VENEZUELA

Política y economía

Quien llega por primera vez a Venezuela y lee los diarios de la mañana, piensa que Chávez cae esa misma tarde. ¡Tanto es el terreno ganado por la oposición, en la video-política, los diarios y la radio! Con medios de comunicación absolutamente controlados por la oposición, el gobierno cuenta con un solo canal de televisión, y éste ni siquiera tiene cobertura nacional. Incansablemente, en el curso de la jornada, se proponen acusaciones constitucionales, juicios de desafuero, supuestas infracciones a la ley, malversaciones de caudales públicos, comentarios muchas veces abiertamente injuriosos, descalificaciones, etc. Chávez ha advertido a sus opositores que tengan calma, que esperen la mitad de su período (2003), para hacer efectivo el “referéndum revocatorio” previsto en la Constitución (Art. 72), y que se atengan a sus resultados. Baste decir que las seis consultas organizadas desde 1998, han sido ganadas por Chávez por una aplastante mayoría.

RODRIGO Chávez, coordinador nacional de los Círculos Bolivarianos (izq.), y Germán Ferrero, miembro del departamento de asuntos internacionales del Movimiento V República. Recientemente también visitaron Chile el director de ese departamento, Diego Salazar, y Vidal Cisneros. Se entrevistaron con dirigentes políticos y de la Fuerza Social y Democrática.

La convocatoria a referéndum revocatorio precisa de un número no menor de 20% del electorado y para aprobarla, basta la concurrencia de 25% del electorado siempre que iguale o supere el porcentaje del electorado que eligió a Chávez como presidente de la República.
Ni la organización de las fuerzas sociales que apoyan el proceso de cambios, ni las instituciones de la República están adaptadas para las grandes transformaciones que plantea el proceso. La relación entre las fuerzas políticas que constituyen el gobierno (MVR, PPT, MEP, PCV y una fracción del MAS) y los vastos sectores sociales que lo apoyan, es débil y en algunos casos caótica. Los Círculos Bolivarianos y los grupos democráticos de la sociedad civil aún se encuentran en proceso de organización. Las motivaciones para la movilización son altas, pero la organización para la propaganda (radios y televisión local, foros y seminarios de discusión a nivel de pobladores, profesionales, puestos de trabajo, folletos y prensa escrita nacional local o de barrio) y la discusión programática están apenas en sus inicios.

BASE SOCIAL Y APARATO DE ESTADO

No existe articulación entre la base social de apoyo y el aparataje del Estado que desarrolla las políticas públicas y concretamente el programa de cambios. La Asamblea Nacional resulta incapaz de seguir el paso de las grandes reformas que plantea el presidente. Enseguida, la administración pública, con una plétora de empleados, suman un millón quinientos mil, en su gran mayoría, militantes adecos, copeyanos, etc., esconde en su seno, nichos de descontento y trabajo lento, si no, lisa y llanamente, sabotaje. El poder judicial, más que un poder prestigiado por su independencia, está formado por jueces que son parte de situaciones clientelares y por lo tanto sin ninguna credibilidad. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el cimiento más sólido de la economía venezolana representa aún una “caja negra” (con los gastos operacionales más altos del mundo), que ni siquiera el presidente constitucional, con todo su prestigio, logra desactivar, etc. No es posible reducirlo todo a la relación de adhesión personal que suscita el presidente. La relación Chávez-masa evoca más un nivel de esperanzas que de gobierno realizador de ideas fuerza. La esperanza es un plus inevaluable pero no basta para gobernar.
El carácter de las medidas enunciadas por Chávez es de tal envergadura que existe la sensación que el proceso ha llegado a un punto sin retorno. En ese contexto, aún las garantías constitucionales reconocidas a la oposición, son consideradas por el pueblo como un retroceso inexplicable y culpable, casi como una muestra de debilidad. La percepción popular es que Chávez no puede ni debe retroceder. Si cediera, la oposición tendría todas las razones para dudar de la sinceridad del retroceso. En conclusión, no le queda a Chávez otra opción que avanzar.
Originalmente, el poder de Chávez se gestó en la calle y al margen de los partidos. Es probable que sólo dos políticos hayan comprendido el alegato de Chávez, cuando preso (1992) dijo que el proceso continuaba (su famoso “por ahora”). Su tesis es clara, las transformaciones están lanzadas y no hay camino de retorno, es más, el pueblo no sólo desea el cambio, sino que está dispuesto a luchar por él. Rafael Caldera comprendió el mensaje y desde el parlamento lo apoyó verbalmente, con lo cual pavimentó su camino a la presidencia. No es extraño pues que Chávez en su intervención radial del 30 de junio de 2002 (“Aló Presidente”) haya dicho, “no le debo absolutamente nada al Dr. Caldera”. La habilidad política de Rafael Caldera lo llevó a la presidencia.
El discurso de Aristóbulo Istúriz, actual ministro de Educación, fue de la misma factura, pero sus palabras y sobre todo sus hechos revelaron un compromiso real con la tesis de Chávez de la transformación irreversible. La política de Chávez sugiere una relación vinculante del pueblo con el poder político. En esa estrategia el pueblo es soberano y la toma del poder se entiende como la recuperación del papel del Estado o ejercicio real de la soberanía popular.

