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Desafueros y abrazos con la derecha
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Se produjo un vuelco judicial
y político significativo, luego del fallo de la Corte
Suprema que desaforó a cinco diputados de la Concertación
en una resolución inédita en la historia política
del país. Pocos días antes fue encargado reo
el ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos
Cruz, en algún momento mano derecha del presidente
de la República en materia de infraestructura y concesiones.
Los cinco desafueros dejaron a la Concertación en
la Cámara con sólo un diputado de ventaja
sobre la Alianza por Chile.Se produjo un virtual empate,
aprovechado de inmediato por la UDI que logró acuerdos
con el presidente Ricardo Lagos para algunos consensos específicos. |
Dos ex ministros procesados y uno de ellos preso (Víctor
Manuel Rebolledo y Carlos Cruz), un ex subsecretario (Patricio
Tombolini) y varios altos funcionarios encargados reos, más
cinco diputados desaforados no es poca cosa. La imagen de los
partidos cae, mientras se mantiene el apoyo al presidente.
En este panorama confuso, Lagos se reunió con Pablo Longueira,
presidente de la UDI, para sellar acuerdos que permitan actuar
conjuntamente a la Concertación y la derecha en materias
de probidad, facilitando la aprobación de diversos proyectos
de ley. La prensa de derecha informó que Longueira había
lanzado un salvavidas a Lagos y que se preparaba un “gran
acuerdo nacional para modernizar el Estado”.
Aunque se trata de situaciones diferentes, el “caso coimas”,
ligado a gestiones realizadas ante autoridades de Transpor- tes
para favorecer a algunos concesionarios de plantas de revisión
técnica de vehículos a cambio de gruesas cantidades
de dinero, y el caso Gate, vinculado al manejo irregular de enormes
sumas de dineros fiscales por una empresa externa para pagar remuneraciones
y otros servicios relacionados con proyectos de concesión
de obras públicas, los ciudadanos tienden a confundir am-
bos casos bajo la común etiqueta de “corrupción”
que, además, se encontraba a cargo de un mismo ministro
de Corte con dedicación exclusiva, el magistrado Carlos
Aránguiz de Rancagua que sorpresivamente renunció
a su competencia en el caso Gate.
En la corrupción se mezclarían el ánimo de
lucro personal y también, según se afirma, manipulaciones
para obtener financiamiento para partidos políticos. Con
todo es claro que se trata de un tema que ha sido hipertrofiado
por los medios de comunicación que controla la derecha.
No son los mayores escándalos que han sacudido al país.
Fijación de tarifas de servicios de utilidad pública
como electricidad, agua potable y teléfonos, legislación
pesquera, régimen ultrapermisivo de tributación
para grandes empresas mineras son ejemplos recientes que reducen
a la insignificancia el “caso coimas” y también
al Gate. “La derecha sabe robar legalmente”, declaró
el obispo Carlos Camus, preguntado sobre la corrupción
en Chile.
DESAFUERO ESPERADO
El gobierno supo con anticipación que todos los diputados
inculpados por el ministro Aránguiz serían desaforados
por la Corte Suprema. Hasta último momento se intentó
salvar a Juan Pablo Letelier, que cuenta con firme respaldo del
PS. Cuando el gobierno supo que no tendría éxito,
ordenó sus piezas dentro de los parámetros del respeto
a los fallos de los tribunales, señalando que el desafuero
no significa reconocimiento de culpabilidad de los afectados.
Si bien estaba preparado, el gobierno se sorprendió con
algunas votaciones del pleno de la Corte Suprema. Aprobó
por unanimidad -16 votos a 0- los desafueros de los diputados
Jaime Jiménez y Cristián Pareto, expulsados de la
DC cuando detonó el escándalo. Víctor Manuel
Rebolledo, ex ministro, uno de los articuladores de la Concertación
y pieza de importancia en el PPD, sufrió un abrumador desafuero
por 15 votos a 1. Ernesto Lagos, PRSD, tuvo una votación
muy estrecha, 9 votos contra 7; y Juan Pablo Letelier, 10 en contra
y 6 a favor.
Según la Constitución, notificada la resolución
de la Corte Suprema un diputado desaforado “queda suspendido
de su cargo y sujeto al juez competente”. No puede, por
lo tanto, tomar parte en el trabajo parlamentario ni votar en
comisiones ni en la sala. Sin embargo, sigue percibiendo dieta
porque no ha cesado en su cargo.
