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NUESTRO 11 DE SEPTIEMBRE
Los escritores y el golpe
El movimiento popular, la Unidad Popular
y el golpe
Evidentemente la Unidad Popular no fue sólo resultado de un acuerdo político
LA COARTADA
POLITICA
DEL GOLPISMO
La “historia oficial” de los voceros de la oligarquía dominante insiste ...
La vida
La vida contra los asesinos de la memoria
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Patricia Verdugo revela cómo “El Mercurio”
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El movimiento popular,
la Unidad Popular
y el golpe

Evidentemente la Unidad Popular no fue sólo resultado de un acuerdo político que permitió la unidad de la Izquierda y que llevó a Salvador Allende a la presidencia el 4 de septiembre de 1970. Tampoco el fin de la Unidad Popular puede ser visto sólo como el quiebre de nuestro sistema democrático resultado de la polarización social y política y de los callejones sin salida del sistema político chileno. Ambos hechos son importantes, pero cada uno de ellos completamente insuficiente para explicar tanto el origen como el fin de la UP.

En verdad a la Unidad Popular, desde un punto de vista histórico, hay que verla como el resultado de largas luchas populares que se remontan a mediados de siglo XIX, cuando la Sociedad de la Igualdad bajo el liderazgo de Arcos y Bilbao ya se había planteado la necesidad de una transformación profunda de la sociedad chilena.

Y, por otra parte, el fin de la Unidad Popular se termina de explicar como la reacción de los grupos dominantes nacionales y extranjeros -y de importantes segmentos de la clase media- frente a la movilización popular, es decir, a la revolución que venía “desde abajo”. De este modo tanto las luchas históricas del movimiento popular en Chile como sus movilizaciones en los años de la Unidad Popular, son fundamentales para entender la Unidad Popular y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

