Edición 541
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Las organizaciones sociales tienen la palabra


Una alternativa ¿para qué?


La necesidad de levantar una alternativa de gobernabilidad desde las organizaciones sociales, que represente las aspiraciones postergadas de la mayoría de los chilenos, es indiscutible. También lo es el hecho que se presenta, ahora, la oportunidad de intentarlo y que sería muy irresponsable dejar escapar la coyuntura. Así lo demuestran el agotamiento del proyecto político de la Concertación y el desmoronamiento ideológico y orgánico que sufren sus partidos. La coalición de gobierno está pegoteada sólo por el binominalismo, que obliga a conformar bloques electorales. Pero carece de alma y coherencia política. La traición a su programa y a sus compromisos democratizadores le ha quitado toda credibilidad. Sus actos de corrupción y la responsabilidad que en ellos cabe a autoridades del más alto nivel -por conocimiento, autorización o participación-, han minado la moral de lo que fue un poderoso conglomerado que prometía cruzar el Rubicón de la transición.
Este es el último gobierno de la Concertación y lo que resta del actual período presidencial se gastará en sellar el pacto de alternancia con la derecha, blindando al presidente de la amenaza de una acusación constitucional. Ha comenzado a vivirse una transición al revés, de regreso a las fuerzas financieras y políticas que instalaron y sostuvieron el terrorismo de Estado. El pueblo, en su mayoría víctima del sistema, no tiene alternativa. Aquella que balbucean algunos sectores de Izquierda, carece de viabilidad y se ha jibarizado por su propio dogmatismo. Se requiere una propuesta amplia y fuerte. Menos “partidizada” pero mucho más “politizada”. La alternativa democrática y popular debe nacer de las organizaciones sociales -de los trabajadores, profesionales, pobladores, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, indígenas, artistas e intelectuales, jubilados, etc.-, convocando también a los militantes y simpatizantes de partidos, movimientos y grupos opositores al sistema.
No obstante, al poner manos a la obra es necesario responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿alternativa de qué y para qué?
Se trata de una alternativa para desatar los nudos que dejó bien atados la dictadura. Son nudos de todo tipo: institucionales y jurídicos, desde luego, pero también económicos, sociales y culturales. Están contenidos principalmente en la Constitución de 1980, que se debe cambiar en forma democrática y -por primera vez en nuestra historia- mediante una Asamblea Constituyente, elegida por el pueblo, y un plebiscito que ratifique la propuesta de los constituyentes.
La soberanía popular tiene que ser restablecida plenamente, con todas sus prerrogativas, para que podamos sostener -con orgullo y seriedad- que vivimos en democracia.
Pero también hay que desatar aquel nudo, fuente de insoportable injusticia social, que es la economía de mercado. La Constitución y el modelo económico se acoplan el uno con el otro. Son monstruosidades que tienen la misma paternidad. El modelo económico neoliberal impide construir una democracia verdadera que garantice el derecho igualitario a salud, educación, vivienda, trabajo estable y salario digno. Una alternativa real debe plantear, necesariamente, la sustitución de un modelo que persigue el “crecimiento” sin importar que el esfuerzo de muchos vaya a los bolsillos de unos pocos. Hay que terminar con el espejismo de prosperidad creado por el capital especulativo. Un país diferente, en cambio, debe alentar al capital productivo generador de empleos. Chile en democracia necesitará impulsar políticas orientadas al desarrollo integral de la economía, cuidando las riquezas naturales y el medioambiente, estableciendo el reparto equitativo de la riqueza, impulsando la integración regional y fortaleciendo nuestra independencia, amenazada por el TLC con EE.UU. y la anexión a la economía norteamericana en el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca).
