Punto Final, Nº 843 – Desde el 17 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016.
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Cataluña y las elecciones en España



Resulta extraño que un debate que hace menos de un mes ocupaba las primeras páginas de los periódicos y noticieros internacionales -la declaración soberanista de Cataluña-, desaparezca por arte de magia, sin razón de continuidad. Asimismo, las elecciones generales en España del 20 de diciembre le han quitado protagonismo. ¿Hasta dónde llegan las intenciones de independencia en Cataluña? ¿Hay realmente un sentimiento arraigado de lucha anticolonial del pueblo catalán subyugado por el imperio español? ¿Cuánto hay de nacionalismo y cuánto de lucha política por lograr mayores espacios de autonomía, radicalizando el discurso independentista?
En primer lugar debemos recordar que la burguesía catalana, sus empresarios y banqueros, se han mostrado contrarios, o cuanto menos reticentes, a radicalizar el discurso rupturista. Y por otro lado, la mayor parte de las inversiones de los más importantes grupos económicos de origen catalán curiosamente obtienen sus beneficios fuera de su comunidad autónoma. Aunque nadie se atrevería a señalar la inexistencia de una identidad propia del pueblo catalán, curiosamente ésta ha estado siempre sujeta a los intereses más amplios del Estado español.
Tras la guerra civil, la burguesía catalana creció y se desarrolló al abrigo del franquismo. El exilio político reivindicaba los espacios de una República articulada federalmente, no de una independencia y separación territorial. Nada ha cambiado, sólo las pugnas intestinas por espacios de mayor capacidad de control y competencias en materias fiscales y repartición de funciones administrativas. El resto podemos tildarlo de un falso debate para ocultar los altos niveles de corrupción institucional y las políticas de austeridad, que en Cataluña, especialmente, se han caracterizado por su violencia y radicalidad.
Por otro lado, debemos recordar que cuando los partidos hegemónicos, es decir, el Partido Popular y el PSOE, han requerido de alianzas para gobernar, quienes le han tendido inmediatamente la mano han sido los partidos nacionalistas catalanes. Una especie de quid pro quo, donde todos ganan. Ha sido la negativa por parte del Partido Popular de aprobar las reformas del estatuto catalán lo que tensó la cuerda en el año 2011, las mismas reformas aprobadas para Andalucía y otras comunidades autónomas. En otras palabras, una negativa política que ha derivado una pelea cuyos visos son de ser un proyecto de medio y largo plazo.
Se trata de una reivindicación que si bien se asienta en los sentimientos del pueblo catalán de ser una nación, al decir de Ernest Renan “un alma, un espíritu, una familia espiritual, resultante, en el pasado, de los recuerdos, de los sacrificios, de las glorias, a menudo de los duelos y de los pesares compartidos; y en el presente, del deseo de seguir viviendo juntos. Lo que constituye una nación no es hablar la misma lengua o el pertenecer a un mismo grupo etnográfico, sino haber hecho en el pasado grandes cosas juntos y querer seguir haciéndolas en el futuro”. No hay intenciones reales de provocar un cisma territorial. Más bien es un falso debate tendiente a no discutir los verdaderos problemas que aquejan al pueblo catalán bajo la hegemonía de los partidos democratacristianos y nacionalistas burgueses.
Es significativo que en medio de una crisis de corrupción, índices de cesantía que superan el 23% de la población, privatizaciones de la salud, la educación y una acción represiva sobre los movimientos sociales donde se criminaliza la protesta, los discursos independentistas cobren fuerza. Los gobiernos neoliberales en España y Cataluña, han disparado los índices de desigualdad social, provocando la emergencia de una sociedad dual y excluyente. Igualmente, las políticas de austeridad y recortes sociales favorecen la acción predadora de bancos y entidades financieras, beneficiándose del proceso desregulador y legislaciones en materia de empleo en las cuales se abarata el despido y la acción sindical en defensa de los derechos laborales de los trabajadores, que sufren un revés histórico. El aumento de las tasas de desempleo, la desprotección social, los contratos basuras, temporales y de baja calidad se extienden por el territorio, independientemente de las comunidades autónomas.
Sólo un dato de 2015 para Cataluña. La cesantía juvenil afecta, según la encuesta de población activa (EPA), al 64,9% de menores de 25 años. Pero si extendemos la realidad al conjunto de España, las cifras son del mismo rango. Tomemos algunos indicadores. La tasa de cesantía acorde con las estadísticas oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Empleo era en 2011 del 22,56%, en 2015 se eleva al 23,70%. Los cesantes con dos o más años buscando empleo pasan de 1.431.000 a 2.387.200 personas. Asimismo los afiliados a la Seguridad Social, es decir los cotizantes reales, disminuyen. Si en 2012 eran 17.248.530 personas, hoy son 16.832.801 individuos.
Por otro lado, continuar externalizando los servicios públicos en beneficio de las grandes compañías transnacionales, dispara la deuda pública, pasando a representar el 97,70% del PIB, frente al 70.50% de hace solo tres años. En términos monetarios, si cada español debía 15.942 euros, ahora debe 21.905 euros. Y lo que es más grave, los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, han pagado el déficit público vaciando el fondo de pensiones, poniendo en riesgo el pago de la jubilación de todos aquellos que acceden a la misma. El dato es relevante. De sesenta y seis mil ochocientos quince millones de euros (66.815), se pasa a cuarenta y nueve mil doscientos millones de euros. (49.200). Y para rematar el cuadro, hay una disminución en la población activa de casi medio millón de personas en estos dos últimos años. Sin olvidarnos de la cesantía juvenil, la emigración económica, los desahucios, las reformas laborales, el aumento de más del 100% en las tasas de matrículas universitarias, el copago en los medicamentos para los afiliados de la Seguridad Social y los recortes provenientes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, conocido como “la troika”.
En este contexto, las políticas públicas implementadas por las comunidades autónomas han variado poco respecto al gobierno central. Es cierto que el PSOE trata de distanciarse en materias de salud, educación, cultura, protección social e impuestos progresivos donde gobierna. Aún así, existe unidad de criterios a la hora de aplicar las políticas neoliberales. En esta lógica, los gobiernos autónomos, donde el control político institucional lo ejercen los partidos representantes de las burguesías nacionalistas, caso de Cataluña, no han buscado romper con tales presupuestos económicos aplicados por sus homólogos neoliberales que gobiernan desde Madrid.
Sin duda existen contradicciones, y no se deben ocultar. España es un país con estructuras sociales duales. Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Aragón, Navarra, Valencia, La Rioja, Galicia, Canarias, País Vasco o Cataluña, presentan características diferenciadas, unas industriales y otras agrarias y rurales. Lo cual se expresa en las elecciones generales condicionando un voto conservador o progresista y de Izquierda. Sin embargo, en las elecciones del 20 de diciembre, el debate soberanista queda aplazado. Hoy los intereses de empresarios, banqueros y de la burguesía catalana coinciden con la necesidad de seguir gobernando desde Madrid. Mejor aparcar lo secundario y dedicarse a lo fundamental, evitar que un proyecto de Izquierdas que rompa el neoliberalismo y las políticas de austeridad llegue al gobierno. ¿Será que los partidos independentistas catalanes no desean la ruptura con España?

Marcos Roitman Rosenmann
En Madrid

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 843, 18 de diciembre, 2015)

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