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El machismo en el TLC

La lógica más elemental indica que, en una competencia basada en condiciones de desigualdad, quien resulta favorecido es el más poderoso. Y eso, se cumple a cabalidad en los tratados de libre comercio entre los países del Norte y del Sur; también se reproduce cuando la competencia se extiende al plano interno. A juzgar por los resultados, los acuerdos de liberalización comercial no están hechos para las mayorías. Y dentro de éstas, los que se llevan la peor parte son los sectores más desprotegidos y discriminados. Entre ellos, las mujeres.

Eso se demuestra en el estudio Exigibilidad de las mujeres del Cono Sur frente a la liberalización comercial, de Isabel Castrillo, Alma Espino, Coral Pey y María de la Luz Trautmann, equipo interdisciplinario de la Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR) y la Red Internacional de Género y Comercio (RIGC).

PATRICIA Rivas Muñoz, temporera de la fruta en Linares.  

La investigación entronca con esfuerzos por sacar de la esfera social algunos temas relacionados con el género, para enfocarlos desde el punto de vista de la economía. Porque, lejos de ser un sector “carenciado”, las mujeres son esa mitad de la población que, además de continuar integrándose en forma creciente al mundo del trabajo remunerado, tradicionalmente ha aportado a la economía y al desarrollo productivo del país a través del trabajo sin remuneración, que desarrolla dentro y fuera del hogar, en tareas reproductivas y en el cuidado de niños, enfermos y ancianos. En Chile, por ejemplo, 69 mil mujeres trabajan sin remuneración en el sector comercio, debido a que lo hacen en negocios familiares.
Lamentablemente, en vez de decrecer estas contribuciones no remuneradas, que pasan casi inadvertidas, son cada vez mayores en los procesos de liberalización comercial. Según el Informe de Desarrollo Humano, (PNUD), de 1995, a diez años de iniciados estos procesos sólo un tercio del tiempo de trabajo de la mujer obtiene remuneración. Si se estimara el aporte de todas las actividades económicas no pagadas, más la subvaloración de las actividades remuneradas que efectúan las mujeres, el producto mundial se incrementaría en alrededor de once billones (millones de millones) de dólares.
Otras cifras, aportadas por la Cepal en 1999, señalan que casi una cuarta parte de las mujeres de América Latina gana menos del salario mínimo. En general, las remuneraciones de las latinoamericanas son de entre un 54% y 73% de las que reciben los hombres.
Coral Pey, directora ejecutiva de ACJR, y la economista, profesora universitaria y especialista en género María de la Luz Trautmann, de la misma organización y de la RIGC, conversaron con PF sobre los contenidos de este estudio que analizó las experiencias del Mercosur, de los tratados de libre comercio firmados por Chile, del acuerdo con la Unión Europea y los aspectos más conflictivos del TLC con Estados Unidos. La investigación, que comprendió la situación de las mujeres trabajadoras chilenas, no se hizo para archivarla. Los resultados y propuestas fueron presentados y debatidos en un seminario con representantes de organizaciones de género, gremios y universidades, así como del Sernam. También se publicará una cartilla que sirva de herramienta de trabajo a mujeres y hombres de distintos sectores y regiones del país.

