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Colombia se hunde en la violencia

Según los analistas, la escalada terrorista en Colombia, durante febrero, no fue más que la respuesta de las organizaciones insurgentes a la estrategia guerrerista del presidente Alvaro Uribe Vélez, eufemísticamente denominada de "seguridad democrática".
Uribe Vélez llegó a la presidencia gracias a su promesa de devolver al país la seguridad ciudadana, mediante un plan de guerra consistente en someter por la fuerza a los grupos insurgentes, luego del fracaso del proceso de paz al que apostó su antecesor, Andrés Pastrana Arango.
Sin embargo, en los seis meses y medio que lleva Uribe Vélez, se observa una completa improvisación en la estrategia militar del gobierno y un robustecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que han propinado duros golpes al régimen y a la oligarquía colombiana.
La destrucción, mediante un carro bomba, el pasado 7 de febrero del exclusivo club El Nogal, de Bogotá, considerado el corazón del empresariado y de la dirigencia política de Colombia, dejó más de treinta muertos y cerca de un centenar de heridos. La explosión de una carga de dinamita en un barrio de la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, al sur oriente del país, produjo el 14 de febrero grandes pérdidas humanas y desoló cuatro manzanas de esa localidad, así como otra serie de atentados ocurridos en los dos últimos meses entre los que se cuentan la destrucción de las instalaciones de la fiscalía regional de la ciudad de Medellín, el ataque a un batallón en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, la activación de un maletín-bomba en el edificio Residencias Tequendama, en pleno centro bogotano y sitio de alojamiento de congresistas y empresarios, que dejó 23 heridos, y el atentado de que fue objeto el principal escudero de Uribe en el Congreso, el senador de derecha Germán Vargas Lleras, dan cuenta de la respuesta que las Farc y el ELN vienen dando a la política de tierra arrasada y de aplicación de mayores tributos para financiar la guerra del gobierno de Uribe Vélez.

MEDIDAS DRACONIANAS

Pese a su ofrecimiento de pacificar al país, al presidente Uribe las cosas no le han salido como esperaba. El conflicto, en vez de disminuir, se ha exacerbado hasta tal punto, que Colombia vive en un permanente estado de zozobra. Simultáneamente, se encuentra en una economía de guerra, con índices de pobreza y desempleo que bordean la línea de desesperación de sus habitantes.
En ese panorama, Uribe Vélez, desde que inició su mandato el 7 de agosto de 2002, no ha dejado de ser consecuente con su política guerrerista. Ha aplicado medidas tanto en el campo económico como político y en menor proporción en el ámbito militar, porque en materia castrense Colombia está supeditada a Washington.
En el campo económico, Uribe Vélez logró hacer aprobar en el Congreso unas leoninas reformas laboral y tributaria que contemplan duras cargas impositivas para financiar la guerra, el aumento del impuesto a las ventas y del impuesto al patrimonio, el incremento a los precios de los combustibles, la precarización del trabajo mediante el aumento de la jornada laboral, disminución de las prestaciones sociales y recorte del pago de dominicales y festivos.
En el área política el órgano legislativo aprobó la convocatoria a un referéndum que, muy probablemente, se llevará a cabo en el segundo semestre de este año. A través de la consulta popular, el gobierno busca reformar la Constitución con miras a congelar por dos años la inversión social, los salarios y pensiones y reducir el número de congresistas.
Una reforma que, al decir de analistas políticos, no es más que "el parto de los montes", por cuanto no se está utilizando el mecanismo del referéndum para estructurar una profunda enmienda constitucional que permita mejorar la organización del Estado.

