Punto Final, Nº780 – Desde el 3 al 16 de mayo de 2013.
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El fallo de la Fiscalia

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Casos Golborne e INE

Colapso de la institucionalidad neoliberal

 

El fallo de la Corte Suprema a favor de los consumidores y contra Cencosud puede interpretarse como un triunfo de la ciudadanía ante la ubicuidad corporativa. Es una sentencia que obliga a la empresa operadora de las tarjetas de crédito Jumbo a pagar una importante compensación a varios centenares de miles de clientes por haber aumentado las comisiones unilateralmente durante 2006, las que entonces pasaron de 490 a cerca de mil pesos por cuenta. Desde entonces, el juicio pasó por diversos tribunales, con un revés a favor de Cencosud en la Corte de Apelaciones, hasta llegar a su veredicto definitivo la última semana de abril. La empresa de Horst Paulmann deberá indemnizar a sus clientes con 74 millones de dólares. Hasta al multimillonario alemán le duele una cantidad así.
Es posible interpretar la sentencia como un triunfo de la ciudadanía, pero también como una señal de los tiempos. Cuando esta noticia circuló por los canales de televisión a las horas de mayor rating, los testimonios de los afectados y otros deudores eran bastante uniformes, al expresar su claro repudio a las prácticas empresariales y al generalizado abuso corporativo hacia la población. Pese a más de dos décadas de mercantilismo extremo, después de años de propaganda neoliberal y campañas sobre los beneficios del libre mercado, los consumidores chilenos han comenzado a formarse su propia opinión. No desde una formación teórica sobre modelos económicos, sino tras una dura experiencia. Hoy comienzan a comprender cómo los Paulmann, Luksic, Solari, Saieh y también Piñera, se hicieron multimillonarios en tan poco tiempo. Cómo y a costa de quiénes.
El fallo, además de dejar un buen precedente para eventuales futuras prácticas de estas empresas financieras, como fue también el caso de La Polar, tiene por lo menos dos interesantes efectos en la percepción y continuidad del modelo económico que los chilenos han padecido durante dos generaciones. El veredicto, que se agrega a eventos de la misma calaña como La Polar, la colusión de las cadenas de farmacias y, más recientemente, las universidades con fines de lucro, cuyo caso más vistoso ha sido la Universidad del Mar, es una nueva constatación del modo de operación de las empresas chilenas. La percepción del modelo de mercado ha venido cayendo de manera sostenida y rápida durante los últimos años, hasta alcanzar un franco descrédito, lo que ha quedado más que demostrado desde sondeos de opinión realizados por el PNUD a las masivas manifestaciones que inundan las calles desde hace más de dos años. En todas estas expresiones la ciudadanía pide básicamente más inclusión a través de redes de protección social y políticas públicas que apunten hacia mayor igualdad.
Hay otro efecto que puede considerarse como una consecuencia de éste. La fusión que hizo Sebastián Piñera entre política y negocios con aquel eslogan del “gobierno de los mejores” ha sido su mayor lastre. Durante meses se mantuvo él y el gobierno en los más bajos niveles de aprobación registrados desde comienzos del periodo de transición democrática. Aquellos supuestos “héroes” de los negocios, de la probidad y el crecimiento económico han pasado a ser simples delincuentes de cuello y corbata. Los casos para causarle tal desprestigio al sistema de mercado y sus aduladores políticos han sido demasiados, crecientes y cada día más escabrosos, por lo que citaremos sólo los últimos: la relación directa del candidato de la UDI, Laurence Golborne, con las comisiones fraudulentas que cobró Cencosud y, la manipulación de las cifras del censo y, supuestamente, de inflación, por el director del INE, el renunciado Francisco Labbé.

