Punto Final, Nº 844 – Desde el 8 al 21 de enero de 2016.
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Gratuidad universitaria:

Triunfo táctico ¿victoria estratégica?

 

La nueva política pública de gratuidad universitaria constituye un “triunfo táctico” del movimiento estudiantil y de la ciudadanía antineoliberal que apoya sus demandas. Los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población no deberán pagar el arancel ni la matrícula durante la duración formal de la carrera. Basta que se matriculen en universidades adscritas a la gratuidad, las que han sido declaradas elegibles según los requisitos establecidos en la ley. En concreto, se beneficiarían unos 234 mil estudiantes, lo que representa el 20% de la matrícula total del sistema.
Hasta este punto, nada más que decir. Sólo celebrar que los esfuerzos desplegados desde hace décadas, y más radicalmente en 2006 y 2011, han llegado a un primer resultado. El alivio económico al bolsillo será importante, y se ha creado un precedente concreto, ya que ha primado formalmente el derecho social a la educación por sobre el criterio que la define, piñeristamente, como un bien de consumo. Esto no hubiera sido posible sin una movilización permanente, tanto a nivel callejero como también de la que se hace estudiando, conversando, discutiendo, convenciendo a los que hay que convencer.
El problema es que este triunfo inmediato ha requerido para su concreción de circunstancias bastante contradictorias, que pueden comprometer a largo plazo la victoria estratégica contra la educación de mercado. La forma como se ha dado satisfacción a una demanda económica inaplazable, innegable y concreta, puede dañar la transformación del sistema de educación superior. El triunfo táctico de hoy, si no se analiza el curso de los acontecimientos y las definiciones que vienen, se puede convertir en una derrota estratégica, ya que podría significar la clausura de la demanda estudiantil y la consolidación del mercado de la educación, si no se procede a un cambio sustantivo en su marco regulatorio.

LUCHA POLITICA Y LUCHA ECONOMICA
Esta situación no es una anomalía. Es muy normal que una parte importante de un movimiento social o sindical se movilice primariamente por objetivos económicos inmediatos y le sea indiferente la lucha política. En medio de lo peor de la dictadura muchos compañeros sólo salieron a la calle en 1983, cuando la situación económica se les hizo insoportable. Y nunca asociaron sus demandas económicas a las consignas de libertad, democracia, derechos humanos. El “economicismo” siempre logra amplias movilizaciones de masas y muy rápidamente. En cambio una movilización estrictamente política siempre resulta mucho más difícil, ya que sus objetivos son inmateriales: tienen relación con la dignidad, la autonomía de los sujetos, la participación, la justicia, todos elementos que influyen de forma cualitativa en la concreción de un derecho, pero que no permiten dar sustento inmediato a las necesidades de la vida. De allí que no se deben disociar las demandas políticas y las demandas económicas, ya que esa bifurcación suele beneficiar a los amigos del statu quo. Cómo pensaba el viejo Plejanov, inmerso en esta misma discusión en la Rusia de 1900: “No nos rebelamos contra la agitación basada en la economía, sino contra aquellos agitadores que no saben aprovechar los conflictos económicos de los trabajadores con los empresarios para desarrollar la conciencia política de los trabajadores”(1).

GRATUIDAD NO IMPLICA DESMERCANTILIZACION
Hoy sólo se ha resuelto la gratuidad en un primer año como “marcha blanca”, por la vía de una glosa en el presupuesto. Se ha logrado después de una turbulenta tramitación parlamentaria, que ha incluido un veto del Tribunal Constitucional. Lo que se abre es una segunda fase que se deberá concretar en una nueva ley general de educación superior. En el actual escenario, poco ha cambiado para los grandes grupos económicos que han construido el negocio de la educación superior como un sistema desregulado y concentrador de poder y riqueza. Para ellos la única diferencia es que ahora, en vez de cobrar a los alumnos, deberán hacerlo al Estado, su nuevo gran cliente. Hasta el momento las exigencias de la gratuidad no amenazan su negocio.
En Chile existen 60 universidades, las que no pueden lucrar por ley, aunque en los hechos muchas lo hacen de forma sibilina, desviando sus ganancias por medio de transferencias a sociedades de papel. Además hay 58 centros de formación técnica (CFT) y 42 institutos profesionales (IP) que no tienen legalmente esta restricción al lucro. Sin un cambio profundo en la ley y en la capacidad de fiscalización del Estado, los nuevos recursos públicos vendrán a alimentar la billetera de los controladores de estas instituciones.
Otras preguntas son: ¿Cómo se deben calcular los aranceles? ¿Qué pasa si se forma un cartel de sostenedores que se coluden para incrementar artificialmente los precios que cobran al Estado? ¿O si por el contrario, los aportes del Estado no logran cubrir los aranceles de las carreras? ¿Se instaurará un copago? La información oficial habla de la fijación de un “arancel regulado”, pero hasta la fecha no se ha institucionalizado un instrumento de esa naturaleza. Tampoco sabemos qué pasará con el 80% restante de la matrícula total del sistema que no entra en la cobertura actual. ¿Será incluido progresivamente o el 20% actual es el piso y el techo al que se llegará? Recordemos que hasta el 21 de mayo de 2015 la gratuidad incluía al sexto decil, lo que se redujo luego del cónclave de la Nueva Mayoría del 3 de agosto de 2015 sólo al quinto. En medio de la crisis del precio de los commodities y la baja de la demanda china por nuestros productos no se ve fácil lograr un incremento presupuestario a corto plazo.

