| Ciudadanía y Justicia
En defensa de los jóvenes marginales
|
Parecía una cadena nacional, pero
no había una autoridad de gobierno hablándole a la
nación. Era El Tila, el supuesto violador de La Dehesa. Su
rostro estaba en todos los canales, la pantalla lo mostraba desde
todos los ángulos. También estaba en primera página
de la prensa, se reproducía en los quioscos por sus cuatro
costados. Fue el criminal del momento, el delincuente “top”,
y los medios lo sometieron a juicio, lo encontraron culpable, terminó
como reo rematado por la prensa... a nivel judicial el proceso está
iniciándose.
Los medios televisivos han transformado la delincuencia en parte
importante de su show policial, incluso han generado dramones, teleseries
y recreaciones sobre el tema. |
| LORETO Hoecker, presidenta de la Corporación
Ciudadanía y Justicia. |
También la prensa escrita se nutre de él y de las encuestas
que pregonan el alza explosiva de la criminalidad. Kilómetros de
papel de diario se usan cada día, para informar con detalles escabrosos,
de lo que hace algunas décadas era un tema más dentro de
las publicaciones: la crónica policial. Los medios se introducen
en la intimidad más recóndita de los supuestos delincuentes,
consultan la opinión de especialistas y especulan sobre los recovecos
del alma de aquel que cae en su mira.
Paz Ciudadana exhibe encuestas alarmantes que miden con precisión
matemática hasta el temor escondido en el inconsciente más
profundo de la población. Incluso le asignó un nombre grotesco,
“Indice de Temor Ciudadano” (“La Guerra y la Paz Ciudadana”,
LOM). Algunos alcaldes reclaman escandalizados porque la delincuencia
“paga barato”, prometen mayor protección y ofrecen
tolerancia cero, mientras el gasto social disminuye y el gasto para reprimir
aumenta.
Por otro lado, a la sombra del consiguiente aumento del miedo a la delincuencia
crecen negocios lucrativos como el de las empresas comercializadoras de
productos de seguridad, alarmas, circuitos cerrados de tv, detectores
antirrobo y asalto, etc. Hace poco más de un año se estimaba
que el negocio llegaba a 50 millones de dólares. También
produce mucho el de los guardias de seguridad, que superan la dotación
de Carabineros, y actúan sin una normativa clara que regule sus
funciones.
Desde que el periodismo dejó de ser un servicio a la comunidad
y la noticia se transformó en un producto más, que se transa
en el mercado, se usa y abusa de temas recurrentes como los actos delictuales
porque “venden bien” y el rating está asegurado. El
delito atrae espectadores y lectores, que morbosamente entran en una espiral
de temores, rabias, odios indiscriminados y lo que es peor, subliminalmente
se va generando inseguridad, desconfianza y miedo, lo cual incrementa
el individualismo y anula la solidaridad.
“Creo que efectivamente vivimos una situación de cierta inseguridad
ciudadana que es más generada por los medios de comunicación
que por la realidad”, afirma el abogado especialista en derechos
humanos, Nelson Caucoto. Añade que hoy es un tema que se repite
en los medios de comunicación y también a través
de las encuestas que por lo demás no considera muy efectivas.
“Es el caso de instituciones como Paz Ciudadana que dan cuenta numérica,
se fijan en cuántos delitos de robo, homicidios o violaciones se
cometieron pero no se plantea consultar por qué se cometen estos
delitos”, comenta. Una institución que sólo contabiliza
los delitos que cometen los pobres, los segregados de la sociedad, pero
no se preocupa de los delitos de la gente de cuello y corbata, tanto o
más graves que los que comete un joven de una población
con un hurto.
“En general, cuando hablamos del delito, nos referimos al que se
produce en los sectores más marginales. Hay una asociación
entre ese comportamiento delictivo y la inseguridad. En cambio, el delito
de cuello blanco es más abstracto, más lejano, la amenaza
es poco visible”, afirma Loreto Hoecker, socióloga, académica
y presidenta de la Corporación Ciudadanía y Justicia. Aclara
que pese a que jurídicamente, delincuente es el que transgrede
la ley penal, desde el punto de vista de la construcción social,
es el que puede ser estigmatizado como delincuente.
JUVENTUD SIN FUTURO
El tema de la seguridad o inseguridad es un problema de fondo, un problema
estructural de la sociedad, en el que actúan diversos factores.
Quienes delinquen son personas inmersas en una profunda frustración
y en condiciones económicas paupérrimas. Un joven de población
que no tiene perspectivas de futuro, ni proyecto de vida, que no tiene
educación, con posibilidad de acceso a las drogas y al alcohol,
que vive parado en las esquinas, en un ambiente de alto compromiso criminológico,
no se ve qué futuro pueda tener.
Más aún si ese joven recibe el impacto de los medios de
comunicación bombardeándolo con ropa de moda, motos, mujeres
atractivas. Es decir, con una sociedad hedonista, no se advierte qué
posibilidad tendría de igualarse con aquellos otros jóvenes
que cuentan con los medios para adquirir esos productos.
“Qué puede llegar a sentir un joven de una población
marginal en un mall cuando ve que no tiene ninguna capacidad económica
para acceder a tantos artículos que allí se exhiben. Va
a acumular una gran frustración, una rabia que probablemente más
adelante significará atentados contra la propiedad. Ahí
creo que hay una explicación de los delitos contra la propiedad”,
opina el abogado Caucoto.
La deuda del pasado es, a su juicio, otra causa de inseguridad. No es
que los delincuentes se hayan puesto de acuerdo para cometer delitos más
violentos, es la impunidad que sigue reinando ante los crímenes
de la dictadura, la que lleva a una sola conclusión, la vida vale
menos, la integridad física vale menos. Por eso, la gran tarea
es recuperar los valores superiores que gobiernan la sociedad. “Mientras
nosotros no revalidemos la vida, mientras no revalidemos que la persona
vale por lo que es, mientras no revalidemos el concepto de que la persona
es espiritual y materialmente un ente intocable, inviolable, tiene poco
sentido que exijamos una política de tolerancia cero, porque no
hemos sido capaces de aplicar tolerancia cero para los crímenes
más atroces de la historia del país”, subraya Caucoto.
MAS RECURSOS
A LA REHABILITACION
La falta de rehabilitación es otra causal de inseguridad. Los
estudios indican que un alto porcentaje de los presos son menores de 30
años; que más del 70 por ciento no tiene nivel educacional
superior al 5º año básico. Que, además, pertenecen
a hogares disgregados; que viven en ambientes de alto compromiso criminológico;
que no tienen condiciones materiales ni oportunidades en su vida. A ellos
no les inculcaron valores en la enseñanza formal, porque desertaron;
tampoco les inculcaron valores en la familia porque ésta se disgregó
y lo único que ven en la población es que progresa el que
delinque.
Este ambiente es una suerte de escuela que se reproduce más adelante
en las cárceles, donde actualmente no existen proyectos serios
de rehabilitación. Esto significa que seguirá habiendo cárceles
cada vez más saturadas, sin trato digno para los presos. Es imposible
pensar que puedan lograr mejores condiciones mientras el Estado no aporte
mayores recursos a la rehabilitación. “Sigo soñando
con que se construyan granjas, fábricas al interior de los penales.
Grandes escuelas para que los jóvenes estudien y vean que tras
la delincuencia hay un futuro que consiste en abrirse paso adquiriendo
un oficio, una profesión y lleguen a ser personas útiles”
puntualiza el abogado Caucoto.
Piensa que la sociedad debe aportar al bien común, que es el bien
de todos, incluso el de los delincuentes. Debe aportar para que puedan
resociabilizarse, lograr un trabajo digno e integrarse nuevamente a la
sociedad. “Creo en la resocialización, creo que la persona
puede redimirse”. Concuerda en que la persona que se aparta de la
ley necesita ser sancionada, pero cumpliendo su sanción tiene la
posibilidad de insertarse en la sociedad.
“Siempre va a existir el delito en la sociedad, no creo en la doctrina
pasada de moda de que el delincuente nace, creo que al delincuente lo
hace la sociedad. No tener posibilidades de desarrollarse, no tener futuro,
eso hace al delincuente” afirma. Para Caucoto, hay que ver dónde
surge, cómo fluye y cuáles son las causas generadoras del
delito y apuntar ahí. Por eso confía en los gobiernos que
aportan a la educación. “Hay que evitar el nivel de deserción
escolar de hoy, porque ahí están los valores y el hombre
se va haciendo sobre valores”, señala.
Todos quieren que se aplique el máximo de las penas, pero no entienden
que no es casualidad que los mayores niveles de reincidencia se dan en
quienes han sido condenados a penas altas y las han cumplido en prisión.
En cambio, hay menor nivel entre aquellos presos que han logrado cumplir
sus penas con medidas alternativas.
En este mismo ámbito concentra su interés y trabajo Ciudadanía
y Justicia, específicamente en el sistema de penas. “En Chile
hay un sistema de medidas alternativas que es muy eficiente. En comparación
con otros países su éxito es notable, tiene tasas de reincidencia
muy bajas y está construido sobre una lógica de apoyo, de
acompañamiento a la reinserción social, es una visión
mucho más de conjunto”, destaca la socióloga Hoecker.
Añade que, sin embargo, ahora se está presionando para que
se extiendan penas alternativas, a través de control tecnológico
(tobilleras) que se pueden seguir mediante un computador. “Así
sólo se busca disminuir el uso de la cárcel”.
INDUSTRIA CARCELARIA
Hay tareas de las cuales el Estado no puede desentenderse. La acción
de sancionar le es propia, jamás se debería traspasar a
los privados. La acción de sancionar tiene que ver con la aplicación
de una pena, la privación de libertad, todo eso tiene que ser estatal.
