AUTOBIOGRAFIA DEL
GOBIERNO DE ALLENDE

EL presidente Salvador Allende
lee su primer mensaje ante el Congreso pleno el 21 de mayo de 1971.

En estos días en que se han cumplido 30 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, es conveniente destacar esa experiencia histórica. Para conocer el proyecto del gobierno popular, nada mejor que la exposición del propio presidente de la República a través de sus mensajes al Congreso pleno. Todas las realizaciones de su programa las impulsó como líder del movimiento popular, sin ser sobrepasado por nadie. Lo que sí es necesario señalar es que Allende no fue la simple expresión individual, surgida espontáneamente, sino la encarnación de una conciencia colectiva, forjada al unísono en los partidos de Izquierda, sindicatos, organizaciones universitarias, centros científicos y otros elementos de progreso de la sociedad. En suma, de hombres y mujeres de ese tiempo de cambio, de transformación social.
Esta conciencia colectiva fue condicionada, naturalmente, por el desarrollo de un proceso revolucionario que recorrió el mundo durante la mayor parte del siglo XX. La crítica al gobierno de Allende debe hacerse, por lo tanto, en este marco histórico, determinando qué materias deben recuperarse a la luz del retroceso social y político existente hoy en Chile, para formular un nuevo programa del movimiento popular.

LOS GRANDES OBJETIVOS REVOLUCIONARIOS
En vísperas del golpe militar, el gobierno popular recibió el apoyo de un 44% de la ciudadanía, es decir, 7% más que en la elección presidencial de septiembre de 1970. Durante la dictadura militar (1973-1988) se realizó sistemáticamente una campaña de desinformación y mentiras sobre los hechos ocurridos en los mil días de predominio popular, seguida durante los quince años de transición a la democracia (1988-2003) por otra campaña de adulteración que presenta a Salvador Allende como un “buen samaritano” de la democracia burguesa, rodeado de un movimiento social totalitario.
En el primer mensaje al Congreso, el 21 de mayo de 1971, Allende explicó la vía chilena hacia el socialismo, a partir de la realidad existente: “una sociedad agobiada por el atraso y la pobreza, propios de la dependencia y del subdesarrollo”. La tarea inmediata era, por eso, romper con los factores causantes del retardo y, al mismo tiempo, edificar una nueva estructura socio-económica capaz de proveer la prosperidad colectiva. Su pensamiento es claro y positivo. “Las causas del atraso estuvieron -y están todavía- en el maridaje de las clases dominantes tradicionales, con la subordinación externa y con la explotación clasista interna. Ellas lucraban con la asociación a intereses extranjeros y con la apropiación de los excedentes producidos por los trabajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para reponer su capacidad laboral”.
Ante esta brutal realidad, ¿qué corresponde hacer? Allende lo señala de manera enfática. “Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva que solamente genera un crecimiento deformado. Pero, al mismo tiempo, es preciso edificar la nueva economía, de modo que suceda a la otra sin solución de continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva y técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, sin crisis artificialmente elaboradas por los que verán proscritos sus arcaicos privilegios”.
En esta perspectiva general de mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos, el presidente Allende caracterizó desde el comienzo la forma y los pasos de lo que denominara “el camino hacia el socialismo”. “La tarea es de complejidad extraordinaria, dijo, porque no hay precedentes en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido; apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas, particularmente al humanismo marxista, y teniendo como norte el proyecto de sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno”.
“El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales”. Conforme a esta necesidad de adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad, anunció que presentaría un proyecto para sustituir la Constitución, de fundamento liberal, por una de orientación socialista. El presidente de la República tenía conciencia de las dificultades, pero estimando que sería posible, actuó en consecuencia.
En esa oportunidad, destacó también su respeto por las libertades políticas, porque son conquistas fundamentales del pueblo en el camino de su emancipación. Pero el gobierno de la Unidad Popular no se limitó a mantenerlas y proclamarlas verbalmente, sino que afirmó que las haría reales, tangibles y concretas, posibles de ejercer, en la medida que se conquistara la libertad económica. “En consecuencia, el gobierno popular inspira su política en una premisa artificialmente negada por algunos: la existencia de clases y sectores sociales con intereses antagónicos y excluyentes, y la existencia de un nivel político desigual en el seno de una misma clase o sector”.
