodeado intencionadamente de penumbras y ambigüedades.
Solicitan también la cancelación de las concesiones mineras
otorgadas a las transnacionales. Su actitud negligente, imprudente y dolosa
ha causado tal daño al país que piden al tribunal que, habiéndose
violado el interés público que se tuvo en vista al otorgarles
las concesiones, “se declare la caducidad de las mismas ipso jure,
conforme a la Constitución Política”
ROBERTO ORTIZ
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