Comedia procesal para mapuche

La justicia es ciega y también racista

En sucesivas huelgas de hambre, principalmente en la cárcel de Angol, presos políticos mapuche presionan con insistencia para que se ponga fin a las arbitrariedades de que son objeto. Sin embargo, sus voces se acallan y siguen adelante juicios que poco y nada tienen de justicia. En la actualidad, hay 24 mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) encarcelados en presidios de Concepción, Temuco, Angol y otras ciudades del sur a los cuales se les imputa el delito, entre otros, de asociación ilícita terrorista. El Estado, en democracia, está aplicando la misma ley antiterrorista que sirvió para amparar los peores crímenes durante la dictadura. En este caso, se ampara la represión y el uso de la fuerza con las que se busca aplastar a quienes luchan por recobrar las tierras y la dignidad del pueblo mapuche.
Para conocer de primera mano la visión de quienes se encuentran encarcelados, PF envió un cuestionario que los presos políticos mapuche respondieron por escrito, agradeciendo “la oportunidad que nos ofrece este medio periodístico alternativo, creemos que actitudes como ésta, de generar tribuna para que expresen sus opiniones los excluidos y oprimidos, engrandecen y dignifican los esfuerzos que se hacen al trabajar por la justicia”.
Estas son sus voces.
¿Cuál es la situación en que se encuentran y el trato que reciben en la cárcel?
“Las cárceles están hechas para inflingir castigo, implican la negación de todos los derechos. En general, las cárceles chilenas son malas. Informes de derechos humanos han denunciado las precarias condiciones que existen en los presidios, básicamente respecto de su régimen interno y condiciones de infraestructura, sobre todo en relación con los altos niveles de hacinamiento. En particular, para nosotros los mapuche, la situación no es distinta, estamos siendo sometidos a las mismas condiciones y reglas del sistema penitenciario.
Estamos mezclados con la población común y sin las garantías necesarias que nos cabe como presos políticos. De partida, el régimen carcelario ejercido por Gendarmería sigue la línea de la represión oficial que ejercen el Estado y sus instituciones en contra de nuestro pueblo. No existe en la práctica reconocimiento oficial de nuestra calidad de prisioneros por motivos políticos, salvo las mínimas expresiones que hemos podido conquistar, presionando y movilizándonos. Sólo para graficar: pasamos 22 horas y media encerrados en dormitorios-celdas, en serias condiciones de hacinamiento, sin posibilidad de ejercer algún tipo de actividad recreativa o deportiva, lo que a nuestro juicio es necesario para poder afrontar el encierro. El trato que recibimos sigue la normativa impuesta por la institucionalidad carcelaria. Sin embargo, debemos reconocer que existe cierta conciencia de parte de algunos funcionarios que reconocen nuestra condición y ejercen un trato más acorde. Eso se debe, también, al hecho que hacemos respetar nuestros derechos como mapuche. Pero más allá de eso, aún no hemos obtenido un tratamiento ‘especial’ como presos políticos. Estamos estudiando las herramientas necesarias para lograr ese reconocimiento y ciertas garantías mínimas que hagan más digna la prisión política”.
¿Consideran discriminatorio el sistema judicial al cual están sometidos?
“Por supuesto, absolutamente discriminatorio, visto desde nuestra perspectiva como mapuche y también desde una perspectiva más general. Las distintas formas de opresión contra nuestro pueblo son discriminatorias desde el momento de la invasión a nuestro territorio y desde las otrora políticas de exterminio hacia el pueblo-nación mapuche. La historia nos señala que la naturaleza y las estructuras del Estado-nación en Chile se fundan en políticas de invasión y opresión hacia los mapuche. Ha sido una constante histórica que la oligarquía criolla base su poder en las estructuras del Estado y se exprese a través de todas sus instituciones. Por eso, la línea política estatal hacia los mapuche es de dominación y opresión, esencialmente discriminatoria. Niega la existencia de la nación mapuche, y sólo la reconoce en el marco de una línea de integración forzada, que no es otra cosa que una política de exterminio solapado. Es decir, busca la desaparición paulatina de nuestra concepción ideológica y de nuestra existencia territorial.
El poder judicial y, en general, la justicia en Chile han sido consecuentes con estas políticas de Estado. No existe una legislación político-jurídica que garantice nuestros derechos esenciales como nación originaria y los demás derechos político territoriales. Estos derechos se destruyen, como ya mencionamos, con la invasión de nuestros territorios, y con la imposición de políticas de segregación y negación que son corolario del último milenio de nuestra historia. De hecho, la actual ‘política indígena’ se funda en las políticas de genocidio diseñadas en aquella época, como también en leyes de radicación, segregación, persecución y represión, dictadas y/o aplicadas, incluso, en el actual escenario sociopolítico.
Más aún, la existencia de fuertes procesos de inversión capitalista en nuestro territorio ancestral, trae consigo procesos refundacionales de la naturaleza y estructuras de un Estado que se define bajo un modelo determinado de economía y que sustenta un sistema monopólico-financiero. A éste, por definición, le resulta anacrónica la existencia y proyección de nuestro pueblo. La actuación de un poder del Estado, como el poder judicial, se enmarca en estas definiciones y es, por ende, esencialmente discriminatorio y, aún más, responde a la imposición de un sistema económico y político que no contempla la realidad y existencia de la nación mapuche y sus comunidades. El resultado de eso son los procesos llevados a cabo contra comunidades y comuneros mapuche, quienes han sido fuertemente sancionados en el marco de sus luchas y reclamos de carácter social y político. Las permanentes detenciones de mapuche y los prolongados encarcelamientos sin establecer sentencias ya son atentatorios, y constituyen, en sí mismos, ‘juicios políticos’.
Además, no sólo se utiliza el Código Penal establecido para criminalizar luchas sociales, sino también el inmoral recurso de leyes dictatoriales que son cuestionadas por su naturaleza aberrante, pero que sin embargo son ampliamente empleadas en contra de los mapuche, como la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, la de asociación ilícita terrorista, etc., dictadas por la junta militar para perseguir y reprimir a opositores, con severas secuelas en materia de derechos humanos. Ahí vemos un doble discurso del gobierno: plantea la defensa de los derechos humanos y que ‘nunca más’ se violarán, mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos de nuestro pueblo”.