ENTENDIMIENTO CON PARAMILITARES

La estrategia de "seguridad democrática" consiste en aplicar mano dura mediante la declaratoria del "estado de conmoción interior" (régimen marcial), militarizando aún más las regiones del país y contratando una red de informantes para que espíen a los ciudadanos. Estas medidas han terminado por incrementar y degradar el conflicto.
Sin embargo, le está permitiendo al gobierno iniciar "negociaciones" con los grupos paramilitares organizados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se han caracterizado por ejercer la guerra sucia bajo patrocinio de algunos sectores tanto militares como empresariales.
Aunque las AUC están fraccionadas y debilitadas, lo que busca el gobierno, según analistas como la senadora Piedad Córdoba, es legalizarlas para que sus efectivos -alrededor de ocho mil hombres- engrosen las filas del ejército o de los organismos de seguridad.
Lo grave es que, en forma discreta, Uribe logró en el Congreso prorrogar una ley que le permite negociar con grupos insurgentes al margen de la ley, quitando la traba de concederles status político. Ahora el gobierno puede iniciar conversaciones con cualquier banda de delincuentes, porque no se requiere estar involucrado en delitos políticos, que es lo que caracteriza a la subversión armada. Es lo que va a ocurrir, precisamente, con los grupos paramilitares que no se han sublevado contra el Estado colombiano, a diferencia de las Farc o el ELN, sino que dicen respetar las leyes colombianas y practican en su nombre métodos de guerra sucia y exterminio atroz.
El politólogo Hernando Gómez Buendía sostiene que si bien el gobierno puede lograr en el corto plazo recuperar zonas cocaleras, que son de dominio de los paramilitares, y aunar esfuerzos con éstos en el combate contra los guerrilleros, "el asunto tiene riesgos y acideces. La acidez ante todo, de que queden impunes los horrores morales".

NEGOCIACIÓN POLITICA, UNICA SALIDA

Frente al escalamiento del conflicto colombiano, los sectores políticos más progresistas y la jerarquía de la iglesia católica vienen apostando a que se encuentren caminos que posibiliten la reiniciación de la mesa de negociaciones, por cuanto ella es la única alternativa que existe para parar el desangre de una nación que se consume en su propia hecatombe.
Empero, para dialogar no hay suficiente voluntad política de los dos sectores en conflicto. Ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo para un pacto humanitario que permita el intercambio de prisioneros, pese a la presión de las familias afectadas por el secuestro de sus seres queridos.
El ex presidente liberal Alfonso López Michelsen ha venido insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo humanitario que "se reduzca simplemente al intercambio de prisioneros, sin comprometerse en otros aspectos". De lo contrario, sostiene el ex mandatario, se expone al país "a que las ofensivas de los contendientes se agudicen, llegando a extremos como no hemos conocido hasta ahora".
Si bien no están dadas las condiciones siquiera para un acuerdo de intercambio de prisioneros, el ex candidato presidencial y líder del Polo Democrático, que representa el sector de la Izquierda democrática colombiana, Luis Eduardo Garzón, considera que es imperativo seguir insistiendo en la vía negociada, de lo contrario, afirma, Colombia en poco tiempo terminará desintegrándose como nación.

LAS INTENCIONES DEL PLAN COLOMBIA

En los foros internacionales sobre las repercusiones del controvertido Plan Colombia, analistas latinoamericanos no descartan una intervención directa de la administración Bush en territorio colombiano. Se tiene en cuenta que la militarización a lo largo y ancho del continente es un hecho. A esta realidad se suma que gobiernos como los de Brasil, Ecuador, Panamá y Perú, afrontan presiones de Washington para que se involucren militarmente en el conflicto colombiano.
El coronel (r) y estratega del ejército ecuatoriano Jorge Brito Albuja, quien está dedicado a desarrollar una labor académica sobre la realidad geopolítica de América Latina y las incidencias del Plan Colombia en la región andina, explica que "la preocupación de Estados Unidos para el año 2030 ó 2040 radica en que se está diseñando un escenario de una posible confrontación entre esa potencia y China. La lucha por los mercados, el control del petróleo y de las áreas estratégicas mundiales, hará que los conflictos vayan agudizándose en diferentes regiones del planeta".
"La intencionalidad del Plan Colombia es económica: acelerar la apertura de los mercados, para poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), que significa romper fronteras y abrir un mercado pauperizado pero que integra 700 millones de potenciales consumidores. El beneficiado con esta estrategia es Estados Unidos que, a través del Plan Colombia y del monitoreo que efectúa en la región, consolida el control de recursos naturales desde la cuenca del Orinoco a la cuenca del Guayas, y desde la cuenca del Amazonas al Río de la Plata. Esto es lo que se encuentra detrás del llamado Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina. Estados Unidos ve preocupado que se configura una situación regional que abre la posibilidad de un alineamiento entre Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil. Entonces, Estados Unidos debe crear condiciones de conflictividad para impedir por varias décadas el nacimiento de un proyecto regional que enfrente sus intereses hegemónicos", señala el coronel (r) Brito Albuja.
Esto coincide con la preocupación expresada a PF por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en el sentido de que se viene presentando un alto crecimiento del armamentismo y el militarismo en la región. "Dentro de este panorama -observó- la Doctrina de Seguridad Nacional no murió, está vigente sobre otros ejes, muestra de ello son las maniobras realizadas en Argentina con los ejércitos de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, que se denominaron ejercicio Cabañas 2001. Las hipótesis de conflicto que se presentaron son preocupantes para América Latina y tienen que ver con el Alca, la exclusión, la pobreza, la deuda externa".

