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Santiago, 13 de septiembre de 2006

Señor
Enrique Vergara
Fiscal Nacional Económico

Presente

06

 

Denuncia infracciones a la ley de libre competencia

Manuel Javier Cabieses Donoso, cédula de identidad 2.890.804-0, periodista, director de la revista Punto Final, denuncia ante el señor Fiscal Nacional Económico diversas situaciones que afectan a la revista que dirige y a otros medios de comunicación independientes, las cuales constituyen infracciones a la libre competencia, en conformidad al DFL 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido del DL 211 de 1975.

Avisaje estatal.- La inversión publicitaria del Estado en prensa escrita se realiza de manera preferente en las cadenas periodísticas de El Mercurio y La Tercera (Copesa), en desmedro de la prensa independiente. Como usted sabe, señor Fiscal, ningún medio de comunicación se financia sólo con su venta. Los ingresos que les permiten subsistir y desarrollarse provienen fundamentalmente de la publicidad que, en la práctica, significa un subsidio a los medios periodísticos para que puedan cumplir la misión de crear corrientes de opinión ciudadana. Sin embargo, la forma parcializada e injusta en que el Estado reparte su publicidad tiene como resultado que sólo las cadenas periodísticas mencionadas, que representan casi los mismos intereses y visiones políticas, utilicen cuantiosos recursos fiscales para copar -mediante métodos en que imperan abusivas ventajas - el mercado de diarios y revistas, haciendo de la libre competencia una absoluta ficción.

De acuerdo al estudio del Observatorio de Medios Fucatel, correspondiente a 2005, se invierten en publicidad 4.315 millones de pesos en prensa escrita por parte del gobierno central, municipalidades, servicios e instituciones del Estado, calculados al precio del valor agencia. Solamente el gobierno y los ministerios invirtieron 1.220 millones de pesos en prensa escrita. Las cifras mayores correspondieron a los ministerios de Vivienda y Salud. En prensa, los principales receptores de la inversión publicitaria estatal fueron en un 48% los diarios de la empresa El Mercurio y un 29% a los del grupo Copesa, que concentraron por lo tanto, el 77% del total de la inversión publicitaria. Al diario La Nación, que es mayoritariamente de propiedad fiscal, correspondió un 9% de la inversión publicitaria. Al total de la prensa independiente (diarios regionales, revistas, periódicos) correspondió apenas un 15% de la inversión publicitaria.

 

 

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El estudio citado destaca la fuerte concentración de recursos de algunos ministerios en El Mercurio y su cadena de periódicos en el país. En efecto, los ministerios de Hacienda, Mideplan y Justicia realizaron el 70% de la publicidad en El Mercurio, así como también el Ministerio Público. El mismo diario recibe casi el 90% de los recursos publicitarios de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de empresas estatales como Corfo y Conaf. En el caso de Fonasa ocurre algo similar, a pesar que los afiliados a ese fondo de salud estatal pertenecen en su inmensa mayoría a estratos socioeconómicos medios y bajos, que no es precisamente el perfil de lectores de El Mercurio.

Por otra parte, no existe claridad sobre la forma en que se asignan los recursos de inversión publicitaria de los servicios públicos. Si bien es cierto que existe el sistema ChileCompra, en el cual Punto Final y otros medios independientes se encuentran inscritos, la publicidad estatal se canaliza a los grandes medios por vías que no se corresponden con la igualdad de oportunidades y la libre competencia. Una investigación como la que esperamos lleve a cabo la Fiscalía Nacional Económica seguramente demostrará la colusión entre empresas periodísticas, agencias publicitarias y servicios del Estado, que han establecido verdaderas “trenzas” para controlar la publicidad estatal mediante tarifas y descuentos especiales, tratos y convenios directos con las empresas, porcentajes de comisiones que se reparten entre agentes de empresas publicitarias y funcionarios encargados de distribuir la publicidad fiscal, diversidad de obsequios y viajes, para estos últimos, etc.

A lo anterior hay que agregar el manifiesto interés de ministros y otras autoridades por mantener las mejores relaciones con El Mercurio y La Tercera. Es muy relevante en ese sentido la participación de ministros, parlamentarios y dirigentes de partidos de gobierno en fundaciones creadas por El Mercurio, como Paz Ciudadana, y la presencia de los presidentes de la República y ministros de los gobiernos democráticos en las actividades sociales que organizan ambas empresas periodísticas.

Mediante esta trama de relaciones políticamente incestuosas se estaría infringiendo la igualdad de trato que el Estado debe mantener en sus compras conforme a la ley 19.886 (de bases sobre contratos administrativos, de suministros y prestación de servicios). Debe entenderse que la publicidad es un servicio y, por lo tanto, le es aplicable la ley citada. Dicha ley, además, no autoriza discriminación a favor de un agente determinado, a menos que se trate de un caso excepcional y debidamente fundado. Entre esas excepciones no están el avisaje ni los servicios de publicidad.

Tampoco está autorizada la excepción de concursabilidad respecto de ellos.

Todo esto configura una situación anómala: el gasto estatal beneficia preferentemente a los diarios de las cadenas de El Mercurio y La Tercera (Copesa), sin que exista una explicación satisfactoria que lo justifique. Tanto es así, que la unanimidad de la sala de la Cámara de Diputados aprobó el 20 de junio de este año la constitución de una comisión especial para investigar el avisaje del Estado, a petición de más de cincuenta diputados.

Debo dejar constancia que esta situación se ha prolongado desde hace mucho tiempo, y que la hice presente al presidente de la República señor Ricardo Lagos, y hace poco a la actual presidenta, doctora Michelle Bachelet.

 

 

 

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En carta al presidente Lagos de 12 de junio de 2002 señalé que las motivaciones discriminatorias de la empresa privada -que son esencialmente ideológicas- “no deberían ser válidas para la publicidad estatal” ya que al “gobierno que reconstruye la democracia debería interesarle fomentar el pluralismo informativo y la libertad de información y opinión, cuidando sostener los escasos medios independientes y críticos que en Chile intentan hacer efectiva la diversidad”.

El 26 de julio del año 2002, el ministro Secretario General de Gobierno, señor Heraldo Muñoz, recibió a representantes de los medios independientes y del Colegio de Periodistas para darles a conocer la voluntad presidencial de buscar una solución a este problema. Señaló el señor Muñoz que, por instrucciones del presidente de la República, se había orientado a ministerios y servicios públicos a distribuir la publicidad con un sentido de mayor equidad en resguardo del pluralismo informativo.

En octubre y diciembre de ese años Punto Final recibió dos avisos del Programa del Voluntariado de la DOS, que fueron publicados en nuestras ediciones 531 y 535, de octubre y diciembre de 2002.
El ministro Heraldo Muñoz fue reemplazado por el señor Francisco Vidal, a quien escribí el 13 de marzo de 2003: “Han pasado casi ocho meses y la nueva política que se nos anunció todavía no se materializa. Los medios independientes siguen siendo excluidos hasta de campañas publicitarias de vasto interés ciudadano sobre salud y educación que promueve el gobierno”.

A raíz de esa carta fui convocado por el ministro Vidal a una reunión en que me reiteró lo dicho por su antecesor. O sea, que la voluntad presidencial -y por lo tanto del gobierno- era corregir la forma anómala en que se distribuye la publicidad estatal. Entiendo que el ministro Vidal se reunió por separado con otros representantes de medios independientes, a quienes dio a conocer similares planteamientos. Y desde luego los repitió, algún tiempo después, en un acto en la Universidad de Chile en que se constituyó una asociación de medios independientes, de lamentable corta vida.

Sin embargo, a pesar de las promesas del ministro Vidal, no se registraron nuevo avances y más bien otros medios independientes -como la revista Rocinante- se vieron obligados a cerrar por falta de ingresos publicitarios. Vale la pena señalar que la misma discriminación afecta a radios, periódicos electrónicos y estaciones de televisión comunitaria.

El 27 de abril de este año escribimos a la presidenta Michelle Bachelet. Reseñamos el problema y concluimos: “La solución real es una ley que establezca la obligación del Estado de distribuir en forma equitativa su publicidad para garantizar el derecho ciudadano de información y opinión. Sin embargo, entretanto, se necesitan medidas administrativas que hagan posible mayor igualdad en el acceso a la publicidad del Estado y que impidan así la extinción de la prensa independiente de Chile”.

El 14 de junio recibimos una respuesta del ministro Secretario General de Gobierno, señor Ricardo Lagos Weber. Eludió pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado y sostuvo que la contratación de publicidad se hace conforme al sistema de compras del Ministerio de Hacienda y que en los llamados a concursos y propuestas de clara identidad regional, provincial o comunal debía haber consideraciones especiales hacia los medios locales.

Esta es la situación en este momento, en la cual hay sin duda responsabilidad del Estado y también de las cadenas El Mercurio y Copesa en la distribución discriminatoria de la publicidad y avisaje estatal.

 

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Un duopolio que es un monopolio.- El mercado de la prensa escrita está dominado por dos cadenas periodísticas, la de El Mercurio que controla el señor Agustín Edwards Eastman, y la de Copesa encabezada por el diario La Tercera, controlada por el señor Alvaro Saieh Bendeck.
Ambas cadenas controlan entre un 85 y un 95 por ciento de la prensa escrita (diarios, periódicos, revistas, de circulación nacional, regional y comunal), siendo ampliamente mayoritaria la de El Mercurio.

Sin embargo, y a pesar de ser cadenas empresariales diferentes, en el hecho -y para los efectos de la libertad de expresión e información- constituyen un monopolio ideológico.