MAQUINACIONES POLITICAS

¿Qué críticas les merece la actuación de los fiscales?
“Para nosotros, los fiscales son un síntoma y no la enfermedad. Ellos pasarán a la historia como ‘verdugos’ -entre otros- de las demandas mapuche en nuestra histórica lucha por seguir siendo pueblo. Son un reflejo de la responsabilidad histórica que le cabe al Estado y a sus administraciones en distintos períodos, como también reflejan la consolidación de la oligarquía chilena que nace y se funda a costa del sacrificio de los oprimidos en general, y de los mapuche en particular.
La aparición de los fiscales viene aparejada al estreno de la reforma judicial, que para los mapuche ha sido nefasta. En este contexto, observamos que su actuación se ha dado sobre la base de los intereses que se confrontan con los mapuche. Los fiscales mantienen una fuerte relación con los poderes locales, sobre todo a nivel de los grandes consorcios madereros que operan en nuestro territorio. Hemos obtenido información de que operan con muchos recursos provenientes de esas instancias. Por eso han demostrado una actitud muy hostil, de tipo racista, y que raya en prácticas fascistas, en los distintos procesos que llevan a cabo. Sabemos, incluso, que operan con grupos y asociaciones paramilitares de derecha y que no escatiman recursos con tal de incriminar y perseguir mapuche, utilizando muchas veces prácticas orientadas y dirigidas por esas instancias paramilitares. Por ejemplo, utilizan ‘agentes’, delatores que encubren como ‘testigos protegidos’, pero que realmente son delincuentes. Algunos son contratados como sicarios por las empresas forestales. A esto sumamos la acción coordinada con ciertos funcionarios de Carabineros que trabajan con un doble estándar, ofreciendo sus servicios antimapuche a las empresas y sus operadores.
Ultimamente, los fiscales han sido parte de verdaderas maquinaciones políticas contra hermanos mapuche, en las que están comprometidos directamente los poderes fácticos locales. Como es obvio, esto se acompaña con una fuerte campaña propagandística de derecha llevada a cabo por la prensa local y nacional que se alínea con el periodismo fascista y reaccionario de El Mercurio y Copesa (La Tercera, Qué Pasa). En este contexto, los fiscales se muestran ávidos de éxito al perseguir y castigar a mapuche. Tienen posturas antimapuche racistas, pero por sobre todo muestran ignorancia de nuestra problemática, y, por lo tanto, carecen de independencia. Hacemos una diferencia con el actuar de los jueces que, a pesar de alinearse con las mismas políticas, parecen tener una visión un poco más amplia y tolerante.
Resulta increíble la acción fascista de algunos fiscales, llena de odio y poco raciocinio. Denunciamos las prácticas aberrantes de los fiscales Raúl Bustos, de Traiguén; Luis Chamorro, de Collipulli, y Claudia Iturra y Francisco Rojas, de Temuco. Más increíble aún es que estos fiscales cuentan con el aval de instancias del gobierno que pregona respeto por los derechos humanos en Chile”.
En las condiciones en que se encuentran, ¿pueden ejercer su derecho a una legítima defensa?
“Como ya dijimos, en el contexto del conflicto mapuche se niega toda posibilidad de hacer valer nuestros derechos políticos territoriales y, por lo tanto, todos los derechos que son parte de nuestra condición de mapuche, en el plano ideológico-cultural con bases históricas y políticas. Frente a la persecución política de que somos objeto, es obvio que no tenemos garantizado el derecho a una legítima defensa. Como se ha observado, somos perseguidos y sancionados comunicacionalmente antes de pisar cualquier tribunal. Somos etiquetados con adjetivos descalificadores y estigmatizadores como ‘criminales’, ‘delincuentes’ y ‘terroristas’, más otros calificativos fruto del sensacionalismo periodístico. La tónica ha sido incriminar abiertamente y sin consideraciones de ningún tipo, es decir, se responde a una política ya definida de encausar a quienes hemos sido la expresión más viva y comprometida de la lucha de nuestro pueblo, ya sea por ser lonko, werken o weupife. En fin, se persigue a cualquiera indiscriminadamente.
Esta situación se hace más compleja por el hecho de que en muchos casos estamos sometidos a ‘dobles procesamientos’. Es decir, por un mismo hecho se abren dos causas judiciales, como ocurre con procesos que lleva la justicia civil en forma paralela a procesos que lleva la justicia militar; o bien, procesos regidos por el Código Penal paralelos a procesos iniciados por leyes especiales (ley de seguridad interior del Estado o antiterrorista) de los tiempos de la dictadura”