MILITARES EN LA POLITICA

La presencia de los militares en política forma parte de la historia de Venezuela. Venezuela profundiza esa relación y le da un claro contenido de compromiso democrático. En la Venezuela de hoy es impensable que los militares se dediquen a sus tareas profesionales sin participar en política. Participaron democráticamente y restituyeron al presidente constitucional y no darán pie atrás. Por eso, ahora cabe hablar del fortalecimiento de la alianza cívico-militar. La politización de los militares dentro de los cauces de la Constitución implica abrir nuevas vías de participación en la sociedad. Algunas podrían ser el servicio militar del trabajo, orientado hacia trabajos comunitarios realizados por el cuerpo de ingenieros militares; participación en programas sociales, por ejemplo, abastecimientos en zonas fronterizas de difícil acceso; apoyo a programas civiles de alfabetización, salud, educación; construcción de viviendas; apoyo a programas culturales y espectáculos organizados por los municipios (deporte, folclor, etc.); realización de un plan ferroviario nacional. La integración de profesionales civiles (historiadores, sociólogos, economistas, administradores públicos, juristas, médicos) en tareas propias de las FAN podría sellar un compromiso por una causa común, sin confundir los roles que se suponen en cada estamento social, pero sí relacionándolos en cursos de la Academia de Guerra; organización de seminarios; trabajo conjunto en industrias estratégicas como comunicaciones, minería, explosivos, transporte, energía, etc. Tareas que, como lo expresara el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército de Chile en la época de la Unidad Popular, consolidan la seguridad nacional y que en el caso específico de Venezuela, dan un contenido real y concreto al pueblo presente en las filas de las FAN y al pueblo civil en la realización de los principios consagrados en la Constitución Bolivariana.

UNA RELACIÓN PROBLEMÁTICA CON LAS INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS

Venezuela, mediante la racionalización de las liquidaciones de pago del sector petróleo en el tiempo, puede prescindir de la asistencia financiera de las instituciones de Bretton Woods. Su base financiera es ancha. Su potencial económico más importante reside en el grupo estatal PDVSA con ventas en 2001 de 45 mil millones de dólares, ocupando el quinto lugar en el mundo, después de la British Petroleum, Royal Dutch/Shell Group, TotalFinaElf y Pemex. El potencial productivo y la estrategia internacional de PDVSA la ha llevado a colocar su petróleo crudo en mercados externos, a través de la adquisición de refinerías en Estados Unidos (Citgo) y en países europeos. Además, de la red de estaciones de servicios en Estados Unidos, también cuenta con refinerías en Alemania, Bélgica, Escocia, Inglaterra y Suecia, con una capacidad de refinación de 2,4 millones de barriles diarios, de los cuales por participación accionaria le corresponden 1,1 millón de barriles diarios (46%). América Latina es parte de la estrategia y en el presente PDVSA evalúa operaciones de distribución al detalle en la región, particularmente en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El alcance de esta política es mayor que la de otros países de América Latina que luchan por alcanzar la autosuficiencia (caso de Petrobras en Brasil) o que están definiendo políticas de expansión en Argentina, Brasil, Ecuador, y en menor medida, en Perú, con Repsol-Ypf. En el año 2000, los resultados de PDVSA representaban 7.216 millones de dólares, superando los resultados de otras firmas petroleras de la región (Petrobras, Repsol YPF, Pemex, TotalFinaElf, Royal Dutch Petroleum).
La capacidad de endeudamiento de PDVSA es más importante que cualquiera de las firmas de alcance mundial en Latinoamérica. La modernización de PDVSA ha implicado importantes inversiones privadas que por el monto, origen y destino estratégico (petroquímica, marina, refinación, tecnología, mercado, etc.) de las inversiones comprometidas en el grupo PDVSA, podría sostenerse que se ha llevado a cabo una virtual privatización de la industria. Sin embargo, la estrategia del gobierno venezolano ha neutralizado estos efectos, por cuanto el gobierno ejerce el monopolio sobre la venta del petróleo. El Estado cuenta además con un dispositivo tributario (impuestos específicos establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos) difícil de eludir. Sin embargo, el monopolio de la venta del petróleo no basta. La “caja negra” de PDVSA, es su consejo de administración, donde no sólo se juegan los intereses del Estado venezolano, sino además, de poderosos intereses privados y transnacionales, que son parte del grupo estatal. Esto, tiene efectos directos en altos -e inexplicables- costos de operación. Pero también tiene efectos en las políticas de alianzas con otros grupos internacionales, políticas estratégicas con relación a la diversificación, apoyo a otros sectores de la economía venezolana, estrategia “aguas abajo” y participación más amplia de empresarios venezolanos en desarrollos petroquímicos y derivados. En síntesis, existe una zona de conflicto de intereses entre el interés público e intereses privados difíciles de erradicar al interior de PDVSA. No cabe duda, que la exitosa estrategia propuesta a sus socios de la OPEP, sería aún más eficaz si la administración de PDVSA fuera más transparente. La nominación de Alí Rodríguez el frente de PDVSA va en ese sentido.
