Para dialogar se necesitan dos

Cada día que pasa, la oposición venezolana toma conciencia de que será más difícil sacar a Hugo Chávez del poder y que si el presidente derrota la huelga empresarial y el sabotaje petrolero, será aún más difícil negociar con él. Y ante este nuevo estado de la realidad, el gobierno se anota puntos a favor y en contra. A favor, que ha logrado dividir a la oposición, y ha retomado la iniciativa política que había perdido en diciembre de 2002. En contra, enfrentarse a una situación de profunda crisis económica que amenaza con extenderse a lo social y político, sin disponer de un aparataje administrativo y político eficaz y eficiente -diferente al de la Fuerza Armada compactada a su alrededor- ni de una política comunicacional que equilibre la guerra mediática y electrónica, principal armamento de la oposición.

Y, además, un entorno internacional a la expectativa: “con este Grupo de Países Amigos uno no necesita enemigos”, señaló un avezado diplomático. Dentro de este contexto, parecía inevitable un nuevo enfrentamiento -verbal- con el embajador estadounidense, Charles Shapiro. Y así ocurrió.
Chávez movió sus piezas en el inicio del año: nombró a Diosdado Cabello como ministro de Infraestructura -desde donde dará el combate a los medios-; anunció la posibilidad de que el gobierno se levante de la mesa del diálogo ya que a su juicio la oposición no da muestra de “querer tomar el carril democrático”; descartó que se vaya a dar un paso atrás en los despidos de la gerencia mayor de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), anunció la llegada de técnicos argelinos para colaborar en la recuperación de los complejos de refinación y envió a la Guardia Nacional a allanar depósitos de alimentos y bebidas acaparadas por los dos grupos económicos que financian a la oposición: Cisneros y Polar.
Asimismo designó al general Jorge Luis García Carneiro como nuevo comandante general del ejército, en sustitución del general Julio José García Montoya, y en la cartera del Interior y Justicia nombró al general retirado Lucas Rincón Romero, el oficial de mayor rango en la Fuerza Armada venezolana.
¿Qué pasa en la Venezuela de hoy? Para el sociólogo Edgardo Lander los medios de comunicación, quizás en este momento los actores políticos más poderosos en Venezuela, no conocen la racionalidad política ni tienen cultura de negociación y tolerancia. La defensa de sus intereses privados se convierten en lo central de su actividad política, intereses que se han visto respaldados por sectores sociales diversos, pero principalmente de ingresos altos y medios. La gerencia mayor de Pdvsa, la llamada “tecnocracia petrolera”, que ha decidido sabotear la industria, es otro actor político carente de conciencia, formación y responsabilidad política. Ellos, tras el argumento de la “meritocracia” en la carrera dentro de la industria, escudan su enfrentamiento y oposición a la política petrolera del gobierno del presidente Hugo Chávez y, al igual que los dueños de medios, anteponen sus intereses corporativos a los intereses nacionales.
Hoy son los dirigentes de los partidos -diezmados, casi aniquilados- los que en estos momentos, parecen tomar conciencia de que las instituciones políticas no pueden fomentar el caos y la anarquía en el país y dan pasos concretos hacia formas de normalización institucional, que permitan algún grado de gobernabilidad y, por consiguiente, la búsqueda de salidas. Por el otro, aquellos que pusieron toda la carne en el asador, quizá apuesten ahora a más sabotajes, para atizar las llamas de la ingobernabilidad.
Si a los sectores golpistas no se les hubiera ocurrido lanzar el paro, sin mucho consenso en la oposición, el 2 de diciembre pasado, sin duda se hubiera avanzado mucho en la mesa de diálogo, señaló el ex candidato presidencial Francisco Arias Cárdenas, condenado a un ostracismo mediático por sus posiciones negociadoras y civilistas.