PATRICIA BRAVO

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Recuperación de tierras

¿Se continúan realizando ocupaciones de tierras y experiencias de control territorial?
“A pesar de estar encarcelados, sabemos que en nuestras comunidades siguen en marcha los procesos de recuperación de nuestros derechos políticos y territoriales. Eso nos tiene muy orgullosos y nos permite asumir con dignidad la cárcel política. En todo caso, esto es materia de las comunidades en conflicto y, en particular, de la Coordinadora Arauco Malleco, que es la organización que lleva adelante estas experiencias. No obstante, valoramos enormemente los esfuerzos de nuestros hermanos por mantener activa la resistencia mapuche”.
Como presos políticos, ¿han recibido apoyo de sectores ciudadanos, de organizaciones sociales o políticas?
“En realidad, el apoyo concreto no ha sido mucho. Creemos que esto se debe a la fuerte ofensiva de contrainformación. No hay que olvidar que se nos ha vinculado a una serie de montajes y se nos desprestigia con el objetivo de desperfilarnos y restar base de apoyo a nuestra causa. Sin embargo, aún hay sectores conscientes y consecuentes dentro del movimiento mapuche y de los chilenos organizados, quienes nos han expresado su apoyo y solidaridad, no solamente a nosotros como presos políticos mapuche, sino también a nuestras comunidades en lucha. Debemos señalar, eso sí, que en algunas organizaciones políticas persisten prácticas que se contradicen con nuestras definiciones en esta lucha, y que tratan de sacar provecho político del movimiento mapuche. Debido a eso hemos sido críticos, y tal vez soberbios en nuestra postura, para hacer respetar nuestra condición y nuestra experiencia. Aun como presos políticos mapuche mantenemos nuestra lealtad a los principios y a la dignidad expresada por nuestras comunidades en lucha.
Hemos recibido la solidaridad de otros pueblos en lucha, y también de personalidades y líderes de opinión en el extranjero. Así, hemos sabido del fuerte apoyo con que cuenta nuestra causa en el exterior, lo que se expresa de distintas formas.
Básicamente, contamos con el apoyo y solidaridad de nuestro pueblo, de algunas organizaciones mapuche, principalmente de aquellas expresiones autonomistas que no van al son de la línea estatal y/o que dependen de sus recursos para funcionar. Destacamos el rol que cumplen nuestras comunidades, así como valoramos el respaldo a hogares estudiantiles mapuche y de organizaciones de apoyo a los presos políticos mapuche”.
¿Tuvieron algún encuentro con Rodolfo Stavenhagen, el relator especial de los pueblos indígenas ante Naciones Unidas, que visitó el país para elaborar un informe sobre lo que está ocurriendo?
“Como presos políticos mapuche, nos reunimos con el relator. Esto fue producto de la presión de nuestra gente, de familiares y agrupaciones de apoyo. Analizamos la conveniencia de tener tal encuentro, y concluimos que se trataba de una persona muy preparada, con vasta formación y trabajo en materia indígena y derechos humanos. Ahora bien, estamos conscientes de que Naciones Unidas es una instancia de representación que se dan los estados, muchos de ellos responsables de la opresión de vastos sectores excluidos y pueblos originarios, y que su función tiene serias limitaciones en lo que respecta a sanciones. Pero optamos por expresarnos, dando a conocer nuestra realidad y la de nuestras comunidades. Utilizaremos todas las posibilidades a nuestro alcance para denunciar las prácticas de exterminio, con su correlato de persecución y represión, y ésta parece ser una tribuna más en materia del respeto a los derechos humanos básicos. Fue una iniciativa entre muchas otras que desarrollaremos para denunciar las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo”