Punto Final, Nº794 – Desde el 22 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2013.
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Señores: ha llegado la TV digital

¿Por quién doblan las campanas en la TV?

 

 

 

Manuela Gumucio Rivas, directora del Observatorio de Medios Fucatel.



Los medios de prensa han destacado la aprobación de la Ley de Televisión Digital en el Senado, y la presentación que hicieron parlamentarios de la UDI ante el Tribunal Constitucional (TC) para rechazar disposiciones de esa norma.
Aunque el tema había permanecido al margen del conocimiento público, en un ambiente en que ha prevalecido el poder de la industria de la comunicación, el paso de la actual TV analógica a la TV digital (TVD) es un hecho. Esto significa la aplicación de las tecnologías del medio digital a la transmisión de contenidos a través de una antena aérea convencional. Técnicamente, la señal digital permitirá realizar transmisiones con mayor flexibilidad, mejor calidad de recepción y sonido, al tiempo que amplía la oferta disponible tanto en número de canales como en versatilidad del sistema: emisión con sonido multicanal, múltiples señales de audio, teletexto y guía electrónica, entre otras.
La ley de TVD recién aprobada contiene, entre sus aspectos principales, normas que consagran el principio de gratuidad de las señales televisivas de libre recepción. Genera la obligación para los canales abiertos y operadores de TV de transmitir al menos cuatro horas de programación cultural por cada señal, y campañas de utilidad pública de manera gratuita. Las concesiones de TVD con medios propios (redes) serán a plazo fijo de 20 años, renovables. Los canales o grupos económicos nacionales o extranjeros sólo podrán acceder a una concesión por localidad, lo que evitaría la concentración de la propiedad de medios. Las señales (espectro) que los concesionarios no utilicen deben ser licitadas públicamente a terceros canales interesados sin medios propios. Se fija un plazo máximo de cinco años para que la actual TV analógica migre a TV digital. Se aumentan los recursos públicos para subsidiar el desarrollo de contenidos educativos, culturales y locales. Asimismo, se establece la obligación para los operadores de TV pagada de incluir en su oferta programática un mínimo de 4 canales regionales, locales o comunitarios. Y se entrega de forma exclusiva a TVN una segunda concesión, para que opere como transportador público de señales televisivas regionales, privilegiando contenidos educativos y culturales.
Manuela Gumucio Rivas, periodista, doctora en sociología de la comunicación y directora del Observatorio de Medios Fucatel, conversó con PF y entregó sus puntos de vista sobre la nueva Ley de TVD -que tardó cinco años en ser tramitada en el Parlamento- y los aspectos políticos que esta ley contiene.
¿Cuál es el punto de vista de Fucatel respecto a la Ley de TVD recién aprobada?
“En el gobierno de la presidenta Bachelet hubo en principio voluntad política efectiva para usar esta ley y poner al día el sistema televisivo. Ella incluso hizo un planteamiento público muy positivo en esta materia. La presidenta luego nombró a René Cortazar como ministro de Transportes y Telecomunicaciones y éste le exigió que no continuara con esa propuesta. Esta ley no era solamente de transformación tecnológica sino también involucraba esperanza, que sirviera para aumentar la diversidad de la oferta televisiva en Chile. En el fondo partió mal… se dio una enorme pelea, pero fueron más potentes los ministros proclives a respetar las prerrogativas de la industria actual. Sin embargo, no estamos tan descontentos con la ley aprobada porque se pudieron mejorar varias cosas. Por ejemplo, que algunas de las concesiones de los actuales canales no sean indefinidas; que el rol del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) saliera fortalecido, y que no haya un representante de las fuerzas armadas en él. En definitiva, la ley tiene ciertos criterios generales que son correctivos de esta noción imperante de que al Estado no le cabe ningún rol tutelar sobre la libertad de expresión”.

