Comenzó el proceso Prats
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Apenas se había cumplido un mes -desde
que el ministro de fuero Alejandro Solís se hizo cargo
del proceso por el asesinato del ex comandante en jefe del
ejército Carlos Prats y de su cónyuge Sofía
Cuthbert en Buenos Aires, en 1974- cuando encargó reos
por homicidio calificado y asociación ilícita
a los integrantes del alto mando de la Dina, encabezados por
el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda. Fueron encausados,
además, otro general en retiro, Raúl Iturriaga
Neumann (jefe del aparato exterior) y dos brigadieres, Pedro
Espinoza (segundo hombre de Contreras) y José Zara
Holger. Un agente civil, Eduardo Iturriaga Neumann, fue encargado
reo por los mismos delitos. |
El ministro Solís, con experiencia en investigación
de casos de derechos humanos y que recientemente sustituyó
al ministro Juan Guzmán Tapia en la investigación
de los crímenes cometidos en Villa Grimaldi, señaló
que "el grupo planificó la eliminación física
del general Carlos Prats González por estimarse peligroso
para la permanencia del gobierno militar en Chile".
El año pasado, la jueza argentina que investiga el caso
Prats, y que ya condenó a prisión perpetua a Enrique
Arancibia Clavel, agente civil de la Dina, pidió la extradición
de los ahora procesados. La sala penal de la Corte Suprema rechazó
por 3 votos contra 2 la solicitud de extradición, pero
indicó que la investigación del asesinato debía
realizarse en Chile.
Habían pasado veinticinco años y solamente la familia
Prats había llevado sobre sí el peso de conseguir
justicia. Finalmente, había una señal en Chile,
que justificó que Sofía Prats calificara de histórica
la resolución del ministro Solís. Finalmente la
justicia chilena comenzaría a dar validez a lo que se sabe
desde hace mucho. La Dina, bajo dependencia directa de Pinochet,
ordenó el asesinato de Prats, iniciando una trayectoria
internacional sangrienta que se prolongó, después,
en la Operación Cóndor, el atentado en Roma contra
Bernardo Leighton y su esposa y el asesinato de Orlando Letelier
y Ronnie Moffit en pleno centro de Washington, a fines de septiembre
de 1976.
EL PROCESO
EN PERSPECTIVA
Aunque la investigación está comenzando, las cosas
no se ven fáciles para el ex alto mando de la Dina. Pronto
debería declarar Mariana Callejas, sindicada por Manuel
Contreras como responsable directa del doble asesinato, por haber
detonado la bomba que voló el automóvil de Prats
en la madrugada del 30 de septiembre de 1974. Callejas siempre
ha eludido el tema y su eventual participación. También
comparecerá el brigadier (r) Christoph Willike, pieza clave
del aparato represivo exterior de la dictadura.
Sobre Contreras y los demás encausados se acumulan antecedentes
en tal forma, que es casi imposible imaginar la impunidad para
los responsables. Hechos, indicios, pistas y presunciones se han
ido uniendo a lo largo de años. Cuatro procesos se han
llevado adelante con distinto grado de pertinencia respecto del
crimen de Prats: el realizado en Argentina, que ha contado también
con la colaboración de la justicia norteamericana y una
declaración de Michael Townley, en que éste se responsabiliza
de la autoría material del crimen, por instrucciones de
la Dina; el proceso por el asesinato de Orlando Letelier que instruyó
el ministro Adolfo Bañados y que terminó con la
condena de Contreras y Espinoza, dejando al descubierto, como
elemento significativo, las operaciones exteriores de la Dina.
Como antecedente importante en torno al papel jugado por Mariana
Callejas en la organización criminal, está el proceso
instruido en 1979 por el presidente de la época de la Corte
Suprema, Israel Bórquez, que rechazó la extradición
de Contreras y Espinoza solicitada por la justicia norteamericana,
pero dejó constancia de diversas contradicciones en que
incurrieron los inculpados. También existe el proceso italiano
que condenó en ausencia a Contreras y Espinoza por el atentado
a Leighton, en el que también actuó Townley en relación
con grupos fascistas italianos dirigidos por el terrorista Steffano
Della Chiaie, que tenía vínculos operativos con
la Dina.
No se trata solamente de hechos acreditados, de conclusiones que
constituyen verdades judiciales. Hay factores nuevos, como las
grietas existentes entre los acusados. Contreras y Espinoza se
distanciaron hace tiempo. Espinoza se siente traicionado por Raúl
Iturriaga y éste, no coincide plenamente con las versiones
que da Contreras -sobre la exclusiva responsabilidad de la CIA
a través de Townley-. Mariana Callejas rechaza las imputaciones
de Contreras y, según se sabe, Willike desconfía
de Raúl Iturriaga.
Lo más complicado para los acusados es que no cuentan con
el respaldo incondicional del ejército. Saben que pueden
ser sacrificados para acelerar el cumplimiento del objetivo superior
de lograr la relegitimación institucional ante el país.