BASES DE ALCANTARA Y MANTA

En su estrategia por militarizar el continente, Estados Unidos viene incrementando sus bases de monitoreo y vigilancia. Ultimamente está utilizando el puerto ecuatoriano de Manta. Allí se montó una base aérea que sirve como plataforma de inteligencia militar para el Plan Colombia. Pero, adicionalmente, Washington presiona al gobierno del Brasil para que ceda la base de Alcántara, en la región amazónica.
María Luisa Mendonça, de la red social Justicia y Derechos Humanos de Brasil señala que "Alcántara es parte de una estrategia continental que tiene como foco el Plan Colombia. Estados Unidos ya está cerrando su estrategia en el continente con bases militares empezando por Puerto Rico, pasando por el Caribe, Cuba, Ecuador, Colombia y, en esta perspectiva, Alcántara es muy importante. Ahora, con los entrenamientos militares en Argentina, lo que se busca por parte de Washington es enviar un mensaje en el sentido de que los países latinoamericanos deberían involucrarse militarmente para ayudar a Colombia. Los militares en Brasil han resistido las presiones norteamericanas, en contraste con Argentina, cuyo gobierno ha impulsado maniobras militares de los ejércitos latinoamericanos en el ejercicio Cabañas 2001".
En Alcántara existe una base que el gobierno brasileño instaló hace más de veinte años "pero -dijo Mendonça- no tiene casi uso porque nuestro país no cuenta con recursos suficientes para la investigación aeroespacial. Entonces la idea es hacer un acuerdo con Estados Unidos y alquilar esa base por treinta millones de dólares anuales. Pero el problema es que el acuerdo que firmó el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en abril de 2000, se hizo sin autorización del Congreso, por lo que ahora está siendo impugnado y evaluado por diferentes fuerzas políticas".
Entre tanto, Brito Albuja, respecto de la base ecuatoriana de Manta, sostuvo que su posición geográfica le permite tener condiciones óptimas, desde el punto de vista geoestratégico, para materializar el Plan Colombia. "Si la base de Manta, como mencionan las autoridades, simplemente sirve para proveer inteligencia electrónica contra los traficantes de droga, ¿por qué se gastan 80 millones de dólares, y por qué se refuerza con concreto la pista de la base? Porque en el acuerdo operativo se habla de que podrán aterrizar y decolar aviones Galaxy, C-130 y C-140, que son utilizados para el despliegue rápido de tropas".
Para estos analistas la estrategia de militarización de América Latina esconde un factor económico y es ahí donde reside el interés de Washington, pues la posibilidad de que en el 2005 entre en vigencia el Alca va paralela a una estrategia de seguridad nacional.

