Edición 717 desde 3 al 16 de septiembre de 2010
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Cuando la derecha optó por las bombas

FUNERAL del general René Schneider, asesinado por un comando terrorista de la derecha

La elección presidencial se efectuó en total normalidad aquel 4 de septiembre de 1970. Triunfó el senador Salvador Allende, de la Unidad Popular, que obtuvo 1.075.616 sufragios (36,3%), logrando la primera mayoría relativa. Segundo fue el empresario y ex presidente Jorge Alessandri, con 1.036.278 (34,9%); y tercero, el democratacristiano Radomiro Tomic, con 824.849 (27,8%).
El día anterior, la empresa Gallup había errado su última encuesta: Alessandri, 41,5%; Tomic, 29%, y Allende 28%. A las 22 horas de ese histórico 4 de septiembre -primera vez en el mundo que una coalición de la Izquierda socialista llegaba al gobierno a través de las urnas-, Tomic reconoció su derrota. Dos horas después, el comandante de la Guarnición de Santiago, general Camilo Valenzuela, autorizó al comando de Allende para que celebrara la victoria. Desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, Allende llamó al pueblo a la serenidad y la disciplina. El líder socialista sabía que un sector de la derecha se resistiría a acatar el veredicto popular. Desde un año antes, a lo menos, se estaba incubando un golpe de Estado.

Cabecillas de la conspiración

En la conjura, promovida por el gobierno estadounidense a través de la CIA luego de una reunión en Washington en la que participó Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena de diarios El Mercurio, se agruparon pequeñas y variopintas facciones de ultraderecha. Venían golpeando a las puertas de los cuarteles militares desde mediados de la década del 60 y en la campaña de 1970 se congregaron en el Movimiento Alessandrista Independiente (MIA). Allí estaban los gremialistas, que conducía Jaime Guzmán Errázuriz; el Movimiento Alessandrista Democrático, que encabezaba Luciano Morgado; un sector de la juventud del Partido Nacional, liderada por Guido Poli Garaycochea; el grupo Tizona, de Juan Antonio Widow; un grupo de choque dirigido por Luis Hurtado Arnés; Casa de la Victoria, del químico Luis Gallardo Gallardo; el nacionalsindicalista Tacna, representado por Juan Diego Dávila; y, un comando de combate callejero proveniente de Fiducia, representado por Juan Luis Bulnes, Julio y Diego Izquierdo Menéndez. Todos ellos constituyeron el Frente Republicano Independiente (FRI) del que emanó el Movimiento Cívico Patria y Libertad, encabezado por el abogado Pablo Rodríguez Grez.
Uno de los principales instigadores del FRI fue el general (r) Héctor Martínez Amaro, un nacionalista extremo que en 1970 fundó con Franz Pfeiffer el Partido Nacional Popular, un intento por reagrupar vertientes nazis y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas. Martínez Amaro, además, era uno de los principales operadores del general (r) Roberto Viaux Marambio, líder de la rebelión militar conocida como Tacnazo, registrada el 21 octubre de 1969.
En septiembre de 1970 miembros del FRI coincidieron con Viaux y sus partidarios en que se debía evitar que Allende llegara a La Moneda y que la única forma de lograrlo era mediante un golpe militar. El paso previo, sin embargo, consistía en crear alarma pública para justificar la acción castrense. Se buscó la herramienta para ello y así nació la “Brigada Obrero Campesina” (BOC), encargada de poner bombas y realizar todo tipo de atentados que la opinión pública atribuyera a la Izquierda radical.
La coordinación de operaciones se encomendó a Enrique Arancibia Clavel, ex cadete de la Escuela Militar que provenía de Tizona, agrupación viñamarina vinculada a sectores de la Armada. Entre los encargados de la logística de la BOC estuvo Nicolás Díaz Pacheco, sindicado como colaborador de la CIA.
El 9 de septiembre de 1970, Jorge Alessandri anunció que de ser elegido por el Congreso Pleno, renunciaría al cargo. Eso permitiría una nueva elección. Así, sería posible que se presentara como candidato Eduardo Frei Montalva, con el apoyo del centro y la derecha, como había ocurrido en 1964.
Sin embargo, el presidente del PDC, senador Benjamín Prado, declaró que “si el señor Allende otorga de un modo real y eficaz las garantías necesarias -que tenemos el deber de solicitar- en algunas materias vitales, puede esperar una decisión favorable de nuestra parte”. Esto deshacía la maniobra de la derecha y el freísmo.
Simultáneamente, se anunció la constitución del Movimiento Cívico Independiente Patria y Libertad. En el acto fundacional, Pablo Rodríguez afirmó que “el pueblo elegirá entre democracia y marxismo y se actuará por la razón o la fuerza”.
Las Fiestas Patrias concedieron una breve tregua en las calles. El 21, la Sociedad de Fomento Fabril informó de una acentuada baja de la actividad industrial y comercial. Poco después, Pablo Baraona, enlace entre Alessandri y el gobierno, envió una nota al ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar (DC), expresándole que la causa de la crisis económica era la potencial designación de Allende como presidente de la República.
El viernes 23, el PDC entregó a Allende un documento mediante el cual, según ese partido, se garantizaba el régimen democrático como condición para apoyar su nombre en el Congreso Pleno. Esa noche, por cadena nacional de radio y televisión, el ministro Andrés Zaldívar dio a conocer la grave situación económica, lo que acrecentó la fuga de capitales.
La última semana de septiembre comenzaron los atentados explosivos en supermercados, torres de alta tensión, empresas extranjeras y medios de comunicación. En las inmediaciones aparecían panfletos firmados por la BOC.
Allende, el día 29, entregó su respuesta al estatuto de garantías que pedía el PDC. En la tarde se efectuó una “Marcha del silencio” convocada por Patria y Libertad. El 30, se reunió el consejo nacional de la DC para conocer la respuesta de Allende. Se acordó insistir en que el estatuto se convirtiera en ley antes del 24 de octubre, rechazando el compromiso de Allende de hacerlo después de llegar al gobierno. Esa noche, el director de Investigaciones, Luis Jaspard, reveló que la policía estaba en antecedentes de la participación de Luis Enrique Yarur, hijo del magnate textil, en actos terroristas.

