Largo vuelo en picada
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En vísperas del regreso al país del presidente Ricardo Lagos, se daba como inminente la renuncia del general Patricio Ríos, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. La crisis, que dura ya casi un mes, se agravó cuando el juez Mario Carroza, que investiga casos de detenidos desaparecidos víctimas del Comando Conjunto, decretó la prisión preventiva del general (r) Patricio Campos, hombre de confianza de Ríos hasta hace pocos días, por eventual obstrucción a la justicia. Campos, quinta antigüedad de la Fach y director de Aeronáutica Civil, debió abandonar las filas a raíz de las revelaciones sobre la rearticulación del Comando Conjunto para manipular la información entregada a la Mesa de Diálogo e impedir la acción de los tribunales. |
La crisis se agudizó cuando el presidente Lagos criticó
públicamente el segundo informe entregado por Ríos, calificándolo
de “deplorable”. Señaló que la Fach no había
estado a la “altura” de los compromisos asumidos en la Mesa
de Diálogo y calificó de “inexplicable” que
el comandante en jefe hubiera ordenado la recopilación de los antecedentes
al general Patricio Campos, casado con la ex agente Viviana Ugarte (“La
Pochi”) aduciendo haberlo designado, precisamente, por su cercanía
a los integrantes del Comando Conjunto.
Constitucionalmente, el presidente de la República no puede exigir
la renuncia de Ríos y no quiso recurrir al Consejo de Seguridad
Nacional (Cosena). Arriesgaría un rechazo y daría legitimidad
a una instancia que pretende cambiar mediante las reformas constitucionales.
Por lo tanto, se decidió por el camino de la presión y la
crítica pública.
Sin embargo, lo que anticipaba una decisión más o menos
inmediata, después de las enérgicas declaraciones presidenciales
pareció disminuir de presión. Se dijo que la renuncia de
Ríos podría esperar hasta enero o febrero, meses antes del
término de su mando. Se buscaba -según trascendió-
una negociación que evitara a Ríos una humillación
pública y, al mismo tiempo, facilitara la designación de
un nuevo comandante en jefe de la Fach.
La detención del general (r) Campos cambió drásticamente
el cuadro.
Aparentemente sin defensa institucional, el general Patricio Ríos
mostró inicialmente cierta capacidad de recuperación. Se
estructuró en torno a él una suerte de cadena de protección,
aunque ésta fue débil en el caso de los otros comandantes
en jefe y también de algunos generales de la Fach, más preocupados
a estas alturas de su posicionamiento con un nuevo comandante en jefe
que en apoyar al general Ríos, desprestigiado y sin salida. La
derecha ha ido en su auxilio y ha contado especialmente con el respaldo
público de los ex comandantes en jefe de la Armada, Jorge Martínez
Bush, senador designado, y Jorge Arancibia, senador de la UDI.
En la Concertación se escucharon advertencias. El ex presidente
Patricio Aylwin declaró la semana pasada que un mandatario “no
debe correr el riesgo de pisarse la huasca”, recordando seguramente
el “ejercicio de enlace” y el posterior “boinazo”
de los militares, que debió afrontar en su gobierno.
Pero Ríos no es Pinochet y ni siquiera Stange, quien resistió
con éxito la petición de renuncia que le hizo el presidente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
La presión sobre el comandante en jefe de la Fach pareció
aflojar días después de la remoción del subsecretario
de Aviación, Nelson Hadad, y su reemplazo por el abogado PRSD,
Isidro Solís. En ese momento pareció que la renuncia de
Ríos era cuestión de horas.
El gobierno se mostró lanzado en contra del comandante en jefe
de la Fach. Este, aislado del resto del alto mando debido a su mala gestión
institucional, aparecía comprometido en una situación inadmisible.
El senador Arancibia llegó a decir que el gobierno había
desencadenado una “intifada” contra Ríos, pero la verdad
es que se produjo prácticamente convicción unánime
de que debe irse.
Poco a poco la derecha recompuso su planteamiento. El presidente de Renovación
Nacional, Sebastián Piñera, dijo que RN estaba dispuesta
a modificar la Constitución para que el presidente de la República
pueda reemplazar derechamente a los comandantes en jefe. Algo parecido,
aunque con menor énfasis, declaró la UDI. Piñera
agregó que Lagos había actuado con ligereza, porque si había
declarado que no tenía confianza en el comandante en jefe de la
Fach no tenía sentido que le pidiera un informe para señalar,
posteriormente, que éste le parecía malo. El argumento central
se desplazó a otro eje: si el presidente tenía cargos graves
y fundados contra Ríos debería pedir su renuncia al Consejo
de Seguridad Nacional. El presidente debe demostrar que las instituciones
funcionan, dijo Arancibia.
Mientras, Ricardo Lagos viajó a Rusia y a diversos países
de Europa del Este. La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, por su
parte, partió a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios
del Pentágono y preparar la visita del secretario de Defensa de
Estados Unidos, Donald Rumsfeld, quien vendría a Chile en noviembre
a participar en la Conferencia de Ministros de Defensa.
