PPunto Final, Nº 754 – Desde el 30 de marzo al 12 de abril de 2012.
Documento sin título
Buscar
último Editorial
Dignidad latinoamericana
Carta al director
Ediciones Anteriores.
En Quioscos
Archivo Histórico
Publicidad del Estado

El fallo de la Fiscalia

Regalo

Respuesta a la ofensiva neoliberal

Huelga general en España

Autor: MARCOS ROITMAN ROSENMANN
(En Madrid)



España vive las consecuencias de un estilo de desarrollo transnacional al cual se integró de manera dependiente y subordinada. El llamado milagro español de los años 60 fue una quimera, su expansión se apoyó en el turismo, la banca, las remesas que proporcionó la emigración durante la dictadura franquista, y la construcción, sector conocido como “el ladrillo”. Muy a su pesar, España es un país primario-exportador, con escaso desarrollo industrial, poca inversión en investigación y un hipertrofiado sector servicios. Los cambios políticos de los años 70 maquillaron esta realidad, pero fueron incapaces de revertirla. Los gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP) han agravado esta situación, haciendo oídos sordos a la necesidad de generar inversión y políticas públicas tendientes a revertir esta realidad estructural. El latifundismo persiste en el sur y centro de España, en el norte hay pequeña propiedad y minifundismo. El mapa es desigual, aunque prevalece la gran propiedad de la tierra y se mantiene el poder de los grandes terratenientes. Recordemos que la gran beneficiaria de las ayudas otorgadas por la Unión Europea para la agricultura, es la duquesa de Alba.
España es conocida como exportadora de vinos, aceite de oliva, naranjas, plátano canario, uno que otro producto gourmet, como el jamón serrano o el queso manchego, y derivados de la construcción de poco valor agregado, amén de la “moda”. La marca España, tan cacareada, es un espejismo y poco más. Es cierto que a partir de los años 80 del siglo pasado tuvo una rápida expansión y un elevado crecimiento económico, pasando de ser receptora de ayuda internacional a ser país proveedor de fondos para el desarrollo. Así, maquilló su cara, haciéndola parecer fresca y lozana, pero no eliminó las arrugas de sus células. No procuró modificar las condiciones estructurales, por el contrario, se conformó con su apariencia externa y vendió dicha imagen por el mundo. Pero ocultó su verdadero rostro envejecido, donde no cabía la cirugía estética.

Transnacionales españolas

En la actualidad, España posee un conjunto de empresas transnacionales cuya presencia, sobre todo en América Latina, le aporta el 12% de su PIB. Sin embargo, sus “buques insignias” pertenecen al sector financiero especulativo y a las empresas privatizadas procedentes del antiguo Instituto Nacional de Industria, creado durante el franquismo: los bancos BBVA y Santander, Telefónica-Movistar, Repsol YPF, Iberdrola, Endesa, dos o tres constructoras, donde destaca ACS, y las provenientes del sector turístico. Las consecuencias son obvias: la actual crisis del capitalismo le pega de lleno. España es país sin revolución industrial, poca inversión en ciencia e investigación y una gran fuga de cerebros. Su estructura productiva está permeada por transnacionales que han ido ganando terreno y desarticulando la escasa industria nacional. Los casos en el sector automotriz, alimentación y metalmecánico son significativos. La falta de competitividad la hace ser más vulnerable a las oscilaciones internacionales.
Sin embargo, España se decidió a apostar por un modelo, el neoliberal. La fe ciega de los dirigentes políticos en la mano invisible del mercado ha sido el motor de los cambios y de las reformas emprendidas hace más de tres décadas. Desarticulación del tejido industrial, privatizaciones, desregulación, apertura financiera y flexibilidad laboral. Para ser competitivos en la globalización, el mensaje lanzado por los gurús de la economía consistía en hacer ver la necesidad de una profunda revisión de las condiciones del mercado laboral, muy rígido y poco competitivo a nivel internacional. Así, se emprendió un ataque concéntrico a las conquistas democráticas de las clases trabajadoras, restándoles derechos, entre ellos, el poder de negociación. Los gobiernos, en complicidad con los empresarios y la patronal, han aprovechado cualquier coyuntura para justificar recortes y dar un paso adelante en la total liberalización del mercado de trabajo. Lo dicho ha sido el motivo real que explica ocho huelgas generales. La primera contra el gobierno de Felipe González, en 1988, y la última convocada para este 29 de marzo, contra el gobierno de Mariano Rajoy. Todas han tenido un argumento recurrente: los recortes en las prestaciones sociales, la reducción de los salarios, el abaratamiento del costo de vida, el deterioro de las condiciones de trabajo, los contratos basura, el despido libre, el retraso en la edad de jubilación, etc.