NARCOTRAFICO Y BIODIVERSIDAD

El ex comandante del ejército ecuatoriano, general (r) René Vargas Pazzos, cree que "el verdadero objetivo de Estados Unidos en esta región es la biodiversidad, el agua, el oxígeno, eso es lo que está en juego. El agua va a ser un elemento crítico en las próximas décadas y en Latinoamérica existe más del 40 por ciento del agua pura, agua no contaminada; lo mismo la biodiversidad y el oxígeno que produce la Amazonía. Ponen en práctica esta política de militarización para controlar los escenarios de conflicto, que pueden convertirse en escenario de guerra y tienen capacidad de hacerlo. Es una potencia tan desarrollada que ha implementado armas letales como la nuclear, la bacteriológica, etc., para destruir el mundo en cuestión de segundos. El problema es que ya estamos viviendo el inicio de una nueva manera de confrontación, el terrorismo, que nos disgusta a todos pero que es el arma única que tienen los que no pueden luchar de igual a igual con una potencia formidable como Estados Unidos. Entonces se van a presentar escenarios de guerra localizados en ciudades. Esa es la única posibilidad de luchar entre un débil y un gigante. La pregunta es ¿dónde nos alineamos?".
Respecto al narcotráfico, el coronel Brito Albuja recordó que "el organismo de los Estados Unidos responsable de la lucha antidrogas, para toda la región, es el Comando Sur. Pero la estrategia militar de lo que hoy se conoce como Plan Colombia se viene implementando desde el 1º de enero de 1996, en que el Comando Sur recibió la misión de iniciar la lucha militar antidrogas. Ahora hay que preguntarse: ¿Estados Unidos quiere acabar con las drogas? No lo quiere. ¿Por qué? Porque en 1982 el director de la CIA dispuso que se realizara una investigación en Estados Unidos sobre la implicación del sistema financiero en el lavado de dinero, proveniente del narcotráfico. En el informe elaborado se mencionó que en el sistema financiero norteamericano se lavaba, ya en esa época, unos 220 a 250 mil millones de dólares. Entonces, el mayor beneficiario de este negocio ilícito es Norteamérica".

INTERVENCION DIRECTA DE ESTADOS UNIDOS

Volviendo al plano militar del conflicto colombiano, varios analistas no descartan a corto plazo que, frente al desbordamiento del accionar terrorista y al fracaso de la estrategia de tierra arrasada del gobierno de Uribe, Washington intervenga abiertamente.
A comienzos de febrero se especuló insistentemente que dos batallones de fuerzas expedicionarias selváticas de la Marina de Estados Unidos recibieron órdenes del Pentágono para ingresar a Colombia, según lo informó un reporte del web site de Narco News Bulletin, cuya traducción realizada por Madeleine Pérusse, de la agencia Alterco, fue cedida a PF.
Según esta fuente los batallones, que representarían unos 1.100 hombres, se internarían en el sur de Colombia para tratar de eliminar a los altos mandos de las Farc, dispersando a aquellos que escapen hasta las áreas más remotas de la Amazonía. Desde hace varios años, la jerarquía de las Farc ha sido objeto de un escrutinio intensivo por parte de la inteligencia estadounidense.
La ofensiva sería liderada por el ejército colombiano, acorralarían a las Farc hacia el sur, donde las esperarían los marines estadounidenses.
Como antecedente del ingreso de marines a territorio colombiano se tiene que, en septiembre de 2002, se realizó el ejercicio Unitas que involucró a las fuerzas expedicionarias selváticas de la Marina de Estados Unidos y a las fuerzas armadas peruanas. Por primera vez, 600 marines, a bordo del USS Portland, se adentraron en aguas internacionales del Amazonas hasta el río Nanay, en las afueras de Iquitos, en área peruana.
El presidente de ese país, Alejandro Toledo, negó que la presencia norteamericana indicara una intervención futura de tropas estadounidenses en suelo peruano. El mensaje que se quiso dar a las Farc fue que Estados Unidos puede irrumpir en cualquier momento y cortar sus rutas de escape fluvial a Brasil, Perú y Ecuador.
Las tropas estadounidenses realizarán, probablemente, sus operaciones tanto desde la base de Manta, en la costa de Ecuador, como desde una base construida en 1999 en la selva profunda, cerca de la frontera del río Putumayo, entre Perú y Colombia. Esta base secreta estaba destinada a uso conjunto de Perú y Estados Unidos, ante una eventual ofensiva militar de Colombia que empujara a las Farc al sur del Putumayo, pero en el momento en que se terminó, el entonces presidente Alberto Fujimori ordenó a los asesores militares de Estados Unidos que salieran.
Una invasión de marines norteamericanos es auspiciada por el propio presidente Uribe Vélez, quien no ha tenido recato para solicitarla en Quito y en Davos, para derrotar a la guerrilla colombiana, reconociendo tácitamente la incapacidad de las fuerzas militares colombianas

FERNANDO ARELLANO ORTIZ
fsarellano@starmedia.com
En Bogotá


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