Punto Final, Nº780 – Desde el 3 al 16 de mayo de 2013.
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Chile, República construida a punta de azotes

 

Chile nació con la represión. Cuatrocientos años antes del golpe de Estado, un 11 de septiembre de 1541, la aventurera Inés Suárez, usando una espada, decapitó con sus propias manos a siete caciques prisioneros y arrojó sus cabezas entre los indígenas para causar pánico entre ellos: estos legítimos dueños de la tierra intentaban repeler a los invasores. Los esclavos africanos llegados junto con los conquistadores Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, fueron sometidos a atroces castigos. Pedro de Valdivia, luego de ser obligado por el Santo Oficio a separarse de Inés Suárez, la casó con el capitán Rodrigo de Quiroga. Al morir Valdivia, Quiroga fue proclamado gobernador de Chile. Bajo su administración, su teniente Calderón emitió el 10 de noviembre de 1557 una ordenanza donde señala: “cualquier esclavo o esclava que estuviere huido fuera del servicio de su amo más tres días y menos de veinte, el que lo prendiere […] tenga diez pesos, los cuales pague el amo del esclavo o esclava, el cual esclavo le sean dados doscientos azotes, por las calles públicas por lo vean prisionero, y por la segunda vez, doscientos azotes y se le desgarre un pie, y por la tercera, al varón se le corten los miembros genitales y a la mujer las tetas” (en Historia General, de Diego Barros Arana).
El historiador Alvaro Jara (Guerra y sociedad en Chile. La transformación de la guerra de Arauco y la esclavitud de los indios) demostró que la esclavitud de los mapuches fue practicada antes de su promulgación legal en 1608, pese a las prohibiciones de la Corona, la cual reconocía como vasallos a partir de 1542 a mapuches y otros aborígenes. El jesuita Diego de Rosales demuestra que los prisioneros de guerra -de todas las edades- eran “piezas” que se vendían como botín de guerra. También eran esclavizados mujeres y niños (chinas y hueñis) raptados en las correrías y se los vendía en las encomiendas o se los embarcaba para venderlos en Perú.
Durante la Colonia, el castigo físico del individuo debía ser público, para que cumpliera la función de amedrentar. Casimiro Marcó del Pont (1770-1819), fue el último gobernador colonial de Chile. A fines de 1815, vía Panamá y posterior paso por Lima, arribó a Valparaíso. El capitán Vicente San Bruno, venido con el regimiento Talavera y encargado de la actividad policial, llevando sus funciones más allá de la delincuencia común montó un tribunal político cuya desorientación y arbitrariedad le llevó el descrédito y animosidad. En su momento, Marcó del Pont emitió un bando que ponía precio a las cabezas de Manuel Rodríguez y del montonero José Miguel Neira, amenazando con castigos a quienes les dieran hospitalidad. Para empezar, ofrecía doscientos azotes a los componentes del “populacho” (hombres y mujeres) que no acataran su bando. Esta pena infamante se aplicaba “en la reja de la cárcel”, a vista y paciencia de los transeúntes para que vieran al azotado en su extrema humillación. Conviene recordar que la cárcel estaba al lado del palacio de gobierno (edificio de Correos), en la Plaza de Armas, donde hoy se halla la municipalidad.
Se pensaría que la República iba a eliminar este método de humillación humana. La legislación liberal del siglo XIX pretendió erradicar los castigos corporales y sustituirlos por la privación de libertad, con normas racionales y uniformes. Sin embargo, los castigos corporales e infamantes siguieron presentes en la legislación y en la usanza penal durante todo el siglo, como lo demostró Francisco de Borja Fontecilla Palacios (llegó a ocupar el cargo de director supremo subrogando a O’Higgins en 1818), quien dictó un decreto para reponer la pena de azotes, derogada tres años antes. Siendo gobernador intendente de Santiago, el 3 de diciembre de 1817 en “Penas impuestas a los que deterioren las paredes de las calles” ordena que ninguna persona raye las paredes de las calles quitando el lucimiento de los blanqueados y anuncia: “al que se encontrare comprendido en la transgresión de esta determinación se le aplicarán irremediablemente veinticinco azotes en la reja de la cárcel pública”. A continuación, autoriza a los alcaldes de barrio para que coloquen espías en sus respectivos departamentos a fin de aprehender a los contraventores.
Pocos años después, Diego Portales decidió “domar” y “enderezar” a la plebe. Combatió la delincuencia y el bandolerismo creando policías, realizando batidas a los salteadores y una directa vigilancia a los jueces encargados de castigar los delitos.
Fue más allá que el cura y el barbero y su cruel y estúpida broma: “Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, tendidos los pies, y arrimado a las verjas, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombre de carne, sino estatua de piedra”. No se conformó con reinstaurar la pena de azotes: puso en práctica la perversa idea de dar castigo a los delincuentes en celdas ambulantes enganchadas a yuntas de bueyes, para darles escarmiento público. Estas jaulas -conocidas como “los carros”- hacían su recorrido por calles y caminos, exponiendo a los prisioneros a las miradas, comentarios y burlas. Para Benjamín Vicuña Mackenna las jaulas ambulantes de Diego Portales fueron una “invención diabólica que dio origen a bárbaras matanzas y reducía a los hombres a una condición peor que la de las fieras bravías”.
Pero el castigo no sólo consistía en el encierro en la jaula: a ello se agregaban los trabajos forzados. Esos presidios ambulantes llevaban a los presos a picar piedras, reparar caminos y realizar otras obras públicas. Debían efectuar estos duros trabajos con sus pies engrillados.