CENCOSUD TERMINA CON EL “GOBIERNO DE LOS MEJORES”
El caso Cencosud no terminará con el fallo de la Suprema. Podemos decir que es parte del comienzo de un proceso de necesarias grandes transformaciones en la percepción de la ciudadanía respecto a las ubicuas empresas, lo que conducirá a presiones sobre gobierno y parlamentarios por cambios en la legislación. En todos los sectores controlados hoy por grandes corporaciones privadas, los clientes, que son todos los chilenos, demandan más control y regulación. Vale citar que la demanda contra Cencosud es la primera iniciativa colectiva organizada por el Sernac contra una empresa privada, eventualidad que no hubiera existido sin la persistente presión de la ciudadanía canalizada a través de las organizaciones de consumidores. Si este es el resultado de estos esfuerzos, podemos afirmar que se trata de un proceso en pleno desarrollo.
El caso, que detonó en 2006, bien vale recordarlo en sus detalles, así como destacar también a su protagonista: el exministro estrella, Laurence Golborne, fue gerente de Cencosud durante aquel periodo. Siendo el responsable mayor de tal operación, los efectos políticos sobre su candidatura no fueron menores. Golborne, otrora mano derecha del multimillonario Horst Paulmann, es uno de los hombres que ayudó al alemán a levantar un holding de magnitud continental, consorcio cuya rapidez en llegar a esas alturas no estuvo, vemos hoy, exento de estas y otras oscuras prácticas, como fue el ingreso en 2010 desde Argentina de alimentos etiquetados como “ayuda humanitaria”, los cuales nunca llegaron a los damnificados por el terremoto y tsunami de ese año. Lo concreto es que durante la gerencia de Golborne, las políticas comerciales de este consorcio y la relación abusiva de la empresa con sus clientes desataron un escándalo que llegó a los tribunales de justicia, los que desde un comienzo sancionaron a la empresa. Como Cencosud era y es uno de los grandes auspiciadores de la televisión y prensa escrita, el incidente fue en algunos casos silenciado y en otros deslizado bajo cuerdas. Hoy, el evento, con rasgos de escándalo mayor, ha derribado todas las barreras de contención comercial y publicitaria.
Cencosud aumentó la comisión por la mantención de la tarjeta Jumbo creando un estilo al que años más tarde La Polar puso nuevas marcas. La empresa gerenciada por Golborne lo hizo de manera no sólo unilateral y arbitraria, sino a espaldas de los clientes, que no fueron informados del incremento de la comisión: a partir de marzo de 2006 subiría desde 490 pesos a 990 pesos para todos los clientes que tuvieran un promedio de compras inferior a 50 mil pesos mensuales durante los seis meses anteriores a esa modificación. Y como los poseedores de tarjetas Jumbo Mas se calculan en más de cuatro millones, el negocio sumaba también muchos millones. Tras millares de reclamos, los clientes de la tarjeta Jumbo junto al Sernac interpusieron el año 2006 una demanda colectiva en el 10° Juzgado Civil de Santiago. Para el Sernac, el cambio unilateral de las comisiones se estrellaba con la Ley del Consumidor: no sólo se hacía sin el consentimiento de los clientes; la empresa inventaba nuevas cláusulas. La no respuesta por parte del consumidor significaba la aceptación del alza.