Partidos Vs. Trabajadores

Fue a partir de los años 90 del siglo XX cuando los empresarios y partidos mayoritarios (PP y PSOE) con sus aliados nacionalistas, Convergencia y Unión, en Cataluña, y Partido Nacionalista Vasco, en Euskadi, decidieron romper las reglas del juego y buscar un nuevo marco referencial, donde la patronal pudiera, sin restricciones, aumentar sus beneficios en detrimento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Su principal “bestia negra”: la rigidez, de acuerdo a sus tesis, en el mercado laboral, factor que inhibe al empresario de invertir, contratar y generar empleo. Por consiguiente, un gobierno responsable debe revertir las resistencias de las clases trabajadoras acomodadas y convencerlas de los beneficios que conlleva la flexibilidad laboral y un mercado laboral desregulado, libre de ataduras, creador de empleo y crecimiento económico.
La actual reforma laboral tiene su articulado en estos antecedentes. Ajustar para crecer y salir de la crisis es el lema de la reforma laboral. Bajo el discurso de adecuar las relaciones sociolaborales a las nuevas circunstancias se abre la puerta a un conjunto de medidas de carácter estructural, cuyo sentido es hacerlas perdurar en el tiempo. La reforma laboral conocida como Real Decreto de Ley 3/1012, que es continuidad de la aplicada por el gobierno de Zapatero y el PSOE en 2010, no presenta grandes cambios sobre sus precedentes. No existe una ruptura entre las medidas aplicadas por el Partido Popular, en el gobierno, y las desarrolladas por el PSOE, hoy en la oposición, por mucho que sus dirigentes se empeñen en mostrar diferencias. Se trata de una reforma global que afecta a todos los aspectos del mundo del trabajo. En este sentido, no deja ningún punto sin tocar, modifica la ley de contratos, el despido, las condiciones de trabajo, la conciliación laboral, el régimen de seguridad social y el Estatuto de los Trabajadores. Reforma las leyes de empleo, la formación profesional y consolida lo hasta hora impensable, el despido objetivo. Un catálogo de intenciones donde se cierran todos los flecos de anteriores ajustes. Ya nada queda al azar. No caben interpretaciones posibles, el Real Decreto es consistente y cierra el círculo. No hay vuelta atrás, por mucho que los sindicatos hagan huelga y demuestren lo espurio de los argumentos esgrimidos por el Partido Popular para ponerlo en práctica.