Esta situación ha sido repetidamente denunciada por el Colegio de Periodistas, por medios independientes como Punto Final y por investigadores chilenos y extranjeros sobre la realidad de la prensa en Chile. Recientemente -el año 2005- fue analizada por el académico y periodista señor Walter Krohne en el libro titulado Las dos caras de la libertad de expresión, publicado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Escribe el señor Krohne: “Mayoritariamente, los chilenos estamos recibiendo información de un solo sector ideológico, el de la derecha. Eso significa que la derecha, en gran medida, es la formadora de la opinión pública chilena, lo que es peligroso para la estabilidad política”. Y agrega: “La concentración de medios de derecha obliga a los chilenos a tener que informarse en una sola dirección ideológica, la línea conservadora. Este es quizás el problema más serio que tiene Chile en materia de libertad de expresión y déficit de periodismo informativo”.

El peso de las dos cadenas es abrumador. De acuerdo a una homologación realizada por Khrone, diariamente El Mercurio y La Tercera lanzan 600 mil ejemplares a circulación. Frente a ellos hay apenas 5.580 ejemplares de prensa independiente (Punto Final, The Clinic, El Periodista, El Siglo, Le Monde Diplomatique y la ya desaparecida revista Rocinante). Por cada ejemplar de la prensa independiente, circulan más de 1.000 ejemplares diarios del monopolio ideológico.

La situación no es casual. No deriva tampoco de la eficiencia empresarial. El origen de ambas cadenas se relaciona con las circunstancias políticas que vivió el país durante la dictadura. Los medios democráticos fueron clausurados, sus periodistas perseguidos y muchos de ellos asesinados, y se impuso la censura de prensa. Dos diarios, El Mercurio y La Tercera, gozaron de los favores de la dictadura militar. Liberados de toda competencia se fortalecieron gracias al avisaje, la publicidad oficial y los créditos preferentes así como su renegociación. Al final de la dictadura, emergieron como cadenas periodísticas poderosísimas, que ahogaron a la prensa independiente que había logrado desarrollarse en los últimos años de la dictadura así como a otros medios independientes que circularon después, sin contar con ningún apoyo de los gobiernos de la Concertación.

La fuerza monopólica de las dos cadenas les permite controlar la mayor parte de la distribución de diarios y revistas y tener influencia determinante sobre el gremio de suplementeros, al que también está asfixiando mediante los sistemas de suscripción y venta directa que implementan esas empresas. A veces dicho poder se ha expresado en maniobras destinadas a obstaculizar o impedir la circulación de algunos medios, por ejemplo, los diarios gratuitos El Metropolitano, Publimetro y otras publicaciones que escapan a su control empresarial.

Creo que la situación descrita del duopolio-monopolio constituye, por sí misma, una amenaza a la libre competencia y debería ser investigada por la Fiscalía Nacional Económica y sancionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
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Libre competencia y libertad de expresión.- Parece evidente, señor Fiscal Nacional, que las infracciones a la libre competencia en esta materia, ya sea a través de la discriminación o bien de la concentración empresarial, no solamente afectan a la libertad económica y al libre fluir de bienes y servicios, sino que también dañan gravemente la libertad de expresión y con ello, las bases mismas de la democracia.

Diversas normas constitucionales se ven afectadas por esta situación. El artículo 1º de la Constitución establece como obligación del Estado “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, en forma concordante con el artículo 5º inciso 2 que establece que el Estado debe “respetar y promover los derechos que emanan de la naturaleza humana” garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes.

Por otra parte, en materia de derechos y garantías individuales hay tres normas específicas que tienen que ver con nuestro planteamiento. El artículo 19º Nº 12 garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa. En el número 21º se garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita y en el Nº 22º la no discriminación económica en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Por lo tanto, considerando armónicamente estas disposiciones, parece claro que al desarrollar las condiciones sociales para la “realización espiritual y material” de los habitantes, el Estado debe preocuparse del ejercicio de los derechos y garantías individuales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho social a la información que va implícito. Eso significa información pluralista, como la garantizan la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por Chile.

Asimismo, para el ejercicio de la libertad de expresión se pueden desarrollar actividades económicas lícitas, lo que comprende la organización de empresas periodísticas que no pueden ser discriminadas económicamente por el Estado y sus organismos en materia económica.

Por lo tanto, señor Fiscal Nacional, me permito solicitarle que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 39 y siguientes del DFL 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se sirva acoger a trámite la presente denuncia por infracción a las normas de la libre competencia y disponga las medidas necesarias para realizar las investigaciones y adoptar las medidas que procedan.

Lo saluda atentamente,

09
Manuel Cabieses Donoso
Director de la revista Punto Final

San Diego 31, oficina 606, Santiago-Centro.
Fono-fax 697 0615
Correo electrónico: punto@interaccess.cl

 

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