TARJETA ROJA PARA GOLBORNE
Como Cencosud no ofreció solución efectiva tras los múltiples reclamos, el Sernac interpuso la demanda colectiva el 6 de diciembre de 2006. Exigió que se sancionara la infracción a la ley y que cesaran los cobros indebidos. Solicitó también al tribunal la devolución de lo pagado en exceso con reajustes e intereses, por todo el periodo o al menos desde marzo 2006 y hasta cuando los consumidores hubieren expresado su consentimiento y la forma en que tales devoluciones se harían efectivas.
La sentencia en primera instancia no pudo ser más categórica, lo que la Suprema confirmó en abril pese al revés que el proceso había tenido en la Corte de Apelaciones de Santiago. La Suprema acogió la demanda anulando la cláusula objetada considerando que “el consumidor frente a la modificación pretendida por la demandada (Cencosud), nada puede hacer, imponiéndole la empresa una modificación sin su consentimiento. El silencio en los actos de consumo no constituye aceptación. Por ello, no es suficiente la inactividad de los consumidores para entender que éstos han consentido en la modificación en sus contratos”, indica el fallo. La sentencia, además, ordenó a Cencosud restituir los dineros cobrados en exceso a contar del 12 de julio de 2006 a todos los clientes. Refutó así la tesis de la empresa dándole la razón al Sernac, en el sentido que esta conducta era un claro incumplimiento de la Ley del Consumidor, pues el uso de la tarjeta o el pago de la cuenta no podían suponer que el consumidor hubiera aceptado los cambios de las condiciones señalados por la empresa, pues para ello era indispensable acreditar que hubiera aceptado expresamente la propuesta.
Pero el asunto no termina allí. Hay más cosas que rebasan la figura de Golborne y salpican a todo el gobierno, como ha sucedido en otras ocasiones. El abogado Juan José Ossa, actual director del Sernac, defendió a Cencosud durante este juicio junto a Felipe Bulnes, el ex ministro de Educación y actual embajador en Estados Unidos. Ante esta trenza público-privada, Omar Pérez Santiago, activista de la Liga Ciudadana, una asociación de consumidores, dijo: “Juan José Ossa defendió a Cencosud en este juicio, y lo más lógico, por la transparencia de los hechos, es que el actual director del Sernac renuncie, por incompatibilidad de funciones. Esto no tiene lógica. No puede defender los delitos y luego ponerse en la mesa del frente. No se comprende cómo Juan José Ossa puede desdoblarse, como si fuera el doctor Jekyll y el señor Hyde”.

CASO INE: FIN DE LA FE ECONOMICA
La comprobación de la manipulación de los datos del Censo 2012, que llevó a la renuncia del director del INE, Francisco Labbé, es un evento de aún mayores consecuencias. Porque no sólo se han manipulado las estadísticas, sino que también existe la sospecha de ajustes tramposos con el IPC, índice del cual dependen la UF, los reajustes salariales, los créditos y el poder adquisitivo de los hogares, entre otras consecuencias. Desde hace unas semanas y tras un informe de un grupo de estudios independiente, que ha sido refrendado por conocidos economistas de la ortodoxia neoliberal, el INE, otrora templo sagrado para las decisiones del mercado, está en tela de juicio.
El cálculo del IPC ha estado en la mirada de especialistas por cuanto en rubros como vestuario y tecnología, sobre los que se aplicaría una metodología incorrecta, se estaría alterando de manera significativa el resultado de la inflación anual en aproximadamente un punto porcentual. El economista Eduardo Engel escribió, no sin ironía, en su blog de La Tercera que entre enero de 2009 y enero de 2013 “los precios de la mayoría de las prendas de vestir cayeron a menos de la mitad. Algo similar sucedió con el calzado. Si usted compró un par de zapatos por 20 mil pesos el 2009 y el INE tiene razón, ahora puede ir a las misma tienda y comprar un par similar por menos de 10 mil pesos”.
También según el INE, escribió Engel, “los arriendos (en UF) han subido 2% desde 2009, lo cual no cuadra con un incremento de los precios de bienes raíces muchísimo mayor durante el mismo periodo. Tampoco son creíbles las cifras que da el INE para los sueldos del servicio doméstico, que habrían subido menos que los sueldos promedio de los restantes trabajadores”.
La firma Bloomberg estimó que la diferencia en el errado cálculo entrega un IPC anual 1,5 por ciento más bajo que el real. Engel se pregunta porqué el ex director del INE no corrigió esta evidencia entregada por diferentes informes. La respuesta está más que clara y es política. Es una manera de mantener contenida la inflación, en especial en un año electoral.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una de las más acreditada instituciones económicas del neoliberalismo, junto al Banco Central, ha perdido su prestigio. Los números, del mismo modo que el discurso político, pueden ser mera retórica y demagogia.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 780, 3 de mayo, 2013)

 

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