“DEJAR EL CUERO EN LAS VARILLAS”
Bajo el gobierno de Manuel Bulnes más de trescientos miembros de la Sociedad de la Igualdad, fundada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos, sufrieron la ignominia en la llamada ‘sesión de los palos’, el 14 de agosto de 1850. “El Chanchero” (Isidro Jara, sargento del Batallón de Cívicos N° 2 de Santiago y conocido agente de policía), los asaltó con una partida de bandidos, irrumpiendo en la asamblea donde se reunían. Este provocador cumplía al pie de la letra las instrucciones del capitán Tomás Concha, jefe de la sección de seguridad. Dicho acto no fue nada comparado con el sufrimiento padecido más tarde por los soldados partidarios de la derrotada revolución de 1851 (14 de abril, en Santiago) quienes recibieron doscientos palos delante de la tropa. Con arrogancia el coronel García le escribió al presidente de la República, Manuel Montt (electo el 18.09.1850): “No creí jamás tener que lidiar con los soldados del estúpido batallón Chacabuco. Y por desgracia los tengo ahora a mis órdenes. Pero canalla más criminal y cobarde no he conocido en toda mi vida militar como los dichosos chacabucanos, pero me parece también o dejan el cuero en las varillas de los cabos o se hacen buenos”. Dicho coronel sólo cumplía órdenes directas del ministro Antonio Varas, quien usaba su verbo favorito: “fregarlos”.
Los mecanismos de sometimiento de los sectores populares fueron muy variados. A más de los señalados, se usó por ejemplo el sistema de papeletas para controlar los desplazamientos de los peones mineros y la instalación de jefes militares en los principales yacimientos del Norte Chico.
Por su parte, el servicio obligatorio en las filas de la Guardia Nacional combinaba coerción y “educación patriótica”.
En la década de 1880, el Estado de Chile culminó su expansión, conquistando el territorio mapuche de la Araucanía, la provincia peruana de Tarapacá y la provincia boliviana de Antofagasta. Todo esto desarrolló el sentimiento nacionalista en la mayor parte de la población, lo cual queda demostrado en la Guerra del Pacífico: los enrolados voluntariamente en las fuerzas armadas superaron a los reclutas forzados.

LA GUERRA CIVIL DE 1891
La guerra civil de 1891 constituyó el máximo ejercicio de la violencia en un pueblo dividido en dos bandos. Se calcula que causó diez mil muertos en una población total de dos millones y medio de habitantes. En la carta póstuma de José Manuel Balmaceda (escrita en la legación de Argentina y publicada en numerosos periódicos chilenos durante febrero de 1892) -considerada su testamento político-, el presidente afirma: “Aunque nosotros no aceptamos jamás la aplicación de los azotes, se insiste en imputarnos los errores o las irregularidades de los subalternos, como si en el territorio que dominó la revolución [bando de los enemigos del gobierno legal] no se hubieran producido, desgraciadamente, los mismos hechos”.
Hace una relación de las acciones libradas por las montoneras de los enemigos de su gobierno para desestabilizarlo, mientras libraban la guerra que culminaría con la imposición de la Junta Revolucionaria: “…las montoneras hicieron irrupción en todos los departamentos, desde Valparaíso a Concepción. Aprovechando de las sombras de la noche, rompían y destrozaban los telégrafos; interrumpían la línea férrea, haciéndola saltar con dinamita en muchos puntos a la vez; atacaban y destrozaban los puentes, matando a los guardianes, y los que lograban apresar, como en la provincia de Linares, eran fusilados”.
Reconoce que para combatirlas se cometieron excesos y lo lamenta: “Si las fuerzas destacadas en persecución de las montoneras y el cuidado de los telégrafos y de la línea férrea de la cual dependía la existencia del gobierno y la vida del ejército, no han observado estrictamente la ordenanza militar y han cometido abusos o actos contrarios a ella, yo los condeno y los execro”.
El resultado fue una calamidad: “cerradas o destrozadas todas las imprentas en el territorio de la República”, Baquedano no supo impedir el saqueo y destrozos en las propiedades y viviendas de los partidarios del presidente.

