Punto Final, Nº800 – Desde el 21 de marzo al 3 de abril de 2014.
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El fallo de la Fiscalia

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Reforma tributaria en remojo

 

La realización del programa de gobierno de Michelle Bachelet, que requiere de un importante gasto fiscal, ha hallado un primer obstáculo antes de la emisión de los mismos anuncios. De forma casi simultánea a los cálculos de los bonos marzo e invierno -que suman unos 300 millones de dólares anuales, más otros 700 millones que corresponden a las 50 primeras medidas-, un torrente de malas noticias económicas ha venido a opacar las expectativas. No una, sino una serie de señales que tienen la característica de un mal síndrome que amenaza con empeorar el rendimiento de la economía en el corto plazo. Ya no se trata de una desaceleración, sino, al observar los datos del verano, de un estancamiento económico.
El recién instalado ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha dicho que las 50 primeras medidas están financiadas en el presupuesto de 2014 mediante los fondos de libre disponibilidad. Eso es en el presente, porque ya no hay duda que el brusco cambio de las cifras económicas tendrá, a partir de ahora, un efecto sobre las expectativas. En los próximos meses un nuevo discurso se instalará en la agenda económica, el que podría incomodar al gobierno en la puesta en marcha de su programa.
La situación es variada y de una creciente complejidad aun cuando muy lejana a las recesiones sufridas en la década pasada, las que los gobiernos de entonces, uno de ellos de la misma Michelle Bachelet, pudieron sortear sin mayores consecuencias. El primer dato que vino a ensombrecer el panorama surgió desde la misma actividad económica. El Imacec de enero pasado, de apenas 1,4 por ciento, confirmó que la economía chilena está en baja. Días antes de asumir, Arenas admitió que recibiría de parte de Felipe Larraín una economía en desaceleración. Con la cifra de enero, en el último trimestre la actividad apenas se ha movido poco más de un dos por ciento.

COBRE Y EXPORTACIONES EN BAJA
La otra información que ha venido a remecer el escenario ha sido el precio del cobre. Durante la segunda semana de marzo cayó por debajo de los tres dólares la libra, un valor no registrado desde hacía cuatro años. Como efecto inmediato de esta tendencia descendente, las principales divisas extranjeras, dólar y euro, sufrieron importantes alzas, cuyas consecuencias se sentirán próximamente en los precios al consumidor de los productos importados o con componentes externos. Como muestra palmaria de este proceso, el precio de las gasolinas registró en aquellos días una nueva marca, y con toda seguridad se mantendrá esta tendencia.
Y está también la caída en las exportaciones, pese a la compensación por un dólar o euro más alto. El año pasado descendieron levemente, en tanto en enero pasado, según cifras de Aduana, cayeron cerca de tres puntos. Al observar los detalles de esa información, las exportaciones hacia todas las regiones sufrieron reducciones más o menos importantes con la excepción de Asia, donde China, principal socio comercial chileno, sigue manteniéndose como el motor de la economía mundial y, por cierto, de la chilena.
Pero la caída en el precio del cobre obligó a mirar a la economía china, que si bien no crece al ritmo de hace unos años, mantiene el paso y el empuje de la actividad industrial y financiera planetaria. Pero la cesación de pagos de varias empresas chinas, así como un desplome de las exportaciones de ese país, llevan a la cautela respecto al futuro de esa economía y sus consecuencias en la chilena.
Un dato a tener en consideración es el enorme peso que tienen sobre el total de las exportaciones chilenas, y por extensión en el resto de la economía, las ventas a China. A enero pasado más de un tercio del total de las exportaciones chilenas fueron a China, por lo que una desaceleración en el gigante de Asia tendría efectos en nuestro país. Así lo consideró un estudio internacional aparecido a mediados de marzo. Craig Botham, estratega de mercados emergentes de Schroders, coloca a Chile como el país más vulnerable ante una contracción de la economía asiática. Sin duda un informe a tener en cuenta.
Las expectativas económicas para el año en curso son sin duda más bajas que las de 2013 y los años anteriores de la década. El año pasado el PIB chileno creció un 4,5 por ciento, cifra con la cual el gobierno de Piñera terminó con un promedio de crecimiento del 5,3 por ciento para sus cuatro años. Para 2014, las proyecciones han venido descendiendo con el paso de las semanas, para establecerse bajo el cuatro por ciento.