La Corte Suprema reiteró en su fallo el sentido del desafuero.
“No significa, en caso alguno, un juzgamiento del parlamentario
el que deberá llevarse a efecto por el tribunal de justicia
que corresponde de acuerdo a las reglas generales”, precisó.
Agregando que el desafuero se concede cuando respecto de un parlamentario
existen “sospechas fundadas” que puede haber participado
como autor, cómplice o encubridor en un hecho que objetivamente
reviste caracteres de delito, aunque en definitiva pueda no serlo.
GATE, EL GRAN TEMA
Si el “caso coimas” ha tenido más publicidad,
lo que verdaderamente preocupa al gobierno es el caso Gate, que
estuvo en manos del ministro Carlos Aránguiz. No solamente
por su monto -que involucraría hasta ahora más de
1.700 millones de pesos-, sino por los peligros políticos
que encierra. Aparece vinculado a un áerea muy sensible
del gobierno -las concesiones del Ministerio de Obras Públicas-,
considerada, además, como ejemplo del desarrollo de políticas
exitosas en materia de infraestructura. Un ámbito en que
se han asumido compromisos por miles de millones de dólares
a cambio de tarificaciones de largo plazo en la explotación
de las obras, con mínimos garantizados por el Estado. En
ese campo, las posibilidades de irregularidades y negociados son
enormes, más aun cuando por insuficiencias legales se recurrió
a formas de gestión, a través de una empresa externa,
que ha sido caracterizada como “empresa de papel”,
especialmente creada para manejar recursos públicos, y
que saltó a luz pública hace cerca de dos años
con un robo simulado de alrededor de doscientos millones de pesos,
cometido, presuntamente, por personal de confianza del propietario
de Gate, el dirigente socialista Héctor Peña Véliz.
La salida del ministro Carlos Cruz de la cartera de Obras Públicas
a comienzos del 2002, que pareció extraña dados
los éxitos de que se ufanaba el gobierno, se debió
-según se supo- a la constatación de que en el MOP
imperaba el desorden y se producía un gasto excesivo que
inquietaba al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
En reemplazo de Cruz fue nombrado Javier Etcheberry, respaldado
por una gestión rigurosa como director del Servicio de
Impuestos Internos.
Etcheberry tomó medidas de ordenamiento. Guardó
silencio, pero hace poco hizo declaraciones en medio del escándalo.
Dejando a salvo la honradez de su antecesor (“estoy plenamente
convencido de que él no recibió ni un peso”),
señaló: “A mí me parece tremendamente
irregular que se estén pagando remuneraciones a gente que
a veces da boleta, otras veces no da, que no sabía de dónde
venían los dineros y que no tenía contrato. Como
sistema de remuneraciones parece no sólo mal hecho, sino
que grave”. Y enredado, le faltó agregar: hay miles
de cheques girados por Gate cuyos motivos deberá desentrañar
un juez.
Esa es parte del problema. Hasta el momento la investigación
ha explorado tres vías. Una larga lista de remuneraciones
que -en general- parece corresponder a dineros que se pagaron
por trabajos efectivamente realizados. Posteriormente, apareció
una segunda nómina -“la lista corta”- de algo
más de setenta personas con claras irregularidades. Ahora,
se busca posibles sociedades fantasmas para recibir dineros del
MOP.
Es sintomático que hayan sido encargados reos aparte de
Peña Véliz, el ex ministro Carlos Cruz y el jefe
de finanzas de vialidad y ex inspector del funcionamiento del
contrato Gate, Sergio Cortés. La trayectoria del dueño
de Gate no ayuda a disipar sospechas. Cuestionado en su anterior
cargo de Seremi, en los últimos años se convirtió
en empresario acaudalado y en centro de una red de empresas formadas
con amigos y allegados. Desde hace años circulan rumores
de manejos raros en el área de concesiones del MOP. Incluso
el ingeniero Matías de la Fuente, actual asesor del “segundo
piso” en La Moneda y pariente del presidente de la República,
apareció mencionado en el tema Tribasa, consecuencia de
la quiebra de la multimillonaria empresa mexicana que ejecutaba
proyectos concesionados en Chile. Hace pocas semanas, el ministro
Etcheberry dejó sin efecto el contrato por miles de millones
de pesos en favor de la empresa Besalco, para la construcción
de un camino en Valparaíso y llamó a propuestas
públicas.