LA DISPUTA POR LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA GRATUIDAD
Pero el problema clave radica en los criterios de elegibilidad de las instituciones. Oficialmente se fijaron tres para las universidades no estatales: acreditación por cuatro o más años, tener participación de alumnos y/o funcionarios en alguna instancia del gobierno superior institucional, y no tener sociedades con fines de lucro entre los integrantes de sus corporaciones o fundaciones. Juan Pablo Figueroa, de Ciper, sometió a este examen a las universidades existentes y llegó a la conclusión que las únicas privadas no tradicionales que clasificaban de forma rigurosa bajo estas exigencias eran tres: las universidades Alberto Hurtado (UAH), Católica Silva Henríquez (UCSH) y Diego Portales (UDP)(2).
El primer criterio se ha aplicado con rigor y se han excluido las universidades con menos de cuatro años de acreditación. Pero este criterio muestra su debilidad cuando se analiza la “industria de la acreditación” universitaria, puesta tantas veces en tela de juicio por denuncias de corrupción, tráfico de influencias, y más profundamente, por los absurdos criterios que priman a la hora de conceder estas certificaciones. El segundo criterio se ha cumplido a medias. Varias universidades privadas que han accedido a la gratuidad han adaptado su estructura para incorporar la participación mínima de sus académicos y estudiantes. Pero se trata de cosmética. Los “señores de La Querencia” desean mantener el control de sus fundos universitarios sin que nadie amenace sus caprichos.
Y el tercero es el más resistido y el que fue objeto de controversia en el Tribunal Constitucional. Basta releer El Negocio de las Universidades en Chile, de María Olivia Mönckeberg, para captar la maraña de sociedades que están involucradas en un negocio que genera utilidades exponenciales. En palabras de Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) “las universidades son mejor negocio que la cocaína”. Y lo ejemplifica gráficamente: “Los actuales aranceles en Chile están muy por sobre la docencia, son un robo con aval del Estado. Esto tengo que demostrarlo, y lo hago mediante los siguientes puntos. En primer lugar, viendo las utilidades de las universidades. Te pongo un ejemplo, la San Sebastián se constituyó en el año 90 con 14,4 millones de pesos puestos por los socios. Luego, 23 años después, tiene un patrimonio de 37.457 millones de pesos”(3). Este volumen de ganancias es superior a cualquier otro sector de la economía nacional. Ni la minería tiene esta tasa de rentabilidad.
De allí que la carta de navegación de las movilizaciones de 2016 ya esté clara. Es justo celebrar las conquistas económicas ya conseguidas porque son fruto de la movilización y la lucha social. Pero si el movimiento se paraliza es posible que a largo plazo el triunfo táctico y parcial de hoy se convierta en una victoria estratégica de los sostenedores del lucro y la mercantilización de la educación.

Alvaro Ramis

Notas
(1) Baron, Samuel H. (1958). “Plekhanov’s Russia: The Impact of the West Upon an ‘Oriental’ Society”. Journal of the History of Ideas, 19 (3): p. 388.
(2) “Los desconocidos detalles de cómo se implementará la gratuidad universitaria en 2016”. Ciper 18.08.2015.
(3) El Desconcierto, 21.12.2015.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 844, 8 de enero 2016)

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