Ola de bombazos

Octubre de 1970 se inició con una manifestación de Patria y Libertad en la Universidad Católica. Pablo Rodríguez afirmó que “la libertad se mantendrá en nuestra tierra pase lo que pase y cueste lo que cueste”. La misma noche una bomba de alto poder explotó en la Bolsa de Comercio. Dos horas después, otro atentado dinamitero afectó a la sucursal Providencia del Banco Francés e Italiano.
El 3 de octubre, la Junta Nacional del PDC acordó votar por Allende en el Congreso Pleno, siempre y cuando estuvieran aprobadas por el Parlamento las garantías constitucionales. Tres potentes bombas estallaron en distintos puntos de Santiago.
El día 6, la UP designó al senador Anselmo Sule (PR), a Orlando Millas (PC) y a Luis Herrera (PS) para incorporarse a la comisión mixta que con el PDC elaboraría el Estatuto de Garantías Constitucionales, que se aprobó pocas horas más tarde. El anuncio fue seguido de otra ola de bombazos y de una campaña telefónica que advertía la colocación de bombas en establecimientos escolares, cundiendo el pánico entre padres y apoderados.
Y mientras los bombazos se sucedían, el día 9, pobladores de los campamentos “26 de Julio”, “Ranquil”, “Elmo Catalán”, “Magaly Honorato” y “La Unión”, ocuparon la casa central de la Universidad de Chile. Una veintena fueron detenidos. Todos iban armados de palos, laques y revólveres, y vestían uniformes de tipo guerrillero. Eran dirigidos por el mirista Víctor Toro. Ese mismo día fueron arrestados cuatro sujetos portando cartuchos de dinamita. Se les identificó como Dante Poli Garaycochea, Jorge Roberto Rodríguez, Mario Tapia Salazar y Eladio Arancibia Hidalgo, capitán (r) de la Armada. La policía les atribuyó militancia en una denominada Vanguardia Nacional Libertadora, vinculada a Patria y Libertad.