El presidente Allende recordó que su gobierno tenía su origen en la voluntad popular libremente manifestada en las urnas, sin empleo de las armas, y que el pueblo aspiraba legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin recurrir a la violencia. Pero advirtió que esta responsabilidad no reside sólo en el gobierno y el movimiento popular, sino también en la clase poseedora, que siempre controló el poder. “Si la violencia, interna y externa, la violencia en cualquiera de sus formas, física, económica, social o política, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de derecho, las libertades políticas y el pluralismo”. En ese caso, el gobierno y el movimiento popular que le daba sustento tendrían que adoptar medios concordantes con los que se utilizaren en su contra.
En palabras de Allende, el camino al socialismo “es instaurar las libertades sociales mediante el ejercicio de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado, porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias intermedias”.
En su primer mensaje el presidente Allende expuso la obra realizada en seis meses de gobierno. Chile inició en ese breve período la recuperación definitiva del cobre, la principal riqueza del país. Igual acción se realizó con el hierro, proyectándose de inmediato la constitución del complejo nacional del acero, en torno a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP). El Estado recuperó el carbón , en franca decadencia en manos de empresas privadas, asegurándole trabajo a los mineros, así como el salitre, otrora fuente de riquezas incalculables y en ese momento también en crisis productiva y comercial. Numerosas empresas industriales pasaron a integrar el área de propiedad social, con apoyo decidido de los trabajadores, el aumento de la productividad y la participación activa de ellos en la administración.
En los primeros seis meses se promovió la aceleración de la reforma agraria, con la expropiación de parte importante de los mil latifundios proyectados en el programa gubernativo. Esta decisiva reforma del régimen de tenencia de la tierra perseguía impulsar una agricultura más vigorosa y productiva, capaz de satisfacer las necesidades de la población y, al mismo tiempo, asegurar a los campesinos el beneficio equitativo de los frutos de su trabajo. Parecidos avances se lograron en la nacionalización del sistema financiero, mediante la estatización bancaria, con respeto de los derechos de los pequeños accionistas. En esta forma se aseguraba el manejo más justo y racional del crédito, particularmente al servicio del área socializada y de los pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores, hasta entonces discriminados.

AVANCES DEL MOVIMIENTO POPULAR
Un año después, el 21 de mayo de 1972, el presidente Allende expuso su segundo mensaje al Congreso, en que analizó el proceso de cambio revolucionario que vivía Chile.
En primer lugar, afirmó con orgullo que Chile había crecido en el primer año de su gobierno: “¿Sería demasiado sostener que nosotros los chilenos tenemos en las manos antiguos y nobles anhelos de la humanidad, para encontrar soluciones nunca antes contempladas? Creo que no. Es lo menos que se puede admitir al evaluar nuestro intento, en germen todavía, pero más promisorio que cualquier otro, de crear una sociedad socialista en democracia, pluralismo y libertad”.
“La gran cuestión que tiene planteada el proceso revolucionario, y que decidirá la suerte de Chile, expresó, es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la transición al socialismo. La respuesta depende del grado en que aquélla se mantenga abierta al cambio, y de las fuerzas sociales que le den su contenido. Sólo si el aparato del Estado es franqueable por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las transformaciones estructurales sin desintegrarse”.
Esta no era una posición estática, de confianza ingenua en el funcionamiento legítimo de las instituciones estatales. Expuso Allende: “No se puede descartar que la escalada contra el régimen institucional llegue a provocar las condiciones de la ruptura violenta. El gobierno y los trabajadores organizados están conscientes de ello, dispuestos a asumir el papel que les corresponde… En todas partes están atentos a si seremos capaces de avanzar en la transformación revolucionaria del sistema capitalista con un régimen de pluralismo, de multipartidismo, sin paréntesis del principio de legalidad, sin que el ejercicio de las libertades públicas ponga en peligro la emancipación social de los trabajadores”.