“Yo no me imagino este país con cárceles privadas,
a pesar que todo dice que así va a ser. Creo que hay una tarea
del Estado, es él quien que tiene que proponerse rehabilitar”,
afirma Caucoto. No niega que quienes delinquen necesitan un reproche por
su conducta, en la condición que corresponda. Pero reitera que
es el Estado quien tiene que preocuparse de esa persona, que no deja de
serlo por estar privada de libertad.
Por su trascendencia, también analiza el tema Ciudadanía
y Justicia. Le preocupa, explica su presidenta, que en la experiencia
internacional “se tiende a desarrollar una lógica bastante
maligna. Quienes se benefician con el negocio de ‘la industria carcelaria’,
como lo llaman eufemísticamente, desarrollan, en cada una de las
discusiones de leyes, una capacidad de lobby que podría significar
más clientes para el sistema”.
“Todos sabemos que la privatización ya viene -puntualiza-
y eso nos puede producir un problema severo”. Añade que el
país experimenta un aumento sistemático de la población
encarcelada, lo cual es explosivo porque constituye un gran desgaste para
el Estado. Pero sobre todo porque la cárcel es una institución
que puede impulsar una espiral de violencia.
En consecuencia, considera delicado que la sociedad no esté informada,
ni preocupada del crecimiento de la población carcelaria. “Aquí
se está diciendo irresponsablemente que el castigo no funciona,
que no se aplican las penas, que las penas son muy bajas, que el que comete
un delito entra por una puerta y sale por la otra”, apunta.
ESTIGMATIZAR
A LOS JOVENES
Las estadísticas indican que de cinco delitos que se cometen en
Chile, uno es cometido por un joven menor de 16 años. Las cifras
son claras, los que están presos son jóvenes, sin escolaridad
y pertenecen a sectores poblacionales. Esos tres elementos llevan a concluir
que provienen de los sectores peligrosos de la sociedad, “así
nace la estigmatización y el sistema penal se vuelca contra ellos,
y se vuelca con fuerza”, afirma Nelson Caucoto. Los legisladores
pretenden que es necesario regular la situación de los mayores
de 14 años y también aplicarles el rigor de un proceso penal,
con la supuesta atenuante de que será un proceso penal “para
jóvenes”.
Un joven de 14 años puede cometer un crimen atroz, pero recién
sale de la niñez. Es natural que un niño de 12 años
tenga menor capacidad de autodeterminarse que uno de 14, y éste,
menos que uno de 16. El joven de 14 es un niño que entra en la
etapa de la adolescencia, pero tiene una voluntad inmadura. La ley, en
cambio está hecha para personas que tienen una voluntad y una razón
maduras. De lo contrario, tampoco se dejaría de sancionar a los
locos o dementes, que no tienen ni inteligencia ni voluntad.
El gobierno dice que este proyecto se elaboró considerando la Convención
de los Derechos del Niño. Sin embargo, primero habría que
comparar a un niño de 14 años de una población con
alta tasa de criminalidad, cesantía y disgresión familiar
y un niño de la misma edad proveniente de sectores acomodados.
El primero de estos niños aprende que el padre es alcohólico,
que la madre a lo mejor sale a prostituirse, que nunca están en
la casa, que sus amigos son los que se paran en las esquinas, que allí
progresa el que delinque. Al no tener acceso a educación formal,
carece de valores y los padres no están cerca para señalarle
lo que está bien o mal. De modo que ese niño carecerá
de herramientas que le permitan discernir lo incorrecto.
“Qué se le puede exigir al niño que desde chico aprende
lo que ve en un ambiente de alta contaminación criminológica.
No se le puede aplicar todo el rigor de la ley sin hacer una distinción
que es básica y no simplemente semántica. El sistema es
terriblemente cruel, esos jóvenes no tienen ningún futuro.
Quién puede plantear en forma realista que podrán llegar
a la universidad, a ser profesionales, nadie”, subraya Caucoto.
Es partidario de darles a los jóvenes una libertad dentro de su
medio, pero una libertad para aprender, para hacer deporte, para crecer
como personas. Asegura que ellos, además tienen todo el derecho
a plantearle exigencias a la sociedad. “Estos jóvenes pueden
reclamarle a la sociedad que no se les ha dado oportunidad de tener educación,
salud, justicia”.
“La propuesta de un nuevo sistema penal para adolescentes surgió
inicialmente como resultado del monstruoso sistema existente que penaliza
a los niños, los mantiene presos a veces sin siquiera haber cometido
delito, y que no tienen ni derecho a defensa”, sostiene la presidenta
de Ciudadanía y Justicia.
“Se ha ido poniendo sobre el tapete con una mirada represiva, como
si tuviéramos que temer a los niños y por lo tanto buscar
maneras de controlarlos, reprimirlos y castigarlos”, dice
SONIA CANO
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