Punto Final, Nº805 – Desde el 30 de mayo al 12 de junio de 2014.
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El fallo de la Fiscalia

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La orden del capitán Rosauro Martínez:

“Matar sin piedad a los miristas

 

 

 

Rosauro Martínez Labbé, mayor (r) del ejército y diputado de Renovación Nacional.

 


El diputado de Renovación Nacional por Chillán, Rosauro Martínez Labbé, rechaza las acusaciones que lo involucran en crímenes cometidos durante la dictadura militar. “Tengo mi conciencia tranquila, no tengo nada que ocultar”, repite cada vez que es consultado sobre su pasado en el ejército y en la CNI. Sin embargo, la obstinada negativa de Martínez Labbé (hoy de 63 años) comienza a derrumbarse. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del parlamentario, ex alcalde de Chillán y mayor de ejército en retiro. Martínez podría ser inculpado por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero Guzmán Soto, Patricio Calfuquir Hernández y José Monsalve Sandoval, militantes del MIR, asesinados el 20 de septiembre de 1981 en el sector de Remeco Alto, en la comuna de Panguipulli.
La resolución judicial -apelada a la Corte Suprema por la defensa del parlamentario y ex militar- constituye un reconocimiento al perseverante esfuerzo de los familiares, amigos y compañeros de los militantes del MIR asesinados. No han dejado de bregar para alcanzar justicia y poner fin así a la impunidad que rodea a este crimen.
La resolución del tribunal de Valdivia, adoptada en forma unánime, señala que los antecedentes recogidos en la investigación son suficientes para sostener las sospechas fundadas de participación y responsabilidad de Martínez Labbé en los delitos que le imputa la acusación. El parlamentario derechista era comandante de la Compañía de Comandos Nº 8 del Batallón Lancahue, dependiente de la Cuarta División de Ejército, y en esa calidad cometió los delitos.
El entonces capitán Martínez Labbé tenía por misión dirigir y coordinar las tropas de ejército, Carabineros y miembros de la CNI en la zona. Se le acusa de ser “autor del delito de homicidio calificado de Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto y José Eugenio Monsalve Sandoval, ocurrido el 20 de septiembre de 1981, en la localidad de Remeco Alto”.
La decisión del tribunal en torno al rol que le cupo al mayor (r) de ejército y diputado de Renovación Nacional, se basa en lo informado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, quien confirmó que el comandante de la Compañía de Comandos Nº 8, cuando ocurrieron los hechos, era el capitán Rosauro Martínez Labbé. Esto fue ratificado por su propia declaración en el marco de la investigación sustanciada por la Fiscalía Militar, en que reconoce haber estado al mando de la operación en Remeco Alto. Su declaración describe las circunstancias en que resultaron abatidos los militantes del MIR. Y a mayor abundamiento, el dictamen de la Corte de Valdivia señala que “a lo anterior, se suman los testimonios contestes de Eduardo Alberto Inostroza Reyes, Sergio Aliro Cárdenas Navarro y Alfonso Rosas, (miembros del ejercito los dos primeros y de Carabineros el último, N. de PF), quienes sitúan al capitán Martínez Labbé en el lugar de los hechos y a cargo de la operación militar desplegada en la localidad de Remeco Alto, y quienes describen, entre otras circunstancias, la orden verbal de abrir fuego en contra de la casa en cuyo interior se encontraban los tres guerrilleros”.
De acuerdo a los fundamentos anteriores, continúa el dictamen, “y habiéndose verificado en la presente gestión la concurrencia de los presupuestos exigidos por el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal para dar lugar a la formación de causa respecto del diputado señor Rosauro Martínez Labbé, se accederá a la petición de desafuero formulada por los querellantes”.