En el contexto actual de crisis global, con un régimen de flotación cambiaria y multilateridad de los intercambios, el papel del FMI no es sino una alternativa, entre otras, para resolver problemas de Caja en la contingencia del corto plazo. Pudiendo ser resueltas estas contingencias por el Estado venezolano, la asistencia financiera del FMI, resulta prescindible. Este argumento se hace cargo de un hecho que domina las finanzas mundiales del siglo XXI. Las finanzas (léase endeudamiento) están interrelacionadas con comercio e inversiones. No son precisamente las condicionalidades del FMI que asegurarán un blindaje a la volatilidad de los flujos de inversión y el comercio. No existen formas verdaderamente eficaces de controlar los flujos de inversiones de portafolio y el FMI sólo busca una vigilancia mitigada, sacrificando con ello su ortodoxia libremercadista y reconociendo implícitamente que hay otras tareas de mayor significación en la estabilidad de las economías, como las tasas de cambio.
En su estrategia macroeconómica el gobierno de Venezuela reconoce este hecho. Por ello, el ministro de Planificación y Desarrollo ha postulado una tasa de alrededor de 1.300 bolívares por dólar y una “flotación pura”, lo cual no ha obstado para intervenciones del Banco Central -durante el mes de junio 2002 de 45 millones diarios-. Esa solución pragmática (“flotación sucia”), es correcta pues evita fluctuaciones desmesuradas en economías abiertas, a menos que el gobierno se decida por una política radicalmente integracionista. En las condiciones actuales ese tipo de medidas se inscribe en un horizonte de mediano y largo plazo. Valga aquí un recuerdo histórico. En la posguerra la quimera eran los dólares. Hoy, la utopía no es tener más dólares sino el goce de una moneda común que permita la “desglobalización” de un grupo de economías donde la profundización de los intercambios -y en una etapa posterior- la integración, sean posibles. En el largo plazo, ese “regionalismo desglobalizado” debería conducir a acuerdos monetarios regionales.
En el corto plazo Venezuela está artillada para resolver sus problemas de caja y de balanza de pagos y objetivamente los inversionistas extranjeros no parecen sentir mayores inquietudes. (De hecho, un buen número de firmas norteamericanas de análisis de riesgo recomienda la compra de bonos venezolanos. En el comercio del día a día priman los consejos de trading: comprar barato y vender cuando suba el precio. Pero, cualquiera sean esas recomendaciones, lo que prima es la economía real, esto es, el petróleo). Sin embargo, lo que parece más difícil de resolver son los “espacios cerrados” del comercio internacional que atentan en gran medida al equilibrio de las balanzas de pago, sobre todo de economías pequeñas y abiertas. Dos tercios del comercio mundial está representado por el comercio intrafirma de las transnacionales, lo cual lleva mediante precios de transferencia bajos y costos altos a una maximización del beneficio global de la firma. El círculo de dificultades y frustraciones de las economías latinoamericanas, se cierra al considerar las formas clásicas de financiamiento de las balanzas de pago que son claramente insuficientes: derechos especiales de giro del FMI; cláusulas de salvaguardia de los compromisos internacionales; colaboración entre los Bancos Centrales; y medidas proteccionistas, acelerando una depreciación o bien impidiendo una apreciación, etc.