También señaló como otra dimensión del proyecto de gobierno, la creación de las bases económicas de una sociedad más justa, más igualitaria y más capaz de progreso para todos los chilenos: “Una estructura económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción fundamentales, concentrados en un grupo reducido de empresas en manos extranjeras, y de un número ínfimo de capitalistas nacionales, es la negación misma de la democracia. Un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación por una pequeña minoría de los recursos económicos esenciales del país. Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica”.
El combate por la democracia económica, al término del primer año de gobierno, comprendía la abolición del latifundio, mediante la reforma agraria. Esta es una gesta que representaba entonces el fin de un ciclo histórico y el inicio de uno nuevo, el ocaso de la “aristocracia” agraria y la emergencia del campesinado libre y dueño de la tierra que produce. Los bancos comerciales, que estaban en manos de un pequeño grupo de “clanes” familiares, fueron nacionalizados. Allende dio cuenta en este mensaje que de los 26 bancos privados existentes al asumir el gobierno, 18 se encontraban bajo control de la nación; en otros dos el Estado poseía el número suficiente de acciones para dirigir sus directorios, en tanto que los seis restantes eran pequeñas instituciones regionales sin influencia. Respecto a los bancos extranjeros, el Estado los había adquirido en virtud de acuerdos directos.
Este proceso de liberación nacional no limitó su perspectiva a los escollos internos, sino que la proyectó al imperio de las grandes empresas extranjeras. Entre las primeras iniciativas del gobierno, se nacionalizaron el cobre, el hierro, el salitre y el yodo, así como los bancos extranjeros, algunas empresas industriales, las empresas distribuidoras y, en ese tiempo, se abordaba la nacionalización de la Compañía de Teléfonos, filial de la ITT. No obstante estos avances, la economía nacional debía afrontar entonces dificultades muy graves, como la deuda externa heredada.
Las nacionalizaciones contribuyeron a configurar un área social, concebida en su estructura y orientación como el embrión de la futura economía socialista. El excedente generado se empezó a destinar a comprar más equipos y a ampliar la propia producción de la empresa o de otras empresas, así como también el crédito se dedicaba a favorecer el proceso productivo. El área social de la economía reunía entonces 43 empresas que ya eran de propiedad estatal antes de asumir Allende el mando, más 55 que se habían incorporado. A estas 93 se sumaban 83 bajo control público transitorio por infracciones que determinaron su intervención o requisición, con lo cual esta área de la economía tenía una significativa importancia, dentro de una coexistencia con el área privada y mixta. De acuerdo con informes de Cepal, Chile ocupó el segundo lugar en el crecimiento económico entre los 23 países de América Latina. Estos resultados que mostraban la expansión de la economía nacional en 1971, continuaban en los primeros meses de 1972, a pesar de las dificultades generadas tanto por el bloqueo “invisible” del imperialismo nortamericano, como por la resistencia interna del capitalismo.
Este proceso de democratización había traído consigo la conquista de más libertades sociales, que por fin aseguraban una progresiva satisfacción de derechos consagrados en todos los países avanzados del mundo. En un año se habían creado más de 200 mil empleos, y en diciembre de 1971, los desocupados se redujeron a 3.5%, al mismo tiempo que habían disminuido las huelgas a un mínimo. El derecho a la salud mejoraba en forma notoria a partir del programa de alimentación suplementaria para la población infantil y materna. El acceso a la cultura tuvo un incremento en todos sus niveles, con gratuidad en la enseñanza básica, congelamiento del valor de la matrícula en la enseñanza media y universitaria, con un extraordinario crecimiento de los ingresos. Fue ostensible también el mejoramiento y extensión de la previsión social y la nivelación hacia arriba de las asignaciones familiares, que en algunos sectores superó el 100%, y la elevación del monto de las pensiones mínimas de invalidez y vejez. En materia de vivienda, se hizo un esfuerzo muy grande, en sus distintos aspectos, como urbanización en campamentos, construcción de viviendas urbanas y campesinas, derogación de la reajustabilidad de los dividendos, etc.
