Edición 714 desde 2l 23 de julio al 5 de agosto de 2010
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El fallo de la Fiscalia

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Caso Prats: justicia incompleta

El asesino no
fue condenado

Con la sentencia de la Corte Suprema se puso fin al caso Prats. Aunque tardío -porque el crimen se cometió hace prácticamente 36 años- e incompleto, el fallo tiene un importante significado. Si bien no alcanzó a condenar al ex dictador Augusto Pinochet, autor intelectual del crimen ya que la Dina dependía de él como comandante en jefe del ejército y primera autoridad de la Junta de Gobierno. Es inimaginable que su director, el general (r) Manuel Contreras, pudiera decidir por su cuenta el asesinato del general Carlos Prats González y su esposa, Sofía Cuthbert. Con todo, el fallo que cierra este caso emblemático individualiza a los principales culpables y les impone penas de presidio por el asesinato del ex comandante en jefe del ejército y su esposa y por la asociación ilícita -la Dina- encargada de cometerlo. Al respecto, la sentencia señala: “Se encuentra acreditado que miembros de la Dina, pertenecientes al Departamento Exterior de ese organismo, elaboraron en común un proyecto delictivo con la finalidad de cometer delitos contra personas consideradas enemigos del régimen militar chileno, cuya ejecución posterior se tradujo en los homicidios de Carlos Prats y Sofía Cuthbert”. No parecen grandes novedades en la investigación judicial, ya que la verdad y la participación de los distintos actores era conocida desde hace años, especialmente por la investigación de la justicia argentina.
Las condenas afectan prácticamente a toda la cúpula de la Dina y su Departamento Exterior, encabezada por el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y el segundo jefe, brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, que deberán cumplir 17 años de presidio cada uno por el doble crimen y 3 años y un día por el delito de asociación ilícita. Raúl Iturriaga Neumann, general (r), y los coroneles (r) José Zara, Juan Morales Salgado y Christopher Willike fueron condenados a 15 años de presidio cada uno por los asesinatos, y a 100 días por la asociación ilícita. Los agentes civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann, en calidad de cómplices, fueron condenados a 5 años de presidio y el suboficial (r) Reginaldo Valdés a dos condenas de 541 días cada una, remitidas condicionalmente.
En cierto modo, la sentencia fue un “supremazo”. La drasticidad de la rebaja de las penas -a la mitad en casi todos los casos- y en los de Contreras y Espinoza a sólo diecisiete años -luego de haber estado condenados en primera instancia por el ministro Alejandro Solís a dos condenas de prisión perpetua Contreras y a dos de veinte años Espinoza, y ambos a una de veinte años por asociación ilícita-, llamó la atención. Igualmente la aplicación de “media prescripción” a Mariana Callejas y a Jorge Iturriaga. Se ha explicado que la Corte Suprema estimó que los dos homicidios constituyeron un solo delito y no dos, como los consideraron las sentencias de primera y segunda instancia. La media prescripción derivaría del largo tiempo transcurrido sin que hubiera proceso en Chile. La novedad fue la configuración del delito de asociación ilícita, que podría invocarse como precedente en otros procesos en trámite. La sentencia hace surgir interrogantes. ¿Fue la Dina la única asociación ilícita criminal de la dictadura? ¿No lo fue también el Comando Conjunto de la Fach, o la Dicomcar, o también la Caravana de la Muerte? Y si eso fuera así, y dada la dependencia que tenían sus encargados de los propios comandantes en jefe -que eran a su vez miembros de la Junta de Gobierno- ¿no podría considerarse a la misma Junta como una asociación ilícita criminal concertada para ejercer el terrorismo de Estado a fin de imponer el régimen dictatorial?