La ministra Bachelet convocó a los comandantes en jefe al día
siguiente que Ríos concurrió a la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados, a esa sesión en la que
sus respuestas resultaron “lamentables”, a juicio de varios
diputados. Sin embargo, su presencia en la Cámara, donde tuvo que
afrontar manifestaciones adversas, fue considerada positiva por el gobierno.
El encuentro de la ministra con los comandantes fue largo, de casi cuatro
horas. Los comandantes en jefe se comprometieron a revisar la información
entregada a la Mesa de Diálogo, acotando -eso sí- que no
tenían otra que agregar.
ANTICIPANDO JUGADAS
Patricio Ríos debía encabezar la próxima Junta Calificadora
de la Fach y asegurar una sucesión aceptable para el gobierno,
lo que significaría comprometerse a no llamar a retiro a los oficiales
que le interesan al gobierno. Si el general Ríos persistía,
el gobierno bloquearía su gestión dejando de cursar decretos
para el funcionamiento de la institución y, eventualmente, podría
designar un comandante en jefe que quedaría a la espera que Ríos
se retire. Esto, sin duda, sería un factor de humillación
y deterioro de su mando.
Algunos diputados barajaron también la posibilidad de una acusación
constitucional contra Ríos, pero el gobierno no se interesó
en esa alternativa.
Las cosas no pasarán a mayores, según se estima. También
está en juego la reforma constitucional en torno a las facultades
del presidente para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Es un tema importante que podría frustrarse si el gobierno maneja
el caso Ríos en forma irritante para la derecha.
Si Ríos ha sido un problema y, en cierto modo, también la
Fach, que a lo largo de doce años de gobiernos democráticos
ha presentado dificultades y protagonizado situaciones escandalosas que
han deteriorado la disciplina -muebles de ratán, caso Gabrielli,
renuncias de Topali y Concha, compra de aviones F-16, helicópteros-,
al gobierno le preocupan las repercusiones que esto pueda tener en otras
ramas de las Fuerzas Armadas, donde podrían producirse situaciones
similares.
En el ejército, aunque todo marcha bien a juicio del Ejecutivo,
es posible que exista una red de protección de los agentes de la
Dina. Es un hecho, además, que diversos torturadores y criminales
continúan en la institución. El caso de Miguel Krassnoff
es representativo, así como el de otros oficiales o personal de
menor grado contratados como empleados civiles. En la institución
se sigue descontando el 1/2 ó 1% por planilla para pagar a los
abogados que defienden a los militares acusados por delitos contra los
derechos humanos.
Además, todavía siguen en actividad elementos vinculados
a violaciones de los derechos humanos. Así lo demostró el
caso Tucapel Jiménez y, previsiblemente, ocurrirá algo parecido
en el proceso por la llamada Operación Albania.
DUDAS INQUIETANTES
Más allá de la superficie, para el gobierno hay una situación
complicada. Esta pone en tela de juicio a ex ministros de Defensa y subsecretarios
de Aviación, como también a la Dirección de Seguridad
Pública e Informaciones, que actualmente dirige -paradojalmente-
un abogado de derechos humanos, Gustavo Villalobos. El hecho que el general
Patricio Campos haya ido ascendiendo sin problemas y asumiendo cargos
de creciente responsabilidad, sin que se hubiera aclarado la situación
de su esposa, la ex agente de seguridad Viviana Ugarte Sandoval, alias
“La Pochi”, configura una situación casi inverosímil.
Más aún cuando Campos habría sido agregado aéreo
en la embajada de Chile en Brasil, cuando estuvo a cargo del actual ministro
Heraldo Muñoz. La actuación de los ministros de Defensa,
Edmundo Pérez Zujovic y Mario Fernández, ambos DC, queda
bajo signo de interrogación. Igualmente, la de Nelson Hadad, hasta
hace pocos días subsecretario de Aviación.
La historia de Viviana Ugarte era conocida en la Fuerza Aérea.
Fue un secreto a voces mencionado al momento de decidir los ascensos de
su marido. Era, además, de dominio público. “La Pochi”
fue procesada por el ministro Carlos Cerda, durante la dictadura, como
integrante del Comando Conjunto. Debió responder a acusaciones
de torturadora, luego de ser reconocida por algunas de las víctimas.
Apareció muchas veces en la prensa y en el libro escrito por la
periodista Mónica González.
Se ha dicho, asimismo, que la situación de Viviana Ugarte fue expresamente
informada por un abogado ligado a la Fach que actualmente trabaja cerca
de la ministra de Defensa.
El comandante en jefe, general Patricio Ríos, selló su suerte
cuando declaró que el caso del general Campos y de su esposa era
conocido por autoridades de gobierno.
De confirmarse que el gobierno conocía la relación Campos-Ugarte
se crearía una situación grave. Querría decir que
las cosas no se habrían dado por sabidas ni corregido, si no se
hubieran producido las revelaciones de Otto Trujillo al periodista Víctor
Gutiérrez, del diario “La Nación”.
