Punto Final, Nº804 – Desde el 16 al 29 de mayo de 2014.
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Embajada de EE.UU. en campaña contra la reforma tributaria

 

Las presiones contra las reformas del gobierno de la Nueva Mayoría van en serio. El guión que comenzó con editoriales y entrevistas a empresarios y opositores en los diarios del duopolio, tras la firma del proyecto de reforma tributaria el primer lunes de abril, se ha extendido hacia la televisión privada y ya traspasa fronteras. Desde los primeros días de mayo las críticas a los moderados cambios propuestos por Michelle Bachelet han comenzado a surgir desde aquellos medios políticos y financieros emplazados en el corazón del capitalismo, y han continuado desde la misma embajada de Estados Unidos. El Wall Street Journal (WSJ), The Economist y The Washington Post han desplegado artículos de opinión que no se diferencian en nada de aquellos publicados en la prensa del duopolio por los oficiantes más acérrimos del modelo de mercado instalado por la dictadura. Sin argumentos ni análisis, arrecian la crítica directa y las amenazas veladas: el modelo neoliberal, o el caos.
Los mensajes desde el exterior no son embozados ni matizados. Es un enjuiciamiento abierto y duro. Los críticas al gobierno que lleva escasos dos meses en La Moneda vienen sin filtros ni respeto alguno. El domingo 4 de mayo la columnista del WSJ Mary Anastasia O’Grady publicó un artículo (una manera de denominar su panfleto ideológico) titulado “Asalto al Milagro Chileno”, en el cual despliega una escritura similar a la que esta prensa ha venido usando contra gobiernos progresistas e izquierdistas en la región. En el texto, O’Grady no oculta sus obsesiones y odios políticos al afirmar que“Bachelet y sus seguidores en el Congreso están dando señales de un cambio en el juego que sugiere un retorno a la polarización política de comienzos de los años 70. Es difícil evitar la conclusión de que ven su mayoría legislativa como su oportunidad de finalmente forzar el sueño utópico del difunto presidente Salvador Allende”.