LA RETORICA NEOLIBERAL: CRECIMIENTO Y CREACION DE EMPLEOS
Bien sabemos que el alto crecimiento económico, fin último de todas las políticas neoliberales, ha derivado en una alta concentración de la riqueza y en la creación de una de las sociedades más desiguales, realidad que se expresa desde la distribución de los recursos económicos a las decisiones políticas. Durante el gobierno pasado, cuyo desempeño económico medido en crecimiento del producto llevó el PIB per cápita hacia los veinte mil dólares, los verdaderos problemas de la población se mantuvieron iguales. Bien lo sabe hoy gran parte de la ciudadanía: esos veinte mil dólares per cápita anuales, que equivalen al cambio actual a unos once millones 200 mil pesos (o 930 mil mensuales), son una mera estadística que infla la soberbia de los gobernantes.
La tasa de crecimiento de la economía, que sí impacta en las utilidades de las empresas y en los bolsillos de sus accionistas, deriva en concentración de la riqueza, pero también ha sido piedra angular del discurso neoliberal acariciado por empresarios y gobernantes. El viejo eslogan acuñado en la misma dictadura “Si Chile crece todos crecemos”, aún se celebra como parte del ritual económico. No se trata de no crecer, sino de crecer y distribuir.
El discurso del alto crecimiento está atado a la creación de empleos, otra pieza retórica usada sin límites por los gobiernos pasados. Sin ir muy lejos, del millón de nuevos empleos que el gobierno de Piñera dice haber creado, nada dijo de su calidad. De partida, la gran mayoría eran temporales, por lo cual no se sabe si hoy existen, en tanto más de la mitad eran tercerizados, lo que significa un tipo de subempleo.
Esta es parte del cuento del crecimiento, que ha permitido convertir al neoliberalismo en una doctrina económica social. La divulgación de este pensamiento por cuarenta años, creó una imagen del empresario mutada en noble filántropo, idea que hubiera seguido en pie si los estudiantes no hubiesen desenmascarado el neoliberalismo hace cuatro años. Este discurso, sumado a su enorme poder, imbricado con los medios de comunicación y los gobiernos, aún goza de muy buena prensa y aún mejor salud.

¿HACIA LA PRUEBA DE LA BLANCURA?
Es por ello que el 12 de marzo, a horas de haber llegado a su despacho, el nuevo ministro de Hacienda se reunió con la cúpula de los empresarios. Buena parte del PIB chileno agrupado en la Confederación de la Producción y del Comercio se dio cita en las oficinas de Teatinos 120. Y como eje de la reunión, la reforma tributaria, con la cual el gobierno recién instalado pretende subir los tributos a las empresas desde un 20 a un 25 por ciento para recaudar unos ocho mil 200 millones de dólares anuales.
Tal como hemos visto y escuchado en las últimas décadas, el gran empresariado vincula sus ganancias con el bienestar del país. Si hay crecimiento, que es lo mismo que decir utilidades, habrá también empleo. Tras la reunión del 12 de marzo los argumentos no fueron diferentes, por lo cual es posible afirmar que ésta será la línea argumental que levantarán los grupos económicos para negociar la reforma.
A la salida de la reunión, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, soltó un discurso similar a los ya escuchados desde aquella misma tribuna por décadas: “Lo que queremos aquí es conjugar que el gobierno cuente con los recursos necesarios para poder llevar adelante las reformas que legítimamente pretende llevar, con no poner en riesgo el crecimiento, no poner en riesgo el empleo y el crecimiento de las remuneraciones”.
Hay sin duda un cambio en la actitud empresarial hacia la idea de una reforma tributaria, talante que está también relacionado con un necesario entendimiento de los cambios sociales y las demandas sociales. Pero estas palabras no significan un apoyo, sino simplemente una disposición a la negociación, la que tendrá también como argumento el deterioro del escenario económico y, por cierto, sus efectos en las ganancias de las corporaciones. En cuanto al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias), mecanismo que el gobierno pretende eliminar para obtener más impuestos, el dirigente empresarial fue bastante claro en conservarlo en cuanto, dijo, “favorece el ahorro y la inversión”.

