Punto Final, Nº781 – Desde el 17 al 30 de mayo de 2013.
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Sobre la justicia y sus sucedáneos

 

El juicio tardó once años. El crimen ocurrió hace cuarenta. El pasado 7 de mayo el ministro en visita Julio Miranda condenó, en primera instancia, a los ex suboficiales de la Armada José Manuel García Reyes y Héctor Fernando Palomino López por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward Iriberry. La pena: 3 años y un día de presidio, con el beneficio de libertad vigilada. Ni García Reyes ni Palomino López pisarán una prisión por un proceso que al parecer buscó resolver cierta verdad histórica, establecer una reparación económica para la familia y a la vez, liberar a los culpables de cumplir su pena en la cárcel. Pero que, además, permitió a la Armada dar vuelta la página en el caso que mayor daño ha causado a su reputación internacional.
Se estima que la muerte de Miguel Woodward ocurrió el 22 de septiembre de 1973, producto de las torturas recibidas en los lugares de detención por los que transitó desde su captura en el cerro Placeres, de Valparaíso, el 16 de septiembre: la Universidad Federico Santa María, la Academia de Guerra Naval, el buque Lebu hasta, finalmente, llegar al buque escuela Esmeralda, lugar que la justicia ha acreditado como centro de torturas contra prisioneros políticos. La última información de su paradero fue su ingreso al Hospital Naval. Oficialmente existía una sepultura a su nombre en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha, pero al realizarse las excavaciones no se encontraron sus restos. La Armada falsificó un certificado de defunción que indicaba como causa del deceso un paro cardiaco, con el fin de acallar a la familia.
Con el término de este juicio son muchos los que ahora pueden respirar tranquilos. En abril de 2008 la jueza Eliana Quezada ordenó la detención de seis personas: los vicealmirantes Sergio Barros Vonkretschman, Guillermo Aldoney Hansen, Adolfo Walbaum Weber y Juan McKay, el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo y el teniente primero Carlos Acosta. Un mes más tarde, misteriosamente, la misma jueza ordenó la libertad de los acusados por falta de pruebas. Todos estos oficiales formaban parte de área de inteligencia de la Marina. En años posteriores se ha imputado y desimputado a otros oficiales, hasta que finalmente la condena sólo ha recaído en dos suboficiales, que al parecer actuaron como autores materiales del crimen y eslabones finales de una larga cadena de mando. Es una sentencia que no logra explicar el contexto de la muerte de un sacerdote católico en el buque escuela de la Armada, producto de la brutalidad de la tortura.
¿Se ha hecho justicia? ¿Estamos ante un simulacro? ¿Es una representación calculada de intereses, un espectáculo que expone ante la audiencia una escena apaciguadora y adormecedora de la conciencia? Es fácil recorrer los argumentos de quienes afirman que la justicia ha hecho su labor. Es gente como el cardenal Errázuriz Ossa, que alguna vez dijo que “el exceso de justicia puede devenir en injusticia”. O como el ex presidente Patricio Aylwin, que se consideraba escéptico de alcanzar una “justicia plena real” y que se contentaba con una “justicia en la medida de lo posible”. Este tipo de argumentos se sostiene, además, en la crítica al adagio latino Fiat iustitia et pereat mundus (Que se haga justicia aunque perezca el mundo). La justicia, nos dicen, siempre debería estar condicionada por sus posibles efectos y consecuencias. Mantener la “paz social” nos obligaría a aceptar fallos judiciales como el del caso Woodward, como paliativos posibles y viables en una sociedad de clases.
No es irracional pensar que si la justicia es imposible, al menos nos deberíamos contentar con sus sucedáneos. Es fácil consolarse si se atiende el caso español, donde cientos de miles de víctimas del fascismo franquista nunca han tenido el mínimo derecho a una audiencia judicial y recién en estos días esperan que una jueza argentina, María Servini, les permita, por primera vez en setenta años, exponer su causa. La cruel historia de la denegación de justicia en materia de derechos humanos podría llenar bibliotecas, y por ese camino podríamos llegar a convencernos que más vale el sustituto de la justicia que su ausencia absoluta.
Lamentablemente, nos estamos acostumbrando muy rápido a aceptar todo tipo de sucedáneos. Sabemos que no tenemos una democracia verdadera, ni una justicia real, ni un Estado creíble, pero nos conformamos con algunos remedos que parecen reemplazarles, por tener algunas propiedades similares. Incluso algunas personas se vuelven adictas a los sucedáneos y ya no reconocen el sabor y la calidad de los originales. Les sabe mejor una democracia edulcorada, una justicia con saborizante y un Estado articulado a base de Aspartame.
En el camino otro concepto se nos suele introducir: la idea del perdón. Un valor humano indiscutible que, como recuerda Hanna Arendt, libera de la necesidad de la venganza a quienes han padecido la injusticia. Pero el perdón no elimina la necesidad de la justicia, porque el perdón constituye un acto pre-político, situado en la esfera íntima. Y la justicia no es un acto de retribución privada, sino un acto público y social que garantiza la vida en sociedad. O como la define John Rawls: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”.
Por lo tanto, no se puede tolerar un sucedáneo de la justicia, ni un sustituto de la democracia ni un paliativo al Estado social de derecho. La disyuntiva rawlsiana me parece, hoy más que nunca, extremadamente clara: si no es posible una reforma a fondo de nuestras instituciones llegó la hora de abolirlas. Y la vía para ello es convocar al poder constituyente.

ALVARO RAMIS

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 781, 17 de mayo, 2013)

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