LA GUERRILLA DEL MIR
A fines de los años 70 y comienzos de los 80, Chile era un país ocupado por sus propias fuerzas armadas. La dictadura cívico-militar, apoyándose en una represión brutal, llevaba adelante una obra refundacional. Con ese propósito promulgó la Constitución Política de 1980 que, con reformas menores, aún nos rige. La dictadura administraba el poder con prerrogativas discrecionales; decretaba un estado de excepción tras otro, mientras ampliaba las atribuciones de los tribunales militares. A la vez reconfiguraba los organismos de seguridad para una nueva fase en el control social y político, después de la masiva represión de los primeros años que había debilitado al conjunto de los partidos de Izquierda.
La resistencia antidictatorial hacía inmensos esfuerzos por dar continuidad a su lucha e intensificarla. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y prisioneros políticos fortalecían la denuncia de los crímenes. Con su accionar contribuían al aislamiento internacional de la dictadura. Otros sectores sociales mostraban niveles iniciales de organización y reemprendían las luchas reivindicativas.
Mientras otros partidos de la Izquierda intentaban reorganizarse en Chile o iniciaban un debate interno para incorporar un repertorio más amplio de formas de lucha, el MIR constataba el carácter refundacional de la dictadura y con alto grado de voluntad y decisión, afinaba, no sin errores y tensiones, su propia política antidictatorial. Pese a las dificultades para sobrellevar la clandestinidad, el MIR se esforzaba por retomar sus lazos con sectores sociales donde había logrado presencia en los años 70. Desplegaba sus primeras acciones ofensivas de propaganda armada que estimularon la voluntad de resistencia en diversos sectores de la sociedad.
La dirección del MIR tomó la decisión de reincorporar al país a militantes que habían sido empujados al exilio. El retorno tenía como finalidad fortalecer la organización en Chile e impulsar en el escenario urbano y en zonas rurales un mayor nivel en la lucha. Entre los objetivos estuvo la instalación, tras una primera fase exploratoria, de dos focos guerrilleros. Uno en la zona de Neltume, en las cercanías del que fuera Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli, al interior de Valdivia. El otro en la cordillera de Nahuel-buta. El concepto que guiaba esta decisión era que dichos territorios podrían conformarse como zonas de repliegue eventual para los perseguidos, lugar de instrucción para nuevos milicianos y al mismo tiempo, consolidarse como guerrilla en condiciones de disputar terreno al Estado dictatorial.

LA “OPERACION RETORNO”
Con una formidable disposición, hombres y mujeres, militantes del MIR, ingresaron a la zona de Neltume. Una región conformada por pequeños poblados en plena cordillera. Area de trabajadores forestales, campesinos y pueblo mapuche en el cual el MIR había alcanzado notable desarrollo político y social antes del golpe militar de 1973. Militantes miristas, preparados en el exterior, iniciaron las exploraciones del terreno para construir depósitos y delinear rutas para el abastecimiento de armas, municiones, víveres, medicinas y otros suministros que garantizaran la supervivencia en la montaña.
Esas tareas llevaban más de un año. En medio de condiciones climáticas muy duras, habían construido depósitos y establecido algunos campamentos. Pese a las precauciones en sus desplazamientos, fueron vistos en más de una ocasión por lugareños.
Las difíciles comunicaciones con la dirección del MIR, junto a nuevos desafíos que iban surgiendo y a las dificultades propias del terreno, prolongaron la fase exploratoria de la guerrilla. Afanados en superar los inconvenientes, el 27 de junio de 1981, cerca del mediodía, trece guerrilleros prácticamente desarmados, que se encontraban en uno de los campamentos cerca del lago Quilmo, fueron atacados por una patrulla de la Compañía de Comando Nº 8 del Regimiento Llancahue, enviada por el capitán Rosauro Martínez Labbé. Divididos en dos grupos lograron romper el cerco del ejército, y luego intentaron reagruparse para llegar a los depósitos en que guardaban unas pocas armas y víveres.
A partir de esa fecha se desarrolló una persecución implacable -por tierra y aire- de la guerrilla dispersa y desarmada. Tropas del ejército, Carabineros y agentes de la CNI, se desplegaron en la zona de Neltume, provocando terror entre los lugareños. Numerosos campesinos fueron detenidos y torturados como presuntos colaboradores de la guerrilla.