Asesinato del general René Schneider

El 11 de octubre, al culminar un pleno del comité central del PS, Allende denunció que “agentes de la CIA y gusanos cubanos dirigen la sedición”. La policía civil multiplicaba los allanamientos y detenciones en busca de los autores de atentados explosivos. El día 13, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó en general el Estatuto de Garantías Constitucionales.
Al promediar octubre, asumió la comandancia de la Armada el almirante Hugo Tirado Barros. Tres miembros de la derechista Vanguardia Nacionalista Libertadora fueron puestos a disposición de la justicia como autores de atentados terroristas, entre ellos los bombazos contra Canal 9 y la Bolsa de Comercio. Fueron identificados como Alejandro Cabrioler Moya, Walter Abdul Malak Zacur, y Edison Torres Fernández.
Patria y Libertad publicó una inserción en El Mercurio afirmando las “mal llamadas Garantías Constitucionales son un gran fraude político al pueblo de Chile y entregan nuestra democracia sin reserva a la voracidad del marxismo”.
A los arrestos se sumó un nuevo miembro de los grupos terroristas de la derecha, identificado como Silverio Villanueva Fruter, comerciante, quien reconoció la asesoría de extranjeros en el manejo de explosivos y armas.
El día 15, la Cámara de Diputados despachó el Estatuto de Garantías, mientras el Banco Central acogía la denuncia de la UP sobre fuga de dólares y decidía rebajar las cuotas de esa moneda para los viajeros. El Siglo, por su parte, afirmaba que terroristas prófugos se estaban reuniendo a conspirar en Mendoza.
Cuatro días después, el 19, en un espectacular allanamiento, Investigaciones detuvo al mayor (r) de ejército, Arturo Marshall, quien reveló que su misión era asesinar a Allende antes de que asumiera la Presidencia de la República. Tras este incidente, Alessandri pidió a sus partidarios que no votaran por él en el Congreso Pleno. En tanto, el consejo nacional del PDC, por unanimidad, aprobó votar por Allende.
La conjura para evitar que Allende fuera proclamado presidente tuvo su episodio más dramático el 22 de octubre. Esa mañana el automóvil en que viajaba el comandante en jefe del ejército, general René Schneider, fue interceptado por cuatro vehículos. Tres sujetos se bajaron y uno disparó sobre el militar, hiriéndolo gravemente El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda en todo el país. El general Carlos Prats asumió como comandante en jefe subrogante. El PDC declaró que “el crimen es contra el derecho del pueblo chileno para decidir su destino”, agregando que “procedimientos fascistas como éste deben ser extirpados sin vacilación y sin piedad de nuestra vida ciudadana”. El Senado despachó el proyecto de Estatuto de Garantías, quedando pendiente para su sanción por el Congreso Pleno. La dirección de Investigaciones fue asumida por el general (r) Emilio Cheyre. Carabineros y la inteligencia militar se sumaron a las diligencias para identificar a los autores del ataque al general Schneider.
La CUT llamó a un paro nacional y pidió a los trabajadores que se mantuvieran en estado de alerta. La UP suspendió la concentración para celebrar el triunfo. El 24, el Congreso Pleno proclamó a Salvador Allende como presidente: 153 votos a favor contra 35 para Jorge Alessandri, y siete votos en blanco.
El 25 murió el general René Schneider. Tres días después, el 28, fue detenido el general Roberto Viaux. También fueron arrestados Jaime Melgoza, Carlos Silva Donoso y el coronel (r) Raúl Igualt, suegro de Viaux. En las semanas siguientes, otros treinta miembros del complot fueron capturados y se empezó a conocer la trama y los actores del complot.
El plan para producir el golpe militar incluía la anulación de las cuatro principales antigüedades del ejército, en lo que se llamó operaciones Alfa, Beta, Gama y Delta, consistentes en el secuestro simultáneo de los cuatro oficiales superiores: René Schneider Chereau, Carlos Prats González, Pablo Schaffhauser Acuña y Manuel Pinochet Sepúlveda. La coordinación quedó a cargo de Juan Diego Dávila Basterrica, quien redujo a dos a los generales que se opondrían al golpe: Schneider y Prats. Los otros dos, según Dávila, se sumarían al levantamiento. Finalmente, decidieron secuestrar sólo al comandante en jefe. Casi tres años después, varios conspiradores de la fracasada asonada de octubre de 1970 participarían en la preparación de un exitoso golpe militar. Y, ya consumado en septiembre de 1973, se sumarían como agentes y colaboradores de la Dirección de Inteligencia Nacional, la temible DINA.

MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en “Punto Final” edición Nº 717, 3 de septiembre, 2010)
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