“Hay hechos reales sucedidos en los últimos días que avalan que se está en la búsqueda de la normalización institucional”, señaló a “Punto Final” el diputado Pastor Heydra, ex ministro de Información del último gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y, siguiendo este rastro, aparece una serie de actos políticos que no han sido siquiera tomados en consideración por la prensa local: a) la participación de la oposición en el nombramiento de la nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional; b) la comparecencia del opositor alcalde metropolitano Alfredo Peña en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se decidió una salida para su intervenida Policía Metropolitana; c) la reunión sostenida el sábado 11 de enero entre Chávez, el presidente del partido socialcristiano Copei, Eduardo Fernández y Teodoro Petkoff, ex ministro de Planificación de Rafael Caldera y editor del vespertino “Tal Cual”; d) la definición de los dos partidos tradicionales por la vía de la enmienda constitucional, asumiendo como inviable un referéndum consultivo (que además, no es vinculante), programado en principio para el 2 de febrero.
Paralelamente al proceso que desde hace poco más de dos meses coordina el secretario general de la OEA, César Gaviria, una serie de actitudes políticas dan la certeza de una división en la oposición, con grupos que se plantean escenarios diferentes: unos echan el resto en un paro sui generis que cumple siete semanas y deja como saldo la paralización y sabotaje de la industria petrolera (y su consiguiente toma final por parte del gobierno) y una previsible caída de diez puntos en el PIB del primer trimestre del año, mientras otros trabajan en pro de la normalización institucional y la búsqueda de soluciones políticas.
“Lo cierto es que un gran sector de la oposición, que no ve con buenos ojos el advenimiento de dirigentes extrapartidos, aupados por los medios de comunicación social y financiados no solo por los dos grandes grupos económicos venezolanos sino también por intereses extranjeros, ve que el paro está moribundo mientras los neolíderes mediáticos quieren radicalizarlo con medidas que a la postre se van a revertir contra ellos y, para peor, contra el resto de la oposición”, señaló a “Punto Final” un dirigente del grupo conservador Primero Justicia, que ve opacado su crecimiento por la pérdida de identidad dentro de la Coordinadora Democrática, que fue la que capitalizó ese empuje.
Los negociadores oficiales también resaltan una diferencia entre los “enemigos golpistas” y los “adversarios de la oposición democrática”, pero lamentan que éstos han sido arrastrados, hasta ahora, “por los más vociferantes enemigos del sistema democrático”, al decir del canciller Roy Chaderton.
Para ellos, “un gobierno de probada fortaleza en medio de todos los embates, tiene que tomar el tiempo que sea necesario” para buscar soluciones, junto con la oposición democrática.
Para el politólogo Andrés Cañizález, la llamada solución electoral es un primer paso en un horizonte de mucho más largo aliento, que es la verdadera encrucijada. “Las elecciones en esta coyuntura, cualquiera sea su resultado en términos de vencedores o vencidos, lo que nos pondrá ante los ojos es la realidad de que el país está fracturado, y no necesariamente partido en dos. Esa fractura no la resuelve sólo una elección: la crisis es mayor e implica revisar los valores sociales que levantó el “chavismo”, junto con los postulados democráticos que esgrime la oposición, en un momento en que despunta una activa movilización que busca canales de participación. Si asumimos que quienes se enfrentan políticamente ahora, no reconocen la importancia del otro, sería iluso suponer que se respetarán (como si fuésemos suizos) los resultados de una elección en un clima como el actual”, señaló Cañizález.
Mientras el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, arribaba a Venezuela por invitación del empresario Gustavo Cisneros, en Washington se conformada el Grupo de Países Amigos.