Historia antigua

El general Carlos Prats fue comandante en jefe del ejército hasta el 23 de agosto de 1973, cuando renunció y entregó el cargo al general Augusto Pinochet.
Pocos días después del golpe militar, Prats viajó a Argentina en busca de refugio. Acogido por el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, se instaló en Buenos Aires junto a su esposa. Llevaron una vida normal, sin mayor figuración, dedicados a trabajar, a visitar a unos pocos amigos y Prats a escribir sus memorias. Siempre estuvo bajo vigilancia de agentes de la dictadura chilena. Uno de esos agentes era Enrique Arancibia Clavel; los otros casi siempre eran oficiales agregados a la embajada chilena. En algún momento la Dina empezó a planear el asesinato de Prats, considerado por la Junta Militar como enemigo peligroso. Entretanto, la situación argentina se deterioraba a parejas con la salud de Perón. El general Prats decidió abandonar Argentina y solicitó su pasaporte a la Cancillería chilena, porque no quería viajar como refugiado. Su petición fue postergada porque estaba planeado que debía ser asesinado en Buenos Aires. Los encargados de hacerlo fueron dos agentes de la Dina, Michael Townley y Mariana Callejas. Townley colocó una carga explosiva en el automóvil del general, que detonó en la madrugada del 30 de septiembre de 1974. La dictadura de Pinochet deslindó responsabilidades y “lamentó” el asesinato de Prats, lo que no evitó que se le negaran honores oficiales en su funeral, que se realizó en privado.
La investigación judicial argentina fue muy lenta pero llegó a establecer que el doble asesinato había sido ejecutado por Townley. Este no pudo ser juzgado ni condenado por estar bajo protección federal en Estados Unidos, por su colaboración en el esclarecimiento del asesinato de Orlando Letelier en 1976. La justicia argentina estableció las responsabilidades de los agentes de la Dina y de sus jefes y pidió su extradición a Chile, que fue denegada por la Corte Suprema. No hubo en Chile ninguna investigación judicial hasta comienzos de los años 2000. Que los tribunales chilenos -y el Estado- no hayan iniciado proceso alguno por el asesinato de un ex comandante en jefe del ejército y ex vicepresidente de la República, es una demostración de la obsecuencia y cobardía de los jueces chilenos. Y también de los dos primeros gobiernos de la Concertación. Fue necesario que terminara la dictadura, que Pinochet dejara su cargo de comandante en jefe y que estuviera preso en Londres, para que el Poder Judicial chileno se decidiera a actuar.
En el seno del ejército la dictadura impedió cualquier intento de investigación interna, que debería haberse realizado a partir del término de la comandancia de Pinochet, en 1998. Pero ninguno de los comandantes en jefe posteriores, Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre, Oscar Izurieta, ordenó esa investigación aún pendiente. Esto hace más inexplicable la sorpresa que se finge al surgir como verdad judicial algo que se sabía hace años: que Prats fue asesinado por sus propios compañeros de armas, que ni siquiera respetaron la vida de su esposa.

La CIA y la Dina

A lo menos hasta 1977, la CIA mantuvo una relación regular con la Dina. La agencia norteamericana colaboró en el golpe de Estado de 1973, así como también lo hizo el Pentágono. Agentes de la CIA ayudaron en la preparación del Plan Z y del Libro Blanco, cuya autoría definitiva correspondió al historiador Gonzalo Vial. De manera que puede decirse que desde el mismo momento del golpe (y antes) la CIA actuaba en Chile en acciones conspirativas, primero, y luego en apoyo a la dictadura.
De acuerdo al llamado Informe Hinchey, de septiembre de 2000, “durante el período 1974 a 1977, la CIA mantuvo contactos con Manuel Contreras Sepúlveda, que más tarde alcanzó notoriedad por su involucramiento en violaciones a los derechos humanos”. Las relaciones calificadas de “correctas, pero no cordiales ni plácidas” se mantuvieron estables, incluso después de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que eran responsabilidad de Contreras. En 1975 la CIA estableció una relación pagada con Contreras, para “obtener inteligencia”, haciéndole sólo un pago, debido a problemas de coordinación.
Curiosamente, el Informe Hinchey no se refiere al crimen de Prats que causó conmoción y anticipó lo que sería la Operación Cóndor, la acción conjunta de los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur. La CIA y también el FBI tenían agentes en Argentina. Es igualmente extraño que no haya reflejado rumores de que se preparaba un atentado contra Prats, lo que fue conocido incluso en Europa por los servicios de inteligencia de Francia, la República Democrática Alemana y otros Estados que informaron a círculos de exiliados chilenos. Todavía hay mucho misterio en las relaciones de la CIA con la Dina, caracterizada en la sentencia de la Corte Suprema como “asociación ilícita criminal”.