¿AGENDA PRO CRECIMIENTO 2.0?
Santa Cruz habló también en aquella oportunidad sobre el clima económico y su inminente enfriamiento, lo que nos remite a varios momentos en las últimas dos décadas. El líder de los empresarios le ofreció a Alberto Arenas realizar en conjunto con el sector público una agenda tanto en productividad como en innovación. “Hemos manifestado la disponibilidad de poner a nuestros técnicos y poner todas las capacidades profesionales de nuestra gente para que busquemos la manera de seguir en esta senda que le ha traído prosperidad a Chile”, dijo.
Las buenas relaciones entre el empresariado y los gobiernos de la Concertación, que siempre fueron muy fluidas, tuvieron momentos excepcionales durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuyo ministro de Hacienda era Nicolás Eyzaguirre, hoy en la cartera de Educación. Lagos recibió la economía chilena en baja, como efecto de la crisis asiática desatada hacia finales de los años 90 y el mal manejo del anterior gobierno de Eduardo Frei. Como resultado, el PIB chileno cayó más de un punto en 1999 y creció muy poco durante los tres años siguientes.
Esta fue la gran oportunidad para los empresarios, que aplicaron una versión de bolsillo de la doctrina del shock. La Sofofa presentó un programa que denominaron Agenda Pro Crecimiento, que fue recibida con entusiasmo por el gobierno de Lagos. El documento, que se ejecutó en los años siguientes, era un compendio de nuevas normas, reglamentos y también proyectos de ley que le dieron más espacios de negocios al empresariado. Con el paso del tiempo no hubo ni más ni mejores empleos, pero sí nuevas ganancias para las corporaciones. Entre los efectos recordados estuvo la reducción de impuestos que pagan las empresas y el aumento del IVA, que pagamos todos los consumidores.
Fuentes de gobierno han dicho que trabajan en estos momentos en el articulado del proyecto, el que podría ser despachado al Congreso hacia finales de mes. De forma paralela se han iniciado las conversaciones con las bancadas oficialistas, desde las cuales ya se prevén los primeros obstáculos en una carrera que promete ser muy larga. Por el momento, y desde la filas de la Nueva Mayoría, hay parlamentarios que han comenzado a condicionar su participación en la reforma con la rebaja del impuesto a los combustibles y el de las personas, propuestas que no harán otra cosa que complejizar de manera innecesaria el debate.
Pese a contar con los votos necesarios para la aprobación del proyecto, ya han surgido las críticas desde el ala más derechista de la Nueva Mayoría. El diputado democratacristiano Pablo Lorenzini, que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara, ha hecho unas declaraciones que apuntan en este sentido. Hacia la segunda semana de marzo ya trazó las líneas que pondrán el límite de las reformas para este partido. El diputado ya pasó el anuncio al decir que “no vamos a pasar la aplanadora”, en tanto agregó que “no cabe duda que no va a salir de la Cámara 100% igual a como llegó. La reforma tributaria tendrá cambios. No en lo fundamental, pero sí tendrá atenuaciones, acomodos; se buscará la fórmula de que sea lo más empática”.
Las declaraciones del diputado son similares a otras señales lanzadas por parlamentarios de este partido, en las cuales expresan una plena confianza en el mantenimiento, tal como lo fue durante dos décadas, de las políticas de los consensos con la derecha y los poderes fácticos. Pese a ser declaraciones más o menos espontáneas, hay que considerar el peso de estas palabras, que son una muestra más del lastre que arrastra la Nueva Mayoría. El nuevo nombre de la coalición no podrá liberarse de décadas de corrupciones y relaciones entre la política y los negocios.
Por esos mismos días la revista The Economist publicaba un artículo titulado “El retorno de la reina”, en el que prevé problemas no menores al interior de la coalición. El primero ha sido la crisis en Venezuela, que ha enfrentado a comunistas y democratacristianos. Ya habrá tiempo para nuevos enfrentamientos. Y la discusión sobre los impuestos, que tiene un activo lobby garantizado, será un nuevo campo de batalla.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 800, 21 de marzo, 2014)

 

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