Para ello es indispensable que la institución aparezca
comprometida con la búsqueda de la justicia, sin perjuicio
de bregar, en el mediano o largo plazo, por una amnistía
para los militares condenados.
Finalmente, la impunidad por demencia de que disfruta Pinochet
permitirá a los acusados hacer recaer sobre él la
responsabilidad última. Algo de eso apareció en
el proceso que se instruye en Chile por el asesinato, en Uruguay,
del químico de la Dina Eugenio Berríos. Declarando
como testigo, Contreras sostuvo que Berríos no fue sacado
de Chile por su peligrosidad como testigo en el proceso Letelier.
La verdadera razón, sostuvo, habrían sido sus vinculaciones
con Marco Antonio Pinochet, en oscuros negocios relacionados con
drogas. Sabiendo dónde dirigía los dardos, Contreras
agregó que "un director de inteligencia no podía
ordenar esta salida (la de Berríos a Uruguay, PF) especialmente
porque se trataba de una operación internacional en que
se involucraban instituciones extranjeras". Quiso decir,
también, que para algo incomparablemente más grave,
como por ejemplo el asesinato de un ex comandante en jefe, "un
director de inteligencia" no podía actuar por su cuenta,
bajo su exclusiva responsabilidad. Antes, en el recurso de revisión
que interpuso ante la Corte Suprema por su condena en el proceso
por el asesinato de Orlando Letelier, Manuel Contreras puso en
evidencia su dependencia directa de Pinochet, incluyendo las calificaciones
que éste como superior directo le hizo a partir de 1974
hasta su retiro en 1978, en que siempre lo evaluó con el
máximo de distinciones.
EL PROCESO Y EL EJERCITO
Con normalidad asumió el ejército la resolución
del ministro Solís. Pocos días después habló
el comandante en jefe, general Emilio Cheyre, señalando
que la institución quería "como nadie"
que se hiciera justicia. Calificó de "alevoso"
el crimen de Prats y agregó que el Consejo de Defensa del
Estado, en representación del ejército, debía
hacerse parte en el proceso "como corresponde".
Sus palabras fueron acogidas por la presidenta del CDE, Clara
Sczaranski, y después por el Consejo que se hizo parte.
Las declaraciones de Cheyre fueron consideradas un avance. Consolidan
la "nueva actitud" de los militares, dijeron diversos
personeros. Hubo, sin embargo, opiniones discrepantes. Destacaron
que Cheyre habló después que el ministro Alejandro
Solís puso en marcha un proceso judicial que debería
terminar en condenas. Pasó casi un año de mando
institucional sin que Cheyre nada dijera, ni hiciera, en torno
al caso Prats, cuya investigación fue provocada no por
decisión del gobierno, ni menos por petición del
ejército, sino por voluntad de la Corte Suprema, enfrentada
a la petición de la justicia argentina.
Nunca el ejército ha dado, en estos años, el primer
paso en la investigación de crímenes de la dictadura.
Casi siempre han sido los familiares los que han puesto en marcha
los engranajes de la justicia.
El ejército ha mantenido una deliberada inactividad, que
contrasta con el hecho de que sigue pagando la defensa de los
inculpados y asegurando a éstos protección, cárceles
privilegiadas y otros beneficios. En el caso Prats, que es especialmente
simbólico desde un punto de vista institucional, ni siquiera
se ha dispuesto una investigación interna, que, sin duda,
habría resultado fructífera porque necesariamente
en los archivos castrenses se ocultan órdenes, informes
y cuentas de gastos relacionados con el crimen, que contó
con el apoyo de militares destacados en la embajada chilena en
Buenos Aires y de agentes que dependían de ellos.
La resolución del ministro Solís obligaba a hablar.
Cheyre lo hizo porque guardar silencio era mucho peor. Los críticos
recuerdan que su actitud es congruente con declaraciones que hizo
al comienzo de su mando institucional. Los procesos de derechos
humanos -ha sostenido- deben apurarse al máximo, para tener,
cuanto antes, condenas, absoluciones y sobreseimientos definitivos.
En el caso de las condenas, es objetivo institucional lograr,
sin un plazo preciso, una "solución definitiva",
del tipo amnistía general. Permitiría decir internamente
que el ejército no abandona a sus hombres y, externamente,
que respeta la justicia y se encuadra en las normas de la democracia.
Permitiría, además, mantener la ficción de
que para el ejército de Chile hombres como Schneider y
Prats son tan respetables como Pinochet y Contreras, que se funden
en una memoria respetuosa sometida al "juicio histórico".
La perspectiva que espera al general Juan Emilio Cheyre no podría
ser considerada cómoda para sus planes. Proseguirán
en las próximas semanas los procesos por el asesinato de
Tucapel Jiménez, a la espera de sentencia de término,
en que están involucrados altos oficiales, y se acerca
el fallo por la Operación Albania, nombre en clave militar
del múltiple asesinato de jóvenes militantes del
FPMR, en el que tuviera participación destacada el general
(r) Hugo Salas Wenzel, segundo hombre de la CNI, y el entonces
jefe operativo, Alvaro Corbalán Castilla
FEDERICO LOPEZ
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