Hasta hace poco Carlos Cruz era director de Besalco, cargo que
asumió poco después de haber salido del MOP. El
ex ministro participó también en la creación
de una asociación de empresas concesionarias orientadas
a armonizar el trabajo del “sector público y los
privados”, con claros fines de lobby, que fue recibida por
el presidente de la República en audiencia oficial. El
ministro Etcheberry solicitó la renuncia del ex ministro
y ex embajador Germán Molina, conocido como diestro negociador
con empresarios extranjeros, que era el encargado de concesiones
del MOP. Molina tuvo que declarar varias veces ante el ministro
Aránguiz.
La gestión ministerial de Carlos Cruz no fue transparente.
Se denunció que había comprometido un alza de tarifas
telefónicas con el consorcio español que controla
Telefónica Chile, que trascendió provocando fuerte
oposición. En el proyecto Costanera Norte, por cerca de
trescientos millones de dólares, hubo una primera instancia
declarada desierta por falta de empresas interesadas. El ministro
Carlos Cruz llamó a una segunda licitación en la
cual minimizó el riesgo del contratista garantizando ganancias
que en definitiva, previsiblemente deberá cubrir el Fisco
dados los mínimos fijados.
Sospechas y dudas planean sobre las concesiones, fuente de irresistibles
tentaciones, aumentadas por la precariedad de los mecanismos de
control y la urgencia para obtener resultados materializados en
gigantescas obras de infraestructura.
Se ha especulado con que la oposición presionaría
hasta lograr que el propio Ricardo Lagos, como ex ministro de
Obras Públicas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, apareciera involucrado.
Pero todo indica que eso no ocurrirá. Lagos dejó
la cartera de Obras Públicas, que le sirvió de trampolín
privilegiado para su campaña presidencial, hace cuatro
años -antes que apareciera Gate en escena- y su gestión
no mereció observaciones ni reparos de la Contraloría.
Los empresarios de la construcción y las empresas extranjeras
elogiaron su gestión. En ese momento se iniciaba la política
de concesiones con la velocidad de algo que comienza a caminar.
Lo más importante es otra cosa. Lo que menos interesa a
la derecha es producir situaciones de ingobernabilidad. No la
acompañan las condiciones políticas: todavía
la Concertación supera a la Alianza por Chile y la popularidad
del presidente Lagos sigue siendo muy alta, así como su
autoridad apoyada por la ciudadanía. Los dirigentes derechistas
estiman que Ricardo Lagos puede -sin reconocerlo ni quererlo-,
ser quien mejor prepare las condiciones para que Joaquín
Lavín sea su sucesor en La Moneda
FEDERICO LOPEZ
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Lagos: ¿sepulturero de la Concertación?
Las repercusiones de los escándalos han sido
grandes y golpean a la Concertación sin que signifiquen,
hasta el momento, apoyo contundente para la Alianza por
Chile. Han obligado al gobierno a entenderse con la UDI
y se hará algo parecido con RN, con gestos -adicionales-
hacia los empresarios.
Como los procesos que involucran a los diputados desaforados
podrían prolongarse, el gobierno deberá
ajustarse a formas de gestión compartida en la
Cámara de Diputados y otros espacios, en el período
que antecederá a las elecciones municipales de
2004 que pueden ser definitorias.
El “caso coimas” se irá diluyendo en
trámites procesales. Habrá encargatorias
de reo y libertades bajo fianza, alegatos en las Cortes
y apariciones mediáticas del ministro Aránguiz.
Este fue bloqueado mediante una contienda de competencia
trabada por la jueza Patricia González, del 17º
Juzgado del Crimen de Santiago que lleva desde hace dos
años la causa por el supuesto auto robo a Gate.
La incompetencia de Aránguiz favorecía,
según se estima, a los procesados en el caso Gate,
por tratarse de una jueza de menor jerarquía, menos
experiencia y que dispondría de poco tiempo ya
que no tiene dedicación exclusiva. Sorpresivamente
Aránguiz se inhibió del conocimiento de
la causa, pero la Corte Suprema de oficio designó
como ministro en visita extraordinaria a Gloria Chévesich.
Es probable que aparezcan nuevos escándalos. En
materia de concesiones, Gate no es la única puerta
para acceder a un territorio lleno de trampas y oscuridades.
