Punto Final,Nº 844 – Desde el 8 al 21 de enero de 2016.
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Discapacitados denuncian

Show de la Teletón

 

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad (2011) de la Organización Mundial de la Salud, 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Son 90 millones en Latinoamérica: más de dos millones y medio en nuestro país. Según la Fundación Nacional de Discapacidad (FND), el 56% de los chilenos con discapacidad se atienden como indigentes en el sistema público de salud y un alarmante 96% nunca ha recibido rehabilitación integral. La Fundación Teletón sólo atiende a unos 25 mil pacientes al año. “Utilizan morbosamente a los niños en un show publicitario. Los discapacitados no necesitamos caridad sino una atención integral y una sociedad inclusiva y no discriminadora. La labor del Estado y del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) son completamente insuficientes”, dice Harry Tello Constela (54 años), víctima de poliomelitis desde los dos meses de vida.
El último Censo registró 2.119.316 personas discapacitadas en Chile. La mayoría no ha terminado sus estudios de básica y media, y se concentran en los quintiles más pobres. Según la FND, de los chilenos con discapacidad un 4% accede a salud a través de Fonasa y Senadis. La Teletón sólo cubre un 0,8 %. Además, hay de cesantía entre los discapacitados en edad de trabajar: sólo el 9% accede a trabajos informales y apenas un 1% posee un contrato.
Carolina Pérez, discapacitada, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, califica la Teletón como un “show televisivo que vulnera los derechos de las personas en situación de discapacidad”. Recuerda que la ONU señaló que “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como objetos de caridad y no como sujetos de derecho”. “La ley 20.422 -agrega- establece normas de igualdad e inclusión social para personas con discapacidad. Dice: ‘La prevención y la rehabilitación es un deber del Estado’. Por lo tanto, ese show televisivo anual, dramático y asistencialista, no debería existir. Que el Estado se haga cargo de la rehabilitación no es un favor, es un deber. Chile ratificó en 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad”.
En nuestro país sólo existe un centro asistencial público de rehabilitación: el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, en Peñalolén. El estudio Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Santiago, realizado en 2013 por la OIT y la Sociedad de Fomento Fabril, concluyó que apenas el 0,5% de las empresas brinda oportunidad laboral a personas con discapacidad. Según la ley 20.422 sobre Normas de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, “el Estado tiene la obligación de fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad”. Aunque debiera ser el primero en dar cumplimiento al principio legal, tiene escasos avances. “No existen centros de rehabilitación a cargo del Estado. ¿Por qué no se han construido centros de rehabilitación estatales para adultos? Lo que quiere la política pagada por empresas que ya todos conocen es construir nuevos nichos de negocios a costa de los derechos sociales, a costa del bienestar social, como son atención a la discapacidad, cobertura de rehabilitación y medicamentos, educación, transporte, etc.
En nuestro país el 94% de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad nunca han accedido a un adecuado tratamiento de salud y rehabilitación. Miles de discapacitados viven discriminación diaria en áreas como la salud, rehabilitación, accesibilidad, transporte, educación, trabajo y seguridad social”, señala Alejandro Hernández, presidente de la FND. Según la Fundación, el 19% no califica para obtener pensión básica solidaria ni tiene trabajo. Hay 1.625.000 discapacitados en edad de trabajar -mayores de 15 años-, y el 75% no tiene empleo, según cifras del primer Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc, 2004). Informes independientes cifran la cesantía en 90%.

DISCRIMINACION COTIDIANA
Harry Tello, quien se atendió en la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado hasta los 19 años, denuncia: “Estoy sufriendo discriminación arbitraria por más de tres años. Coartaron mi libertad y mi autonomía al quitar el pasamanos de la entrada del edificio en que vivo. Por las secuelas físicas de la poliomielitis padezco graves problemas motrices, lo que ha sido certificado por médicos. Eso me limita en los movimientos. Tengo más de un 70 por ciento de invalidez, y desde que me quebré un brazo tras una caída, ha aumentado. Son muchas mis dificultades para caminar y no puedo tomar Metro ni Transantiago. Vivo en un condominio en el centro de Santiago hace 30 años, y necesito un pasamanos urgente. Cada vez que salgo o entro a mi domicilio tengo que ser asistido. Pero la administración del edificio se niega a instalarlo. Decidieron mi destino, porque un grupo de personas resolvió cerrarme el paso.
Instalaron un rampa para embarazadas, tercera edad, coches y bicicletas, y nunca se refieren a los discapacitados. Invité a un amigo en silla de ruedas eléctrica y no pudo entrar, porque la rampa no es apta. Supuestamente, cumplieron con lo establecido en las normas, pero no con los derechos que exige la ley con los discapacitados. Autoridades calificadas en el tema de derechos humanos a las que he recurrido dicen que efectivamente he sido discriminado de manera brutal”, dice Harry Tello.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), le señaló en una carta: “Efectivamente ha sido objeto de discriminación contraviniendo instrumentos internacionales y nacionales dirigidos a proteger de la discriminación, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Chile, la ley 20.609 y la ley 20.422. Todas acogen los conceptos de accesibilidad universal, ajuste necesario, igualdad de oportunidades, y conducentes a crear condiciones de vida que signifiquen a las personas con enfermedad o discapacidad participar en igualdad, con respeto a igual goce y ejercicio de sus derechos”.
“En el INDH me encontraron la razón, pero me dijeron que no podían hacer nada. Me derivaron a un lugar donde me dieron un portazo en las narices: la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Fui también al Senadis, donde me dijeron que yo era una persona con ‘síndrome del niño maltratado’, que ‘vivía en un barrio lindo’, y ‘que me fuera a tomar un café a Lastarria”, señaló Tello.

ARNALDO PEREZ GUERRA

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 844, 8 de enero 2016)

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