Punto Final, Nº803 – Desde el 2 al 15 de mayo de 2014.
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Lentamente, en medio del “diversionismo” comunicacional, van emergiendo los contenidos políticos reales del gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría, contenidos que eran previsibles si uno se atenía a lo que fue la práctica política de la Concertación durante veinte años y a los lazos e intereses que fue tejiendo en ese periodo con las cúpulas del gran empresariado.
Nicolás Eyzaguirre, ministro de Educación, ya hizo dos definiciones estructurales que indican que el modelo mercantil de educación va a continuar: primero, que el eje seguirá siendo el subsidio a la demanda; segundo, que la gratuidad va a cubrir a todos los estudiantes, no importando la naturaleza del establecimiento educacional en que cursen sus estudios.
El subsidio a la demanda constituye el modelo educacional propuesto por Milton Friedman, padre del monetarismo y uno de los ideólogos neoliberales más reputados. Por su parte, el alcance universal de la gratuidad es en realidad la garantía del gobierno a toda la burguesía educacional de que el Estado no sólo seguirá aportando los recursos para sostener artificialmente su mercado, sino que los incrementará. Y, si lo anterior no fuera suficiente, Eyzaguirre además anunció que si los proyectos educacionales privados fracasan -citando el ejemplo de la Universidad del Mar-, el Estado se hará cargo. O sea, el Estado subsidiará las ganancias de la burguesía educacional y asumirá sus pérdidas.
Los estudiantes funcionan en este modelo como simple canal de intermediación entre el Estado y sus generosos subsidios al capitalismo educacional. Los verdaderos titulares de derechos son aquí las empresas educacionales; los estudiantes son mero objeto de caridad pública.
La educación no es un caso aislado y responde a una tendencia internacional, en la que Chile, durante la dictadura, fue pionero: la llamada “colonización interna” de la seguridad social y la provisión de derechos sociales (educación, salud) por parte de capitales privados. Las AFPs, las Isapres y la educación privada mercantil fueron la expresión institucional de esta tendencia, cuyo objetivo era la apropiación por los capitales privados de la parte del león de los recursos públicos invertidos en seguridad social, educación, salud y otros derechos sociales.
Este modelo implica que el Estado se haga cargo directamente sólo de la población más pobre, a la que no es posible extraerle una tajada sustantiva por la provisión, ahora privada, de derechos. La contraparte de la Isapre es Fonasa; de la educación privada subvencionada, la educación municipal; de las AFPs, la “reforma” previsional del gobierno anterior de Bachelet, en que el Estado se hace cargo de las pensiones de los que no alcancen montos de ahorro mínimos, en una forma sibilina de subsidiar a las administradoras privadas de pensiones.
El contenido social de este modelo es claro: dejan de existir los derechos sociales, pues una parte de la población pasa a adquirir en el mercado la salud, educación, previsión, etc., mientras el Estado se hace cargo de los más pobres.
Nada de eso va a cambiar en el gobierno de Bachelet. A los anuncios de Eyzaguirre se suma una reforma tributaria que constituirá apenas un rasguño a la obscena desigualdad social existente en Chile; no tocará cuestiones esenciales como el peso del IVA en la recaudación tributaria o el royalty de juguete que se cobra a las empresas mineras. En el plano político, el anunciado proyecto de eliminación del sistema binominal está destinado a seguir asegurando el control político por parte del duopolio Alianza-Concertación/Nueva Mayoría. El primer proyecto de ley en materia laboral, el referido al multiRut, es en esencia el mismo que presentó, meses atrás, la ministra del trabajo de Piñera y candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, lo que provocó la decepción de la CUT, que había entregado un cheque en blanco a Bachelet en materia laboral.
Nada puede esperarse del gobierno de la Nueva Mayoría, la nueva chapa de la Concertación. Es necesario que las fuerzas sociales y políticas genuina y consecuentemente antineoliberales se organicen, y se unan en torno de un programa político articulado en ejes mínimos: renacionalización del cobre; salud y educación públicas gratuitas; fin del remplazo en huelgas y derecho a negociación por rama; sistema de pensiones de reparto; reconocimiento de la nación mapuche y devolución de tierras y, para garantizar lo anterior, una Asamblea Constituyente que dote a Chile de un nuevo modelo económico y social, que ponga a los trabajadores y el pueblo como protagonistas y retome el camino de superación del capitalismo iniciado por Salvador Allende.

Iván Vitta

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 803, 2 de mayo, 2014)


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