Reforma Laboral

La justificación del gobierno pasa por imponer un discurso en el cual califica la reforma de necesaria, justa, eficiente y equilibrada.
1.- Necesaria, dicen, porque adecúa el mercado laboral a las exigencias de la Unión Europea y cumple con los requerimientos de estabilidad presupuestaria para contener el gasto público. Ambos factores, exigencias de la Unión Europea y el desarrollo de las leyes de estabilidad presupuestaria, son el eje de la actual reforma laboral. Baste recordar que el PSOE, con apoyo del PP, introdujo una modificación en el ordenamiento constitucional que impide el endeudamiento público por encima del déficit fiscal acordado en los presupuestos generales del Estado;
2.- Justa, ya que legitima el carácter procedente y objetivo del despido;
3.- Eficiente, al fundarse en criterios de racionalidad económica ajustada al mercado;
 4.- La noción de equilibrio se fundamenta en aligerar peso en uno de los platillos de la balanza. Se trata de hacer inoperante el derecho laboral como mecanismo de protección del trabajador. En este contexto, en caso de conflicto y negociación colectiva, se impone la decisión empresarial, al existir el despido objetivo y procedente.
Asistimos en España a una realidad dantesca. No queda ni rastro de las leyes de protección al trabajador. Con el pretexto de crear empleo, ser competitivos y cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo se degradan las condiciones salariales y de trabajo y se desregula el mercado laboral. De esta manera se propone la moderación salarial al tiempo que se facilitan las exenciones fiscales a los empresarios para seguir aumentando sus bienes y riqueza. De acuerdo a las nuevas normativas, el empleador ve rebajado el pago de indemnización por despido de 45 a 22 días y de un total de 25 meses acumulados pasa sólo a 18 meses. Igualmente, en el sector público, la administración puede despedir a los funcionarios bajo el pretexto de cese de función. En otras palabras, si un ministerio decide eliminar una dependencia, los funcionarios adscritos a tal servicio no serán reubicados: serán eliminados de la plantilla. Puede ser el caso en sanidad, educación, etc. El resultado, un deterioro en la calidad de los servicios públicos y un adelgazamiento de la administración que facilita la privatización y externalización de servicios hasta ahora en manos del Estado.

Todo el poder a los empresarios

La convocatoria a huelga general del 29 de marzo ha sido criminalizada por el Partido Popular, señalando que es injusta, innecesaria y poco solidaria con los cinco millones de desempleados que hay en el país. Sin embargo, el único argumento a favor de las reformas consiste en mostrar que cuenta con el aval de los mercados, las empresas transnacionales, la patronal y sus aliados en el Parlamento Europeo. Se sienten protegidos y no darán marcha atrás. La reforma laboral viene para quedarse, salvo debacle o -por qué no-, un estado de insurrección pacífica que paralice el país y les haga sentir miedo, situación poco probable. Por el momento, el gobierno sólo atina a descalificar a sus convocantes, los sindicatos, y tildarlos de anticuados, parásitos de las ayudas estatales, y vagos. No hay contemplación. Los mandamases del Partido Popular y sus socios en los medios de comunicación social, utilizan toda la artillería contra los convocantes a la huelga, para desacreditarla. Acuden a la violencia verbal, sicológica y el desprestigio de dirigentes y líderes sindicales. Por otro lado, las empresas presionan a los trabajadores para que no apoyen la convocatoria, son conscientes que pueden hacerlo sin costo adicional alguno. Hoy cuentan con una ley que les otorga privilegios ad infinitum. Les permite tomar represalias en forma de traslado forzoso o acudir al despido, acreditando una disminución de beneficios en el mediano plazo. Nada como jugar con cartas marcadas. Sabedores de su actual protagonismo, deciden lanzar un órdago en grande y solicitar del gobierno que restrinja al máximo el uso del derecho de huelga, cambiando su articulado para, de esta manera, completar el conjunto de medidas que restablecen la esclavitud en el siglo XXI, dándole todo el poder a los empresarios.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 754, 30 de marzo, 2012)

¡¡Suscríbase a PF!!

revistapuntofinal@movistar.cl
www.puntofinal.cl
www.pf-memoriahistorica.org

 

 

 

Punto Final
Translation

Google Translate

En esta edición

Víctimas del “sentido común”

Un tal Iván

En el Sur está nuestro Norte

La Patagonia brava

Después de Orwell

En edición impresa

Cristo y Marx

Los dueños del cristianismo

Estudiantes vuelven a la carga

Odio al “diferente”

Chacabuco, la prisión que floreció en el desierto

Huelga general en España

Visita