La corrupción, lápida de la Concertación
esde hace tiempo era un secreto a voces la existencia de irregularidades en la Subsecretaría de Transportes, organismo que resuelve permisos y autorizaciones que representan miles de millones de pesos. Ximena Castillo, dirigente de los funcionarios de esa Subsecretaría, militante del PRSD, ha declarado que entregó al presidente de la República una minuta dando cuenta de gravísimas irregularidades en esa repartición. Esto ocurrió hace diez meses y, al parecer, el presidente Lagos encargó investigar al entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, pero el asunto no pasó de ahí. Incluso Tombolini intentó comprar el silencio de la funcionaria. Detalles más, detalles menos, estas acusaciones tienen un efecto demoledor sobre la credibilidad del gobierno. Afectan también al conjunto de las Concertación y a la "clase política", aunque es claro que en la propia alianza de gobierno hay interesados en sacar provecho de estos nuevos escándalos y pasar la cuenta por acusaciones que antes los afectaron a ellos. En efecto, la DC sufrió anteriormente el embate por las "indemnizaciones" y contratos a honorarios. Probablemente ahora quiere castigar al PPD, su principal rival en el electorado de centro. No son éstas las primeras acusaciones por corrupción que sufre la Concertación. A fines del gobierno del presidente Patricio Aylwin estalló el "davilazo" que significó a Codelco -y al Estado- la pérdida de varias decenas de millones de dólares. Las nuevas acusaciones de cohecho de funcionarios públicos deben ser investigadas y sancionadas con energía, como ha prometido el presidente Lagos. Pero hay dudas en la opinión pública de que ello efectivamente ocurra. La lógica del poder conduce a cerrar los ojos ante abusos y sinvergüenzuras de partidarios, amigos y altos funcionarios cuando son del mismo bando. La derecha entretanto toma distancia mientras prepara otras acusaciones como las que se anticipa a propósito de sueldos millonarios e indemnizaciones en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), como una forma de pavimentar el camino a su privatización, objetivo largamente buscado por el neoliberalismo. Frente a la corrupción funcionaria, la derecha aparece en una posición cómoda. Pocos hombres de sus filas se ven mezclados en ella en este momento, salvo en municipios. Los grandes caciques de la derecha prefieren manejarse en un tipo de corrupción a gran escala. Protegen a quienes han servido sus intereses, como ha ocurrido con la impunidad y la defensa del pinochetismo y sus negociados, como los "pinocheques" o las privatizaciones que beneficiaron directamente a políticos y empresarios derechistas. Aprovechan la ley de la selva de los grandes negocios en que todo vale para aniquilar al competidor, como fue la operación Enersis-Endesa, capitaneada por José Yuraszeck y su banda, o se benefician con las tarifas de las empresas de utilidad pública para esquilmar a millones de consumidores, o protegen a las transnacionales que no pagan impuestos y luego desvían cuantiosas sumas a sus defensores o aliados políticos, o disminuyen la calidad -y no los precios- de productos y servicios, o se quedan con las cotizaciones previsionales que descuentan a los trabajadores, o lucran a costa de la salud de los afiliados a las Isapres. Ese es el gran océano de la corrupción en que sabe navegar muy bien la derecha. En rigor esa corrupción que beneficia (y que estimula) la derecha es mil veces mayor que la que ahora se denuncia. Sin embargo, no provoca mayor revuelo. Sigue en pie la idea de que los ricos no roban porque no necesitan hacerlo, cuando en realidad roban para seguir siendo ricos. En todos los ámbitos parece imperar una extrema lasitud moral. Se genera así un clima malsano que conspira contra la democracia y beneficia a la derecha, principal fuerza corruptora (y corrompida) del país, facilita sus proyectos electorales y le permite jugar a una imagen de honradez y probidad de utilería. El ansia de lucro -el anhelo de enriquecerse como sea en el menor tiempo posible- se ha convertido en obsesión para muchos. Es el peso degradante y corruptor del modelo económico neoliberal. La inmensa mayoría ciudadana, sin embargo, quiere seguir creyendo en valores como la honradez y el comportamiento ético de los gobernantes, jueces, parlamentarios, dirigentes sociales, policías, líderes religiosos y miembros de las FF.AA. Pero el desencanto, la frustración y la amargura de quienes resultan desengañados, termina beneficiando precisamente a los que no quieren la democracia para seguir disfrutando de privilegios y que explotan las torpezas, debilidades y errores de los demócratas en beneficio de sus oscuros designios. El peor efecto político del escándalo de corrupción que protagonizan Patricio Tombolini, Víctor Manuel Rebolledo y un puñado de funcionarios, puede ser su capitalización por la derecha fortalecida en su posición como "fiscalizadora". Si el desprestigio moral termina por sumarse al fracaso que la Concertación ya carga sobre sus hombros, es posible que el desengaño ciudadano se convierta en el ancho canal para descargar el torrente de los asqueados y confundidos que históricamente apoyan al fascismo y al populismo de derecha. Frente a esa perspectiva la bandera de la ética en el servicio público, tiene que ser asumida por quienes en realidad encarnan principios de honestidad en el servicio a la colectividad. Nos referimos a los sectores populares que aún no terminan de levantar una alternativa que sea diferente al moribundo proyecto de la Concertación y que oponga un dique al oportunismo e hipocresía de la derecha PF Si te gustó esta página... Recomiéndala |