“LA INTENCION ERA ASESINARLOS”
Mientras un grupo de los militantes miristas fue destinado a retomar contactos con la dirección partidaria, a otro se le asignó la misión de generar nuevas redes de apoyo. Ocho hombres, extenuados, hambrientos y aislados se encontraban en la montaña a la expectativa de los resultados de los equipos enviados a la ciudad. El cerco militar se extendía y con su accionar entregaba señales de que operaban sobre información certera. Obligados por las enfermedades y el desgaste físico, los miristas deciden estructurarse en dos grupos con la intención de generar condiciones para sacar de la zona a los enfermos y romper el cerco del ejército.
A comienzos de septiembre de 1981 la situación se hace insostenible. Algunos militantes habían sido detenidos y asesinados y otros se replegaban perseguidos por el ejército, que en ese momento coordinaba a todas las fuerzas represivas en la zona, incluida la CNI.
El 19 de septiembre de 1981, José Eugenio Monsalve Sandoval, junto a Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez y Próspero del Carmen Guzmán Soto, llegaron a Remeco Alto, a la modesta vivienda de Floridema Jaramillo, madrina de Monsalve Sandoval. Ella los recibió y alimentó, pero no pudo superar el miedo que los militares habían desatado en la población de la zona, y los delató. Los tres miristas, cansados, mal armados y debilitados por el hambre y las enfermedades se quedaron dormidos en su casa. Al anochecer, llegaron los soldados comandados por el capitán Rosauro Martínez.
Para la abogada Magdalena Garcés no existen dudas de que la operación militar fue de exterminio y no de búsqueda y captura. Dice que “esta fue una operación destinada a eliminar a los militantes del MIR que se hallaban en la zona” y agrega que “cuando se analizan los hechos, queda muy claro que el propósito era asesinarlos”. Agrega: “Es posible que alguno de los militantes haya disparado. Pero la situación de desnutrición, fiebre, agotamiento y mal estado físico de tres personas que estaban descansando, en comparación con una fuerza numérica muy superior, con armamento de guerra en buen estado, no se puede considerar un enfrentamiento”. Hay testigos que señalan -afirma la abogada Magdalena Garcés- que los soldados instalaron una ametralladora punto 30 que hizo fuego sobre la vivienda y que participaron entre 30 y 40 efectivos. El capitán Rosauro Martínez, antes de dar la orden de disparar le dijo a Floridema Jaramillo que le iban a destruir la vivienda, pero que no se preocupara, pues se la iban a devolver.
Patricio Calfuquir Henríquez, obrero electricista de 28 años, originario de Pitrufquén, se encontraba con fiebre alta al momento del ataque a la vivienda. Datos de la autopsia señalan que murió acostado. Próspero del Carmen Guzmán, obrero maderero, 27 años, nacido en Neltume, intentó salir de la vivienda con un pañuelo blanco en sus manos: murió acribillado por 28 balas, según la autopsia. José Monsalve Sandoval, 27 años, obrero forestal originario de Neltume, logró salir de la casa, pero fue herido mientras corría; su arma se le cayó y testigos afirman que fue rematado cuando se refugiaba entre unos matorrales.

DESAFUERO DEL DIPUTADO
Rosauro Martínez Labbé ha reiterado sus dichos de siempre. “Quiero manifestar mi tranquilidad e inocencia”, expresó en declaración pública y presentó una apelación a la Corte Suprema.
La abogada querellante, Magdalena Garcés, señala que “el desafuero es un requisito para poder perseguir penalmente a un parlamentario. Es un trámite previo, o antejuicio, en el que se exhiben sospechas fundadas de su participación. Para el procesamiento se exigen presunciones fundadas, un estándar más alto de pruebas. Nosotros estamos convencidos que tenemos antecedentes suficientes para condenar a Rosauro Martínez. Está establecido que se trata de homicidio, que él participó de los hechos, y hay testigos que lo vieron disparando y dirigiendo al contingente militar en Remeco Alto”. La abogada Garcés agrega que los familiares de las víctimas comienzan a vislumbrar atisbos de justicia pese al dolor que les significa evocar los hechos y anuncia que el paso siguiente será obtener el procesamiento de los militares y carabineros inculpados en otras acciones que concluyeron con la muerte de militantes del MIR en la zona de Neltume.

RAUL FLORES CASTILLO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 805, 30 de mayo, 2014)

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