Punto Final, Nº804 – Desde el 16 al 29 de mayo de 2014.
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¿Debate sobre lo público o cómo repartir la torta?

 

Comenzado el debate sobre la reforma al sistema universitario, se ha obligado a todos los sectores y actores -¡en buena hora!- a pasar de la discusión de consignas y principios, a la de contenidos y propósitos. En este contexto, y producto de las declaraciones de las presidentas de las federaciones de estudiantes de las universidades Católica y de Chile, quienes en marzo afirmaron que la UC no debe recibir fondos públicos por su carácter confesional,  se abrió un candente debate sobre el significado de lo público y, en definitiva, sobre el destino de los recursos del Estado. 
Así, el debate sobre la definición de lo público se ha tomado la agenda de la reforma. Por una parte, las universidades privadas plantean que todas aquellas que tienen un “sentido y una misión” pública deberían ser financiadas, mientras el gobierno argumenta que aquello debe ser evaluado por medio de una acreditación. A su vez, las universidades estatales, sin hacer autocrítica de su actual funcionamiento, se autoproclaman instituciones públicas por derecho y de hecho.
Entre subterfugios argumentativos, en definitiva, lo que está en disputa es quién se lleva la mejor parte de la torta. El compromiso de financiar durante este periodo de gobierno al 70% de los aranceles de los estudiantes más vulnerables,  hace que estemos hablando de sumas cuantiosas.
Sabemos que esta historia arriesga no terminar bien.  En vez de un cambio de rumbo, la gratuidad con transferencia de fondos a privados -en base a que estos también pueden cumplir una función  pública-, puede cerrar las grietas que los estudiantes causaron al  consenso neoliberal y reinstalarlo en gloria y majestad.
Lo cierto es que, argumentos más o argumentos menos, lo público no es un concepto unívoco ni estático. Puede llenarse de definiciones distintas en relación a los intereses en juego, que en su mayoría -disfrazados de “interés público o bien general”-, terminan respondiendo al bloque dominante.
Si es por pelear la torta, los estudiantes deben entrar de manera certera a ese campo de batalla, pero en su caso para revelar los intereses en juego y  no perder de vista dos preocupaciones. Por una parte, la necesidad de resolver a miles de familias la carga que significa el pago y endeudamiento por estudiar. Por otra,  la necesidad de modificar la brújula y trazar la ruta hacia un verdadero sistema público, robusto y mayoritario, garante de derechos, de excelencia, con pertinencia social, sin lucro y obviamente gratuito. Alcanzando en ese camino cada vez mejores capacidades de organización, movilización e incidencia política.
Si para construir el Chile neoliberal el mercado irrumpió en todos los espacios de la vida social y económica, hegemonizando la educación y desmantelando las instituciones estatales,  hoy debemos hacer lo contrario. Que el Estado recupere sus espacios, que entre a disputar los del mercado, pero no como salvavidas del sistema y mero inyector de recursos, sino como un Estado que, acompañado de aperturas democráticas, pueda ser en definitiva conducido por la población.
Lo público, como lo estatal y democrático, debe ser una premisa. El robustecimiento de las universidades del Estado para constituir la verdadera educación pública, es una tarea principal. Pero también los criterios para una transición de las universidades privadas a universidades públicas y por tanto, la entrega de recursos a éstas impone una táctica que el movimiento estudiantil no puede obviar y que debe aprovechar para abrir nuevos frentes de disputa. 
Es tiempo de generar condiciones para que el pueblo se tome la educación. Esto es una cuestión de correlación de fuerzas. Los poderosos y privilegiados saben que la reforma de la educación será una de las batallas definitorias en este periodo, y se están preparando. Lo bueno es que los estudiantes también.

Carla Amtmann

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 804, 16 de mayo, 2014)


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