EL “POPULISMO” DE BACHELET
O’Grady continúa denunciando a la Nueva Mayoría ante la clase empresarial mundial y prosigue: “Alberto Arenas amenazó con considerar una eliminación retroactiva del FUT en el Congreso, si los opositores siguen insistiendo en el debate. El senador aliado de Bachelet, Guido Girardi, advirtió que si las promesas de campaña de la presidenta de más populismo no se cumplen, el país debe esperar protestas en las calles. Es evidente que este grupo no ha cambiado mucho desde comienzos de los 70. Predican la tolerancia cuando están fuera del poder, y practican la envidia e intransigencia cuando tienen la oportunidad de gobernar”.
Estas virulentas frases junto a los calificativos utilizados nos remiten de forma inmediata al estilo empleado por la prensa aliada al gran capital para denostar a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Como podemos observar en ese párrafo, Bachelet ya ha caído en el calificativo de “populista”, expresión, podemos recordar, utilizada desde la década pasada para acusar las políticas redistributivas en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina.
La columnista, que forma parte del comité editorial del WSJ, tiene su currículum. Especializada en temas latinoamericanos, se le puede ubicar en el ala extrema de la derecha por sus encarnizados textos contra los gobiernos venezolano y cubano. Pero O’Grady destaca también por su febril imaginación y sus frecuentes errores. Wikipedia informa que acusó a Fidel Castro de desarrollar un virus para compartirlo con activistas del mundo árabe, y a Hugo Chávez y Daniel Ortega de dar refugio a terroristas islámicos. Incluso el expresidente estadounidense Jimmy Carter escribió un artículo en respuesta a las destempladas e infundadas críticas de O’Grady al sistema político venezolano.
The Economist, emblema del capitalismo en Inglaterra, ha continuado con sus ataques, aun cuando no tienen la pasión y violencia del WSJ. Desde la llegada de la Nueva Mayoría ya lleva dos columnas de no tan veladas advertencias. En un artículo de mediados de abril titulado el “FUTbol político”, dice: si bien la reforma tributaria “contiene algunas medidas sensatas, incluyendo los impuestos al combustible, y otro sobre las bebidas azucaradas, el proyecto de ley también suprime un mecanismo conocido como el FUT, en virtud del cual los accionistas no pagan el impuesto sobre los beneficios reinvertidos. 
A menos que se modifique, el proyecto de ley puede tener dos malos resultados: las empresas pueden ahora depender de más préstamos, lo que para las pequeñas empresas cuesta hasta un 15% al año (en intereses); y los accionistas ahora tributarán por las ganancias que no reciben en forma de dividendos”.
Ante el escenario descrito, surge la amenaza en clave de advertencia: “Sería sorprendente que no baje la inversión con estos cambios”, dice el semanario, que explica que el equipo económico de la presidenta Bachelet se da cuenta de aquello, y es por eso que la derogación del FUT recién llegaría en 2018, cuando Bachelet ya no esté en La Moneda. 
Ambos artículos, pero en especial el de O’Grady en el WSJ, demuestran o una ignorancia absoluta sobre la realidad política chilena y el pasado de la Concertación, o corresponden a una estrategia para ubicar al gobierno de la Nueva Mayoría entre el grupo de países “populistas” e izquierdistas, condición que en un futuro demandaría otro tipo de medidas. Aun cuando ello es todavía materia de sospechas, por el momento podemos observar que desde el 1° de abril ha habido una clara escalada de presiones opositoras para crear una campaña contra la reforma tributaria, la que incluye todo tipo de coberturas de prensa, mensajes falsos a través de las redes sociales y panfletos repartidos en calles y lugares públicos. El clima que hoy tenemos y que el WSJ define como de “polarización e intransigencia” es consecuencia de una campaña cuyos creadores no son los diputados de la UDI, quienes son simples voceros y operadores, sino manos y cerebros que operan desde las sombras.
Esa derecha sin rostro desconoce no sólo las decisiones del gobierno sino también las mayorías parlamentarias. Ante este escenario ha comenzado a mover sus fuerzas, las que no son sólo económicas y financieras sino también comunicacionales. Ante la pérdida de los empates y los acuerdos parlamentarios de las dos décadas anteriores, la política se hace hoy nuevamente en Chile desde El Mercurio, los rumores y las espurias encuestas de opinión. Una mala señal que nos recuerda eventos de hace más de cuarenta años y estrategias desestabilizadoras más recientes en países de nuestra región.

MIKE HAMMER QUIERE “REGLAS CLARAS”
Sobre la base de estos antecedentes desde las cúpulas del capitalismo local e internacional, el siguiente paso vino de la mano del mismísimo embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer. El nuevo delegado de Washington en Santiago llevó la polémica tributaria a niveles no vistos desde hace décadas, al sumarse, como representante del gobierno de Estados Unidos, a las críticas de la derecha política, de El Mercurio y del empresariado a la reforma de la Nueva Mayoría.
Durante un desayuno junto a la comunidad empresarial local, organizado por la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, Hammer habló sobre la Visa Waiver para el ingreso de ciudadanos chilenos a Estados Unidos, programa que en estos días ha de ser aprobado por el Congreso chileno y que ha generado suspicacias de diputados de la Nueva Mayoría en cuanto facultaría a las agencias de seguridad estadounidenses para obtener información privada de los beneficiados. Hammer, junto con afirmar que todo intercambio de información se refiere a personas “que han sido delincuentes y han cometido crímenes graves”, se extendió sobre otros temas de la contingencia política. Sin querer ahondar sobre este tópico, Hammer parece haber olvidado la indignación mundial que ha generado el espionaje de la National Security Agency (NSA) a ciudadanos y políticos de todo el planeta.
Durante su intervención ante los empresarios, Michael Hammer entró de lleno en la política nacional. Dijo que “la nueva administración de Bachelet está considerando cambios de distinta índole”, y que “para seguir contribuyendo a la economía y brindando valor a la sociedad, lo que necesita la empresa estadounidense -y de hecho es igual para todas las empresas-, es estabilidad política y económica y reglas claras. Cuando hay cambios es importante consultar a todos los stakeholders (partes interesadas), y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente”.
Las críticas a las decisiones del gobierno fueron demasiado evidentes para que el Ejecutivo se hiciera el sordo. Pese a ello, al día siguiente la presidenta se encargó de dar una respuesta más protocolar que política. Dijo que en Chile “hay reglas claras y nada de eso va a cambiar”, mientras el episodio, con la excepción del diputado comunista Guillermo Teillier, se difuminaba entre el desinterés de los medios. Ningún otro partido, movimiento, colectivo o grupo político convocó a una protesta o emitió una declaración por la intromisión de Hammer en asuntos internos de Chile.