LA UP COMO RESULTADO
DE LUCHAS POPULARES HISTORICAS

Desde un punto de vista histórico, la primera reflexión es que la sociedad chilena es una sociedad fracturada en su origen: surge de la invasión y de la conquista española. En segundo lugar, la conquista da lugar a un rígido orden social, que define clara y rigurosamente la posición de ricos y pobres, blancos, indios y mestizos; en tercer lugar, el proceso de independencia no modificó sustantivamente el orden económico y social y dio lugar a un orden político definidamente autoritario (el régimen portaliano, el del peso de la noche, de la autoridad obedecida, etc.). De este modo, tanto en la etapa colonial como en gran parte del primer siglo de la república, el pueblo estuvo fuera de la política y no participa de ella, al menos en un sentido formal.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el pueblo no desarrollara “acciones colectivas” que lo fueran constituyendo en “sujeto colectivo”. Por ejemplo, como ha demostrado el historiador Gabriel Salazar, importantes segmentos del pueblo emigraron del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX: los peones necesitaron “echarse al camino” para “probar suerte”, buscando dejar atrás la tradicional estructura agraria que les impidía desarrollarse como campesinos. En este proceso de “descampesinización”, unos devinieron en pirquineros, otros en artesanos, otros en comerciantes ambulantes y otros en vagabundos o bandoleros. Un rico y dinámico proceso identitario se puso en movimiento y la élite fue evolucionando del “miedo al indio”, propio de la primera etapa colonial, al “miedo a los pobres”, que ya se había hecho manifiesto a mediados del siglo XVIII, cuando se crearon los primeros cuerpos de policía en la ciudad de Santiago (en realidad, los llamados problemas de “seguridad ciudadana” no son tan nuevos, como se pretende).
Pero junto a los procesos sociales de cambio que tenían en su base la permanente búsqueda de la sobrevivencia del pueblo, ya en 1850 se desarrolló la primera experiencia de organización sociopolítica del pueblo a través de la Sociedad de la Igualdad, experiencia democratizadora de corta vida por obra y gracia del estado de sitio y la represión del ministro Antonio Varas. Gran parte de la segunda mitad del siglo XIX fue de ensayos organizativos, muchos de ellos con gran autonomía del Estado, hasta que, en los inicios del siglo XX estalló la “cuestión social”: por una parte se hicieron cada vez más visibles e insoportables las deterioradas condiciones de vida de la mayoría del pueblo y por otra, emergió con inusitada fuerza y extensión la protesta social. Un ciclo de huelgas y motines abrió el siglo XX chileno, desde la huelga portuaria de Valparaíso, en 1903, hasta la movilización obrera a lo largo y ancho de la pampa salitrera, que culminó en la masacre de la escuela Santa María de Iquique, en 1907.
Así se inició el siglo XX, con la entrada en la escena política del movimiento popular chileno. Desde un punto de vista social, en cierto modo, un siglo XX corto, que corre desde 1903 a 1973, desde la huelga portuaria de Valparaíso hasta el golpe de Estado. En estos 70 años el movimiento popular se fue nutriendo y ensanchando con diversos movimientos sectoriales: el obrero, el campesino, el de los estudiantes, el de los profesores, los empleados públicos y más tarde, los pobladores, las mujeres en sus diversas vertientes, los jóvenes, los cristianos, etc. En estos 70 años diversas coyunturas marcaron el desarrollo del movimiento popular: en los 20, desde las marchas del hambre articuladas por la Foch hasta la primera Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, de 1925; en los 30, desde las huelgas ferroviarias de 1935 y 1936 hasta la constitución del Frente Popular; en los 40, desde el reconocimiento e integración de la Izquierda al sistema político hasta la represión de los mineros del carbón y la ley maldita; en los 50, desde la fundación de la CUT, pasando por la toma de La Victoria hasta la casi elección de Salvador Allende en 1958; en los 60, desde las huelgas de la educación, la salud, las tomas de fundos y sitios hasta, ahora sí, la elección de Allende en 1970.
En cada una de estas coyunturas lo que estuvo en juego fueron demandas de justicia social y de democratización política, horizonte ya previsto por Recabarren y sus cercanos en 1912, cuando afirmaron que no bastaba la democracia política, sino que se requería de la democracia social y económica para hacer posible el socialismo y la “felicidad del pueblo”. Para luchar en esta perspectiva fundaron el Partido Obrero Socialista. En las diversas coyunturas de movilización popular que recorren el siglo XX se ensayaron diversas estrategias, en que convivían formas de organización y de lucha que ponían el acento en la reivindicación al Estado así como en la autonomía de los movimientos y sus capacidades de producir cambios con o sin el Estado. Esta tensión, entre la autonomía del movimiento y su dependencia del Estado y del sistema de partidos, que recorre la historia del movimiento popular, se hizo presente muchas veces y alcanzó un punto crítico durante la Unidad Popular.
En efecto, en los años veinte, cuando se aprobaron las primeras leyes laborales, el movimiento obrero debió optar entre mantener sus viejas organizaciones -que había gestado con anterioridad a la ley- o aceptar la legislación, lo que por lo demás formaba parte de sus propias demandas. El problema estaba en que la legislación laboral junto con reconocer derechos a los trabajadores (al contrato, la huelga, la sindicalización, etc.) al mismo tiempo limitaba las prácticas y orientaciones políticas del movimiento obrero. La salida a esta disyuntiva en los años 30 fue aceptar la legislación “sin renunciar a la lucha de clases”, con lo que se debía admitir una suerte de “autonomía relativa” del movimiento, que tensionaría su propio desarrollo.
Consideremos otro ejemplo, que da cuenta de problemas semejantes. En los años cincuenta todo el mundo sabía que el problema habitacional era un problema social de envergadura. Bastaba acercarse a los conventillos que se habían multiplicado en varios sectores de Santiago o recorrer las riberas del Mapocho o el Zanjón de la Aguada, donde miles de familias vivían en poblaciones callampas. Los pobladores entonces debieron confiar en sus propias capacidades organizativas, establecer alianzas con los partidos políticos y sectores progresistas de la Iglesia e inventar una estrategia de salida al problema de la vivienda: las “tomas de sitios”, que combinaban acciones ilegales (tomar un sitio era una forma de “acción directa” al margen de la ley) con acciones legales y de apoyo institucional (se demandaba seriamente a las autoridades y se solicitaba a los parlamentarios que se hicieran presente en el lugar de la toma, para impedir o neutralizar la acción represiva de Carabineros). Es decir, el movimiento debía ser capaz de transitar en una delgada franja que separaba lo institucional de lo extra institucional. Los ejemplos se pueden multiplicar si se considera sectorialmente a los movimientos; los campesinos muchas veces debieron recurrir a la toma de los fundos para que se aplicara la ley de reforma agraria, o los estudiantes a medidas de fuerza para hacer posible la democratización de las universidades...
Pues bien, estas tensiones que acompañan el desarrollo del movimiento popular no constituían sólo problemas de principios o de eficacia política, sino que daban cuenta de las enormes dificultades de los movimientos para producir el cambio social y mejorar sus condiciones de existencia social, en el sentido de una sociedad no sólo desigual sino que con un régimen institucional débilmente democrático. Es decir, un régimen sobre el cual sólo se podía incidir mediante fuertes presiones -que éste siempre veía como una amenaza al orden establecido, por eso la Ley de Seguridad Interior del Estado- y en donde la lógica de representación constituía a los partidos políticos como los principales interlocutores válidos para producir el cambio en el campo institucional.
Este último aspecto, el papel de los partidos políticos, no es nada menor y tendrá variados efectos sobre los propios movimientos de base. Si producir cambios implica afectar el sistema institucional, entonces los partidos adquieren un papel central, lo que plantea a los movimientos también una tensa relación de colaboración, autonomía y dependencia. Los partidos, por su parte, habiendo aceptado el juego político democrático, sobre todo los de la Izquierda política, buscarán ejercer su papel de representantes de los movimientos, aunque en rigor habida cuenta del marxismo dominante, de representantes de la clase. En este contexto, la articulación de una alianza política, como la Unidad Popular, resulta fundamental para poner en marcha un proceso de cambios de tipo estructural, más radical y consecuente que lo que había sido el Frente Popular en los años cuarenta.