La brutal agresión norteamericana a Iraq, que ha impuesto la “guerra preventiva” y con ello la crisis total de las Naciones Unidas, es una notificación de los extremos a que quiere llegar EE.UU. para consolidar su dominio universal. La militarización ha llegado también a la región, ya es un hecho en Colombia. Estamos ante un desafío a la soberanía e integridad de los estados. Sólo podemos enfrentar esos peligros con unidad nacional y una sólida vinculación latinoamericana. Nuestras Fuerzas Armadas deben ser invitadas a un diálogo abierto sobre el destino de la soberanía y seguridad nacional, en un continente convertido en colonia norteamericana con gobernantes y ejércitos títeres.
Por otra parte, la alternativa democrática y popular de las organizaciones sociales no puede ser un simple documento, otro más de esos programas que cada tanto produce la rutina política.
Las propuestas deben surgir del pueblo, interpretar su diversidad y sintetizar sus anhelos. Las decisiones sobre el camino a recorrer deben ser también producto de la consulta y participación de diversos sectores sociales. La alternativa es un proceso en sí misma. Acumulará fuerza y generará liderazgos como resultado de la reflexión de millones de conciencias bien informadas. De ese proceso de participación surgirán, también, los instrumentos políticos. Se trata de un ejercicio concientizador y a la vez organizador. Discutir ahora si el instrumento más adecuado es un partido y enzarzarse en ese debate, es invertir las prioridades. El propio movimiento político-social, construyendo la alternativa en sus luchas cotidianas, decidirá, en el momento adecuado, cómo convertirá sus demandas y propuestas en una alternativa de gobernabilidad. Lo que se pretende, en definitiva, es politizar a un pueblo que está profundamente dañado en su conciencia y en la capacidad para defender sus derechos. Querer “partidizar” al movimiento, imponiéndole la hegemonía de un partido o creando otro ad hoc, mataría este proyecto en su cuna. Los partidos y grupos políticos con presencia en las organizaciones sociales, deben participar a través de los dirigentes, militantes y activistas naturales en el movimiento social. Esta es la concepción que plantea la Fuerza Social y Democrática, por ejemplo, que ha causado la irritación de algunos sectores quisquillosos que no perciben que en este proceso los núcleos políticos más coherentes y activos capitalizarán adhesión y respeto popular.
Construir la alternativa requiere una conducción pluralista que admita la participación, en igualdad de derechos, de todas las vertientes que confluyan en el mismo propósito democratizador. Destazar el movimiento en partidos y grupos le quitaría la fuerza que requiere la magnitud del objetivo.
No basta con que el fracaso de la Concertación esté abriendo nuevos espacios políticos. Tampoco es suficiente que la alternativa popular se oriente en el mismo sentido de las aspiraciones que expresan las encuestas de opinión más serias. Cerca del 80% de los chilenos, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quiere un plebiscito para reformar la Constitución. El mismo porcentaje aprueba el divorcio. Casi el 60% pide legalizar el aborto. El 76% prefiere que los servicios de agua potable, luz y teléfonos vuelvan a manos del Estado. Porcentajes superiores al 60% se pronuncian por terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe, la autonomía de las FF.AA., los senadores designados y el sistema binominal. Casi el 70% estima que el gobierno adopta sus decisiones influido por el empresariado. Esto corrobora la necesidad de una alternativa que represente las aspiraciones que no fue capaz de atender la Concertación, y que mucho menos resolverá un eventual gobierno de la UDI.
La corriente subterránea de la opinión popular debe encontrar un cauce de expresión y transformarse en voluntad organizada.
La mayoría ciudadana quiere desatar los nudos de la dictadura. Pero estamos aún distantes de la alternativa que nos permitirá zafarnos de la Concertación sin caer en la parrilla de la derecha.
A un elevado porcentaje de chilenos (40% según Flacso, 52% según Latinobarómetro) les daría lo mismo un gobierno no democrático. Más de un millón y medio de ciudadanos no quiere participar en las elecciones. Esto es un enorme lastre de despolitización que demuestra, asimismo, el débil trabajo desarrollado por los partidos democráticos. Modificar una conciencia y un estado de ánimo que han hibernado durante años, necesita un deshielo que sólo pueden producir las organizaciones sociales y sus luchas

MANUEL CABIESES DONOSO


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