DERECHA TEMEROSA
La UDI y la Federación de Medios de Comunicación Social no están de acuerdo con la Ley de TVD, e hicieron reparos ante el Tribunal Constitucional porque sostienen que la norma sería un atentado a la libertad de expresión…
“En los reparos que ellos hicieron ante el TC se explicitó la posición tradicional de la derecha: reclamar para sí el concepto de libertad de expresión como un derecho de los propietarios de los medios. Ellos pueden decir lo que se les ocurra sin tener ninguna exigencia de responder a criterios democráticos. Ellos no aceptan la nueva ley porque encuentran muy peligroso que el Estado pueda determinar cuándo son pluralistas y cuándo no, o el carácter de bien público de una campaña. Les da miedo que se exija pluralismo. Durante la tramitación de esta ley, la Federación de Medios, que tiene todo el poder, no dijo nada. Nosotros, ante el TC, expresamos que nos parecía excelente que saliera a luz pública esta controversia histórica con esta industria que desde siempre se ha apropiado de los medios como un instrumento ideológico poco pluralista. El gran debate es si debe o no el Estado tener un rol cautelar, como hacen las legislaciones de buena parte del mundo y como lo plantean los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito”.
Cabe precisar que dos días después de esta entrevista, el TC rechazó la impugnación a la Ley de TVD que parlamentarios de la UDI presentaron bajo el argumento que la ley atentaba contra la libertad de expresión. Tras el duro revés, los legisladores derechistas señalaron que esperan que el gobierno use el veto porque estiman que “el proyecto en las condiciones actuales es muy peligroso, y Chile se puede transformar en Venezuela o Cuba en materia de prensa”.
Se ha dicho que la Ley de TVD es una privatización encubierta. ¿Cuál es la opinión de Fucatel?
“Esta ley no tiene ningún artículo que impida la concentración de la propiedad, eso es evidente; es una ley muy insuficiente. Pero creo que la industria de los medios bloqueó la discusión al poner como tema central su derecho a concesiones indefinidas. En ese sentido está por verse cómo se puede tener una mayor diversidad. Ahí entra una figura nueva que no existía: poder explotar un canal sin ser dueño de los aparatos de transmisión. Le dieron veinte años a los que tienen espectro y sólo cinco a futuros concesionarios, que es de donde puede provenir una esperanza de diversidad. Eso fue discriminatorio y no apunta al fomento de nuevos proyectos, pero si hay voluntad política, esto es subsanable”.
¿Esta ley garantiza realmente la libertad de expresión?
“Creemos que sí. Las leyes son importantes porque son un punto de referencia para apelar y defenderse. Pero lo más relevante es la voluntad política. Aquí pasa a ser fundamental quién sea nombrado presidente del CNTV y con qué convicciones tome este cargo. Si es alguien que de nuevo le tenga miedo a los poderes fácticos, será muy negativo. Hay cosas que quedaron puestas al arbitrio del Consejo, por ejemplo que las concesiones no debieran otorgarse exclusivamente por un concurso de capacidades técnicas. Es absurdo, porque se está entregando un bien que tiene que ver con el pensamiento, con las ideas y con la dominación política en una sociedad”.