BLINDAR LA
MESA DE DIALOGO
Para el gobierno, la situación del general Ríos ha revestido
peligrosidad. Y no porque se encuentre amenazada la estabilidad institucional
ni porque se haya producido una reacción corporativa militar. Ninguna
de las dos cosas ha sucedido ni ocurrirá. Lo fundamental para el
presidente Ricardo Lagos es mantener la intangibilidad de la Mesa de Diálogo,
considerada uno de los logros claves de la Concertación. Así
lo hizo ver la ministra Michelle Bachelet cuando, al día siguiente
de la comparescencia del general Ríos ante la Cámara de
Diputados, convocó a los cuatro comandantes en jefe a una reunión
en que, según dijo, se revalorizó la Mesa de Diálogo,
llegando a acuerdo para depurar la información ya entregada.
La Mesa de Diálogo fue convocada en agosto de 1999 por el ministro
de Defensa Edmundo Pérez Zujovic, durante el gobierno de Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, en pleno desarrollo del caso Pinochet. Participaron en
ésta abogados de derechos humanos, representantes de las Fuerzas
Armadas, de las iglesias, de la masonería y del gobierno. Terminó
sus funciones a mediados del año siguiente. La Mesa fue rechazada
por las agrupaciones de víctimas y familiares, como también
por otros sectores. A pocas horas de firmado el acuerdo, el presidente
Lagos declaró: “Resolver este problema (el conocimiento de
lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, N. de PF), que es la herida
más profunda que afecta el alma del pueblo de Chile, nos va a permitir
retomar el hilo de nuestra historia, empinándonos por encima de
los bandos en que nos dividimos como nación. Es allí donde
está lo esencial de esta mesa, y por eso, en el nombre de Chile
quiero dar las gracias por lo alcanzado”.
La Mesa de Diálogo marcó, para la Concertación, la
oficialización ritual de la relegitimación de las Fuerzas
Armadas y Carabineros en la sociedad democrática, que reconocieron
torturas y violaciones a los derechos humanos pero sin asumir por eso
responsabilidad institucional. Militares y civiles se estrecharon las
manos en un momento estelar del camino hacia la reconciliación
definitiva. Entendieron -según se dijo- que todos éramos
responsables de lo sucedido, lo que para los críticos de la Mesa
de Diálogo significó la inaceptable igualación de
víctimas y victimarios. Y asumieron el compromiso de aprobar un
proyecto de ley para que en el plazo de seis meses las Fuerzas Armadas,
las iglesias y la masonería entregaran al presidente de la República
información circunstanciada del destino final de los detenidos
desaparecidos.
Eso ocurrió en enero del año 2001, en medio de gran expectación.
La entrega solemne de la lista no pudo ocultar sus magros resultados,
aunque las Fuerzas Armadas y Carabineros dijeron estar “convencidas
de haber dado cabal e íntegro cumplimiento al compromiso asumido”.
Entregaron datos relativos a 200 personas. De ellas, 151 habrían
sido lanzadas al mar, a ríos y a lagos, de manera que se trataba
de restos inencontrables. Respecto de los 49 restantes, se entregó
información que supuestamente permitiría ubicar los restos.
El informe no cubrió todos los casos de detenidos desaparecidos.
Dejó fuera, por ejemplo, 356 desapariciones atribuidas a la Dina.
En cuanto a los casos considerados, las dudas surgieron de inmediato.
Había inconsistencia notoria entre fechas de detención y
probables datas de muerte. Lo más grave fue que los restos de uno
de los detenidos que aparecían como lanzados al mar fueron encontrados
en tierra. Y en definitiva, casi todos los lugares de sepultación
indicados en los 49 casos resultaron erróneos. En muchas situaciones
se demostró que los restos habían sido removidos por efectivos
militares algunos años más tarde, después del descubrimiento
de los cuerpos sepultados en Lonquén. Esa información, que
necesariamente debe estar en poder de militares y carabineros, no fue
aportada.
Debilitada y todo, la Mesa de Diálogo sigue siendo enaltecida como
un logro de alta significación ética y política.
¿Y qué sucedería si se comprobara que la información
fue deliberadamente manipulada para engañar al gobierno? ¿En
qué quedaría la reconciliación y el restablecimiento
de la legitimidad de las Fuerzas Armadas si se demostrara que éstas
mintieron calculadamente?
Además, hay algo que no se dice. ¿Y si el Comando Conjunto
-con otro nombre- no fuera una exclusividad de la Fach? ¿No habrá
habido en el ejército, en Carabineros o en la Armada un encubrimiento
y una distorsión análogos? De partida, porque el ejército
negó todo lo que podría proporcionar la Dina. Y, además,
se dijo que Carabineros, bajo el mando del general Manuel Ugarte, había
recopilado información significativa que, en definitiva, no fue
entregada al presidente de la República
FEDERICO LOPEZ
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