Repercusiones

La sentencia fue bien acogida por las tres hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, Sofía, Angélica y Cecilia, que lucharon 36 años para mantener vivo el nombre de sus padres y que se hiciera justicia. Gracias a ellas se pudo publicar Memorias. Testimonio de un soldado en que el general Prats trabajó hasta poco antes de su asesinato y que constituye un muy valioso aporte para la historia. Las hermanas Prats valoraron que, finalmente, se hubiera castigado un crimen artero, responsabilizándose a sus autores y aplicándoles penas efectivas que deberán ser cumplidas.
El Estado ha condenado el crimen y el ejército emitió una declaración en que “repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron”. Agregando que “con su extrema crueldad violaron los principios que constituyen el acervo moral de la institución”. El presidente de la República, por su parte, reiteró esos conceptos en la ceremonia de Jura de la Bandera, en Antofagasta, agregando: “Este crimen, cometido por miembros de la propia institución, violó los principios y valores más fundamentales que constituyen el más profundo acervo de nuestro ejército, por los cuales dieron sus vidas muchos héroes y entre ellos los héroes de La Concepción que hoy hemos honrado”.
Inusualmente enérgicas fueron algunas declaraciones del comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. “El hecho (del asesinato) -dijo- es absolutamente inadmisible e injustificable, de una crueldad y cobardía sin comparaciones” e invitó emotivamente a las hijas del general Prats a un reencuentro con el ejército, “el mismo ejército que mandó su papá, que soñó desde teniente, al cual entregó tanto y que hoy día debe hacerse presente…”. Las hijas de Prats se reunieron en la comandancia con el general Fuente-Alba, acompañado por sus antecesores Juan Emilio Cheyre y Oscar Izurieta.

Tropiezos para el indulto

La sentencia de la Corte Suprema complica las cosas para los que quieren aprovechar el Bicentenario para un indulto que beneficie a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Recién condenados, sería una burla que salieran en libertad Contreras, Espinoza, Iturriaga y sus coautores y cómplices. Más aún cuando la sentencia ha traído a la actualidad uno de los crímenes más brutales y simbólicos cometidos por agentes de la dictadura. A la espera de la propuesta que se ha comprometido a hacer la Iglesia, el presidente de la República vacila. Percibe que un indulto a los criminales no tiene espacio político. Presionado por la derecha entiende que no hacerlo tendría un costo para el funcionamiento normal de la Alianza. Le afecta también que durante la campaña prometió a los militares en retiro que “daría una solución” a los ex oficiales que cumplen condenas de presidio. Lo que más le preocupa es que su gobierno se “teñiría” de pinochetismo, complicando su estrategia de acercamiento al centro político.
La oposición al indulto para los militares es mayoritaria no sólo en los sectores de Izquierda. La Concertación ha sido categórica: “No aceptaremos que se utilice la excusa del Bicentenario de nuestra independencia para indultar a los violadores de los derechos humanos”, dijo el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle en un acto recordatorio del general Prats.
El indulto Bicentenario se ha convertido en el gran objetivo del cardenal Francisco Javier Errázuriz antes de entregar el Arzobispado de Santiago a fines de septiembre, pero está consciente que no tiene éxito asegurado.
La derecha insiste en su petición de un indulto amplio para civiles y militares. En el semanario The Clinic, la historiadora Patricia Arancibia Clavel, en un artículo titulado “ El indulto y la concordia”, concluye: “El Bicentenario ha puesto el indulto solicitado por la Iglesia al presidente Piñera en la disyuntiva de aceptarlo o rechazarlo. Acoger esta petición sin hacer distinción entre civiles y militares será una oportunidad para que el presidente Piñera le demuestre a todos los chilenos que hemos dejado atrás la discordia”. El artículo es sugestivo porque su autora pertenece a una familia de militares y marinos. Dos de sus hermanos llegaron a los más altos grados en el ejército y la Armada. Y un tercero, Enrique, agente de la Dina, cumplió una larga condena en Argentina como uno de los responsables del asesinato de Prats.
Más significativa fue la opinión del comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba que, sin pronunciarse en una materia que no es de su competencia, estimó que le parecería “positivo” que la propuesta de la Iglesia contribuyera “a la clemencia” y tuviera “el carácter de humanidad respecto de personas que pueden estar privadas de libertad a avanzada edad o enfermos”. ¿Será la puerta que se pretende entreabrir? El historial de enfermedades ficticias y decrepitud que desplegó Pinochet, fomenta esa inquietud.

FEDERICO LOPEZ

 

(Publicado en Punto Final, edición Nº 714, 23 de julio, 2010)
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