Punto Final, Nº805 – Desde el 30 de mayo al 12 de junio de 2014.
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LAS presidentas de Argentina y Chile en la Casa Rosada, Buenos Aires.

 


La realidad argentina empieza a modelarse con miras a 2015, año en que nuevamente habrá elecciones nacionales. Después de una década de gobierno kirchnerista, su continuidad está amenazada en un contexto de crisis económica, inflación, descontento social, que vienen siendo capitalizados por distintas variantes de derecha, que se alistan desde el peronismo -saliendo de las propias entrañas del kirchnerismo-, como las que se presentan como “oposición republicana”. El kirchnerismo también da pasos para conciliar las presiones de las corporaciones, que más allá de cualquier discurso siguen dominando los rumbos fundamentales del país.
A pesar de las diferencias en cuanto a la modalidad política puesta en juego desde 2003 por el kirchnerismo -bajo la presión de la rebelión argentina de diciembre de 2001-, combinando el neodesarrollismo con cierto populismo asistencialista, el modelo económico estructural no se ha modificado. Se trata de una economía basada en la creciente “soyización” -con la consecuente destrucción de la producción agropecuaria y de la agricultura campesina-, en el avance de la megaminería, de la explotación petrolera por la vía del fracking, y políticas energéticas que buscan superar la crisis del sector a costa de la destrucción del ecosistema y de las poblaciones que lo habitan. Se ha fortalecido en estos años el dominio de las grandes corporaciones sobre los recursos centrales de la economía. El 80% de lo producido por las exportaciones cerealeras lo retienen oligopolios transnacionales como Cargill, Bunge, Dreyfus. Lo mismo sucede con los ingresos provenientes de la exportación de manufacturas agropecuarias, derivados de la soya fundamentalmente, de la gran minería y de los hidrocarburos.
Señala el politólogo Atilio Boron que “un puñado de cien empresas controlan aproximadamente el 80% del total de exportaciones de Argentina, y son ellas las que retienen los dólares que surgen de este comercio, y que son requeridos por distintos sectores de la economía nacional…(…) El control de las divisas por parte de ese puñado de grandes oligopolios, les permite ser el verdadero autor de las políticas económicas de un país tan dolarizado como Argentina, y además extorsionar a cualquier gobierno que no se someta a sus mandatos (…) El gobierno actual comete el error de pensar que con concesiones varias podrá apaciguar el ‘instinto asesino’, como le llaman admirativamente los ideólogos neoliberales, de esos conglomerados para los cuales la ganancia y el ganar -sobre todo el ganar, como recordaba Marx- es una verdadera religión, cuyos preceptos son respetados escrupulosamente”.
En este contexto se inscriben los acuerdos en curso con el FMI, el Ciadi, Repsol, el Club de París y con los tan denunciados “fondos buitres”. Este poder económico exige más ajustes.

LOS EMPRESARIOS
En la reunión del Foro de Convergencia Empresarial realizada el 21 de abril pasado (foro que nuclea las voces de diferentes facciones de la burguesía local), se presentó un documento llamado “Bases para la formulación de políticas de Estado”, en el que se demanda al gobierno mayor “seguridad jurídica” para las inversiones, se rechaza la intervención del Estado para regular los precios, se exige disminución de impuestos para los empresarios, “asociación de las políticas educativas con la actividad productiva” y la “eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones”, (es decir las retenciones), junto a un discurso de exigencia de libertades republicanas (propiedad privada, libertad de expresión, etc.) que se toca con el programa de la oposición liberal e incluso con parte de la propuesta de la oposición “peronista”, encabezada por el ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández, Sergio Massa, líder del Frente Renovador.
Entre los firmantes del documento se encuentran la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -que incluye al Grupo Clarín, Techint, Arcor, Irsa y Roggio, entre otras empresas-, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace; la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) -que agremia a los bancos privados de capital extranjero-; las cámaras de comercio Argentino-Brasileña y Argentino-Norteamericana, y un sector de la Unión Industrial Argentina (UIA).

FRACTURA DE LA BURGUESIA
Este documento pone en evidencia la fractura de los intereses de la burguesía local, ya que si bien tiene un apoyo significativo, no le han dado su aval un sector de la Unión Industrial, los bancos privados de capital nacional, la Cámara de Comercio, los empresarios de la construcción…, sectores que resultan beneficiados por la intervención estatal.
La estrategia del gobierno parece alejarse del discurso triunfalista sostenido en el momento de la asunción del tercer mandato kirch-nerista, de “profundizar” el proyecto, y más bien se dirige a lograr terminar el mandato sin mayores costos. La profundización significaría en el plano económico, por ejemplo, dar pasos hacia la nacionalización del comercio exterior, o hacia una política tributaria progresiva como proponen los economistas de Izquierda; y en el plano político avanzar en políticas sociales y de derechos humanos en la lucha contra la impunidad.
Contrariamente, el gobierno avanza otorgando concesiones a las transnacionales y ante las exigencias de la burguesía; y en este contexto, además de la ya sancionada Ley Antiterrorista, despliega iniciativas de criminalización de la pobreza y la protesta. Según datos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, alrededor de 4.000 militantes populares están judicializados por participar de protestas, y tienen causas abiertas en carácter de imputados, procesados o condenados.
Líderes mineros de Las Heras -localidad de la provincia de Santa Cruz, donde los Kirchner siguen siendo caudillos cuasi feudales- han sido condenados a cadena perpetua. Uno de los presos políticos, “Boli” Lescano, líder de la agrupación Quebracho, ha sufrido en estos días un accidente cerebrovascular, y su estado de salud es crítico, poniendo en evidencia la fractura del discurso de derechos humanos del gobierno. Raúl “Boli” Lescano y Fernando Esteche, dirigentes de Quebracho, están acusados de participar de un “escrache” al ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, responsable político del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Mientras Boli se debate entre la vida y la muerte, Sobisch nunca declaró ni pisó una comisaría como autor intelectual de ese crimen. En este marco, los diputados del Frente para la Victoria, haciéndose eco de un pedido de Cristina Fernández, presentaron un proyecto para criminalizar la protesta social, impidiendo la realización de piquetes.
La descarga de la crisis vía inflación y contracción del salario real acentúa la pérdida de consenso social del gobierno nacional, y es parte de los factores que provocaron la ruptura de la alianza del mismo con sectores hegemónicos del sindicalismo, sobre todo de los sectores de la CGT liderados por Hugo Moyano, y el alejamiento de franjas importantes de la llamada “clase media”, que acentúa su apuesta por sectores conservadores, angustiada por la corrupción, la falta de seguridad y el deterioro del valor adquisitivo de sus ingresos.
Sin embargo, es necesario decir también que en caso de caída del kirchnerismo, las alianzas que podrían acceder al gobierno futuro profundizarían los aspectos más regresivos del modelo actual, perjudicando a los sectores populares, tanto en el plano económico y social, como con un mayor recorte de las libertades y de los derechos humanos.

