Punto Final, Nº808 – Desde el 11 al 24 de julio de 2014.
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Embrollos en la reforma educacional

Eyzaguirre y su nube de asesores

 

El creciente descontento del movimiento por la educación, y las críticas desde la Nueva Mayoría a la reforma educacional, han obligado al gobierno a realizar los primeros ajustes a la estrategia de su proyecto. El ingreso de Harold Correa (PPD) como jefe de gabinete, de Juan Andrés Lagos (PC) como asesor, y de Andrés Palma (DC) como secretario ejecutivo de la reforma, buscan resolver las debilidades del equipo del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
Una vez agotado el golpe de imagen alcanzado con el nombramiento de los ex dirigentes estudiantiles Rodrigo Roco y Miguel Crispi como asesores del ministro, su presencia perdió importancia. Las críticas de estudiantes y profesores a los proyectos que presuntamente terminarían con el lucro, el copago y la selección de alumnos en el sistema escolar, sumada la creciente oposición de sectores de la Democracia Cristiana, han terminado por configuran un cuadro en extremo complejo que obligó al Ejecutivo a reforzar el equipo que lleva adelante la reforma.
El gobierno está entre dos fuegos. Por un lado, el movimiento estudiantil y el Colegio de Profesores rechazan la iniciativa porque piensan que en lo esencial mantiene sin mayores alteraciones el modelo que prioriza la educación privada por sobre la pública. Desde la otra barricada, el sector de la DC encabezado por su presidente, Ignacio Walker, y la derecha tradicional (UDI-RN), defienden los intereses de los sostenedores que lucran con la educación subvencionada y las universidades privadas.
La intervención de La Moneda en el Ministerio de Educación tiene como artífice al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que situó a Harold Correa como jefe de gabinete del ministro Eyzaguirre. Correa vendría a ampliar la interlocución con los actores políticos que en el Congreso intervienen en el debate. La presencia de Juan Andrés Lagos, secretario general del Partido Comunista, obedecería a la necesidad de alinear a las bases comunistas del movimiento estudiantil y gremio docente con el proyecto de gobierno. Andrés Palma, ex parlamentario, ex ministro y crítico de la línea de Ignacio Walker, sería el responsable de asegurar los votos de la DC en la Cámara y el Senado.

ACCION Y REACCION
Las luces de alerta se encendieron en La Moneda luego que el Colegio de Profesores convocara a un paro y marcha que recibió el apoyo del movimiento estudiantil -Cones, Confech, Aces- y de parte importante del movimiento sindical. En paralelo, aumentaron las tomas de liceos en Santiago, incluyendo el rebelde Instituto Nacional.
Las movilizaciones revelan desconfianza del movimiento por la educación con la Nueva Mayoría, descontento con algunos aspectos de los proyectos elaborados en Educación, e irritación ante la ausencia de consultas previas sobre el contenido de las iniciativas. A estas críticas, se agregan demandas específicas de cada sector.
El malestar de los profesores con el gobierno se inició en marzo con el nombramiento de Claudio Bonifaz, ingeniero comercial de la Democracia Cristiana, como director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip). Bonifaz tiene una historia de tropiezos con el Colegio de Profesores desde que Sebastián Piñera lo designara encargado de evaluación docente del Cpeip. Durante el gobierno pasado mantuvo tensas relaciones con el magisterio en la evaluación de desempeño de los profesores. Los dirigentes del Colegio prefieren como interlocutor al asesor de Eyzaguirre Jaime Veas Sánchez (PS), quien fue director de Educación General en el anterior gobierno de Bachelet (2006-2009).
El malestar de los docentes no se origina solo en sectores opositores. Ha sido encabezado por dirigentes socialistas y comunistas y su postura fue respaldada por todos los sectores representados en la directiva del Colegio: Fuerza Social y Democrática, derecha, Democracia Cristiana y Partido Humanista.
La asamblea nacional del Colegio de Profesores del 6 de junio, rechazó la reforma educacional porque a juicio del magisterio los cambios no modifican aspectos fundamentales del modelo privatizador, como la subvención como mecanismo para gestionar fondos, y la continuidad del modelo que obliga a competir a colegios públicos con privados en la captación de alumnos.
Otro punto debatido en esa asamblea fue la llamada “agenda corta”, sobre puntos de urgente resolución, como el incentivo al retiro de profesores en edad de jubilar, la titularidad en los cargos para educadores que tienen tres o más años trabajando bajo la modalidad de contrata en el sistema municipal, el pago de la “deuda histórica” generada luego del traspaso de los colegios desde el Estado a los municipios, el descongelamiento del salario mínimo docente (no modificado desde 2010) y pago de las horas que los docentes emplean para preparar clases.
La presidenta Michelle Bachelet respondió el 26 de junio, anunciando su propia “agenda corta” para el fortalecimiento de la educación pública. Incluye mejorar la infraestructura y equipamiento para escuelas y liceos; potenciar las capacidades, competencias y condiciones de trabajo de los docentes y directivos, y aumentar los espacios de participación de los estudiantes. Estos cambios comenzarían a concretarse durante el segundo semestre de este año, financiados con un incremento de 17% del fondo de apoyo a la educación pública municipal.
Aunque no hay evidencia para afirmar que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, ha perdido autonomía, es posible deducir que el arribo de Palma, Lagos y Correa como asesores, fortalece la influencia del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de la DC en las decisiones que se adoptarán en materia de política educacional.