La derecha no necesitará inventar situaciones irregulares,
pero sí se preocupará de amplificarlas,
de modo que también sirvan de cortina de humo para
los super negociados. Casi sin actuar, y moviendo solamente
algunos hilos la derecha teje su red. Como dijo el ex
presidente Patricio Aylwin, si el presidente Ricardo Lagos
no sale de la trampa que él mismo ha contribuido
a armar, se convertirá en el “sepulturero”
de la Concertación
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Jueces a la ofensiva
Además de los esfuerzos por ayudar al diputado
socialista Juan Pablo Letelier, el gobierno expresó
discreta molestia por las frecuentes apariciones del ministro
Carlos Aránguiz en los medios y también
por lo que consideró “exceso de celo”,
cuando el magistrado se trasladó a Concepción
para entrevistar a una hija del procesado Patricio Tombolini
que vive con sus abuelos y su madre, afectada por una
grave enfermedad, pesquisando un eventual delito de bigamia
que nada tenía que ver con el “caso coimas”.
Se especula que el gobierno no dispondría de buenos
interlocutores ante la Corte Suprema y que el ministro
de Justicia, José Antonio Gómez, no califica
como tal, a diferencia de la llegada que ostentaba -y
ejercía- Soledad Alvear cuando fue titular de Justicia
en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle.
Sin embargo, no es ése el problema de fondo. Los
jueces parecen decididos a mejorar una imagen que sigue
siendo pésima. Les pena la sumisión que
tuvieron frente a la dictadura. Para la opinión
pública contrasta el trato privilegiado que dispensan
los tribunales a las personas adineradas con la falta
de consideración hacia los pobres como sucedió
en el caso de los crímenes de Alto Hospicio. Los
jueces, y especialmente los ministros de la Suprema, quieren
mostrarse activos y enérgicos, incluso, justos.
De acuerdo a la última encuesta CEP, los ministros
de la Corte Suprema perdieron entre diciembre del 2001
y diciembre pasado, más de la mitad de la confianza
ciudadana, que bajó de 15% a 7%. Según la
misma encuesta, los tribunales fueron calificados como
la tercera institución más corrupta del
país, después de los partidos políticos
y el servicio de Investigaciones.
El ministro Carlos Aránguiz se mueve con facilidad
en el mundo de sus pares. Alguien que estuvo a punto de
ser eliminado del Poder Judicial se ha visto convertido
en magistrado “estrella”. No teme al veto
del gobierno ante futuros ascensos, que no tiene en el
horizonte. Cuando se produzcan, habrá otro gobierno.
Se sabe protegido por algunos ministros de la Suprema
y tiene respaldo de políticos como el senador Adolfo
Zaldívar, presidente de la DC.
Por eso mismo no resulta extraño que no haya sido
reconvenido o amonestado por sus frecuentes declaraciones
públicas. Mientras el ministro Juan Guzmán
ha estado bajo permanente crítica de sus superiores
por la forma en que lleva adelante las investigaciones
de violaciones a los derechos humanos, el ministro Carlos
Aránguiz parece contar con la complacencia de los
ministros de la Corte Suprema.
MANIOBRAS Y ZANCADILLAS
Según abogados penalistas, el proceso
contra los cinco diputados desaforados podría demorar
hasta un año y medio antes de llegar a sentencia
definitiva.
Como la mayoría de solo un voto que mantiene la Concertación
en la Cámara de Diputados pone en aprietos al gobierno,
se ha considerado una posibilidad apreciada por algunos
como muestra de “astucia política”. Consistiría
en solicitar al Tribunal Constitucional la inhabilidad de
los parlamentarios suspendidos, lo que permitiría
que fueran privados de sus cargos. En ese caso operaría
el sistema de reemplazo que permite su sustitución
por las segundas mayores votaciones en las listas concertacionistas
de las últimas elecciones parlamentarias. Los candidatos
que llegaron placé se convertirían en diputados
con lo cual la Concertación recuperaría la
mayoría en la Cámara y podría aprobar,
sin otro problema que su falta de disciplina, la mayoría
de las leyes que interesan al gobierno. La maniobra, sin
embargo, parece haber sido descartada. Importaría
un reconocimiento de culpabilidad que ninguno de los parlamentarios
imputados está dispuesto a asumir. Significaría,
además, como dijo un diputado socialista, un “típico
juego politiquero” que aumentaría el desprestigio
del Congreso y los partidos.
Los entendimientos con la derecha facilitan una salida.
El escenario más probable que espera a los diputados
privados de fuero es el largo camino del juicio criminal
conducido por el ministro Aránguiz, con las previsibles
apelaciones y otros recursos ante el tribunal superior.
El panorama judicial, sin embargo, no se presenta tan oscuro
para ellos.