El gobierno impulsó el desarrollo de la organización popular, así como la participación y el poder de los trabajadores. En su segundo mensaje, el presidente Allende fue claro en su concepción de la democracia, que hoy es necesario recordar. “Durante decenios hemos luchado contra una práctica y un entendimiento de la democracia puramente formales, en que el sufragio, símbolo externo de la manifestación del poder, ocultaba una realidad enajenante de la voluntad popular. La auténtica democracia exige la permanente presencia y participación del ciudadano en los asuntos comunes, la vivencia directa e inmediata de la problemática social de la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales”.
El gobierno promovió la creación de organizaciones comunitarias. En el campo se había organizado el Consejo Campesino Nacional, así como veinte consejos provinciales y numerosos consejos comunales. En esta organización, se comprendía a todos los asalariados, arrendatarios, medieros, pequeños propietarios, asentados, afuerinos, cesantes, cooperados, miembros de los centros de reforma agraria (Cera). La participación popular alcanzaba un nivel nunca antes conocido ya que su competencia abarcaba la planificación, ejecución y control de las medidas agrarias e incluso aquellas materias políticas que de alguna manera los comprometía.
En las empresas del área social y mixta, empezaban a funcionar los mecanismos de participación, convenidos por el gobierno y la CUT, con representación igualitaria, con el pluralismo emanado de la elección libre, secreta, uninominal y proporcional de sus miembros representantes de la Asamblea General de Trabajadores, así como con la amplitud que supone la incorporación conjunta de obreros, empleados, técnicos y profesionales. El contenido de clase de esta participación estaba dado por el compromiso con la revolución socialista.
El movimiento sindical había experimentado también un extraordinario crecimiento, llegando a agrupar un millón de afiliados. Asímismo, adquirieron reconocimiento legal la Agrupación Nacional de Trabajadores Semifiscales, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de Empleados de la Industria y el Comercio y la Confederación de Empleados Particulares. En 1971 adquirieron personalidad jurídica 599 sindicatos industriales, que agrupaban a 35.000 asociados, así como 122 sindicatos agrícolas, con 127.000 afiliados. Para enfrentar los nuevos problemas se empezó a promover las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), que organizaron la defensa contra el mercado negro, la mala distribución y el acaparamiento.
Las dificultades se acrecentaban por las acciones de bloqueo que afrontaba el gobierno popular. La disminución de divisas impedía el servicio de la deuda externa acumulada y la importación de bienes, cada vez más caros por la política monetaria internacional. Los organismos financieros internacionales, cediendo a las intensas presiones norteamericanas, negaban créditos solicitados regularmente. Las compañías norteamericanas Anaconda y Braden Copper Company obtuvieron en Nueva York órdenes de embargo sobre bienes chilenos en esa ciudad, entorpeciendo el comercio con Estados Unidos.
En el primer año del gobierno popular, la abierta y tenaz conspiración había forzado sucesivos enfrentamientos entre los distintos poderes del Estado, al atentar contra la independencia política de los ministros, las facultades de colegislador del Ejecutivo y la capacidad económica del gobierno, llegándose al extremo de pretender invalidar la competencia e independencia del tribunal constitucional. Eran los pasos sucesivos hacia el golpe de Estado.

LA LUCHA CONTRA LA CONSPIRACION
En su tercer mensaje al Congreso pleno el 21 de mayo de 1973, el presidente de la República presentó un balance de la situación nacional, en un momento en que, como muy pocas veces en Chile, “hay esperanzas y temores compartidos por la razón y las pasiones de nuestros ciudadanos”.
El peso de la deuda externa heredada era un problema agobiante. A pesar que durante 1972 Chile obtuvo la ampliación del plazo para el pago de sus deudas, de uno a ocho años, y de que se habían cumplido estrictamente las obligaciones de consumo corriente, señalaba el presidente: “El total de vencimientos para 1973 asciende a 496 millones de dólares. Es decir, este año, casi la mitad del ingreso total de divisas corresponde destinarlo a servir la deuda externa”.