EL OCASO DE LOS ASESORES ESTRELLA
Los perdedores luego de los ajustes en el gabinete del ministro Eyzaguirre son los “asesores estudiantiles”, cuya debilidad es su escasa interlocución con los parlamentarios, que en última instancia serán los que voten los proyectos del Ejecutivo.
Rodrigo Roco Fossa, presidente de la Fech en 1997, es licenciado en artes de la Universidad de Chile y doctor en educación de la Universidad de Dijon, Francia. Militó en las Juventudes Comunistas y tras renunciar al PC creó, junto a otros dirigentes estudiantiles, el movimiento Nueva Izquierda (NI). Actualmente es independiente. Sus honorarios mensuales como asesor son 4 millones 200 mil pesos. Aunque Roco continúa como jefe de asesores, su incidencia en las decisiones está muy disminuida porque su influencia en los estudiantes, que se suponía una de sus fortalezas, es casi nula.
Miguel Crispi Serrano, presidente de la FEUC en 2009, es sociólogo y ex militante del PS. Hijo de la ex ministra del Trabajo de Michelle Bachelet, Claudia Serrano, en la UC participó en la Nueva Acción Universitaria (NAU) y en 2012, junto Giorgio Jackson, organizó Revolución Democrática. Percibe por su asesoría honorarios mensuales de 3 millones 600 mil pesos. Crispi fue degradado junto con la jefa de gabinete del ministro, María Inés de Ferrari, al área que elaborará el plan nacional de participación para la educación pública.
Otro factor que influyó en el debilitamiento de Crispi y Roco fueron las polémicas, que en La Moneda se han considerado inconducentes para lograr la aprobación de la reforma. Miguel Crispi dijo el 1º de junio a La Tercera: “Sin presión del movimiento social no hay cambios. Si el movimiento estudiantil no sigue insistiendo, quizá los cambios en educación no lleguen”. Roco expresó al semanario The Clinic (sobre las críticas del senador Ignacio Walker a la reforma): “Tengo la impresión que hay algunos que pueden tener la tentación de crear una sensación de pánico en las familias (...) básicamente con el objetivo de que no se acabe el lucro en la educación, porque hay gente que cree en el lucro y no se atreve a decirlo”.
Sectores de la Nueva Mayoría están molestos con el trato provilegiado que la presidenta Bachelet y el ministro Eyzaguirre han dado a personas ajenas a la coalición, particularmente de Revolución Democrática y a su líder, el diputado Giorgio Jackson. El círculo de poder oficialista es brutalmente pragmático: RD solo tiene un voto en la Cámara y la Democracia Cristiana 22.