CONCLUSIONES

Es una tentación repasar similitudes en situaciones tan diferentes. Para quienes vivimos el golpe de Estado en Chile, Venezuela recuerda el período que media entre el abortado “tanquetazo” del 29 de junio y el ataque a La Moneda el 11 de septiembre de 1973. El símil llega hasta allí, pues mientras Allende apostaba al equilibrio de los partidos políticos y el margen de acción que ellos le daban, la movilización del pueblo en la Venezuela de Chávez descansa más en el carisma del presidente que en el programa o la acción partidaria del Movimiento Quinta República, Patria Para Todos o aún de los Círculos Bolivarianos y grupos democráticos de la sociedad civil. A su vez, la fortaleza de los partidos de la oposición se basa más en la descalificación del presidente Chávez que en un programa común. De hecho, ese programa no existe y difícilmente se puede encontrar un interlocutor que represente la oposición. La disolución de la Asamblea Nacional, la abolición de la Constitución y del nombre del país, etc., puntos anunciados en la primera alocución del empresario golpista Carmona Estanga, develaron las verdaderas intenciones: supresión física de los oponentes políticos y del diálogo político, al más puro estilo fascista. Y allí surge otro elemento que no tuvo Allende: el apoyo efectivo de unidades militares que conjuntamente con la presencia del pueblo en las calles pusieron fin a la intentona golpista. Agreguemos a todo ello, la cláusula democrática del sistema interamericano y la lectura de los presidentes Fox de México, Duhalde de Argentina y Toledo de Perú, que desecharon la peregrina teoría de “vacío de poder” esgrimida por los golpistas. Esto dejó sin base de apoyo los comentarios de los gobiernos de Estados Unidos y Chile, quienes justificaban implícitamente el golpe haciendo referencias a la “imprudente política de Chávez”. A comienzos de julio del 2002, y según las disposiciones legales que rigen el cambio del Alto Mando del Ejército, éste fue completamente reorganizado.
En un clima de hegemonía unilateral de Estados Unidos, y de crisis de los Estado-nación, donde el neoliberalismo ha desmantelado la economía social y eliminado cualquier iniciativa de solidaridad, la revolución bolivariana proclamada por Chávez aparece como un referente regional, latinoamericano, con raíces históricas, culturales, sicosociales y étnicas comunes. Históricamente, las iniciativas hemisféricas no han logrado legitimar una estrategia destinada a resolver los problemas de explotación. Esto implica, en términos políticos y sociales, transformaciones importantes de la sociedad civil. Nuevas prácticas de participación local, capaces no sólo de generar armonía en la explotación presente y futura de los recursos, sino de imponer proyectos globales de desarrollo, de cambios tecnológicos, de cooperación, de inversiones, de cambios institucionales, en fin transformaciones políticas importantes. Todo ello implica tensiones y luchas sociales donde está presente la transformación de las relaciones de producción. Sin embargo, lo esencial en las nuevas luchas no está allí, sino en la producción de relaciones, lo cual lleva implícito el reemplazo del sistema, el repudio de concepciones hegemónicas universales y la lucha por espacios “regionales desglobalizados”. Desafíos que la revolución bolivariana debe recoger de inmediato por su responsabilidad ante su pueblo y los pueblos de Latinoamérica en procesos que tienden a revertir las tendencias actuales, orientándose hacia luchas por lo local, lo humano y lo sustentable.
La revolución bolivariana es un llamado a profundizar los cambios democráticos e incorporar la gran masa de excluidos a la sociedad venezolana. Mediante nuevas alianzas sociales se incorporarán al proceso los trabajadores manuales e intelectuales y todos los excluidos de la sociedad, dueñas de casa, pobladores, pequeños campesinos, artesanos, cesantes, estudiantes, pueblos originarios, para desarrollar la economía local, mejorar las condiciones de vida de los venezolanos en el terreno de la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente. Encontrar los espacios de participación y sus métodos es el gran desafío de los partidos políticos, los Círculos Bolivarianos, y las organizaciones democráticas de la sociedad civil que apoyan el proceso. Es el momento de sumar, y encontrar las instancias de encuentro con todos aquellos que están por los cambios.
El gran desafío de la economía venezolana es lograr un desarrollo integrado y sustentable. La gran apuesta de Venezuela es la incorporación de su población a su portentosa riqueza. En Venezuela conviven dos economías. Una, de grandes industrias nacionales modernas de alta tecnología orientadas hacia la exportación, y otra de economía agraria campesina e informal. El progreso técnico, inherente a la economía de exportación es necesariamente limitado en su desarrollo y sus consecuencias por cuanto sus productos no están integrados al mercado interior. Baste decir, que el 80% de la fuerza de trabajo está en el sector informal, 44% de las familias está en la categoría de pobres y 19% en situación de extrema pobreza (1999). La viabilidad de una economía local en el eje Orinoco-Apure, en contraposición a las grandes inversiones nacionales de vocación exportadora (principalmente en la Guayana), es clave para el desarrollo equilibrado y sustentable de la nación. En ese contexto, el desarrollo de la economía “no-petróleo” y la reforma agraria son piezas claves del ordenamiento territorial y de la viabilidad de un desarrollo sustentable. Dos tercios de la población vive en áreas costeras, cuyos patrones de consumo dependen en gran parte de las importaciones sustentadas por el petróleo. Corresponde al gobierno de Venezuela desarrollar una visión estratégica respecto al agotamiento del stock mundial petrolero, lo cual plantea un problema a las generaciones futuras que sólo un gobierno soberano puede asumir en el presente. El problema de la viabilidad de la economía en el mediano y largo plazo no es un elemento que pueda ser internalizado en los costos asumidos por la inversión extranjera directa del petróleo. La sustentabilidad es un problema venezolano, no negociable, que sólo un pueblo soberano puede asumir

HÉCTOR VEGA (*)

(*) Economista chileno.

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