Los inculpados se ven favorecidos por los vacíos
legales en materia de probidad. Hay muchas conductas éticamente
reprobables o incluso escandalosas que en Chile no son delito.
Diversas prevenciones de los ministros de la Corte Suprema
que votaron en contra de los desafueros dan esperanzas a
los imputados. El ministro Marcos Libedinsky, en el caso
de Juan Pablo Letelier, calificó de “contradictorio”
el fundamento del desafuero, agregando que no queda claro
que Letelier se haya beneficiado económicamente con
la recomendación que habría hecho para que
no fuera cerrada una planta de revisión técnica,
propiedad de un adherente suyo. Esa posición fue
respaldada por otros integrantes de la Corte.
El ministro José Benquis llegó más
allá. Salvo en el caso que afecta a Jiménez
y a Pareto, en los demás no existirían hechos
con caracteres de delito. Sostuvo que aparte de ese caso
“en los otros no se advierte que se pueda concretar
nada”. Y prosigue: “En el episodio de esos mismos
parlamentarios (Pareto y Jiménez) con el empresario
Denham, con la participación atribuida al diputado
Letelier en otro caso y en la actuación reprochada
a Rebolledo, hay elementos bastantes que desvanecen los
cargos”.
Entretanto en la Concertación no cesan las diferencias
en cuanto a la manera de enfrentar los escándalos
de corrupción. El presidente de la DC, senador Adolfo
Zaldívar, criticó a los que concurrían
a la cárcel a solidarizar con el ex ministro Cruz.
Reiteró que no se debía aparecer presionando
a los tribunales y agregó -sarcásticamente-
que los visitantes podían aprovechar mejor su tiempo
dedicándose a trabajar. Las críticas aumentaron
la molestia que Zaldívar provoca entre socialistas
y pepedés, que lo acusan de tratar de sacar ventajas
de la crisis y de intentar vengarse del escándalo
de las indemnizaciones que involucró a destacados
militantes de la DC.
No terminan allí las turbulencias. En el PPD se pide
la expulsión de Rebolledo y hay acusaciones de pasividad
contra Guido Girardi, presidente del partido. En el PS hay
críticas al trato preferente que se otorga a Juan
Pablo Letelier en contraste con el que se dispensa a Carlos
Cruz.
En ese ambiente extraño, aumentan las sospechas de
posibles maquinaciones. A pesar de los desmentidos de la
DC, se sostiene que habría “mano mora”
en los cargos contra Letelier, diputado por el distrito
37 de la VI Región, y hasta hace poco seguro candidato
(con claras posibilidades de triunfo) a la senaturía
que ocupa el DC Rafael Moreno, próximo a Adolfo Zaldívar
F.L.
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Ternas supremas
Doce ternas prepara la Corte Suprema para que, sacando
uno de los propuestos en cada una de ellas, se complete
el número de doce abogados integrantes que sustituyen
a ministros del máximo tribunal cuando están
ausentes o imposibilitados de integrar sala. Los abogados
integrantes, entonces, pasan a formar parte del tribunal:
escuchan las causas, debaten y fallan en conjunto con los
ministros. Tradicionalmente la Corte Suprema confecciona
ternas con abogados de larga experiencia profesional. Incluye
ministros jubilados -que han pasado en muchos casos el límite
de 75 años- que vuelven a administrar justicia torciendo
el espíritu de la ley. En las doce ternas de este
año, un elevado número de los propuestos ocuparon
altos cargos en la dictadura. En la mayoría ese es
su único “mérito”. Se propone
al ex ministro de la Suprema, Osvaldo Faúndez, conocido
por su incondicionalidad a la dictadura, y también
a la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Raquel Campusano. Entre los ex ministros de Pinochet destacan
Hugo Musante, que fue ministro de Justicia; Vasco Costa,
compinche de Sergio Fernández; Samuel Silva Ovalle,
ex ministro de Minería, y Jaime del Valle, viejo
conspirador y ex ministro del dictador. Otros pinochetistas
propuestos son Olga Feliú, ex senadora designada,
y Raúl Bertelsen, ligado a círculos ultranacionalistas
de Valparaíso.
Las ternas muestran las borras que todavía quedan
en la Corte Suprema. Corresponde al presidente de la República
designar a los abogados integrantes eligiéndolos
discrecionalmente de cada terna, y es de esperar que no
caiga en la trampa del pinochetismo recalcitrante
PRETOR
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