SE JUEGA LA VIDA

Si bien las consecuencias de los procesos de liberalización comercial corren para ambos sexos, María de la Luz Trautmann reitera que los efectos “son diferentes, en especial para las mujeres más pobres. Ellas acceden a trabajos más mal pagados y precarios que los hombres. Ocurre en los sectores de pesquería y fruticultura, por ejemplo, donde hay una mayoría de mujeres que prácticamente carecen de beneficios. Se ha denunciado ampliamente las condiciones en que trabajan las temporeras de la fruta, pero no ha ocurrido lo mismo con las mujeres que trabajan en las plantas de cultivo y procesamiento de pescado. Muchas han dado a luz hijos muertos. A ese extremo está en juego la vida”. Si hay algo de este modelo que tal vez sea levemente ventajoso, es que se han incorporado más mujeres al mundo del trabajo remunerado, en gran medida porque son ellas quienes deben asumir costos extras en salud, educación y otros servicios públicos que antes cubría el Estado. “Posiblemente, las mujeres con cierto nivel de educación se sientan más contentas que si estuvieran trabajando en la casa, porque tienen la posibilidad de autonomía -dice María de la Luz-. Pero hay otro elemento: hoy, en los hogares, se necesitan dos salarios para vivir. De manera que integrarse al trabajo fuera de la casa se transforma en una obligación. Y en esa situación, se acepta cualquier trabajo y en cualquier condición”.
Más de la mitad de las mujeres de los sectores más pobres, que laboran principalmente en el sector de servicios, no cuenta con contratos de trabajo. Y aunque el 40% de los hombres y mujeres que trabajan remuneradamente no tienen previsión social, esa cifra es superior en el caso de las mujeres. Más aún, ellas ganan en promedio el 66,3% de la remuneración que obtienen los hombres en igual trabajo. Y hay más mujeres que hombres desempleadas.
“El tema de género, así como otros de carácter social, está ausente del análisis de los impactos que desencadenan los procesos de liberalización y, más específicamente, los tratados de libre comercio -dice Coral Pey-. Al menos, los aspectos laboral y medioambiental están precariamente insertados, aunque en forma muy menor frente a las materias mercantiles. Creemos que incorporar una visión de género es una tarea pendiente, que se relaciona con mandatos emanados de cumbres mundiales que apuntan a asegurar el acceso a las oportunidades con equidad”.
Aunque la discriminación es ancestral, es evidente que se ha acrecentado con las actuales políticas económicas y comerciales. “Hay mayor flexibilidad, desregulación y empleo precario, tanto en las áreas ‘perdedoras’ de la economía como en los sectores supuestamente ganadores. Y precisamente en estos últimos -las exportadoras agrícolas, pesqueras y forestales- es donde hay mayor empleo precario. En consecuencia, no ha llegado el supuesto beneficio que traerían los procesos de liberalización comercial. Al contrario, este modelo de crecimiento ha tendido a profundizar la inequidad y la exclusión. En mucho mayor grado en el caso de las mujeres, aunque es una situación que también afecta a los hombres. En los tratados de libre comercio asimétricos (cuyas partes se encuentran en desigualdad de condiciones) y verticales (Norte-Sur) entre una economía muy desarrollada versus una economía con menor desarrollo, esta última pierde”.
La directora de la ACJR sostiene que eso es precisamente lo que ha ocurrido con el TLC Chile-Canadá, que lejos de producir mayores índices de empleo y contribuir al desarrollo, ha generado una sobreproducción en la minería cuprífera sin que eso se traduzca en empleo. En el caso de las mujeres el incremento laboral representa menos del 1%. En el de los hombres, es cercano al 2%. “En definitiva, los TLC no generan mayor bienestar ni calidad de vida, ni tienden hacia el desarrollo. Nuestro flujo comercial está basado en una profunda sobreexplotación de las personas y de los recursos naturales, en la que las mujeres estamos particularmente afectadas”, concluye.

CLAUSULA DE GENERO

Tal como se impone hoy, el comercio internacional de libre mercado nada tiene que ver con el desarrollo ni con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las personas. Por eso, así como se intenta proteger con cláusulas especiales las áreas que corren más riesgo -como las condiciones laborales y el medio ambiente-, se propone formular una cláusula de género, que propenda a la igualdad de oportunidades para las mujeres del sur del continente. Porque según el documento Exigibilidad de las mujeres del Cono Sur frente a la liberalización comercial tratar como igual lo que es desigual por definición, contribuye a alimentar y profundizar la desigualdad.
“Se trata de entregar un instrumento de regulación para que las mujeres nos organicemos y podamos exigir el cumplimiento de nuestros derechos. La cláusula no es mágica y de ninguna manera terminará con las injusticias. Pero sí es un mecanismo que nos permitirá reclamar ante una autoridad judicial, cada vez que se violen o lesionen nuestros derechos. La idea es que esta cláusula tenga carácter vinculante (obligatorio), de modo que podamos convertirla en algo exigible, judicialmente”, explica María de la Luz.
Coral Pey agrega que la propuesta supone dar vuelta la tortilla: “En vez de partir por el comercio, partimos por la exigencia de respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Y desde ahí, planteamos que cualquier tipo de transacción, convenio o proceso económico y comercial debe garantizar no sólo los derechos civiles y políticos, sino también el derecho al trabajo, a la participación, a la igualdad de oportunidades, a una mayor educación, etc.”.
Tienen claro que ni las cláusulas ambientales ni las laborales han conseguido frenar la desrregulación comercial existente. Pero al menos, han permitido exigir que se contemplen resguardos en las negociaciones comerciales según los convenios internacionales ratificados por Naciones Unidas, como la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; el Pacto de San José, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y los convenios de la OIT, entre otros.