En este tercer mensaje, se reafirmó la continuidad del régimen democrático, a pesar de la conspiración sediciosa que impulsaba la derecha, en connivencia con el imperialismo. “Régimen democrático y paz civil se implican de manera recíproca y lo que atenta contra uno, atenta directamente contra el otro”, afirmó el presidente. Expresó Allende: “El gobierno ha cumplido y cumplirá su deber de preservar el orden público, al mismo tiempo que impulsa la transformación de la sociedad. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, el orden público ha dejado de estar al servicio del sistema capitalista y es hoy un factor coadyuvante del avance del proceso revolucionario”.
El presidente hizo referencia a los logros en reforma agraria: “En el curso del último año ha sido expropiada prácticamente la casi totalidad de los fundos de más de 80 hectáreas de riego básico, los que han pasado a manos de los campesinos. La ancestral oligarquía terrateniente ha perdido la base económica de su poder. En ese período, 1.192 predios expropiados se sumaron a los del año anterior, completándose un total de 3.570. Los campesinos han conquistado, de este modo, cinco millones de hectáreas, con lo que, considerando lo hecho antes de mi gobierno, el 35% de la superficie agrícola total del país está hoy en el sector reformado”.
Tanto la gran minería como la mediana, en sus principales yacimientos, se habían incorporado al área social, asumiendo el conjunto del país, a través del Estado, la responsabilidad de la explotación, procesamiento y comercio de sus recursos mineros. En cuanto a las empresas industriales estratégicas, la resistencia de los propietarios privados era cada vez más ostensible. No obstante, de apenas el 3% de la producción que controlaba en 1970 el Estado, se había pasado a más del 30% en 1973, perteneciendo al área social más de 200 empresas, incluidas las que eran de propiedad pública antes de su gobierno.
Estas sólidas expresiones de poder popular, de liberación de los trabajadores, fueron capaces de enfrentar los ataques de los sectores sediciosos, encabezados por las organizaciones empresariales y los partidos de centroderecha. “El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura de impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pérdida superior a los doscientos millones de dólares. Pero, para el sector más obcecado que lo encabezaba, tuvo un objetivo concreto: derrocar al gobierno. Intento de quebrantamiento del régimen institucional que puso en peligro la paz interna, lo que fue evitado gracias a la voluntad revolucionaria de los trabajadores, a la conciencia patriótica de millones de ciudadanos de diversas ideologías y al sentido democrático de las Fuerzas Armadas y de Orden”.
El presidente agregó que se refería a los acontecimientos de octubre como ejemplo de la “dinámica insurreccional” en que se encontraban empeñados los elementos más afectados por el desarrollo revolucionario, sin mencionar otras tantas manifestaciones de igual naturaleza que habían convulsionado al país.
Además del trabajo opositor conspirativo, abusando de sus facultades de fiscalización la mayoría de centroderecha de la Cámara de Diputados designó ocho comisiones investigadoras sucesivas, sobre actuaciones de la administración pública en 1972. Dos intendentes fueron acusados y destituidos por el Senado, siete ministros fueron igualmente acusados y dos de ellos, destituidos. En todas estas oportunidades, el gobierno sostuvo criterios jurídico-constitucionales discrepantes de esa mayoría. El presidente advirtió entonces que cuando, en el uso de sus facultades, el Poder Ejecutivo y el Legislativo diferían en torno del ámbito de sus atribuciones exclusivas, la Constitución contemplaba dos instituciones destinadas a resolver los conflictos: el tribunal constitucional y la consulta plebiscitaria. En el primer caso, la oposición había tratado de inhabilitarlo, debido a su independencia y autonomía, y en el segundo caso, tampoco lo deseaba, no así el gobierno, que más tarde quiso recurrir a este medio, lo que fue impedido por el golpe militar.
El presidente Allende destacó los problemas económicos en el proceso de transformación social a través de este tercer mensaje, aunque un proceso revolucionario no puede juzgarse por su resultado económico inmediato, porque la situación existente en ese momento estaba relacionada con la estructura económica y productiva heredada. “Quiero ser enfático en señalar, dijo, que uno de los procedimientos principales de la reacción interna y la externa para impedir nuestro camino hacia el socialismo, es la búsqueda deliberada de una crisis económica”.