LA REVOLUCION “DESDE ABAJO” O EL INCREMENTO DE LAS LUCHAS POPULARES DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

En la tensión, por decirlo así, constitutiva del movimiento popular con su autonomía relativa del Estado, la UP representó un momento en que se incrementaron todas las luchas populares, las más históricas y las más nuevas, multiplicándose los sujetos y los actores del cambio. Ya en los sesenta la DC había proclamado que “todo Chile tiene que cambiar” y la estrategia de cambio “desde arriba” había mostrado sus límites hacia fines del gobierno de Frei: éste se veía sobrepasado por las demandas y las movilizaciones populares. Nunca el pueblo de modo tan masivo como en la UP comenzó a hacerse protagonista de su propio destino, pero también nunca como en la UP la actividad del pueblo fue percibida como una amenaza tan radical por los grupos sociales tradicionales, cuando los viejos miedos se multiplicaron y fueron eficientemente exacerbados por la prensa de la derecha.
Durante la UP la tensión histórica del movimiento popular se hizo más radical. Ahora el pueblo contaba con el gobierno como un aliado en sus luchas, pero el gobierno sería muy pronto sitiado por los poderes tradicionales, tanto externos como internos y entonces el movimiento popular se vería atrapado en la disyuntiva de seguir los ritmos y los tiempos del gobierno (es decir, del cambio institucional siempre trabado y de la negociación política, cada vez más difícil de concretar) o confiar y acelerar sus aprendizajes de autonomía para afianzar y expandir sus posiciones de poder en la sociedad. La coyuntura que hizo expresivas estas contradicciones fue la que va desde el paro de octubre de 1972 hasta la mañana del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973.
En esos días y meses, la derecha asociada con los gremios (transportistas, colegios profesionales, comerciantes, etc.), puso en marcha una estrategia de ingobernabilidad encaminada a producir un golpe de Estado con apoyo social; el gobierno de Allende recurrió a todos los medios para conjurar “la sedición”, mientras que el pueblo movilizó todos sus recursos para impedir que el país se paralizara, propósito buscado por el movimiento antisocialista. La movilización popular fue bastante exitosa, pero evidentemente no sobrepasó las previsiones del gobierno y de la propia UP sobre sus alcances. La movilización popular a estas alturas comenzaba a desencontrarse con el gobierno afirmando su propia lógica: la del “poder popular”.
Sin embargo, en este mismo proceso de “agudización de la lucha de clases” la tragedia comenzó a dibujarse en el horizonte. El gobierno de la UP debía enfrentarse a una derecha crecientemente golpista, lo que estrechaba y hacía imposible la negociación política que era lo que los partidos políticos sabían hacer, mientras que el pueblo (y la Izquierda) se tensionaba y dividía frente a la necesidad de apoyar al gobierno y por otra parte asegurar sus logros en la base y las posibilidades del socialismo.
La división de la Izquierda, por su parte, era expresiva de los viejos problemas estratégicos no resueltos por el propio movimiento popular, entre otros el de su propia autonomía frente al Estado, de tal suerte que el golpe lo sorprende sin las orientaciones capaces de enfrentar la emergencia que se le venía encima.
La percepción de un camino a esas alturas sin salida quedó claramente expresada en un carta que enviará al presidente Allende la Coordinadora de Cordones Industriales de Santiago, el 5 de septiembre de 1973:
“Antes, teníamos el temor de que el proceso al socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación. Pero, ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese, ahora tenemos la certeza de que vamos a una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo”.(1)
Y llámese fascismo o dictadura, este fue el destino que finalmente se impuso, haciéndose evidente no sólo el carácter débilmente democrático del sistema político e institucional chileno, sino que también el carácter aún precario y germinal de una alternativa madurada y sostenida desde el movimiento popular. En este contexto, cuando colapsaron los partidos, como representantes o conducción política, colapsó también el movimiento popular

MARIO GARCES D.
Historiador

(1) Citado por Franck Gaudichaud, “Poder popular, participación de los trabajadores y Cordones Industriales”, Santiago, abril de 2003, inédito.

 

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