GABINETE QUE COJEA
El equipo de trabajo del Ministerio de Educación arrastra un conflicto desde el inicio, generado por la renuncia anticipada de la militante democratacristiana Claudia Peirano al cargo de subsecretaria de Educación por conflictos de interés con el negocio de la enseñanza. Peirano era la carta del sector de la DC que tiene intereses económicos en la educación privada (Mariana Aylwin y Gutenberg Martínez). Su ausencia los dejó fuera de las decisiones; porque el único representante significativo de la DC en el gabinete del ministro Eyzaguirre hasta la llegada de Andrés Palma era Exequiel Silva, vinculado al sector del partido que encabeza el senador Jorge Pizarro.
Exequiel Silva Ortiz, médico veterinario y ex marido de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) fue contratado para asistir al ministro Eyzaguirre con informes sobre diseño, implementación y evaluación de la reforma educacional. Sus honorarios ascienden a 5 millones 900 mil pesos mensuales. Ha dicho: “Soy tan democratacristiano como Ignacio Walker. He sido consejero nacional del partido, secretario general, diputado por doce años, y me siento totalmente interpretado por la reforma”.
La influencia del sector de la DC que se opone a la reforma, en el Ministerio de Educación ha sido sustituida por la Fundación Educación 2020, que encabeza el ingeniero Mario Waisbluth. Representa una visión más tecnocrática sobre la reforma que pone el acento en mejorar la calidad más que en considerar la educación como instrumento para disminuir la desigualdad social.
La principal exponente de Educación 2020 es la actual subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, ingeniera civil, pro DC, pareja de Alejandro Micco, subsecretario de Hacienda, DC. Pero es vista con desconfianza por partidos de la Nueva Mayoría, el movimiento estudiantil y el Colegio de Profesores. Quiroga es también parte de Espacio Público, un centro de estudios al que pertenece buena parte de los ministros y subsecretario del actual gobierno. Espacio Público (Eduardo Engel) ha venido a reemplazar en la actual administración la influencia neoliberal ejercida por el centro Expansiva en los anteriores gobiernos de la Concertación.

COLABORADORES CLAVES DE EYZAGUIRRE
El nuevo conductor del proceso de reforma educacional y vínculo más importante con la Nueva Mayoría en el Congreso será el economista democratacristiano Andrés Palma, académico de la Universidad de Santiago. A Palma, secretario ejecutivo de la reforma, se le vincula con el sector “chascón” de la DC, que alcanzó protagonismo en la lucha contra la dictadura. Es un decidido defensor de la educación pública en su partido. Sin embargo, su nuevo rol se ha visto dañado por la denuncia de que su esposa, Ana María Correa, ex subsecretaria de Economía en el anterior gobierno de Bachelet, encabeza la consultora Kúa, asesora en temas de educación.
El jefe de gabinete del ministro, con respaldo directo de La Moneda, es Harold Correa, abogado perteneciente al sector “laguista” del PPD (la otra fracción de ese partido la encabeza el senador Guido Girardi). Antes de convertirse en asesor del ministro Peñailillo fue jefe de gabinete de la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. Sus relaciones se extienden también al senador Ricardo Lagos Weber y al ex ministro de Educación, Sergio Bitar Chacra.
El secretario general del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, pertenece a la nómina de asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pero ha sido asignado al equipo de Eyzaguirre para fortalecer su interlocución con los actores sociales del debate sobre educación. Por su labor, Lagos recibe mensualmente 2 millones 400 mil pesos.
Otro puntal de Eyzaguirre es el ingeniero Francisco Martínez Concha, jefe de la División de Educación Superior. Martínez es ex vicerrector de la Universidad de Chile, docente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y conocido defensor de la educación superior pública.
Completa el equipo del ministro Eyzaguirre, el sociólogo y militante de RD, Gonzalo Muñoz Stuardo, jefe de la División de Educación General. En el anterior gobierno de Bachelet fue director de estudios en el Ministerio de Educación.
Con tantos cabos sueltos, es difícil predecir cuál será el resultado de los ajustes efectuados en el equipo de asesores del ministro de Educación. Pero es evidente que Eyzaguirre camina sobre terreno minado.

RUBEN ANDINO MALDONADO

 

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 808, 11 de julio, 2014)

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