TAPABOCAS AL
EMBAJADOR YANQUI

Un nuevo escenario conflictivo se planteó cuando el vicepresidente José Vicente Rangel, calificó de inaceptable una declaración del embajador estadounidense Charles Shapiro contra el allanamiento de empresas acaparadoras de alimentos, entre ellas la Coca Cola.
“Efectivamente me llamó Shapiro. Me informó lo que estaba sucediendo en Valencia, el allanamiento de los depósitos de la Coca Cola, y yo le dije que se estaba actuando conforme a la ley. Que había intervenido un juez y un representante de la Defensoría del Pueblo. Cuando él me dijo que se trataba de una empresa transnacional norteamericana, yo le dije: sí se trata de una empresa norteamericana, pero esa empresa funciona en Venezuela y tiene que respetar las leyes venezolanas, y le agregué, qué le parece a usted, señor embajador, si la Citgo (filial estadounidense de Pdvsa) que tiene 14 mil bombas de gasolina en los Estados Unidos se declara en paro, políticamente, en contra del gobierno del presidente Bush, ¿qué harían ustedes? Y me respondió que aplicarían las leyes norteamericanas. Entonces le dije que nosotros también estamos aplicando las leyes venezolanas”.
“Pero hay algo muy grave que se lo recalqué al embajador Shapiro y tiene que ver cuando él dice que el procedimiento no está dentro del marco legal. Entonces le dije: embajador, con todo respeto, usted no es autoridad en este país, usted no es juez en este país, usted no es instancia judicial, usted no puede hacer esa afirmación. Esa afirmación la podemos hacer los venezolanos. Pero de acuerdo con los tratados internacionales ningún embajador de ningún país de la tierra puede hacer pronunciamientos políticos que afecten al gobierno ante el cual está representado”.
José Vicente Rangel agregó que “durante cuatro años hemos mantenido excelentes relaciones con Estados Unidos, que muchas veces no ha sido correspondido pero que nosotros hemos cultivado con esmero. El gobierno de Chávez, es el que ha prestado mayor colaboración en la lucha con contra el narcotráfico. En cuatro años de gobierno hemos decomisado más drogas que todos los gobiernos pasados de Venezuela. En la lucha contra el terrorismo hemos prestado, también un servicio importante. Hemos hecho seguimiento en el aparato financiero del país para evitar que el terrorismo reciba ayuda. Fuimos el primer país que condenó el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Todavía estoy esperando que Estados Unidos condene el sabotaje terrorista de la industria petrolera. Pero no importa, de todas maneras condenamos el terrorismo, lo decimos de manera sincera”.
(...) “Eso no puede dar motivos a decepciones, no puede ser un estorbo como dice Shapiro, a la relación de los dos países. Estas relaciones tienen que ser en un plano de igualdad y respeto mutuo. Porque esto no es un protectorado, no es una colonia, este es el pueblo de Simón Bolívar, es la patria histórica de Venezuela”.
Mientras tanto, miembros de un destacamento de la Guardia Nacional dieron un plazo de 48 horas a los gerentes de la Cervecería Regional del Centro para colocar en el mercado las existencias de cerveza y malta almacenadas en su planta de fabricación, llenado y distribución. Esa instalación está enclavada en el estado Aragua y la orden se impartió después que guardias nacionales inspeccionaron el lugar y comprobaron se mantenían allí miles de cajas de esos productos.
Los militares señalaron a la empresa que, de no cumplirse la distribución de esos artículos a la población, se procederá al decomiso de esa producción.
La importante planta, que podría ser acusada de acaparamiento de acuerdo a las leyes vigentes, pertenece al grupo Cisneros, encabezado por el rico empresario Gustavo Cisneros, acusado recientemente por Chávez de ser uno de los dirigentes de la conspiración para derrocarlo. Cisneros es dueño de medios de comunicación dentro y fuera de Venezuela, como Chilevisión y ocho radios en Chile.
Mientras, Venezuela ratificó su carácter independiente y soberano al delimitar su posición en relación con la creación de un Grupo de Amigos en medio de una coyuntura especial de su historia. El Jefe de Estado, Hugo Chávez, viajó a Brasilia para analizar con el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, lo referente a ese proyecto, y dejó claro las condiciones mínimas que exige Caracas para cualquier aporte internacional.
En Quito, durante la asunción al poder de Lucio Gutiérrez, se conformó -tras gestiones de la cancillería brasileña- un Grupo de Países Amigos de Venezuela, integrado por Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España y Portugal que, según algunos analistas y el presidente cubano Fidel Castro, pareciera más de enemigos que de amigos.
En su informe anual ante el Parlamento, Chávez dijo que la conformación de una instancia de ese tipo debe comenzar por un reconocimiento de la existencia en Venezuela de un gobierno legítimo y democrático, elegido libremente por el pueblo. “Venezuela no es ni será un país tutelado por nadie, es un país libre y soberano, con soluciones aportadas por su propio pueblo”, planteó.