En medio de las dificultades, el presidente planteó nuevas tareas, de acuerdo al programa de gobierno, como el término rápido del proceso de constitución del área de propiedad social. Este objetivo comprendía una nueva ley de reforma agraria que permitiera la expropiación de predios superiores a 40 hectáreas de riego básico, y asegurara condiciones para la reorganización del sector, la incorporación de las empresas incluidas en el proyecto enviado al Congreso, así como las del sector financiero, de los seguros, la distribución mayorista y el comercio exterior. El paso a la propiedad social de las unidades productivas era una condición necesaria pero no suficiente. La meta definitiva era la socialización efectiva de los medios de producción fundamentales y su uso de acuerdo con los intereses de los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo. Para organizar una nueva economía, era indispensable alcanzar tres grandes objetivos. Uno, establecer la dirección esencialmente democrática, orientada a asegurar la confluencia armónica de todos los aportes sociales, comenzando por la formación del comité económico de ministros y de los organismos intermedios de dirección. Dos, asegurar el funcionamiento planificado de la economía, lo que ya se había iniciado con la elaboración del plan de la economía nacional para 1974. Tres, aplicar la más amplia y democrática participación de los trabajadores.
El presidente asumía con realismo la situación crítica por la que pasaba la economía, sosteniendo en este tercer mensaje que era indispensable el aumento sostenido y creciente de la producción y la productividad, con disminución de los gastos materiales y financieros. Esta orientación tenía validez principalmente para los sectores prioritarios de la economía, como agricultura y minería, no sólo en la perspectiva de largo plazo, sino también en la coyuntura de ese momento, porque ellos determinaban el abastecimiento de artículos de consumo esencial, de insumos y equipos de capital.
En un orden más general, en el mensaje se hizo referencia a los problemas que de manera más inmediata afectaban al pueblo, como inflación, bajo nivel de abastecimiento y la movilización colectiva, que el gobierno estaba abordando. En el marco de su estrategia conspirativa, la oposición trataba de agravar la situación. “El Congreso ha despachado, decía Allende, las principales leyes económicas sin el debido financiamiento”, situación que había llegado a adquirir extraordinaria gravedad.
En el ámbito político, Allende destacó el significado de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973. Desde la victoria electoral de 1970 aumentó ampliamente la participación popular en las actividades políticas, toda vez que los ciudadanos fueron convocados a ejercer el sufragio universal en siete oportunidades, entre las cuales destacaron las elecciones municipales en 1971, en las que la Unidad Popular obtuvo la mayoría absoluta, y las parlamentarias de 1973, en las que registró el 44%, a pesar de la abierta conspiración de las fuerzas reaccionarias de la centroderecha.
La oportunidad era propicia para plantear, una vez más, la necesidad de adaptar el régimen institucional a la nueva realidad. El gobierno popular había elaborado un anteproyecto de nueva Constitución, que el presidente anunció sería sometido a una amplia discusión para recoger las críticas y sugerencias antes de su presentación al Congreso Nacional. Este nuevo texto de Carta Fundamental comprendía la democratización del aparato judicial y previsiones contra el burocratismo, ampliación de los derechos y deberes ciudadanos, estableciendo otros que reconocieran a todos libertad, propiedad personal y condiciones favorables al desarrollo integral de su personalidad y dignidad. La democratización de la administración territorial y la reconsideración profunda del régimen comunal, la democratización de la seguridad social, el desarrollo cultural y tecnológico. El presidente Allende se refirió también al papel de las Fuerzas Armadas y de Orden, destacando que sus mandos integraron, junto a los representantes de los partidos populares y la CUT, el gabinete designado para poner término al paro subversivo de octubre, destacando el papel democrático del general Carlos Prats.
Tal fue la visión y experiencia del propio Allende de su gobierno. En otra oportunidad habría que ver la posición y comportamiento de la centroderecha opositora, que lo derrocó mediante un golpe de Estado

BELARMINO ELGUETA B.