UNA PERSPECTIVA “DESDE ABAJO” Y A LA IZQUIERDA
Si miramos la situación desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores populares, es necesario partir de que después de diez años de crecimiento económico, que logró frenar el desempleo masivo que caracterizó a los años 90, una de las características de la actual situación de la clase obrera es la intensa precarización laboral, que alcanza a la mitad de los trabajadores y trabajadoras del país. Una gran parte de la población perdió derechos sociales y vive situaciones de inestabilidad que afectan su vida cotidiana.
El avance de la derecha política tiene pocas posibilidades de ser contrastado en lo inmediato, debido a la fragmentación del movimiento popular y a su vulnerabilidad. La lamentable y ya clásica división de las fuerzas de Izquierda y centroizquierda, ha diluido respuestas más potentes. En esto existe una gran responsabilidad de las corrientes provenientes de la centroizquierda, que han sido succionadas en una parte por el propio oficialismo, y otras que quedaron como fuerza de apoyo de variantes de derecha, (es el caso del Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas, que quedó integrado a un frente en el que predomina una oposición de derecha -encabezada por Elisa Carrió-, que se debate entre aliarse o no con el también derechista jefe del gobierno porteño Mauricio Macri).
Esto ha dejado en el terreno electoral prácticamente como única expresión organizada de Izquierda al agrupamiento de partidos trotskistas nucleados en el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), que en las últimas elecciones logró elegir tres diputados nacionales, varios diputados provinciales, legisladores, y una senadora en el Congreso Nacional. Luego hay un arco diverso de corrientes independientes (provenientes por lo general de movimientos sociales devenidos partidos políticos) que, por primera vez, se han presentado a elecciones en 2013 sin resultados significativos, y que pueden resultar atrapados en 2015 en la disyuntiva de jugar en apoyo a alguna de las principales variantes hegemónicas, o asumir un resultado testimonial. Todavía no se ve con claridad la oportunidad de reunir a las diferentes expresiones de la Izquierda en un único espacio electoral que potencie las posibilidades de intervenir en este escenario. El sectarismo de algunos partidos trotskistas alimenta esta dificultad, así como las pretensiones hegemonistas de grupos centroizquierdistas que obturan cualquier alianza en esa dirección.
En paralelo a las especulaciones electorales, se sigue desplegando en todo el territorio argentino una gran cantidad de resistencias de carácter sindical -desde comienzo del año continúa siendo marcado por la lucha docente-, de tipo socioambiental -especialmente las desplegadas por las asambleas nucleadas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas)-, movilizaciones por la vivienda (la Corriente Villera Independiente lleva ya tres semanas acampando junto al Obelisco, en pleno centro porteño en una huelga de hambre que reclama la urbanización integral de las villas miseria), y se despliegan acciones del movimiento indígena y campesino de resistencia territorial y de poder popular.
El movimiento de mujeres avanza de manera sostenida en las movilizaciones y acciones para garantizar el derecho a decidir, y los colectivos de lesbianas, gays y transgéneros han logrado importantes avances también en el terreno de los derechos a la disidencia sexual, frente a la heteronormatividad patriarcal.
El movimiento de derechos humanos ha logrado importantes condenas contra los genocidas de la dictadura, que ponen límites concretos a la impunidad. Más allá de los esfuerzos del gobierno hacia una “reconciliación” con las fuerzas armadas, tarea para la cual ha designado a un jefe de las FF.AA. afín a este objetivo, la propia historia se ha subvertido, con la denuncia por la que el general Milani está siendo juzgado en la provincia en que actuó durante la dictadura (La Rioja) por la ejecución de crímenes de lesa humanidad.
El escenario sigue estando marcado por el conflicto, por la movilización social, por una importantísima lucha cultural y política que crece. Los desencuentros entre la movilización social y las propuestas electorales de la Izquierda siguen siendo talón de Aquiles de los proyectos populares. Sin embargo, el cierre posible del ciclo kirchnerista, abre espacios y oportunidades para que las izquierdas y los movimientos sociales reorganicen sus proyectos; sabiendo que deberán hacerlo en un contexto más adverso, en el que se impone proyectar todo lo aprendido en nuevas modalidades creativas de ejercicio del poder popular.

Claudia Korol
En Buenos Aires

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 805, 30 de mayo, 2014)


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