LA SALIDA ELECTORAL

Acerca del tema electoral, el gobierno habla del referéndum revocatorio, viable a partir de agosto cuando se cumple la mitad del mandato presidencial, y la oposición habla del referéndum consultivo, previsto para el 2 de febrero.
Los opositores, tomaron desde diciembre la vía del paro indefinido, apostando al derrocamiento de Chávez a través de la presión de marchas y un nuevo pronunciamiento militar. Pero el paro, más allá de la escasez de gasolina, no ha generado la explosión social o “los muertos” que se supone expulsarían al presidente de Miraflores. Por el contrario, la huelga indefinida parece haberlo fortalecido a nivel internacional y creado un ambiente adverso al referéndum consultivo.
La oposición, además, sabe que se equivocó redactando la pregunta con base a la cual se realizaría la consulta, pues deja a la voluntad de Chávez la renuncia que se le solicita. Si en lugar de pedir que “se le solicite la renuncia voluntaria” hubieran preguntado por “adelanto de elecciones”, la cosa cambiaría. Hay que esperar además la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre la incorporación como directivo al organismo comicial de Leonardo Pizani -uno de los convocantes al referéndum- y la constitucionalidad de la pregunta. El vicepresidente José Vicente Rangel, aseguró que “si el TSJ decide que el consultivo es constitucional, nosotros aceptamos ese veredicto, como aceptamos la decisión sobre los militares comprometidos con el golpe del 11 de abril. Cuestionamos ese fallo, pero lo aceptamos”.
“No podemos pensar en una solución electoral dentro del marco de la Constitución, cuando dentro del jurado electoral tenemos a dirigentes de la oposición. Por eso es necesario que, contando con la nueva Ley del Poder Electoral, podamos acordar la designación de un Consejo Nacional Electoral que merezca confianza de ambas partes. Aquí debemos ponernos fatalmente de acuerdo porque se necesitan dos tercios de la Asamblea Nacional para nombrar garantes de la imparcialidad, la pureza y transparencia de un proceso electoral”, señaló a “Punto Final” el canciller Roy Chaderton.
El referéndum revocatorio es la única carta que muestra el gobierno, y la oposición la rechaza por tres razones básicas: constitucionalmente hay que esperar hasta el 19 de agosto, cuando se cumple la mitad del período presidencial; hay que recoger de nuevo las firmas, 20% de los inscritos en el Registro Electoral y, tercero, para noquear al presidente la opción revocatoria tiene que obtener el mismo número de votos que sacó Chávez en el 2000 y uno más, es decir, tres millones cien mil votos. Aún así, si los resultados le son desfavorables, nada impediría al mandatario presentarse como candidato en nuevas elecciones.
Mientras, las direcciones nacionales de los dos partidos tradicionales, el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei, resolvieron trabajar en pos de la enmienda constitucional, convencidos que el referéndum consultivo no es viable, mucho menos para el 2 de febrero.
El artículo 340 de la Constitución permite modificar una o varias normas del texto, a instancia del 15% de la población electoral o por iniciativa de la Asamblea Nacional. La propuesta de Copei -que rechazó la posibilidad de llamar a una nueva Asamblea Constituyente-, es recortar el mandato de Chávez a cuatro años, ya cumplidos, convocar elecciones presidenciales con segunda vuelta, con opción a reelección.
En el directorio acciondemocratista, el diputado Alfonso Marquina habló de la inviabilidad del referéndum y lanzó la tesis de la enmienda constitucional, sólo posible mediante diálogo con el gobierno y en un escenario de normalización institucional. A esta propuesta se sumó no solo el presidente del partido, Henry Ramos Allup, sino también el ex candidato presidencial, Claudio Fermín.
Lo cierto es que la oposición no cuenta con los votos necesarios para aprobar la medida y, en el supuesto de que algunos diputados chavistas “salten la talanquera” o se llegue a un acuerdo político, la enmienda no podría estar lista antes de agosto y, además, la medida no tendría carácter retroactivo, es decir, no se aplicaría para el actual período de Hugo Chávez.

EL TEMA DE LOS MEDIOS

La académica Margarita López Maya señaló que la extrema polarización política ha estado alimentada y magnificada por los medios de comunicación que a lo largo del 2002 se han parcializado y radicalizado hasta el punto de borrar para buena parte de sus consumidores -y los venezolanos son muy adictos a la TV- los límites entre realidad y reality-show. Los medios de comunicación privados, siete en Caracas y una veintena más en el interior, están cohesionada y abiertamente en contra del régimen de Chávez.
López Maya señala que le dedican hasta 18 horas de cobertura al conflicto, resaltando en transmisiones cartelizadas las acciones de la oposición de las cuales son los principales convocantes y promotores, ampliando y reiterando los comportamientos agresivos, pasando películas sobre dictadores y distorsionando a su favor las proporciones con que participan los venezolanos en las diversas movilizaciones a favor o en contra del gobierno. Han reemplazado, incluso, las cuñas publicitarias y promociones de las plantas televisoras por mensajes propagandísticos de la llamada Coordinadora Democrática

ARAM AHARONIAN
En Caracas

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