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El terremoto patronal

 

Autor: (Artículo elaborado para PF por el equipo de la revista “Resumen”, de Concepción: www.resumen.cl)

LOS trabajadores de la región del Bío Bío han enfrentado una ofensiva empresarial después del terremoto de febrero.

El terremoto y maremoto del 27 de febrero trajo el cierre de fábricas y despidos masivos de trabajadores en Concepción y Arauco, lo que agudizó el drama social en ambas provincias. En este contexto, algunos sindicatos afrontaron épicas huelgas. Es el caso de los trabajadores madereros de B&C, en San Pedro de la Paz.
Asociar huelga y terremoto no es nuevo en estas provincias. Hace 50 años, en mayo de 1960, tres terremotos sacudieron esta región(1). Sorprendieron a la ex zona del carbón, desde Schwager a Lebu, cuando se efectuaba una huelga que se prolongaba por más de tres meses y que alcanzaba repercusión nacional. Sólo la magnitud del cataclismo y el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del primer “gobierno de los gerentes”(2) obligó a los trabajadores a deponer su movimiento.
A medio siglo de esos acontecimientos, los trabajadores de esta región se enfrentan a parecida realidad. Nuevamente un terremoto azotó el territorio, nuevamente el país es dirigido por gerentes que obstaculizan la llegada de ayuda a una zona considerada “roja”. Pero esta vez hay condiciones sociales y políticas que perjudican todavía más a los trabajadores: un marco legal creado en dictadura que beneficia a los empresarios; y la acentuada debilidad del movimiento sindical, con baja organización y afiliación.
El viernes 26 de febrero de 2010, al término de su jornada laboral, más de cien trabajadores de la cadena de supermercados Bigger fueron despedidos, al terminar el fuero tras una huelga desde fines de 2009. La empresa comenzaba la persecución de los trabajadores sindicalizados, que continuaría tras el terremoto que ocurrió horas después de esos despidos.
Cuando aún se buscaban cadáveres bajo los escombros y el lodo, cuando nadie se reponía de lo sucedido, los empresarios que organizan teletones iniciaron el despido de trabajadores. Otro supermercado de la zona, Versluys, echó 306 trabajadores, acogiéndose al artículo 159 N°6 del Código del Trabajo, que durante la dictadura elaboró el ministro José Piñera hermano del actual presidente de la República, que permite en “situación de catástrofe” desvincular trabajadores sin pagar un mes de aviso ni indemnizar por años de servicio.
Otras empresas siguieron el mismo camino: Coinfa Limitada, dedicada a la fabricación de utensilios de aluminio, propiedad del empresario penquista Félix Adlerstein, dejó 33 trabajadores cesantes; en la comuna de Los Alamos, provincia de Arauco, Forestal Santa Elena se declaró en quiebra y dejó sin trabajo a unas mil personas en Cañete, Angol y Nueva Imperial; en Concepció Paños Bío Bío, última industria textil que quedaba en la capital regional, dejó 159 trabajadores en la calle. Sólo Echeverría Izquierdo (empresa que fue propiedad del actual intendente de Santiago, Fernando Echeverría Vial), responsable de dos edificios colapsados en Concepción, despidió a más de mil trabajadores del complejo termoeléctrico Boca Mina 2, en Coronel.
A esto se sumaron pequeñas y medianas empresas, hoteles, servicios, tiendas, incluso los edificios siniestrados o sometidos a reparación despidieron a su personal de aseo y seguridad. 234 empleadores invocaron el artículo 159 N°6 como causal de despidos hasta el 24 de marzo. Cerca del 80% eran empresas con menos de diez empleados. En el comercio penquista el caso más destacado es la sociedad Marisio, que despidió 298 trabajadores.
La cifra oficial que entregó la Dirección del Trabajo reconoce que en marzo, sólo por aplicación del artículo 159 N°6 del código, fueron despedidos 8.758 trabajadores, el 85% en Concepción y Santiago. Recordemos que en Concepción no funcionaron las notarías por varios días, y los empresarios penquistas hicieron efectivos los despidos en la capital. Por la misma razón, los dueños de los edificios destruidos en Concepción cambiaban de giro y traspasaban bienes a otras empresas, en Chillán(3).
Tras el cobro de los seguros, estas empresas han comenzado a recontratar personal, por supuesto sin reconocer años de servicio, rebajando los sueldos e intimidando a los trabajadores para que no se sindicalicen. Todo esto sin hablar del sector pesquero o portuario, donde la situación es doblemente dramática.
La cuestión laboral rápidamente se fue convirtiendo en el centro de la preocupación para los habitantes de la región de Concepción. El terremoto trajo despidos masivos y pérdida de derechos laborales. Fue en este contexto de amenaza de cierre de empresas, con aplicación del temido artículo 159 N°6, que los trabajadores de Blocks and Cutstock (B&C), a sólo semanas del terremoto, lograron crear su sindicato, que el dueño de la empresa impidió por más de diez años.