TEILLIER RECUERDA HISTORIAL DE INTERVENCIONES
El diputado Guillermo Teillier, presidente del PC, fue el único que interpretó las declaraciones del embajador Hammer y trazó líneas argumentales que aun cuando inquietantes, son especialmente indignantes. De partida, dijo que “es preocupante que cuando los chilenos estamos discutiendo y llevando adelante reformas tan decisivas como la tributaria, donde la derecha se opone y monta una campaña de desinformación, aparezca el embajador de Estados Unidos expresando opiniones que, además, se acercan a las de la oposición”.
Más adelante apuntó al verdadero motivo de la inquietud: “En nuestro país somos muy sensibles a las declaraciones de los representantes de la Casa Blanca, porque hay un historial de intervención en nuestros asuntos e incluso, de financiamiento para derrocar y debilitar gobiernos progresistas. Siempre en Latinoamérica preocupa cuando un embajador estadounidense afirma defender lo que necesitan sus empresarios en un país determinado”.
Teillier fue aún más lejos y lanzó una advertencia. “El señor Michael Hammer hizo estas declaraciones cuando sale una nota en un diario estadounidense (WSJ) criticando la reforma del gobierno de Michelle Bachelet y después, un editorial de un diario aquí en Chile alaba los dichos del representante extranjero. Hay que tener cuidado con ese hilar de hechos”.
Aquella semana hubo otro evento, tal vez menor, pero que apunta hacia el mismo objetivo. Durante una reunión en Santiago del consejo consultivo en materias económicas del foro del Asia-Pacífico (Apec), uno de los temas del encuentro fue la reforma tributaria, sobre la que opinaron empresarios extranjeros. Uno de los participantes en el foro, el presidente del Consejo Consultivo Empresarial de Perú, Juan Francisco Raffo, sostuvo que la inestabilidad tributaria que vive Chile podría llevar a que los inversores se trasladen a otros países. Si vamos hilando más fino y atando cabos, como dice Teillier, la portada de El Mercurio del 8 de mayo afirmaba que Chile necesita inversión en infraestructura de 58 mil millones de dólares de aquí a 2018, fecha en la que comenzaría a regir la reforma tributaria.
Todas estas declaraciones y acciones responden a un guión en desarrollo en Chile, que está en pleno proceso en otras naciones latinoamericanas. Que la embajada de Estados Unidos defienda los intereses de los inversionistas estadounidenses no es una novedad, como tampoco que presione a los gobiernos locales. Hace escasos años, durante el anterior gobierno de Bachelet, consiguió que una empresa contaminante -como la termoeléctrica Campiche de AES Gener- se instalara en una zona ambientalmente protegida. La solución fue que un Ministerio cambiara, por decreto, la condición de área verde por la de zona industrial.
Hoy el escenario ha cambiado. Aun cuando las palabras del embajador Hammer se esfumaron en el aire de la indiferencia de la Nueva Mayoría y de la complicidad de la Alianza, una ciudadanía observante y demandante se ha levantado. Aquella misma semana Bachelet tuvo a cien mil estudiantes en la Alameda que le recordaron la reforma de la educación, que necesariamente ha de hacerse con los recursos que obtenga la reforma tributaria. Las opciones son pocas y la solución es solo una. Pese a la campaña de El Mercurio, el WSJ y la embajada de Estados Unidos.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 804, 16 de mayo, 2014)

 

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