COMPETITIVIDAD PERVERSA

Al abordar los tratados de libre comercio y sus consecuencias para la población, es inevitable aludir a la forma engañosa en que autoridades y empresarios los presentan a través de los medios de comunicación. “Los tratados de libre comercio, en cuanto al derecho internacional, son ilegítimos -dice María de la Luz Trautmann-. Han apuntado a una precarización de las condiciones de vida y no respetan derechos básicos elementales. Sin embargo, han estado acompañados de un fuerte proceso de legitimación social. Si nosotros lo analizamos desapasionadamente, la mayor parte de las personas no tiene idea en qué consisten. No obstante, a nivel oficial se remarca como gran logro haber suscrito los TLC con la Unión Europea y EE.UU. Esto, unido a la falta de información y participación que rodea estos acuerdos -lo cual es una trasgresión a la ley de probidad administrativa, donde se establece la necesidad de transparencia en la gestión pública- da por resultado un nivel importante de aceptación, porque hay un discurso único”.
Se obvia que en condiciones de competencia no se puede trabajar como iguales, porque es evidente que aumentará la inequidad. A la economista también le preocupa cómo se crean falsas esperanzas respecto a las Pymes, que supuestamente se verían favorecidas con estos acuerdos comerciales. “Y eso se hace con un lenguaje tremendamente patriarcal. Supuestamente, ganan los valientes, los inteligentes, los audaces, los prometedores, los trabajadores. En fin, los buenos de la película. Y el resto, lastimosamente la mayoría, si no es capaz de adaptarse, pierde. O sea, además de ser pobre, la persona es (des)calificada -y autodescalificada- como tonta e incompetente, por no ser capaz de jugar en las ligas mayores”, dice María de la Luz

PATRICIA BRAVO

Economía sexuada

El 80% de las mujeres latinoamericanas vinculadas al mundo del trabajo remunerado se encuentran sin protección social, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A esto se agrega el aumento generalizado del desempleo y el deterioro de las condiciones laborales y sociales. “Las políticas contra la pobreza, dentro del modelo de liberalización del mercado, han servido fundamentalmente para generar trabajo precario”, denunció Magdalena León, coordinadora de la Red de Mujeres Transformando la Economía (Remte)-Ecuador, reconocida feminista de ese país.
La mayoría de las mujeres sólo tienen acceso a trabajos subpagados y precarios, que se deben combinar forzosamente con las faenas en el hogar, sometiéndolas a una doble o triple jornada. “Se habla de progreso y modernización, pero no ha habido solución ni cambios respecto del cuidado humano de la reproducción, porque se estima que eso no corresponde a una política de crecimiento económico”, señaló la dirigenta ecuatoriana. Destacó, a la vez, que la inestabilidad y flexibilidad laboral es la principal causa de las migraciones masivas que, en el caso de las mujeres, están ligadas al servicio doméstico, a la explotación y comercio sexual.
Para Magdalena no hay duda: “Estamos inmersos en una economía sexuada. Se sigue viendo a la mujer como fuerza de trabajo secundaria, cuyos ingresos son complementarios a los del hombre (en la familia) y no se justifican por sí mismos. La persistencia de este error es también responsabilidad de las mujeres, porque nuestras demandas han estado más orientadas hacia la maternidad que hacia nuestras reivindicaciones propias”


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