GOLPE DE ESTADO DE 1973
Hace cuarenta años sobrevino la suprema tragedia de la historia de Chile, se produjo el alzamiento armado contra el gobierno constitucional, con el fin de impedir la continuidad de sus funciones y la de los órganos del Estado. Según el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (noviembre de 2004), “a juzgar por la enorme cantidad de testimonios de personas golpeadas, puede afirmarse que las golpizas reiteradas constituyeron el método de tortura más socorrido durante el régimen militar y, en general, el primero que se aplicó a las víctimas de la represión. Era habitual que al momento de efectuarse la detención, la persona afectada, pese a no ofrecer resistencia, y estando incluso maniatada o esposada, fuese golpeada de manera intencional e injustificada. Este tipo de golpes, comúnmente llamados “uso excesivo de la fuerza”, constituyen tortura, pues no tienen otra finalidad que provocar un sufrimiento innecesario”.
El informe explica cómo operó la prisión política y la tortura en tres periodos: septiembre a diciembre de 1973: la etapa de las detenciones masivas y el uso de centros de detención públicos y de gran capacidad; 1974 a 1977, periodo de predominio de la Dina y de mayor selectividad; 1978 a 1990, etapa marcada por la actuación de la CNI, la irrupción de un movimiento de oposición democrática y la aparición de grupos organizados de oposición armada. Señala que “durante todo el régimen militar, la tortura se constituyó en una práctica habitual -si bien con grados de selectividad distintos, dependiendo del periodo- por parte de las fuerzas armadas, de orden y seguridad (…) Se torturó en forma sistemática para obtener información y gobernar por el miedo, inculcando el temor profunda y duraderamente en las víctimas inmediatas y, a través de ellas, en todos quienes tomaban conocimiento directo o indirecto del uso de la tortura. Cabe insistir en el hecho de que más del 94% de los casos reconocidos por esta Comisión señalaron que, en el transcurso de la prisión política, sufrieron torturas y violencia sexual, sobre todo las mujeres, profundizando algunos aspectos de esa violencia y sus efectos. Golpes con objetos contundentes: culata de las armas (culatazos), palos (palizas), laque (también llamado churro, luma o tonto de goma), apedreamientos, golpes con objetos flexibles o no contundentes (también llamados azotes o flagelamiento), látigos, fusta para caballos, baquetas (varillas de coligüe)”.
Como hemos visto, aunque la pena de azotes se había vuelto a suprimir en 1823, se repuso al poco tiempo. A pesar de los frecuentes intentos de prohibirla, fue una práctica generalizada en todo el país; de hecho, los azotes sólo fueron abolidos completamente en 1940. Los azotes y la tortura física fueron forma de castigo y métodos reconocidos, e incluso valorados, para interrogar a los sospechosos, hecho que se mantiene hasta hoy, en pleno siglo XXI.

CEGAR Y AZOTAR A LOS MANIFESTANTES
Después de la dictadura de Pinochet, la policía a más de golpizas utiliza bombas lacrimógenas, carros lanzaagua (“huanacos”) y pistolas de paintball “para identificar a los que inician los disturbios” -según dicen-, pero apuntan a los ojos. Tal es el caso del arquitecto Enrique Eichin Zambrano, quien perdió la visión de un ojo, de Fernando Pacheco, Germán Grunert y Natalia Kamisato, durante la marcha estudiantil convocada por la Confech el 11 de abril; además, el 28 de marzo un menor de 15 años fue herido con un balín. Los carabineros de Fuerzas Especiales pasan buena parte de su vida entrenándose en el tiro al blanco y saben muy bien dónde apuntan, así que lanzar los balines de pintura al rostro no es casualidad. Se combina la alta tecnología con los métodos tradicionales: ese mismo día en la marcha estudiantil en Valparaíso fue filmado un carabinero montado quien azotó con su fusta a una mujer y a un reportero gráfico independiente.
Los llamados gobiernos democráticos todavía no resuelven los crímenes de la dictadura. No se sabe dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. El 14 de diciembre pasado las más importantes organizaciones nacionales de derechos humanos, la AFDD y la AFEP, que agrupan a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos respectivamente, presentaron una querella criminal en contra de quienes aparezcan responsables de la perpetración del delito que implica el golpe de Estado de 1973. Esta querella es patrocinada por los abogados y académicos Eduardo Contreras y Alfonso Insunza, quienes señalan: “aunque en nuestro país lo que sucedió a partir del golpe fue una masacre, una matanza, un genocidio contra un pueblo desarmado y no una guerra, desde el punto de vista jurídico y en mérito del DL citado, sí hubo, legalmente, estado de guerra y por consiguiente los prisioneros fueron, técnicamente, todos ellos prisioneros de guerra. Así lo ratificaron además diversos fallos de la mismísima Corte Suprema de aquellos años que, avalando la acción de la dictadura, sostenía invariablemente que en Chile estábamos en guerra”.
Mientras el Estado sigue ejerciendo la represión, el pueblo de Chile no cesa de demandar verdad y justicia.

VIRGINIA VIDAL

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 780, 3 de mayo, 2013)

 

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