FINANCIAMIENTO PUBLICO
¿Qué pasará con TVN?
“TVN es un pilar fundamental de la democracia. Si hay un sistema privatizado como éste y más encima concentrado por los Luksic, los Falabella, con un copamiento casi absoluto por los grandes poderes económicos, con mayor razón TVN tiene que ser el canal efectivo del contrapeso, donde se escuche y se vea lo que no se escucha o vé en otras partes. Esto no será así mientras exista ausencia de recursos del Estado. Pero creer que a TVN no se le puede dar un financiamiento público nacional, como lo han dicho René Cortazar y el ex director, Jorge Navarrete, es irse por la vía de no hacer ningún cambio. Cabe precisar que los fondos para el CNTV sirven para que los canales cumplan sus obligaciones con plata del Estado. Tienen beneficios enormes por la vía comercial, pero su obligación mínima de contenidos culturales la cumplen con plata del Estado”.
La directora de Fucatel subraya que la ley que incluía la TVD y a TVN se transformó en algo incongruente, aunque de todas maneras fue aprobada por la Cámara de Diputados. Dicho proyecto -explica- “estaba flotando en el Senado hace tiempo, de repente el ministro Chadwick presentó una ley corta nada más para que TVN pudiera explotar otros medios y que cambia el artículo número uno sobre los deberes de TVN, con lo que la norma queda para cualquier cosa”.
Se ha objetado que TVN, tenga dos concesiones. ¿Cuál es su opinión?
“Cuando se reclama por la segunda señal de TVN es por un tema comercial y proviene de los actuales canales regionales. No quieren que ingresen nuevos canales, los ven como una amenaza. Lo más importante es que con esta segunda señal TVN no puede tener privilegios si no tiene cargas. Al respecto, el próximo gobierno tiene que tomar cartas en estos temas”.
Diversas organizaciones critican que esta ley pone condiciones a los canales comunitarios y no así a la TV privada.
“Exactamente. Por ejemplo, para atribuir una concesión comunitaria se forma una comisión consultiva. Nosotros exigimos que para las atribuciones nacionales también existiera esta misma comisión, y hubo rechazo de parte del Consejo diciendo que esto era atentatorio a su autonomía. Nosotros no pretendíamos que esta comisión fuera resolutiva, pero si esta comisión era de carácter político y sus integrantes no son conocedores del medio, era bueno que pudiera existir una información que viniera de la sociedad civil, de otros sectores que le pudieran hacer evaluar mejor el sentido o el beneficio de la oferta de un postulante, y eso no se quiso aceptar, pero sí para las comunitarias”.
¿El cambio de tecnología y su costo no es una traba para aquellos que no tienen recursos y quieren iniciar un proyecto televisivo?
“No, porque justamente esto es parte de los beneficios de esta ley; existe este nuevo tipo de concesiones que pueden arrendar esos espacios y ahí también hay un tema de regulación de los precios. Estas personas deben pagar el mejor precio posible para que haya un real acceso, sin especulación. De todas maneras, hay una gran cantidad de cosas que no están hechas todavía”.
¿No se consideró que el Estado desarrolle una señal para emitir los contenidos públicos?
“Sí se consideró, y se planteó que esa debía ser la segunda señal de TVN. Ahora esa señal al final quedó restringida a hacer este rol de carrier con los canales regionales”.
¿Por qué el debate sobre la TVD recién empezó a aparecer públicamente?
“Porque muchos se dan cuenta que hay un cambio de gobierno, y no les gusta la idea que el CNTV tenga un presidente de otro signo político y que sea este Consejo el que tenga que dirimir sobre algún reclamo o sobre la ausencia de pluralismo. Creo que ven con terror perder una parte de su poder. Durante los cinco años que estuvo esta norma en el Parlamento, nunca la derecha estuvo tan alerta”.

DISCRIMINACION
Desde la perspectiva del Observatorio de Medios, ¿qué le falta a esta ley?
“Creo que le falta ser menos discriminatoria con los canales comunitarios, que son los que pueden ser la esperanza de aporte y diversidad. No me parece que la concesión tenga cinco años de duración. Son los que más necesitan estabilidad en sus inversiones, los que van a iniciar un camino desde cero en una industria difícil, con un grupo muy poderoso, como son los canales de Anatel. Le faltó un criterio de verdad, de voluntad, de fomentar la aparición de nuevos operadores y en el fondo, lo que trasciende es una preocupación creciente por garantizar la migración en los mejores términos para los actuales canales. Resulta como un mendrugo lo que se plantea para la aparición de nuevos operadores… en este sentido me parece que efectivamente esta ley no es buena”.
Si la TV en su mayoría es privada, ¿cómo se garantiza la transmisión de contenidos culturales y educativos?
“Eso lo ve el CNTV. Por eso es muy importante la composición del Consejo. En este cuadro general todo queda remitido a la voluntad política del próximo gobierno, porque efectivamente se puede agitar el tema de la TV pública incorporando esta vez el financiamiento del Estado. Pero desde el punto de vista de la sociedad civil, tenemos que emplazar al próximo gobierno a tomar cartas en el asunto, a enviar un agregado a la ley, poniendo urgencia a la ley larga de TVN, nombrando a alguien en el CNTV que tenga convicciones y pasión por que la ley sea bien utilizada y bien interpretada”

Osvaldo Zamorano Silva

 

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 794, 22 de noviembre, 2013)

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