Respuestas de los trabajadores al abuso patronal

El estado de sitio y toque de queda que afectaba a las provincias de Concepción y Arauco(4), retrasó la respuesta de los trabajadores a la embestida patronal. Sin embargo, ya a mediados de marzo, trabajadores del supermercado Versluys se manifestaban en Concepción. El 17 de marzo, los militares y marinos a cargo del territorio devastado fueron sorprendidos por la toma de los accesos del puerto de San Vicente por los estibadores del destruido puerto de Talcahuano, y por la toma de los accesos a la Planta Boca Mina, en Coronel.
El 19 de marzo, profesores de Hualpén protestaban por el no pago de los días no trabajados después del terremoto.
El 6 de abril, once de los trece trabajadores de las oficinas de Thyssen Krupp, en Concepción, sin agua potable ni gas en sus casas, y algunos sin energía eléctrica, inician la primera huelga en 50 años en la mayor empresa siderúrgica de Europa. Desde la creación del actual código laboral, la empresa impidió la formación del sindicato, despidiendo a quienes se involucraron en ello. La respuesta empresarial a la declaración de huelga fue persecución contra los trabajadores, que sin embargo lograron permanecer un mes en huelga.
Más tarde, a fines de julio, los trabajadores de Tulsa, empresa maderera en el sector Colcura, comuna de Lota, se declararon en huelga. La empresa, dedicada a la exportación pero también beneficiada por el negocio de la reconstrucción, se niega a acceder a las modestas peticiones de los trabajadores. Como es habitual, Carabineros intervino en el conflicto, reprimiendo a los trabajadores y actuando como guardias al servicio de la empresa. La represión obligó a los trabajadores a echar pie atrás. La huelga no se prolongó y las conquistas fueron casi nulas.
El 28 de septiembre los trabajadores de la Salud, agrupados en la Fenats de la región de Concepción, convocaron a una movilización contra los recortes presupuestarios y por las pésimas condiciones en que desempeñan sus funciones. La movilización, desautorizada por la dirigencia nacional del gremio, fue una muestra de fuerza para los trabajadores, muchos de los cuales viven en los campamentos de emergencia.
En los primeros días de octubre se movilizaron los pionetas de Coca Cola, cuya planta está en la comuna de Hualpén; surgen protestas en la ex fábrica de calzados Gacel por sueldos impagos, y se declara la huelga, el 5 de octubre, en la empresa de áridos Ready Mix y en la maderera Blocks and Cutstock. Los primeros mantendrían el movimiento unas semanas, los últimos, emprenderían una larga batalla que alcanzaría caracteres épicos.

Huelga en Blocks  and Cutstock:  ejemplo de dignidad

Beneficiado por la crisis económica de la cuenca del carbón, Miguel Angel Fuentes instaló hace 16 años su empresa de exportación de maderas elaboradas, Blocks and Cutstock (B&C), en la ruta que une Concepción con la ex zona del carbón, en San Pedro de la Paz. La situación que vivían las ex comunas mineras de Lota y Coronel permitió contratar trabajadores por sueldos mínimos. Los productos de B&C se destinan a Estados Unidos. Las precarias condiciones en que mantiene a sus trabajadores permitió a esta empresa, iniciada con 45 millones de pesos, tener hoy un valor superior a los 4 mil millones.
Tras el terremoto del 27 de febrero, Miguel Angel Fuentes intentó cerrar la empresa, invocando la situación de catástrofe. Pero la intención del empresario llevó a los trabajadores a acudir a la Inspección del Trabajo para recibir información y organizar un sindicato.
El 5 de octubre los trabajadores, con su naciente sindicato, iniciaron la huelga legal denunciando su precaria situación laboral, las pésimas condiciones higiénicas y de seguridad, abusos, etc., y pidiendo un reajuste de 5% de sus salarios, además de un bono de 10 mil pesos para la mayoría de ayudantes, que ganan el sueldo mínimo. El mismo día de iniciada la huelga, el dueño (...)

 

NOTAS
(1) 21 de mayo, a las 06:00 horas. Terremoto grado 7,9 escala de Richter con epicentro en Curanilahue. 21 de mayo, 06:33 horas. Terremoto grado 7,9 escala de Richter con epicentro en las cercanías de Concepción y 22 de mayo, 15:10 horas. Terremoto 9,5 grados escala modificada de Richter, el mayor de la historia, con epicentro al oeste de la Isla Mocha, comuna de Lebu.
(2) Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez.
(3) Bullado fue el caso de la inmobiliaria y constructora Socovil, propietaria del edificio Alto Río que se desplomó en la costanera penquista. Traspasó sus bienes patrimoniales a nuevas sociedades (Liucura, Monteverde) en notarías chillanejas, a escasos días de la tragedia. Juan Ignacio Ortigosa, dueño, junto a Ricardo Baeza Martínez, de la mencionada empresa, era el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción.
(4) El toque de queda fue más largo en las provincias de Concepción y Arauco y se prolongó por un tiempo mayor.

 

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 725, 23 de diciembre, 2010)
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